Portada de ABC de 02 de Septiembre de 2015
Archivos para November 30, 1999
Las grandes corporaciones son cada vez más proclives a gestionar sus estrategias basándose en el concepto de “lecciones aprendidas”. Lecciones que surgen de los efectos y consecuencias de las decisiones estratégicas que se adoptan y cómo estas repercuten no sólo en los aspectos económicos, sino también en otros como la marca, la presencia social…
El incendio de agosto de 2015 en la Sierra de Gata debería mostrarnos qué lecciones extraemos de las causas (no de la causa inmediata, que pudiera ser un pirómano, un descuido o cualquiera otra, que se esclarecerá en la investigación) que permiten la propagación del fuego, de la gestión de la crisis que se produce y de las soluciones que, de cara al futuro, pueden plantearse.
En este incendio que ha sido verdaderamente importante, han aflorado algunas cuestiones que podrían tenerse en cuenta de cara al futuro. Y no solamente en lo que se refiere a incendios forestales, sino a la gestión de crisis en general.
Las lecciones aprendidas no son solamente las que hacen referencia a aspectos negativos, sino también a aspectos que contribuyen positivamente a la gestión.
Entre estas lecciones positivas, nos encontramos con dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el valor de las redes sociales a través de internet, y, en segundo lugar, la facilidad en la información. Incluso, las relaciones entre ambas.
De cómo ha gestionado el Ayuntamiento de Moraleja (receptor en primer término de las personas evacuadas de Acebo y Perales del Puerto) la situación sobrevenida a través de su cuenta de twitter, dan muestras las numerosas felicitaciones que ha recibido. El valor de las redes sociales ha sido un elemento que ha ayudado, y mucho, en la gestión de la crisis. Que cuentas como las de @infoemergencias y otras oficiales pertenecientes a administraciones y entes públicos con suficiente capacidad económica funcionen bien, va en su propia definición. Que la cuenta de @AytoMoralejaCC, de un pequeño municipio haya sido capaz de catalizar la múltiple información existente, diferenciando y discriminando lo verdaderamente importante, anima a que la visión que tenemos de las redes sociales mejore.
Este valor se muestra también en cómo en otra red social, Facebook, a medida que el fuego iba siendo controlado, se ha ido imponiendo el valor positivo, con páginas como “Sierra de Gata siempre verde”, que surgió como contrapunto al pesimismo y que se orienta a recoger imágenes de la belleza de la Sierra de Gata.
En estas lecciones positivas está también la facilidad con la que los medios de comunicación han actuado, sin restricciones (al menos que se conozcan) a la hora de ejercer el trabajo, más allá de las lógicas precauciones de seguridad.
Igualmente es de resaltar, porque es de justicia, la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas con competencias en extinción de incendios, provinciales, autonómicas y nacionales (o internacionales, con la presencia de bomberos de Portugal). Especial referencia merecen las personas, los bomberos forestales, las brigadas forestales a pesar de sus precarias condiciones laborales, la Unidad Militar de Emergencias, que cada vez resulta más eficaz en su trabajo y demuestra que su existencia es absolutamente necesaria. Los militares añaden el valor efectivo de la disciplina a la hora de enfrentarse a situaciones de crisis. O los apoyos de Cruz Roja.
Pero también hay que aprender para evitar. Y para solucionar. Una de las causas que se apunta en la expansión del fuego es la falta de limpieza de los montes. Es algo que viene siendo, un incendio tras otro, conocido pero que no encuentra una verdadera solución, o soluciones que al menos palíen los efectos devastadores de la expansión de los fuegos. Unido a todo ello, una Ley de Montes clara, que establezca los mecanismos de prevención, las opciones de recuperación, la normativa sancionadora por negligencias o descuidos y la prohibición, clara, más clara, de recalificación de terrenos quemados y la confiscación por el Estado o la Administración autonómica de la madera quemada, para evitar negociar con ella o que quemar los montes sea una opción económica.
