Archivos para noviembre 2012

Tras el trámite en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular votó en contra de una enmienda presentada por el Grupo Socialista que pretendía conseguir el compromiso de mantener en pleno funcionamiento y operativo de la Academia General Básica de Suboficiales, de Talarn, y del Centro de Formación de Tropa nº 1, de Cáceres, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se tramita, en estas fechas, en el Senado.
La negativa de los diputados del Partido Popular que representan a la provincia de Cáceres, encabezados por Carlos Floriano, a apoyar la enmienda no augura, en el Senado, que los representantes de dicho partido por la provincia de Cáceres planteen su voto a favor.

Son cinco los senadores que tiene la provincia de Cáceres, de los que 4 son por elección directa y uno por designación de la Asamblea de Extremadura. De todos ellos, 1, Juan Andrés Tovar Mena, pertenece al PSOE, y los otros 4, Pablo Elena Núñez, Elena Nevado del Campo, Alberto Casero Ávila y Diego Sánchez Duque, al PP.

Actualmente, en el Senado se han presentado las enmiendas que los grupos parlamentarios consideran pertinentes para modificar el Proyecto de Ley de PGE 2013 remitido por el Congreso. En este trámite se han presentado dos enmiendas que solicitan la continuidad plena de capacidades del Centro de Formación de Tropa nº 1. Una de ellas, por el Grupo Parlamentario Socialista, dando continuidad a la presentada y rechaza en el Congreso. La otra, de igual contenido, tiene cierta enjundia política, no ya por el contenido, que es igual, sino por el grupo parlamentario que la presenta.

De todos es conocido el reiterado recurso que hace el Presidente de la Junta de Extremadura y del Partido Popular en la Comunidad Autónoma, José Antonio Monago, de Catalunya como soporte de demagogias y búsquedas de notoriedad.

Ahora, los senadores cacereños del PP se encuentran en la tesitura, políticamente poco defendible, de rechazar la continuidad del CEFOT nº 1, cuando quien pide esa continuidad es un grupo de senadores catalanes, en concreto, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEP), del que forman parte senadores del PSC y de ICV. Tiene guasa que sean senadores de un territorio del Estado (Catalunya) vilipendiado permanentemente por el presidente de otro (Extremadura) quien pida defender cosas como el CEFOT nº 1, de raigambre social y de gran importancia económica para Cáceres.

A lo largo de lo que llevamos de año, desde que a finales de marzo se tuvo conocimiento de la situación práctica de ERE de funcionamiento en la que había quedado el Centro de Formación de Tropa nº 1, de Cáceres, han sido múltiples las declaraciones que la senadora Elena Nevado, además alcaldesa de la ciudad, ha realizado de apoyo a la continuidad del centro militar. Pero ninguna acción positiva y, mucho menos, con resultados. La negativa de su partido de apoyar la enmienda presentada en el Congreso, es una muestra de ello. Y su conocimiento real de la situación, previo y ocultado al conocimiento público, también muestra su absoluta falta de compromiso con dicho centro. En política, además de palabras y gestos, están las acciones. No valen ahora que pudieran salir dirigentes populares de Cáceres, desde Carlos Floriano hacia abajo, diciendo aquello de que “se están realizando gestiones”, porque sencillamente, no es verdad. Si se están “realizando gestiones” los resultados a la vista están: el Cefot no se ha cerrado todavía porque, quizás, el Mando del Ejército sea reacio a cerrar unidades militares y cuarteles. Si las presuntas gestiones hubieran dado resultados positivos habrían salido, en tromba, a contarlo, con pelos, señales y fotografías.

Además de Elena Nevado haciendo declaraciones huecas y sin ningún compromiso real, también el senador Alberto Casero, alcalde de Trujillo, ha dicho en muchas ocasiones aquello de su “apoyo incondicional” al CEFOT nº 1. Pero de boquilla. La última vez, con motivo de una Jura de Bandera civil llevada a cabo en su ciudad, con la participación de todo el personal, todo, del CEFOT nº 1, que montó, también, una exposición y que colaboró para que la Sección de Música de la Academia de Infantería ofreciera un exitoso concierto de música militar y popular en el Teatro Gabriel y Galán. A esta participación “de los militares”, no acompañó una más entusiasta participación de los vecinos de Trujillo y su comarca, seguramente por falta de capacidad de convocatoria de Alberto Casero.