En el caso del incendio de la Sierra de Gata, otra causa de su virulencia y su expansión es la existencia de amplios espacios de bosques de pinos, una herencia de tiempos pasados, cuando las repoblaciones forestales se hacían a base de pinos y eucaliptus, para mayor gloria y beneficio de las empresas madereras y plantas de celulosa. La sustitución progresiva de los bosques de pinos por especies como la encina y el alcornoque, más resistentes al fuego (de crecimiento más lento, eso sí), pero que son especies más acordes con la propia dinámica forestal de la zona.
Y existe una cuestión más, interesante, que habría que comenzar a plantearse. Porque está demostrado que los cuerpos de bomberos, incluidos los forestales, o desde fechas recientes, la Unidad Militar de Emergencias, están capacitados y especializados en el control y la extinción de incendios y la protección de las personas, habría que ampliar capacidades para la evacuación y protección de ganados, porque, aunque ello supondría aumentar los costes que se generan por los servicios de extinción de incendios, es más que probable que esos costes fueran menores que el valor de los animales de granja o de establo a proteger.
Vale.
El Ayuntamiento de Cáceres, gobernado desde 2011 a 2015 por el Partido Popular, con mayoría absoluta (absolutísima, más bien) convocó un concurso para la concesión de uso para la actividad de cafetería de unos locales sitos en la Plaza de San Jorge. Una decisión como otras muchas de Elena Nevado más que discutible. La adjudicataria resultó ser una Fundación que tiene su sede en la misma plaza. Esta fundación había manifestado su interés en que en la citada plaza hubiera una cafetería, como complemento turístico de primer orden. Y había impulsado la toma de decisión política de convocar el correspondiente concurso.
Todo el procedimiento discurrió por los cauces administrativos previstos, siguiendo todos los pasos, hasta que se adjudicó la obra y la explotación de la cafetería. Y ahí está, funcionando, creando alguna controversia, como es la dificultad de utilizar la Plaza de San Jorge para actividades teatrales, dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres.
Vamos, que todo en orden.
O casi que no.
Las adjudicaciones administrativas se realizan siguiendo unos procedimientos, y constan de muchos documentos. Uno de esos documentos es el Pliego de Cláusulas Administrativas. Otro documento, cuando son necesarios, son los planos. Y otro, por ejemplo, es el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para adjudicar las obras y explotación de la Cafetería de la Plaza de San Jorge el Ayuntamiento de Cáceres elaboró el correspondiente Pliego, en febrero de 2013. Pliego que resulta de aplicación a la hora de ejecutar obras y explotación de la Cafetería, y que, como documento público del expediente, forma parte del contrato y sirve para que, en su momento, si el Ayuntamiento lo considera necesario, realizar las comprobaciones e inspecciones del cumplimiento de las condiciones contractuales.
Así, en el epígrafe “Descripción de la edificación y del conjunto de los locales y otras dependencias que la componen”, puede leerse:
Pues bien, paseando, de día o de noche, por la ciudad monumental, por la Plaza de San Jorge, pueden captarse fotografías como las que ilustran esta entrada, y que reflejan que la cubierta de la edificación está siendo utilizada en la explotación de la actividad.
En el propio Pliego de Prescripciones Técnicas se señala que el uso de terraza de la Plaza de San Jorge por la Cafetería será de acuerdo con la ordenanza específica.
La terraza superior, la que en el Pliego queda fuera del uso comercial, ya que es un espacio cerrado, que tiene una reja, que en su día fue objeto de múltiples críticas por dejar fuera del uso público la misma, y que permanece cerrada para el uso público.
Como se trata de un espacio privativo del Ayuntamiento, excluido en el Pliego de la explotación comercial, y que en realidad es un espacio cerrado al público, debería aclararse por qué ahora es utilizado como terraza, formando parte del negocio, con elementos de la cafetería en la misma, y, lo que parece más inadecuado, por qué son empleados de la cafetería los que la abren y cierran.
Vale.
Cuando hoy se ha conocido que el Partido Popular apuesta, definitivamente, por el corredor de Salamanca-Fuentes de Oñoro para conectar Madrid con Lisboa y los partidos políticos, sindicatos y otros agentes sociales, menos, obviamente, el grupo ese del tal Monago, ponen el grito en el guardagujas no hay que olvidar que hay otras conexiones ferroviarias de Extremadura con, por ejemplo, Sevilla.
La conexión entre Cáceres con Sevilla, con un tren al día (ida y vuelta) y que invierte con un tren de la serie 599 4 horas y 39 minutos, para una distancia de unos 269 km, lo que da una media de 57 km/h. Velocidad de tortuga para un material rodante que puede alcanzar en algunos tramos velocidades de hasta 160 km.
Ese tren es un “Media Distancia”, un poco (o un mucho, muchas veces) descuidado, a pesar de que el personal diariamente entrega las hojas de incidencias, pero que tiene capacidad para alcanzar buenas velocidades medias.
Para un trayecto de unos 215 km entre Sevilla y Málaga, un tren similar, “Media Distancia”, tarda dos horas y 39 minutos, dos horas menos. La velocidad media que alcanza es de 80 km.
Hay que tener en cuenta que el tren Cáceres – Sevilla hace 15 paradas (alguna menos según el día, de ellas 9 en territorio de Extremadura) y el de Sevilla – Málaga tiene 8 paradas. Aún así, las velocidades medias tienen diferencias notables. Y curiosidades, como las ocurridas días atrás. Antes de arrancar el trayecto Sevilla – Cáceres, la señora que habla por la megafonía del tren, anunciaba la salida… hasta la estación Málaga María Zambrano. Un fallo. Saliendo de Zafra, la misma señora anunciaba el tren camino de Soria, pasando por Alcalá de Henares…Otro fallo. Unos minutos después, sin duda advertida del error, y mientras el tren discurría parsimonioso camino de Mérida, cambiaba el recorrido que anunciaban la señora y las pantallas de los vagones… para anunciar a los viajeros el nuevo destino: Vigo. Sin duda, la señora de la megafonía estaba afectada por el calor o se había fumado algo raro.
Si el trayecto entre Cáceres y Sevilla pudiera cubrirse a la misma velocidad media que el de las capitales andaluzas, se recortaría en 1 y 20 minutos. Esto es, que donde ahora se invierten 4 horas y 39 minutos, se invertirían 3 horas y 20.
¿Dónde está la diferencia entre las velocidades medias cuando el material rodante es el mismo? En las vías.
Mejorar la infraestructura permitiría mejorar el tiempo, y mucho, y facilitaría un mayor uso para desplazarse a la capital andaluza y permitiría a muchos andaluces desplazarse a Extremadura. Trayectos que ahora se hacen por una magnífica autovía, la A-66, pero que carece de ciertos atractivos que tiene el ferrocarril.
Está muy bien que se dé la batalla para conseguir mejorar los tiempos con Madrid, por mejorar la infraestructura con el ombligo del mundo. Pero el sur también existe, y Extremadura tiene mucho que ver con el sur, tiene mucho en común con el sur.
No todo va a ser reclamar estar más cerca de Madrid, cuando la luz y la alegría nos puede llegar, nos llega, desde el Sur. Mejorar el ferrocarril con Sevilla sería mejorar un poco o un mucho, nuestra alegría.
Vale.
Desde hacía tiempo, una llamada Fundación Cáceres Capital se convirtió en un lobby aeronáutico hasta conseguir del Partido Popular, en los gobiernos local, autonómico y estatal que se creara la necesidad política de que la ciudad de Cáceres cuente con una comunicación aérea, y ahí aparece otra Fundación, la Valhondo Calaff, que dispone de unos terrenos entre la capital y Malpartida de Cáceres, a unos 6 km de distancia. De Malpartida de Cáceres son quienes eran presidente de la Asamblea de Extremadura (el pomposo Parlamento) y número 2 del PP regional, y el Consejero de Medio Ambiente. Esta confluencia de una reivindicación, de unos terrenos estratégicamente situados, unos políticos ávidos de proyectos vendibles y un halo del gobierno de los mejores hizo que la Administración regional (PP) realizara la compra de los terrenos, encargara el proyecto de un Aeródromo de uso restringido que sería la mayor gloria a poner en portadas, sobre todo del HolaPP y se encargara además de todos los trámites.
Y claro, un asunto con tantos vuelos, en manos del gobierno de los mejores tenía que tener un resultado: un auténtico fiasco.