Ahora, cuando las palabras de Elena Nevado o los ¿compromisos de apoyo? asumidos públicamente por Alberto Casero durante la Jura de Bandera celebrada junto al emblema de su ciudad, Francisco Pizarro, han de ser demostrados, es cuando me gustaría verlos, dar la cara, transformar esas palabras en el hecho de votar a favor de la continuidad del CEFOT nº 1, asumiendo la motivación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC): La previsión presupuestaria del Gobierno contempla recortes en las políticas de Defensa, pero esto no debe, necesariamente, llevar aparejado el cese de funcionamiento de los centros formativos y la adecuada cualificación de las personas.

De los otros dos senadores espero aún menos que de Elena Nevado y Alberto Casero, que sin duda votarán en contra y añadirán un clavo más al futuro del CEFOT nº 1. De Diego Sánchez Duque, porque es un senador que ejerce de cargo de partido sin compromiso de representación provincial. Y del otro, un tal Pablo Elena, ni idea. Ni sé quién es… ni tengo interés en saberlo.

Vale.

El pasado jueves, 22 de noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario, implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que collons!
Nada más conocerse la Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja autonómica… aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido. Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón, ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado, como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales, a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de fácil… Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y, sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses. Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC, determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les venga en gana.
O lo que al final viene siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así sucesivamente.
Monago no puede gastar lo que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del dinero.
Lo más probable que suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además, con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como obsoleto.
En esta procedimiento que se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se sabe si finalmente se tendrá.
Vale.


En la mañana de ayer, a las 11:30, el Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, anunció en rueda de prensa que, tras conocer una Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, pagaría la extra de Navidad de 2012 a los funcionarios dependientes de la Junta. Como dicen por donde yo trabajo, ¡con dos cojones y un palito!

Pero… Pues lo de siempre. Un antiguo bombero que gobierna según le dicta su jefe de marketing y propaganda, el vasco Iván Redondo, de www.redondoyasociados.com, no puede salir a marcarse un farol populista desconociendo algo muy importante: la Ley. El señor Monago, sin duda repitiendo lo que su jefe de propaganda le ha dicho. La extra de Navidad fue suprimida por el gobierno de Mariano Rajoy en el RDL 20/2012, en el artículo 2, y el apartado 7 de ese artículo determina expresamente que se suprime la extra y se ordena su cumplimiento por todas las administraciones públicas en cumplimiento de los artículos 149 y 156 de la Constitución Española. 

Ayer, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza demostró que o bien ignora la Constitución que ha jurado cumplir, o que se pasa por el forro esa Constitución. Es lo que tiene gobernar sin saber. Y la ignorancia es muy atrevida. 

Ayer, en el informativo Hora 14, de la Cadena Ser, José Antonio Monago Terraza ya no decía que pagaría la extra de Navidad a los funcionarios de la Junta de Extremadura con el dinero del Impuesto Bancario, creado por el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y recurrido al Tribunal Constitucional por el partido de Monago. A esa hora, ya Monago hablaba de que se adelantaría la extra de julio de 2013 a enero de 2013. 

Recordando cosas parecidas, el envainamiento del farol del IVA cultural se ha repetido. 

La primera parte de la opereta se ha caído. Monago no puede, bajo ningún concepto, pagar la extra de Navidad de 2012 porque la Ley, y sólo la Ley, se lo prohíbe. Por mucho que ese muchachito tan temido en el Partido Popular de Extremadura, Iván Redondo, se empeñe en mal aconsejar a un político de medio pelo como Monago. 

Y ahora viene la segunda… que también es muy interesante. 

En esta segunda parte interviene ya el consejero emérito, o el emérito que es consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura, Antonio Fernández. Es lo de adelantar la extra de Julio de 2013 a enero de 2013. Y la de diciembre de 2013 a Julio de 2013. ¿Se puede hacer? El consejero emérito debería saber… que tampoco. 