En enero, el consejero de Medio Ambiente, Víctor del Morral, decidió que para el asunto bastaba con una Declaración simplificada medioambiental, lo menos que se despacha en estos asuntos, seguramente en la creencia que con dos papeles y medios, el Partido Popular en el gobierno de la nación, gobierno amigo, aprobaría sin más el asunto. Y en esa creencia licitaron el proyecto, su redacción y su adjudicación (provisional).
El 24 de junio (un mes después de las elecciones), el BOE publicó la resolución del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente diciendo, en resumen, que el papelito enviado por el gobierno de los mejores no sirve, que hay que presentar un cuaderno gordo.
Desde entonces, los sustentadores del proyecto de altos vuelos se han dedicado a despotricar contra los ecologistas, obviando que las cuestiones que planteaba ADENEX pueden tener solución con medidas correctoras (o como dice la propia organización ecologista, desplazando la ubicación solamente 2.000 metros), pero hay dos puntos en la resolución del MAGRAMA que demuestran la incompetencia manifiesta del gobierno de los mejores, encabezado por un tal Monago: no se justifica la necesidad de la infraestructura y no se estudian alternativas que justifiquen la elección del espacio sobre el que se plantea.
O lo que es lo mismo: lo de los ecologistas, las alegaciones de ADENEX es lo de menos. Lo peor es que los incompetentes del gobierno del Partido Popular no han podido justificar la existencia de espacios alternativos sobre los que asentar la infraestructura ni por qué se ha elegido la finca de la Fundación Valhondo ni, mucho menos, se justifica que sea necesaria la infraestructura, el aeródromo.
Ahora, instaladas las fuerzas vivas de barra de tapería pija, en la pulsión de anatemizar a la organización ecologista ADENEX, conviene recordar que las dos razones de mayor peso en la denegación del papelito de estudio de impacto ambiental no son la existencia de aves esteparias, sino del pasto político de incompetentes que pensaron que entre amigos el asunto pasaría sin problemas.
Ahora, los pijos de tapería fina seguirán culpando del “parón del proyecto” a los putos ecologistas, mientras que los restos de poder político que le queda al PP después de las elecciones del 24M, se lamentarán de que siempre le toca a Cáceres (en público) y pelotearán a la nueva Junta de Extremadura (en privado) para ver si se hace o no el proyecto.
O lo que es lo mismo: un capricho innecesario para, lleguen 4 o 5 vuelos diarios. Un aeródromo con un tráfico mayor en 5 veces a la suma de los Aeropuertos de Ciudad Real y Castellón (sin contar Albacete, Huesca o Lérida). Lo de calificación como “Aeródromo de Uso Restringido” es un subterfugio para hacer una pista de aterrizaje por si algún avioncito cargado con cuatro pijos de tapería fina se acercan a pegar cuatro tiros a la finca de un amigo.
Vale.
En estos días que llevamos de julio, no sé si por las olas sucesivas de calor o porque el exceso de información nos perturba en exceso el intelecto, he podido observar dos cuestiones que han tenido un día, o dos, como máximo de cierto estrellato en algunos medios de comunicación: la intención de Mariano Rajoy de modificar la ley electoral a su gusto y la multa de casi 20 millones de euros que la UE impone a España por el falseamiento de las cuentas de la Comunidad Valenciana.
En ambos casos, estamos ante situaciones que podemos denominar “democracia de baja intensidad”. Que Mariano Rajoy pretenda modificar la ley electoral para que gobierno “la lista más votada” es una previsión que ya tenían en mente sus asesores antes de las elecciones municipales y autonómicas pero que no se atrevieron a plantear abiertamente. Ahora, comprobados los resultados electorales del 24M, es cuando Rajoy cree que ha llegado el momento de plantear la cuestión para conseguir una ley electoral que permita al PP gobernar siempre y en todo lugar. Porque Rajoy y sus secuaces, digo asesores, saben que todo el voto de la derecha lo agrupan y saben que la izquierda está fragmentada y ninguna lista de ningún partido o plataforma podrá superar ni siquiera el suelo electoral del Partido fundado por unos cuantos ministros de Franco.