Para ello hay que recordar a Josep Borrell. ¿Alguien recuerda aquella intervención en el Congreso de los Diputados en la que mucha gente escuchó por primera vez lo del principio de devengo y el principio de caja? Pues por ahí va el asunto. 

El abono de las pagas extraordinarias a los funcionarios públicos está regulado. No que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se diga que los funcionarios tienen 12 pagas mensuales más dos pagas extraordinarias (hasta 2010, con los recortes de Zapatero, era 14 pagas). No, es que el procedimiento de pago de las extraordinarias tiene su regulación expresa, concreta y definida. 

Ayer, el partido del gobierno de la Junta de Extremadura presentó una enmienda al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma actualmente en trámite parlamentario. La enmienda dice: “Las Administraciones Públicas podrán anticipar al personal que haya visto minoradas sus retribuciones por la supresión de la paga extraordinaria contenida en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio… el abono de las pagas extraordinarias que prevean devengar los meses de junio y diciembre de 2013 a los primeros días de enero y julio, respectivamente, siempre que la situación económica y presupuestaria lo permitan” 

Pues no, así, tampoco. En algún sitio puede leerse: Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del funcionario en dichas fechas. Art. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. 

¿Devengarán? Pues claro, las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos se devengan como dice ese artículo y el artículo 34 siguiente de la misma. O lo que es lo mismo, para que un funcionario público pueda percibir la paga extraordinaria de junio se produce el devengo conforme a la situación administrativa del empleado público a 1 de junio de 2013. No puede adelantarse la percepción de una retribución periódica que no se ha devengado. ¿Remember Borrell? 

Dado que la legislación estatal (Ley 33/1987, por ejemplo) se aplica por sí misma con carácter supletorio y vinculante a todas las Administraciones Públicas (Autonómica, Provincial y Local), la enmienda del Partido Popular a los presupuestos de 2013 en Extremadura no tiene valor por cuanto la regulación de las pagas extraordinarias requiere una norma legal completa, que aplique en la región los procedimientos de pagas extraordinarias. La ley estatal, por tanto, determina cuándo se devengan las pagas extraordinarias, que, además, se establecen para su percepción por los 6 meses anteriores (completos o en parte, conforme a la relación contractual de los empleados públicos). 

Por otra parte, si la enmienda del PP de Extremadura pretende “anticipar” el pago la extras de Junio y Diciembre, habría de estarse a algo inaudito, no regulado: el pagador no puede anticipar, por voluntad propia, el pago de una retribución que no se ha devengado (¿Remember Borrell?). 

Para finalizar, unas curiosidades: 

Primera. Si la Junta de Extremadura consiguiera, que lo dudo, anticipar la extra de junio a enero de 2013 y la de diciembre a junio de 2013, ¿qué pasaría, en el caso probable, de que España pidiera el rescate económico a Europa y una de las condiciones fuera la supresión de una extra, la de Junio por ejemplo, ¿cómo resolverían el emérito consejero y el jefe de marketing el asunto? 

Segunda. Cuando el gobierno de la Nación consulta a las Instituciones Europeas si el impuesto bancario de Extremadura es conforme a las Directivas comunitarias, ¿qué harán los bancos, pagar ya como dice el TC o esperar a lo que diga Europa? Sin duda esperarán y dejarán a Monago compuesto y sin anticipo. 

Tercera. ¿Despedirá Monago a su jefe de propaganda después de la cagada de ayer, jueves, a las 11:30 horas? 

Vale.

La noticia de la venta del Chalet de los Málaga por Pronorba, una empresa inmobiliaria, a Caja Almendralejo, saltó ayer, 19 de noviembre, como el Guadiana, visto y no visto, en la digital de pago de un medio de comunicación. La noticia, después, desapareció. Hoy, el mismo medio, y el otro diario de información regional, llevan la noticia a sus ediciones en papel.
En principio, que una empresa privada venda un inmueble a una entidad financiera, no debe plantear ninguna cuestión. Mejor dicho, no debería plantear ninguna cuestión. Pero la situación económica y financiera general puede y debe, en el caso de este inmueble, que, no se olvide, es un Bien de Interés Cultural, a ser cautos con este tipo de operaciones.
Según los medios de prensa, la operación se ha realizado por un valor de 6.000.000 €, cantidad respetable. Y, repito, al tratarse de un negocio entre agentes privados, allá ellos. O casi allá.
La primera duda que me asalta es cómo una entidad financiera con una escasísima presencia en la ciudad de Cáceres (un local comercial situado en planta baja en la Av. Virgen de Guadalupe, 29, que es casi semisótano por la pendiente de la calle) adquiere un inmueble tan relevante para poner una oficina bancaria, una sala de exposiciones y poco más.
La segunda duda es si la operación es exclusiva de Caja Almendralejo o la ha realizado el Grupo Solventia, al que pertenece dicha Caja Rural, junto con otras Cajas Rurales como la de Baena, Cañete de las Torres, etc., de las que es cabecera del Grupo la propia Caja Rural de Almendralejo.
Una tercera duda está en cómo una operación por valor de 6.000.000 € la puede asumir una entidad que en su memoria anual de 2011 acredita “un resultado antes de impuestos ascendió a 5.541 miles de euros, que ha descendido en un 10,79% respecto al registrado en el año 2.010”. “El Beneficio neto se situó [en 2011] en 4.353 miles de euros, con un descenso del 8,93%”. O lo que es lo mismo, un beneficio antes de impuestos de 5.541.000 € y un beneficio neto, siempre hablando de la memoria contable de la Sociedad Cooperativa de Crédito “Caja Rural de Almendralejo”, de 4.353.000 €.
Con estos datos, la operación de adquisición del Chalet de los Málaga supera el beneficio neto de la entidad financiera en 2011. Por supuesto, la gestión de una empresa se ve en el balance de final de ejercicio, y la entidad de Crédito Cooperativo habrá tenido, sin duda, todos los datos necesarios para que la operación resulte adecuada a los resultados económicos, pero las cantidades son las que son, aunque los expertos contables siempre encuentran las mejores explicaciones posibles.
Una cuarta duda nace de las declaraciones atribuidas en El Periódico Extremadura, al publicar la información (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/el-chalet-de-los-malaga-sera-nueva-sede-de-cajalmendralejo_694496.html), al gerente de la empresa Pronorba, vendedora del inmueble, que afirma que solo se había vendido “una parte, pero con una serie de condicionantes”, sin dar más detalles de la operación.

Es decir, según el vendedor, sólo se ha vendido una parte ¿por 6.000.000 € cuando la empresa vendedora reclamaba patrimonialmente al Ayuntamiento 10.000.000 €? ¿Que ha desistido esa empresa en la obtención de 4.000.000 € por los derechos urbanísticos que, según ella, le corresponden?
Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, e insistiendo en que se trata de una operación entre particulares, todos esos condicionantes deberían, al menos, ser puestos en conocimiento del Ayuntamiento de la ciudad como garante inmediato de la aplicación del planeamiento urbanístico y las declaraciones de la Alcaldesa Elena Nevado a un medio regional demuestran desconocimiento de la operación, no de la negociaciones entre partes privadas, sino de su resultado ya final. Y deberían ser puestos esos condicionantes en conocimiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura como garante del cumplimiento y exigencia del cumplimiento de todo lo que afecta al Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, habrá de estarse muy atentos a cómo se realice el proyecto de adecuación que pueda realizar Caja Rural de Almendralejo y mantener un nivel de exigencias desde el Ayuntamiento al menos del mismo grado que el que, por ejemplo, se mantuvo con el Hotel Atrio.
Vale.

El pasado mes de agosto, componentes de la Asociación Cultural “Lemon y Coco” denunciaron la aparición de pintadas en el conocido Chalet de Los Málaga, en la Av. De España, de Cáceres, inmueble declarado Bien de Interés Cultural.



Este inmueble, como otros ya señalados en esta serie de edificios cerrados por falta de uso, se encuentra en el tráfico inmobiliario, y sus actuales propietarios han presentado reclamaciones judiciales contra el Ayuntamiento de la ciudad para conseguir el resarcimiento económico resultante del volumen edificable en la parcela si se aplicara de ordinario el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, en tanto que la respuesta municipal y, de momento, judicial por incidencia patrimonial, es negativa a los intereses de la propiedad. Pero el asunto seguirá.

El Plan General Municipal vigente recoge la calificación de Bien de Interés Cultural, protege, urbanísticamente el inmueble e impide (al menos en cuanto a la redacción de la norma) que la propiedad pueda reclamar una indemnización patrimonial.

El asunto planteado por la propiedad, en un tiempo en el que el sector inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado, dará para un largo litigio, que al final repercutirá en la economía municipal, en los intereses económicos de la ciudad y los ciudadanos. Y, sobre todo, repercutirá en un deterioro del inmueble que afeará la imagen de una ciudad que cada día da la sensación física de ir cerrándose, de cerrar todas las puertas por falta de uso.
Me atrevo a afirmar que, judicialmente, la propiedad terminará ganando y que la ciudad deberá indemnizar los derechos urbanísticos no apropiables. Algo que podría ser menos gravoso si se aplicaran, con inteligencia, las normas urbanísticas, y se determinaran los derechos urbanísticos apropiables que correspondan y se dotara, mediante permuta, la entrega de esos derechos sobre los que, por ley, corresponden al Ayuntamiento, al 10% del aprovechamiento lucrativo.

Pero, sobre todo, y siguiendo la alarma levantada por la denuncia de la Asociación Cultural Lemon y Coco, y expresada con claridad en su blog por Montaña Hurtado, es preocupante el deterioro progresivo de un inmueble que es, no se olvide, Bien de Interés Cultural. El cuidado y mantenimiento son una obligación de los propietarios, que han de optar por realizar todas las tareas necesarias para ello, asumiendo su coste, o buscar el modo de transmitir, en condiciones económicas adecuadas, no gravosas a la Hacienda Pública, bien al municipio, bien a la Administración que realizó el expediente de declaración del B.I.C.
Sin embargo, no hay que olvidar que, también, las administraciones públicas tienen la obligación de preservar la conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, como es este caso. Y permitir una degradación del inmueble, además de acarrear consecuencias administrativas, económicas, e incluso, de responsabilidades penales para sus titulares dominicales, pero también para las administraciones que lo toleraren.
Actualmente, el Chalet de Los Málaga, además de haber sido objeto de pintadas (no excesivamente aparatosas, pero sí consecuentes a su estado de abandono), presenta síntomas evidentes de un deterioro que en los próximos meses de inclemencias climatológicas se incrementarán y, por ejemplo, las redes que protegen celosías y balaustradas de cubierta, no serán suficientes para evitar derrumbes. 

A las administraciones, además de resolver el asunto reclamado por la propiedad (obteniendo, en el menor tiempo posible, una respuesta judicial inapelable, en el sentido que sea, y cumplirla y hacerla cumplir), le compete, de modo ineludible evitar cualquier deterioro. En este caso, además del carácter de B.I.C. del edificio, su ubicación será termómetro de la capacidad del equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcasenadora Elena Nevado: a mayor deterioro del inmueble, mayor deterioro del gobierno municipal. Y los edificios que se deterioran por abando terminan arrumbados en el suelo. Como los gobiernos que no saben ejercer sus obligaciones.
Vale.  

El pasado 1 de noviembre, en este mismo blog, ponía en duda que el diputado por Cáceres Carlos Floriano, al parecer número 3 de la cadena de mando del Partido Popular, apoyara la enmienda número 2.398 a los Presupuestos Generales del Estado para 2013. La enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, defendía la adición de una Disposición Adicional que dotara de la consignación económica suficiente para garantizar la continuidad en todas sus capacidades formativas de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) en Talarn (Lleida) y el Centro de Formación de Tropa nº 1 (CEFOT1) en Cáceres. 
Este es el link de mi post del 1 de noviembre:

Fotografía oficial de Carlos Floriano (www.congreso.es)

Mis dudas sobre ese apoyo eran más que fundadas. Primero, por la política general que sigue el Partido Popular en materia de Defensa, más preocupado por los consejos de administración de las grandes corporaciones armamentísticas que por dotar de suficientes recursos, humanos y materiales, a las distintas unidades de las FAS. Y, segundo, por conociendo la trayectoria política de Carlos Floriano, ni por un momento he confiado en que, ni siquiera, haya preguntado por el futuro de la unidad militar de Cáceres. Dudo, incluso, que conozca ni de vista al Ministro de Defensa y a cualquiera del equipo comercial que dirige el ministerio.
Las dudas desaparecieron el pasado lunes, cuando la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados desestimó, una a una prácticamente todas las enmiendas de los grupos políticos a los PGE 2013. Incluida la enmienda 2398.
No es que el diputado Carlos Floriano tenga más o menos capacidad política, o tenga más o menos capacidad de influencia en las decisiones de su partido, en cuya parte más alta de la cúpula le han encontrado una silla. Es que no tiene ninguna. Y ganas de criarlas, tampoco, no vaya a ser que le muevan la silla o le den un empujón. Ya se sabe que más dura será la caída, sobre todo del que ha subido sin pisar ningún peldaño.
Tuve ocasión, hace ya años, de hablar del futuro del entonces CIMOV nº 1 (hoy CEFOT1) con Carlos Floriano, en una reunión que mantuvo con miembros de la Plataforma que entonces funcionaba. La impresión que saqué fue doble: que el CIMOV 1 le traía al pairo y que nunca entendió de que iba el asunto. Entonces, Floriano era el portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura y me hizo una afirmación completamente “democrática” que me dejó estupefacto y que marca esa incapacidad política a que antes me refería. Me afirmó, sin pestañear, que no iban a presentar ninguna Proposición no de Ley en la Asamblea (con mayoría socialista), porque “las proposiciones no de ley no sirven para nada”.
Con ese concepto del poder legislativo, al conocer la enmienda socialista a los PGE 2013, de inmediato supe que no serviría para nada, cuando en el Congreso de los Diputados hay una mayoría absoluta del PP y cuando quien debería apoyar esa enmienda desprecia uno de los poderes del Estado.
Carlos Floriano no defiende la continuidad del CEFOT1 porque no defiende los intereses de Cáceres y de los cacereños, de los que le han votado y de los que no, porque a todos debería representar. Pero Floriano, en el Congreso de los Diputados es un don nadie, y en su partido ocupa la cuota de los cargos florero que salen los fines de semana a desmentir lo que sea (en dura disputa con González Pons).
Vale.  

Cuando alguien me comenta alguna información política (normalmente contra la izquierda), siempre le pregunto: ¿en qué cadena has visto eso?

Son cada vez más los periodistas que van sumando sus blogs personales a ese mundo tan aparentemente antiguo (parece que lleva con nosotros desde siempre) y tan actual como es internet. Y también son cada vez más los periódicos que se crean para la red, exclusivamente para la red. Esta red, tan expansiva, es la que nos está permitiendo asistir en primera persona a la evolución de una profesión, la periodística, que, en su concepción tradicional, la del papel, la de la radio y, también, la de la televisión (los tradicionales “medios de comunicación”) ha derivado en un mercado económico, en un “modelo de negocio” que es radicalmente incompatible con el concepto tradicional, romántico, del periodismo y de los periodistas.
Algunos de esos medios tradicionales conservan en sus columnas de prensa o en sus videoblogs algunos “ejemplares” (perdón) de muestra de lo que fue el periodismo, de lo que fue la prensa, de modo singular en los años 70-80 en España. Hoy, no existen periodistas, hoy, los medios de comunicación no quieren ni necesitan periodistas, quieren gente que ponga su nombre y firmen lo que la empresa editora quiera que publiquen. Quizás siempre fue así, pero recordar algunas páginas de El País de 1980, o de Diario 16… no lo parece.
Hemos pasado de periodistas que escribían en prensa o de radio a licenciados en Periodismo o en Comunicación audiovisual que trabajan (en el sentido más “manual” del término) en periódicos o en emisoras de radio o en cadenas de televisión.
Hemos pasado de empresas editoras de periódicos a grupos de periódicos editados por empresas periodísticas. Y de ahí, a grupos de empresas periodísticas unidas por exclusivos y excluyentes intereses económicos. Para llegar, finalmente, a un panorama editorial de prensa (escrita, radio, televisión y digital) en el que predominan los oligopolios económicos ajenos a la profesión periodística con la que, todavía, muchos jóvenes sueñan en las clases de periodismo.
Las sociedades mercantiles que cotizan en el IBEX 35 poseen “participaciones significativas” en grupos de comunicación. O grupos de comunicación que diversifician tanto su negocio que producen paradojas aparentes. Valga como ejemplo el caso reciente de la absorción de La Sexta y sus canales de TDT por el Grupo Planeta, de José Manuel Lara. Ello da como resultado que la misma empresa, el mismo holding edite un periódico claramente profascista como La Razón y “permita” informativos de aparente significado izquierdista como los de La Sexta. Ya sucedió con el mismo grupo cuando editaba en Madrid La Razón y en Catalunya Avui.
Al empresario dueño del Grupo Planeta, un señor muy de derechas, le da igual la línea “editorial” de La Sexta. Es más, le viene bien para el negocio, por cuanto con los informativos (a veces hay que decir “los informativos o lo que sea eso”) de Antena 3 capta un determinado target de clientes (y en función de ese target, un determinado volumen de publicidad), y con los de La Sexta, sus clientes pertenecen a otro segmento. Al final, el grupo suma. Y lo que le interesará será la cuenta de resultados. Si ve que el negocio flaquea por alguno de los flancos, se corta.
En esta situación, el periodista, el transmisor de la información y de los contenidos es lo de menos. Es un empleado al servicio del patrono, o, como mucho, un empleado al que el patrono “permite” ciertas libertades. Y si el negocio no renta lo suficiente, plantea un ERE, despide a los que le sobren hasta cuadrar el balance. Los periodistas son, en el balance, un número que a veces da bien en pantalla o atrae comentarios elogiosos en la columna de prensa.
Otra situación que se da, derivada de las participaciones significativas de grandes empresas en grupos de comunicación, es la ausencia significativa de determinados aspectos de la actualidad en según que fuentes de información. Y esas participaciones significativas pueden ser de inversión directa en el capital social o pueden ser, incluso, propiedades completas de medios que finalmente sirven a los intereses de los propietarios.
En ambos casos, grupos de medios de comunicación como el Planeta, o grandes sociedades mercantiles propietarias de grupos de comunicación, lo que hacen es buscar los mecanismos de poder, de detentar el poder. Y el poder, en una sociedad capitalista, es el dinero, al que sirven y del que se sirven. Y ese poder, políticamente, es la derecha.
En España no existe en estos momentos, ningún atisbo de libertad de prensa, no existen los periodistas. Se editan periódicos, se retransmiten informativos de radio o televisión, pero todos al servicio del poder, de sus propietarios. Ahí, los periodistas dejan de existir para ser, les guste o no, correa de transmisión de los intereses económicos de los dueños, de los propietarios.
Ello conduce a un monopolio político, ideológico, que trata de perpetuarse. A los intereses de las grandes corporaciones económicas, lideradas por los bancos, les interesa un poder político débil, a su servicio. Un poder político con falta de ambición por hacer de la política y las instituciones constitucionales el origen y el fin de los mandatos ciudadanos. Al poder económico le es muy útil tener a su servicio a políticos inanes como Mariano Rajoy, a cuyo servicio ponen a los medios de comunicación de los que son dueños.
Solamente quedan, para los ciudadanos, las pantallas de los ordenadores, internet, que, hoy por hoy, es un atisbo solamente de diversidad y de capacidad crítica frente al poderoso medio de alienación que es la televisión.
En todo este conglomerado, leer el blog de un periodista en el que expresa libremente sus opiniones (con las que se estará o no de acuerdo) y ver a periodistas vertiendo mierda y basura por pantallas de televisión, hace pensar que no son la misma profesión. O ver a periodistas, dicen ellos, acudiendo a pseudodebates al servicio de empresas de Berlusconi o Lara llena de desazón a quienes, recordando las imágenes de la voladura del Diario Madrid, llegamos a pensar que algún día, la libertad de prensa nos ayudaría a ser más libres.
Sólo un detalle, un apunte de cuál es la realidad de los medios de comunicación y de la prensa en España: ¿alguien recuerda que algún periódico, alguna cadena de radio o alguna televisión haya criticado alguna vez a El Corte Inglés, cuya expansión en centros comerciales en todo el país se ha hecho en gran medida sobre la base de recalificaciones urbanísticas de dudosa legalidad?
Vale.  

En estas fechas se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Recortes (digo, Presupuestos) Generales del Estado para 2013. Es, en esta ley, cuando se visualiza de manera clara el grado de compromiso de los representantes políticos con sus votantes. Es, en esta ley, cuando quedan al descubierto las vergüenzas de quienes, obtenido el escaño, avanzado en su nivel de jerarquía partidaria, se dedican a adular a quienes los han designado y a desentenderse de quienes les votaron.

La situación de incertidumbre por la que atraviesa el CEFOT nº 1 desde que el 5 de marzo de 2012 la alcasenadora de Cáceres, Elena Nevado, recibiera las peores noticias directamente de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Dominguez-Alcahud, se mantiene. Sólo la resistencia, como debe ser y como se ignora, de los mandos militares a producir cierres y desmantelamientos, mantiene abierto, que no en funcionamiento, el CEFOT nº 1. Por cierto, la alcasenadora Nevado sigue sin dar explicaciones de por qué calificó “de cortesía”, en papel oficial de comunicado de prensa, aquella entrevista con la Subsecretaria, cuando de cortesía no tuvo nada.

Ahora, en el debate presupuestario, el PSOE ha presentado una enmienda de adición para que se mantengan abiertos, en su integridad, el Centro de Formación de Tropa nº 1, de Cáceres, y la Academia General Básica de Suboficiales, de Talarn (Lleida). Las esperanzas de que el Partido Popular acepte la enmienda son pocas, nulas, sobre todo porque las prioridades del Ministerio son las de pagar a los fabricantes de armas, que para eso está el Ministro. Y no para otra cosa.

Esta es la enmienda presentada.
ENMIENDA NÚM. 2.398 

FIRMANTE: 

Grupo Parlamentario Socialista 

De adición. 

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: 

Disposición adicional. Mantenimiento de los centros formativos del Talarn y CEFOT n.° 1. 

El Gobierno dotará los créditos presupuestarios suficientes para asegurar el completo funcionamiento y el mantenimiento de la plena operatividad en capacidades formativas, de la Academia General Básica de Suboficiales de Talam de Lleida así como del Centro de Formación de Tropa n.° 1, ubicado en el Acuartelamiento Santa Ana, de Cáceres. 
MOTIVACIÓN
La previsión presupuestaria del Gobierno contempla recortes en las políticas de Defensa, pero esto no debe, necesariamente, llevar aparejado el cese de funcionamiento de los centros formativos y la adecuada cualificación de las personas. 

Sería deseable, cuando menos, que por una vez, el alto dirigente del Partido Popular, Carlos Floriano, diputado, dicen, que por Cáceres, hiciera algo de provecho en el Congreso. Algo de provecho por la ciudad y por la provincia con cuyos votos está ascendiendo en su carrera política y justificara los pingües ingresos económicos que recibe. Pero la realidad será otra. El señorito Floriano no hará nada, por dos razones: primera, porque su prioridad es plegarse a lo que le diga su partido, y segunda, porque los intereses de Cáceres y provincia se la sudan.

Desde que tomó posesión de su escaño en el Congreso, las iniciativas parlamentarias promovidas por el señor Floriano en favor de su circunscripción electoral han sido… ninguna. Y las iniciativas parlamentarias promovidas por el señor Floriano, en cualquier ámbito de lo que debiera ser su trabajo y por el que tanto dinero cobra (y que le pagamos todos) han sido… ninguna.

Es verdad que sus tareas en el Partido Popular, además de decir que le gusta Cataluña (debe ser en la intimidad, claro), consisten en salir a hacer declaraciones en competencia de disparates con González Pons o a desmentir cualquier cosa (como cuando desmintió lo de que el Gobierno sabía que Juan Carlos I estaba cazando elefantes en África), pero en esas tareas no es están incluidas las obligaciones de defender los intereses de la circunscripción electoral que lo eligió. ¿Para qué, si defender a su ciudad y su provincia no le reportaría méritos?

Vale.