Rajoy pretende que antes de finalizar la presente legislatura en el ámbito estatal pueda presentar y sacar adelante la ley electoral que le permita en las elecciones locales y autonómicas futuras conseguir que su partido gane, sí o sí. Pretender un cambio electoral en las condiciones en las que la derecha, acuciada por la corrupción, con una mierda que alcanza a todos los despachos del partido, es demostrar que la democracia “de la que disfrutamos” es de baja intensidad. A esta pretensión, los medios de comunicación “convencionales” han dedicado poco o escaso interés o han utilizado su obligación de contrapoder de la política en el sentido de callar o silenciar las pretensiones de Rajoy. Los medios, en una democracia de baja intensidad, están al servicio del poder político y económico. Y su capacidad de ejercicio de la crítica política es nulo si ello contraviene los deseos de quien manda… o puede poner en riesgo la cuenta de resultados.
Otro caso de democracia de baja intensidad es la nula o escasísima respuesta a la decisión de la UE de multar a España con 20.000.000 €. También es cierto que los partidos políticos en la oposición no han hecho el menor esfuerzo en tratar el asunto.
Las cuentas de la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular y sus corruptos, han sido falseadas, como ha demostrado Europa. Y la multa la paga “España”.
¿No debería la Fiscalía Anticorrupción actuar de oficio e iniciar diligencias penales por falsedad en documentos públicos? ¿No es un delito de prevaricación falsificar unas cuentas públicas a sabiendas?
¿Dónde está la Fiscalía? ¿Buscando tuits de hace cuatro años de un concejal en vez de buscar y determinar quiénes son los autores materiales de la falsificación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana?
Que no se actúe contra quienes falsean cuentas, falsean documentos y perjudican, a sabiendas, y en beneficio (aunque sea electoral) propio, es otra muestra de baja intensidad democrática.
Que todavía el gobierno en coalición PSOE-Compromís en la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig no haya presentado una querella criminal contra los autores materiales e intelectuales del falseamiento de las cuentas valencianas, dice muy poco de la intensidad democrática del nuevo gobierno valenciano.
Que como consecuencia de esa “baja intensidad democrática” haya que dedicar 20.000.000 € por los desatinos de un gobierno corrupto, y que los demás partidos hagan declaraciones y no actúen, dice muy poco de los políticos y de nosotros, los ciudadanos (¿o súbditos?), que lo consentimos.
Vale.
El ministro ese de lo Anterior, Fernández Díaz, tiene la extraña cualidad de hacer coincidir a la mayoría de los ciudadanos: es un meapilas con glotis afinada. Su ministerio (en sentido político y como a él le gusta, sacramental) debería ser el de la tranquilidad, el de la solidez democrática.
Pero no. Su ministerio se ha impuesto con la Ley Mordaza para acallar cualquier intento de crítica a una gestión, la del gobierno de sociópatas encabezado por Mariano Rajoy. Un ministerio basado en la política de la represión. Le falta poner en marcha una brigada político social y conseguir resucitar el TOP, Tribunal de Orden Público. Lo tiene a dos reales decretos.
Pero no solamente es un sujeto que basa toda su política en transmitir, mediante su iniciativa legislativa, a los ciudadanos un sentimiento de culpa (en intentar que los ciudadanos nos sintamos culpables y terminemos aceptando su anomalía ideológica) más que necesitado de un análisis freudiano.
Ahora, en una entrevista publicada en el Diario La Grapa, no tiene otra ocurrencia que transmitir, tras el atentado en la playa de Susa, en Túnez, su miedo (su incompetencia) para que sea “compartido” por los españoles.
Dice Fernández del Séptimo Díaz que “el riesgo de atentado es alto y la opinión pública debe saberlo”. Españoles, dice aproximadamente el de la Secta del Opus, “vamos a morir todos”. O algo parecido. Eso en el titular.
Este ministro, que parece más amenazar que defender, debería haber añadido a su frase: “… pero el Gobierno garantiza, sin ninguna duda, la seguridad de los españoles”. Pero no, dice que la cosa está muy malita, que “estamos trabajando en ello”, pero que no tenemos ni repajolera idea.
Afortunadamente, los ciudadanos ya sabemos a qué atenernos con individuos que son ministros porque no valen para otra cosa. Claro que sabemos que hay amenaza terrorista, pero más amenazante es que quien tienen la obligación y los medios, que los pagamos con nuestros impuestos, se dedique a ofrecer titulares de portada a panfletos de sus aduladores.
Afortunadamente, los ciudadanos sabemos que los terroristas pueden atentar. O no. Y lo que necesitamos son certezas del gobierno, y no alarmas.
Es tan incompetente el ministro que trata de convencer al periodista que le dora con preguntas de salón, de que no sabemos si el atentado de Túnez contra un hotel de una empresa española buscaba atentar contra derechos españoles en la zona. O lo que es lo mismo, el ministro incompetente trata de hacernos creer que los yihadistas tienen una lógica de actuación comprensible a las mentes occidentales.
¿Cuántas veces hemos escuchado, y con razón, que los atentados terroristas solamente tienen la lógica del atentado en sí mismos y establecer un estado de alarma social? Pues esa es la lógica del atentado terrorista / yihadista de Susa, en Túnez.
Que el ministro se pregunte ante la pregunta mamporrera del escribano de turno si porque el hotel es de una empresa española, los yihadistas buscan atentar contra intereses españoles, es pretender hacernos creer que los terroristas tienen una coherencia en sus atentados (¿y cuándo es un suicida, qué coherencia hay?).
Es ahí, en la ignorancia (aparente) del opusdeísta Fernández Díaz, donde interviene el miedo: como no sabemos si los yihadistas quieren atentar contra intereses españoles, los españoles deben cagarse de miedo. Y la propaganda, la portada de La Grapa (ABC), es el anuncio fiel de la incompetencia ministerial.
Meter miedo no es una función de un ministro de seguridad. Un ministro de seguridad debe transmitir eso, seguridad. Pero cuando su programa máximo es infundir miedo en la población aprovechando un atentado terrorista, y, por otro, acallar por la fuerza coercitiva del Estado cualquier atisbo de crítica (Ley Mordaza) estamos en la espiral maravillosa que desde el poder lleva al fascismo, y desde la ciudadanía a la revolución democrática y a expulsar a los autoritarios del poder.
Los españoles no merecemos un ministro que meta miedo, mientras mete la mano en nuestros derechos y nos los roba en nuestras narices.
Vale.
Las recientes elecciones municipales han deparado unos resultados que afloran nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, cuyo programa máximo es la regeneración, aunque con fundamentos ideológico (o faltos de ideología) y estrategias bien distintas.
La irrupción de Ciudadanos, considerado por muchos como un partido “marca blanca” del Partido Popular, ha supuesto que en los pactos, la formación de Albert Rivera se haya convertido mayoritariamente en el paracaídas del PP. Y Cáceres no iba a ser menos.
Escuchamos y leemos a los dirigentes de Ciudadanos manifestar su deseo de regenerar la política, de acabar con las anomalías, con los vicios adquiridos. Y aquí nos topamos con algo parecido a aquello de “vicios privados, virtudes públicas”. O lo que es lo mismo, mezclar los intereses públicos con negocios privados.
En estas fechas comienzan a avanzar los trabajos de un proyecto de parking en la Avenida Primo de Rivera, en Cáceres, promovido en solitario (legislatura anterior) por el Partido Popular. Y hoy mismo, los constructores del parking, junto con concejales del equipo de gobierno municipal (PP) presentarán las medidas de tráfico que se implantarán durante al menos 8 meses, mientras duran los trabajos de vaciado de la Avenida y construcción del parking.
Y hoy, también, es el momento de que Ciudadanos, llegados de nuevas al Ayuntamiento, tenga ocasión de pronunciarse (PSOE ya lo hizo en la legislatura anterior, oponiéndose, al igual que Izquierda Unida). Todo parece indicar que la opinión “técnica” de Ciudadanos será favorable al proyecto. Para eso han pedido la documentación… algo que no les hacía falta.
El número 2 de la candidatura de Ciudadanos Cáceres es un técnico cualificado en el sector y podrá dar su opinión. Seguramente favorable, porque ya el 30 de abril, en la empresa ARC Arquitectura, a través de su página en Facebook insertaba este anuncio:










