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El episodio chusco, chapucero, de la filtración de uno de los exámenes de lo que se ha dado en llamar la “ESO del los 1.000 euros” es una muestra más de que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
La ESO de los 1.000 euros no es más que una operación de marketing lanzada para sacar de las listas del paro juvenil, insoportable en Extremadura, a 3.000 jóvenes con la excusa de que terminaran la Educación Secundaria Obligatoria que habían abandonado, en su mayoría, para ganar dinero relativamente fácil en el ladrillo.
Son ya muchas las operaciones de marketing en las que el gobierno de los mejores viene basando, exclusivamente, su acción política. Y es hora de llamar a las cosas por su nombre: lo que ahora, invadidos por los conceptos anglosajones, se llama marketing, siempre ha sido, es y será lo mismo: prensa y propaganda.
La publicidad y la propaganda en las que el gobierno del Partido Popular de Extremadura y su demagogo (no llega a populista) presidente José Antonio Monago asienta todas sus decisiones son una manera, la única que tiene, de huir hacia adelante cuando se carece de capacidad y cuando, consecuencia de esa falta de capacidad, los medios económicos y materiales escasean.
Además, la gotera del examen filtrado llueve a chuzos sobre un fracaso: solamente el 40% de las 3.000 plazas que se dotaron económicamente saldrán adelante… si aprueban el examen. O lo que es lo mismo, lo que fue una operación de propaganda política debidamente alabada por los medios de comunicación (altavoces de una propaganda que se traduce, para ellos, en publicidad institucional), se ha convertido en un fiasco en cuanto a “participación”, y, por tanto, en cuanto al objeto real de la acción propagandística. Como mucho, el gobierno de los mejores no podrá eliminar de las listas de parados jóvenes a 3.000, sino, solamente a 1.200.
La gotera de la filtración del examen es la culminación (a no ser que nos sorprendan con otra chapuza mayor para tapar esta) de algo que ya debería ser palmario a todos: que no puede gobernarse a base de ocurrencias revestidas de presentaciones power points.
Como decía hace unos años el general americano (como el marketing) McCrystall: “el daño que han hecho los powerpoints a las operaciones militares”, ahora ya debería comenzar a decirse: “el daño que hacen las ocurrencias de la propaganda política a los derechos de los ciudadanos”. Y en Extremadura, se ha cerrado ya el círculo. Y el círculo, como habrán aprendido los pocos alumnos de la ESO de los 1.000 euros, es Redondo.
Vale.

El demoledor dato del paro del mes de enero de 2013 en Extremadura, más de 6.000 personas, todas con nombres y apellidos, todas con su vida sin mañana, fue contestado por el presidente (con minúsculas) de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, con una finta de propaganda al más puro estilo goebbeliano. Cuando los parados le cercan, cuando las cifras de parados demuestran que no tenía ninguna solución que ofrecer a los extremeños, su especialista en marketing, al que pagamos todos, el tal Ivancito, le dio la bombilla que le faltaba: ¿Que tenemos 6.000 parados más sobre nuestra incompetencia? No hay problema, prometemos listas abiertas y todos van al anzuelo.
Y todos han picado en el anzuelo.
En primer lugar los dos libelos que se publican en la región: el tradicional de la Editorial Católica y el otro. Titulares de prensa y editoriales para alabar al emperador. Pero el emperador Monago va desnudo. Envolverse en las listas abiertas es lo mismo que hace Mas en Catalunya con la senyera: una vulgar trampa de mal gobernante.
Porque ya tenemos listas abiertas en nuestro sistema electoral. Claro, pero con ellas se eligen senadores. Como Luis Bárcenas, que fue elegido, en listas abiertas, senador…
Que ahora las listas abiertas sean la tapadera con la que esconder el drama personal de más de 170.000 extremeños demuestra, además de una demagogia hortera y chabacana, algo mucho peor: que quien maneja la tapadera es un incompetente, es un inmoral y hace gala de un profundo desprecio hacia los ciudadanos.
Pero la demagogia, como los desmentidos de Carlos Floriano, tiene las patas muy cortas. A los más de 6.000 parados de enero se unirán los otros miles que habrá, sin duda, en febrero. ¿Y qué se va a inventar el dueño de Redondo y Asociados para que su jefe, que no su pagador, pueda salir en los BOPPs (ya tiene dos por falta de uno) y en su nodo televisivo?
Ahora, con más de 170.000 parados, las únicas listas abiertas que necesita Extremadura son las de gobernar. Las únicas listas abiertas que necesita Extremadura son las de ciudadanos que necesitan encontrar un puesto de trabajo. Pero esas listas abiertas tan necesarias no se conseguirán con gobernantes como Monago y sus secuaces de Izquierda Unida, Nogales, Pedro Escobar y Victor Casco, porque ya han demostrado, por demás, su inutilidad y su incompetencia.
El Partido Popular de Extremadura, que necesita que un chamán del marketing les diga lo que tienen que hacer (y encima le paguen con los impuestos que nos sacan a todos), ha demostrado no ser un partido de gobierno. Ha demostrado ser un partido de desalmados.
Que para tapar la ignominia de ser el responsable de que en enero de 2013 hayan ido a la fosa séptica del paro más de 6.000 extremeños tengan que recurrir a un truco de tómbola de feria, demuestra la catadura moral de unos que se proclamaron en su día “el gobierno de los mejores” y que a cada paso demuestran que el marketing como fin es solamente fachada. Y que cuando ese marketing es sólo fachada de una ideología de extrema derecha, lo único que queda es el recuerdo de los métodos de la propaganda de los partidos nazis.
Las listas abiertas que necesita Extremadura son esas en las que cada uno de los 170.000 parados puedan ver su nombre y la fecha, inmediata, ya, de su nuevo puesto de trabajo.
Todo lo demás son más de 170.000 maneras de engañar, de mentir. Y son más de 170.000 maneras de esconder la propia incompetencia de quien, a falta de una bandera en la que envolverse, como hacen los nacionalistas o los patriotas de hojalata con dinero en cuentas suizas.
Dejen las listas abiertas para cuando hayan sido capaces de abrir a la esperanza a esos más de 170.000 parados extremeños. Y si no tienen ni puñetera idea de cómo hacerlo, váyanse con viento fresco a sus casas y dejen de seguir hundiendo en la miseria a los extremeños.
Vale.

Los medios de comunicación en Extremadura publican en sus ediciones digitales lo que veremos mañana en los papeles: que la Junta de Extremadura (ahora conocida como Gobierno de Marketing de Extremadura) ha reducido casi un 12% el gasto farmaceútico. Y los medios, ante tamaña noticia y desconociendo los diversos trucos utilizados y con el efecto del repago, la aplauden con las orejas de lectores poco avisados.
El repago, que ha supuesto que los pensionistas paguen (y adelanten) un 10% de sus medicinas, algo que antes no se hacía. La demografía extremeña, con un elevado porcentaje de personas mayores, hacen que ese 10% que los pensionistas, con gran esfuerzo, tienen que abonar, formen parte de ese “ahorro”. Vamos, que el Gobierno de los Mejores ahorra sangrando a los ciudadanos.
También es curioso el sistema, toalmente perverso, ideado por un gobierno de desalmados, cuya Ministra de Sanidad, incapaz de ver un Jaguar modelo Gürtel en el garaje de su casa, ha tenido la clarividencia de determinar que los parados que perciban un subsidio, y en tanto lo estén percibiendo, estén exentos del repago, pero que en cuanto dejen de percibirlo, ya sea subsidio o RAI, tienen que abonar el 40% del importe de los medicamentos, por quedar incluidos en el tramo de rentas de 0 a 18.000 euros. El resto de los trabajadores, los que ganan entre 18.001 y 100.000 euros pagan el 50% y los que ganan más de 100.001 euros, el 60%. El sistema es tan perverso que, para que pueda entenderse, un funcionario que sea auxiliar administrativo y esté sujeto al régimen general de seguridad social, que gane poco más de 18.000 euros está obligado a abonar el 40% de los medicamentos que pudiera necesitar, él o los beneficiarios que figuren a su cargo, lo mismo que debería abonar el Presidente del Gobierno o la Ministra si precisaran atención médica y subsiguiente dispensación de medicamentos. Pero como son sanos, fuertes y en La Moncloa tienen una dotación de 180.000 euros para medicamentos… pues no les hacen falta.
El ahorro en factura sanitaria tiene, como ya hemos visto, una deuda con los pensionistas, que han pasado de no abonar nada en el repago a abonar el 10%, y una deuda con los parados que no tienen derecho a ningún tipo de prestación o subsidio que han de abonar el 40%.
Sin embargo, el Gobierno de los Falsos Ahorradores añade a su gestión favorable, según el Consejero de Marketing (en otros tiempos, su denominación hubiera sido más acertada: Prensa y Propaganda) algún truco más propio de tahúres del Mississippi que de gestores honestos de lo público.
Desde el mes de octubre, y por orden del actual Consejero de Salud, un maestro de escuela, lego en medicina y farmacia, se está produciendo un hecho que podría ser digno de denuncia pública y, si nos ponemos finos, hasta pena: cuando un paciente va a la farmacia, a recorger alguna medicina prescrita por su médico de cabecera o por el especialista correspondiente, se puede encontrar con la desagradable sorpresa de que el medicamento que precisa no está en la receta electrónica. Ese día, el paciente no recoge el medicamento, no abona el 10% (si es pensionista) o el 40% (si es un trabajador o parado sin subsidio que gana hasta 18.000 euros) o el 50% si sobrepasa los 18.000 euros. Pero ese día, también, el Gobierno de los Mejores anota “un ahorro” del 90, 60 o 50%, según los casos, en ese medicamento.
¿Qué es lo que sucede? Que un maestro, un profesor de EGB ha ordenado que, periódicamente, y sin tener en cuenta ningún criterio médico, profesional, se eliminen medicamentos de las recetas electrónicas. Los efectos pueden ser desde que el enfermo que necesita ese medicamento se vea obligado a ir de nuevo al médico, para que vuelva a incluirle en la receta esa medicina cuya anulación tan bien le viene a un sujeto que hace hojas de cálculo. Pero también puede ocurrir que el paciente que necesita ese medicamento y que tiene alguna dificultad para acudir de nuevo al médico (por ejemplo, en determinadas zonas rurales, o en algunos barrios más alejados de centros de salud, o dificultades de movilidad…) no vaya. O lo que es lo mismo, que por orden imputable exclusivamente al profesor de EGB que, tras dos fiascos de consideración en sus antecesores, se ha encontrado con el cargo de Consejero de Salud, se puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos , pero todo sea por conseguir el titular del ahorro.
Ese titular tan hermoso que los medios de transmisión de mensajes oficiales, digo de comunicación, señalan del ahorro de casi el 12%, parece que no puede ser debido, sin duda en gran parte, a la excelente gestión del mejor consejero de Salud que tiene Extremadura, sino a la desalmada legislación puesta en marcha por el Partido Popular y a trucos que bordean el intrusismo profesional, cuando no lo traspasa, como es el de ordenar la modificación de la receta electrónica. O lo que es lo mismo, atribuirse la capacidad de modificar un tratamiento médico. Así por las buenas.
Por cierto, el profesor de EGB se llama Luis Alfonso Hernández Carrón, que es, desde octubre, el que firma todas las recetas electrónicas de Extremadura y las modifica a su antojo y al del funcionario que le hace las hojas de cálculo del ahorro.
Vale.  

Diferencias

cercadelasretamas —  enero 24, 2013 — Deja un comentario
Cada vez que puede hacerse un planteamiento de comparación entre la actitud política de los dirigentes extremeños y cacereños con los de otras CCAA y provincias, siempre salen perdiendo los extremeños. Y no sólo los dirigentes, salimos perdiendo, sobre todo, los ciudadanos extremeños.
Como es conocido, desde el mes de marzo de 2012, el Centro de Formación de Tropa nº 1, el Cefot de Santa Ana, se encuentra, en la práctica en una situación de ERE, a la espera de recibir materia prima (nuevos aspirantes a soldados). Y en la misma situación se encuentra la Academia de Suboficiales, ubicada en el Pirineo catalán, en la localidad de Tremp. La fuerza con la que los dirigentes de la comarca del Pallars Jussà, algunos incluso de partidos independentistas, como el propio alcalde de Talarn, están defendiendo la continuidad, con garantías de futuro, de la Academia.
Ayer, la Subdelegada del Gobierno en la provincia de Lleida visitó el municipio de Talarn, y, como publica hoy el diario Segre (www.segre.com), informó que “Talarn només farà cursos esporàdics. La subdelegada del Govern visita el municipi i explica que l’informe de Defense sobre el futur de l’Acadèmia de Suboficials estará a partir del març”.
Ligado el futuro del Cefot nº 1, el de Cáceres, al mismo devenir que le pueda esperar a la AGBS, nadie de la representación oficial del Gobierno de la Nación en nuestra Comunidad Autónoma o en la provincia de Cáceres se ha pronunciado en el mismo sentido, en el de conocer los plazos marcados para saber en qué fechas, o a partir de qué fecha se puede estar dilucidando el futuro. ¿Para qué, verdad, si estamos tan “agustito” de feria en feria?
Tampoco, que se sepa, aunque uno se lo imagina, desde el Ayuntamiento de Cáceres se han pedido explicaciones a esa representación del Gobierno de la Nación sobre este tema. Explicaciones con conocimiento público. Recientemente, en un pleno, la primera autoridad política de la ciudad, la alcasenadora Elena Nevado reprochaba al principal partido de la oposición que utilizara políticamente el tema del complicado futuro del cuartel de la ciudad. Vamos, recordaba aquello de “usted haga como yo, no se meta en política”. Y creo recordar que también ofreció a los grupos políticos municipales a que la acompañaran en las gestiones que hiciera. Claro, un ofrecimiento vacío e inútil. Vacío, porque no está haciendo gestión alguna (si ahora, después del ofrecimiento, se destapara alguna gestión…) e inútil como lo han sido las tres múltiples reuniones que ha tenido (dos en despacho, con la Subsecretaria del Ministerio y con el Secretario de Estado, y una en un pasillo del Senado con el Ministro, con foto estilo club de fans de Raphael incluida).
Así, por la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inmaculada Manso Ferrándiz, ya sabemos que será a partir de marzo cuando se conozca el futuro de la Academia de Suboficiales, cuando ya esté escrito y firmado ese futuro. Y que será a partir de marzo cuando ya también esté escrito y firmado el futuro del Cefot nº 1. Y mientras tanto, cuando queda menos ya de dos meses para esa fecha, no sabemos qué se está gestionando por los dirigentes políticos locales, provinciales y autonómicos para que lo que se escriba y se firme no sea otra cosa que la continuidad, con garantías, de que haya un futuro para el Centro de Formación.
Cuando queda menos de dos meses no sabemos qué gestiones (en realidad sí lo sabemos: ninguna) están realizando los dirigentes del Partido Popular que gobiernan la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma para defender ante el Ministro de Defensa la continuidad del Centro. Ni lo han hecho hasta ahora ni lo harán… porque seguramente ya lo sepan.
La alcasenadora Elena Nevado se comprometió en pleno a que representantes de partidos de la oposición la acompañaran en las gestiones que emprendiera. Y quedó como una reina, porque su intención es no emprender ninguna. ¿Para qué?
Otra diferencia notable es que mientras en Cáceres se practica la política del avestruz (“a ver qué pasa” “esperamos que haya buenas noticias próximamente”…) la información publicada en el Diario Segre termina: “Manso [la subdelegada] añadió que la Academia de Talarn ‘es muy importante para la comarca, pero debemos encontrar otras fuentes de dinamización independientemente de lo que pase con la Academia’. De hecho, la subdelegada explicó que Talarn busca otras opciones de ingreso”.
Vamos, como en Cáceres, como en Extremadura… esperando que llegue la mala noticia y hablemos de maleficio, o la buena y salgan torrentes de inútiles e ineficaces cargos públicos a colgarse medallas.
Vale.

Monago cree que la formación es la clave para salir de la crisis
En su bendición urbi et orbe, el Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago se personificó con el fondo de una pizarra escolar sobre la que había escrito alguien (él no, porque no tenía rastros de tiza en el traje) había escrito algunos mensajes: Economía, Empleo, Educación. Y dos fórmulas. Una rezaba Esfuerzo + Formación = Progreso.

Y el progreso, el índice de progreso económico, resultado del pleno empleo y de una educación universal y de calidad se mide, en la economía, con indicadores. Como el PIB per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, por ciudadano.

Las fórmulas de marketing de Monago, en este caso, fracasan, como se observa a continuación:

(Extremadura + España + Europa)        20
——————————————- =  —–
                     (2013)                                 20

Tomando en consideración la fórmula que Monago utiliza, podemos utilizar como referencia el concepto de PIB per Cápita. El último dato conocido es de 2011.

Extremadura                        16.149 €
España                                  23.100 €
Europa                                  28.300 €

(16.149 + 23.100 + 28.300) / 2013 = 67549 / 2013 = 33,556383507

El resultado de la primera parte de la fórmula, el resultado de dividir el PIB per cápita de Extremadura + PIB per cápita de España + PIB per cápita de Europa por 2013 es de 33,556383507.

Según la fórmula de Monago, eso es igual al resultado de dividir 20 entre 20, es decir, igual a 1, segunda parte de la fórmula. La distancia parece considerable.
Alguien del entorno del Presidente de la Junta de Extremadura no tiene ni idea de matemáticas. Y de economía, mucho menos. Y el marketing sirve de poco cuando no hay formación detrás.

Vale.

Edificio Caja Extremadura. Cáceres.
En esta serie de entradas sobre la realidad de muchos inmuebles, públicos y privados, de Cáceres, cerrados por falta de uso, esta entrada tiene que ver con un futuro muy incierto, o cierto, que se cierne sobre otro (¿y otros?) edificio de la ciudad.
En el día de ayer, 5 de diciembre, la edición en papel del Diario Regional HOY recogía una información con titular deportivo: “Caja Extremadura escuchará ofertas por su edificio de la calle San Pedro”. Vamos, como el Real Madrid por Kaká. La enjundia de la noticia tiene que ver con la intención de llevar a los trabajadores de “la central” de Cáceres de dicha entidad financiera al Palacio de Mayoralgo, a lo largo de 2013, y, mientras ello se produce, “escuchar ofertas” de posibles compradores. Es evidente que se vende mejor un edificio que está en uso que uno vacío y abandonado. No es mala estrategia, aunque el mercado no está ni para estrategias ni para inversiones.
Diario HOY. Edición Cáceres. 5/12/12
Al leer la noticia, por cierto, inexistente en la edición digital del periódico, se me ha ocurrido incorporar este edificio a los que están sin uso. Porque lo estará, seguramente, porque encontrar un mirlo blanco que lo quiera le va a ser complicado a Liberbank, como se llama el banco que ha engullido, vía CajAstur, a la Caja de Ahorros de Extremadura.
Y me he llevado alguna sorpresa. Por ejemplo, que la ficha catastral del inmueble está coja. Se trata, según la información pública del Catastro, de una parcela con un único inmueble, construido sobre una superficie de 570 m2 y con una superficie construida de 1.620 m2. En la ficha catastral, es curioso, el edificio consta de Planta -1, con 570 m2, y uso comercio, y dos plantas, 04 y 05, de 525 m2 cada una y dedicadas a oficina.
Sin embargo, la propia planimetría pública catastral tiene una leyenda que dice que el edificio tiene -I+V, o -I+I, o -I+VI. Vamos, que en realidad, el edificio tiene, y no hay más que verlo, una planta semisótano respecto a las calles San Pedro y Donoso Cortés, Planta Baja y cuatro plantas más. La aplicación pública del Catastro nos permite medir superficies, que, aunque no resulten muy precisas, si nos dan una referencia muy clara.
Ficha Catastral del Edificio de Caja de Extremadura. Cáceres.

El edificio de Caja de Extremadura en calle de San Pedro, 15 (o Donoso Cortés, 27) no tiene una superficie construida de 1.620 m2 como figura en la ficha pública catastral, sino que su superficie real construida está en torno a los 3.840 m2. Esta curiosidad sería muy interesante para la Hacienda Pública local, porque habría que saber cuál es el importe del IBI (no me extrañaría que hubiera exenciones o bonificaciones por aquello de que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres se fundó con la participación del Obispado, si no recuerdo mal).
La ficha catastral debería recoger la superficie completa construida, los 3.840 m2 y la cuota del IBI debe ser la que corresponda a esa superficie. Lo mismo el Ayuntamiento descubre ahora que hay quien se ha estado ahorrando durante años alguna cantidad de la contribución.
En cuanto al futuro del edificio, su puesta en el mercado, como también parece el Hotel Alfonso VIII de Plasencia, no es sino la consecuencia de la “reestructuración” del sistema financiero y de las Cajas de Ahorro. El edificio será puesto en el mercado, una parte de sus trabajadores actuales serán trasladados al Palacio de Mayoralgo, y otra parte pasarán a la Av. De la Hispanidad, concretamente al SEXPE.
En un mercado inmobiliario paralizado, este edificio, diseñado y en uso para unas determinadas funciones, lo tiene complicado. Cáceres no es una ciudad que pueda acoger usos para él que no sean oficinas y similares. Y un equipamiento comercial que necesite 3.840 m2, sin parking propio, es muy complicado que pueda ser atractivo.
Edificio Central de Caja de Extremadura. Cáceres.

El futuro de este inmueble, o el cercano edificio que alberga el Aula de Cultura de la Caja, y una residencia que fue de estudiantes (femenina) y ahora residencia para curas, digo, sacerdotes, jubilados, es muy incierto.
A la izquierda, Edificio Central Caja Extremadura. A la derecha Aula de Cultura de la Caja. 
C/ Clavellinas. Cáceres.

Una ciudad, Cáceres, carente de iniciativas públicas y privadas capaces de asumir su propia existencia, no da para que 3.840 m2 construidos, en pleno centro, resulten atractivos. Y atraer inversiones foráneas, en estos momentos, se nos antoja aún más complicado.
Si “los mercados” no lo remedian (y mientras sigan ganando, no lo harán), el destino de este edificio será como el de la ciudad: cerrado por falta de uso.
A ello, habrá que añadir la reciente decisión de la Caja de no contribuir en el futuro a los distintos Consorcios culturales (Gran Teatro, Museo Vostell, etc.) y dedicar todos los recursos de la Obra Social a fines puramente sociales en un contexto de crisis económica. Las consecuencias de esta decisión van a ser letales no ya para esos consorcios y eventos a los que contribuía, sino, sobre todo, para las camarillas culturales o culturetas que han venido rapiñando con buena parte de los recursos que la Caja ha ido disponiendo. Esas camarillas, paletas y catetas, ya no podrán seguir organizándose miradas al ombligo con dinero de otros. A partir de ahora, esas camarillas, culturales o culturetas, realizarán impactantes fuegos luminotécnicos de a dos velas.
Vale.

El pasado jueves, 22 de noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario, implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que collons!
Nada más conocerse la Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja autonómica… aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido. Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón, ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado, como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales, a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de fácil… Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y, sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses. Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC, determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les venga en gana.
O lo que al final viene siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así sucesivamente.
Monago no puede gastar lo que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del dinero.
Lo más probable que suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además, con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como obsoleto.
En esta procedimiento que se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se sabe si finalmente se tendrá.
Vale.

Pocas veces una reunión del Consejo de Ministros (en realidad, Consejo de Tramposos) había generado tanta expectación como la prevista para mañana, jueves, 27 de septiembre. Expectación e interés por ver cómo medios de comunicación tenidos por serios hacen cábalas sobre el alcance de los recortes que van a suponer las cuentas públicas, cuando eso ya se sabe y está escrito desde el 3 de agosto pasado, cuando en una infame rueda de prensa, el que dicen que es Presidente del Gobierno de España informó de todo… menos de un papelito que había enviado (obligado y con ultimátum) a la Unión Europea donde detallaba los recortes a imponer.
Expectación por saber, eso sí, cómo se concretarán unos recortes de casi 40.000 millones de euros y que tienen todos los visos de que van a tocar todos los capítulos presupuestarios excepto las pensiones… de momento. Una vez que mañana el Consejo de Tramposos apruebe el texto y la hoja de cálculo que contiene los números (creo que dada la capacidad tecnológica de Fagin Montoro, utilizan Ability 1.0 para D.O.S.), saldremos de algunas dudas y las pensiones, aparentemente intocables, aparecerán desnudas y expuestas al siguiente recorte, donde ya el tajo será de órdago.
Para Cáceres, una capital de provincia que no consigue llegar a los 100.000 habitantes ni por asomo, donde los comerciantes colocan esquelas que dicen “Cáceres Se Muere”, dos apartados concretos, específicos, exactos, serán determinantes para saber si el Partido Popular (a nivel nacional) termina asestando el golpe definitivo a la ciudad (con la colaboración necesaria de los militantes del partido en la ciudad y en Extremadura). Serán el artículo (¿10, 11, 12?), el que establezca la congelación de la oferta de empleo público (ya comunicada a la superioridad, esto es, a doña Angela), y la disposición adicional (¿20, 21, 22…?) que establezca el número máximo de efectivos de tropa y marinería que tendrá que haber a 31 de diciembre de 2013.
En los Recortes Generales del Estado para 2012, la disposición adicional vigésimo segunda establece que ese número máximo a 31 de diciembre de 2012 será de 81.000. Cualquier contenido que mantenga ese tope máximo, o, peor aún, que lo disminuya, será la puntilla definitiva para la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº 1, CEFOT 1, de Cáceres.
Y una vez que estén esos datos, la congelación de la oferta de empleo y el número máximo de efectivos de tropa y marinería, ya no habrá vuelta atrás. Ya podrá ir encargándose la esquela de cierre definitivo del CEFOT 1 y la apertura de todo tipo de especulaciones para saber qué pasará con los terrenos.
En la esquela que comunique la mala nueva (esperada por los pesimistas, que, como todo el mundo ignora, son optimistas bien informados), los dolientes que primero querrán poner sus nombres son los mismos que han causado su defunción. Correrán a la funeraria BOPP a explicar cuánto querían que hubiera soldaditos en la ciudad, cuánto le gustaban los saraos a los que asistían militares de uniforme… Veremos un desfile de responsables embutidos en el traje de víctimas: José Antonio Monago, Elena Nevado, Fernando Manzano, Alberto Casero…
Será curioso ver en los papeles aquello de “yo ya lo sabía”, “se veía venir”, “hemos hecho todo lo posible”… Y ninguno de los que digan esas frases hechas sabían ni saben de qué va el asunto del Cefot, ni lo han visto venir ni han hecho nada por evitar el cierre.
El Proyecto de Ley de Presupuestos (digo, Recortes) Generales del Estado para 2013 será el certificado médico de desahucio. A partir de mañana, desgraciadamente, solamente quedará poner en marcha el reloj de la cuenta atrás.
Y habrá que recordar su culpa por desidia, incapacidad y cobardía, todos y cada uno de los días que esa cuenta atrás dure:
  • al impotente presidente del gobierno de los mejores (eso dice él), José Antonio Monago,
  • al presidente de la Asamblea de Extremadura, convertida en PP, Parlamento de Primos,
  • a la alcasenadora Elena Nevado, que sabía, desde el 5 de marzo de 2012, la verdad y la ocultó en papel oficial, a
  • l alcasenador Alberto Casero, al que habrá que sacarle, aún más los colores de la vergüenza, hasta convertirlo en un Tomatito cherry
  • Y así sucesivamente…
Vale.

El 22 de julio de 1995, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de su Presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acordó otorgar la Medalla de la Comunidad Autónoma a la Agrupación Táctica “Extremadura”, conformada sobre la Brigada Mecanizadad XI, ubicada en la Base General Menacho. El citado Decreto venía a reconocer el trabajo que las Fuerzas Armadas Españaolas venían realizando en la consecución de la Paz en la históricamente convulsa antigua Yugoslavia. A día de hoy, en la información oficial que se recoge de la Brigada XI en la página web del Ejército de Tierra, la Medalla de Extremadura es la primera distinción que se incluye.
El Decreto 10/1990, regulador de la Medalla de Extremadura, señala en su artículo primero: “1.- La “Medalla de Extremadura” tiene por objeto distinguir a las personas y entidades, cualquiera que sea el ámbito de su actividad, dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por sus méritos y por los servicios prestados a la Región. 2.- Esta condecoración podrá ser concedida, también a autoridades españolas o extranjeras por motivos de cortesía o reciprocidad.”
El pasado viernes, 17 de agosto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de su Presidente, José Antonio Monago Terraza, acordó otorgó la máxima distinción regional a diversas personas y entidades. Cinco en total.
Las vicisitudes por las que viene pasando una institución como el Centro de Formación de Tropa nº 1, Cefot 1, ubicado en el Campamento de Santa Ana, en Cáceres, hubiera merecido mayor capacidad de reflejos por el gobierno regional, que, una vez más, ha perdido una oportunidad de mostrar su apoyo, explícito, público, al Centro cacereño, sobre el que se cierne la decisión del Ministerio de Defensa de cerrarlo, por cuanto en las previsiones gubernamentales para 2013 y 2014 se mantiene la congelación de las ofertas de empleo público.
Los reflejos políticos son los que demuestran la verdadera talla de los dirigentes de la res publica. Y así, mientras en 1995, con motivo de la primera misión en el extranjero que desarrollaba la Brigada Mecanizada XI, con el nombre de Extremadura, el gobierno regional de entonces no tuvo dudas en la concesión de la Medalla.
Hoy, a dos semanas vista de la celebración de la fiesta regional, un gobierno autodenominado de los mejores, está demostrando no serlo, ni siquiera en asuntos sobre los que no sería necesario advertirles, y que tendría efectos claramente positivos.
Si el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aun sabiendo de modo fehaciente que el Ministerio de Defensa tiene prácticamente decidido el cierre del Cefot 1, hubiera tenido la valentía de la que presume su presidente (o se le aplica aquello de perro ladrador poco mordedor o se le va la fuerza por la boca), habría concedido la Medalla de la Región al Centro de Formación de Tropa nº 1. Y, con esa distinción, las más alta que los extremeños podemos otorgar, comprobar si, de verdad, el Partido Popular, responsable del gobierno regional, lucha por los intereses de la Comunidad Autónoma o sus cargos públicos se limitan a mantener el culo sentado en la poltrona.
Los méritos, más que acreditados, del Centro de Formación de Tropa nº 1, no son solamente por el alto nivel de su capacidad de formación de nuevos soldados, sino por su trayectoria desde que se creó, en 1964, con el nombre de Centro de Instrucción de Reclutas nº 3, y las sucesivas denominaciones (Centro de Instrucción de Reclutas “Centro” o Centro de Instrucción y Movilización nº 1), hasta ahora, siendo referencia de Extremadura para los más de 400.000 ciudadanos que han pasado por sus instalaciones, bien como reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio, bien desde la implantación del ejército profesional.
Haber planteado antes esta opción, haber iniciado antes una campaña en favor de conseguir la Medalla de Extremadura para el Cefot nº 1, habría supuesto una negativa del Partido Popular a participar en ella, por su sometimiento enfermizo a las decisiones que el gobierno de la nación viene adoptando, sean o no perjudiciales para Extremadura o cualquiera de sus pueblos o ciudades. De ahí que la única esperanza estaba en que José Antonio Monago, que su bio de twitter se vanagloria de presidir esta preciosa tierra (aunque no permita a muchos ciudadanos acceder a sus comentarios tuiteros), hubiera tenido agallas y reflejos políticos para otorgar la Medalla de Extremadura al Cefot nº 1, que habría sido un escudo potente para garantizar su futuro. Pero agallas, ninguna, y reflejos, atrofiados por el ansia de mandar, a falta de capacidad para gobernar.
Vale.  

Decía el pasado 11 de julio en los medios regionales de información el presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, que confiaba en la futura oferta de empleo público para que la continuidad del Cefot estuviera garantizada. Estulticia.
Fernando Manzano es el Secretario General del PP de Extremadura y presidente de la Asamblea legislativa autonómica. Confiar en la “oferta de empleo” como algo etéreo, futurible, ajeno a sus obligaciones políticas es muestra de estulticia política. Corresponde al gobierno de la nación, es decir, al Partido Popular, determinar cuál ha de ser la oferta de empleo público en la quese enmarcaría la continuidad del Cefot. Esperar, confiar, como si ello fuera responsabilidad de otros no es más que un ejemplo de la ignominiosa capacidad de los dirigentes locales y regionales del PP para hacernos crees que ellos no son responsables de nada.
La actitud de los cargos públicos y políticos (me niego a considerarlos dirigentes de nada y menos líderes) del PP de Extremadura respecto a la continuidad o no del Centro de Formación de Tropa nº 1, Cefot 1, es la demostración, para generaciones futuras, y para ciudadanos poco avisados, de lo que es la incompetencia, la incapacidad, la impotencia, la cobardía y la traición. Fueron elegidos por los militantes de su partido (perdón, los militantes del PP refrendaron a la búlgara lo que les fue impuesto, ese partido carece de democracia interna) para ganar unas elecciones. Y fueron elegidos por los ciudadanos cacereños y extremeños para defender los intereses de Cáceres y Extremadura.
Lo que hagan los militantes del PP que ven cómo el Cefot se cierra y pierden una referencia para situar “fuerzas vivas” entre sus amistades y cofradías, me trae al pairo. Allá ellos con sus vergüenzas (los que la tengan) y sus complicidades. Pero lo que están haciendo los cargos políticos del PP, elegidos con el voto libre de los ciudadanos tiene un nombre: traición.
Traición la que está cometiendo la alcasenadora Elena Nevado, que en la ciudad miente conscientemente a los ciudadanos y los engaña para colocar una pancarta en el balcón municipal y fomenta una plataforma que es una barricada tras la que esconder sus mentiras y su traición. Traición la que está cometiendo la alcasenadora Elena Nevado, que en el Senado, donde representa los intereses territoriales (el Senado es cámara territorial, cualquier licenciada en derecho lo sabría) de Cáceres y provincia, no ha tenido ninguna intervención en defensa del Cefot, ni, por supuesto, ha planteado, a la hora de discutir los Recortes Generales del Estado para 2012, una enmienda que garantizara oferta de empleo de tropa profesional, lo que habría supuesto la continuidad del Cefot.
Traición la que el alcasenador Alberto Casero, alcalde de Trujillo y senador, como Elena Nevado, está cometiendo con la buena gente que quiere darle el gusto de llevar un espectáculo patriótico a los pies de Paco Pizarro, y que, al igual que la alcasenadora Nevado, no ha tenido agallas de presentar ninguna iniciativa parlamentaria en el Senado, ni siquiera “por cumplir”, ni siquiera para arriesgarse a que le pusieran los jefes de su partido la cara colorá como un tomatito.
Traición la que está cometiendo el diputado nacional Carlos Floriano, presunto número 3 del PP, y que no es capaz siquiera de abrir la boca para defender la continuidad del Cefot. La capacidad de traición a los intereses de Cáceres de Carlos Floriano es tal que su sólo silencio, otorgando carta de naturaleza al cierre del centro militar, es la vergüenza y el oprobio de sus conmilitones que, en privado le critican, pero que (dogma de la moral judeocristiana) en público le defienden. Que Carlos Floriano siga queriendo ser considerado cacereño, es un insulto. Y su actuación pública, pura traición.
Traición es la que está cometiendo el presidente regional del PP (allá los militantes, que arrastren su vergüenza como puedan) y presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que no ha sido capaz, cobarde como él sólo, de defender con ninguna palabra de aliento la continuidad del lugar donde trabajan a diario 240 personas. Alguien que, como Monago, maneja un lenguaje cuartelario, barriobajero, más propio del Bronx que de una persona con un mínimo de educación, es incapaz de alzar la voz, incluso bajito, para decirle al gobierno y al partido que lo sustenta alguna leve queja. Traición absoluta, en toda regla.
Y esa traición se consuma cuando ayer, viernes, el presidente del gobierno de la nación convoca una rueda de prensa tras la reunión del consejo de tramposos, digo de ministros, y oculta que ha remitido a sus jefes, a la UE las determinaciones que incluirá en los presupuestos generales del estado para 2013 y 2014. Ocultar el pequeño dato de un recorte salvaje, fundamentado en cuestiones ideológicas, es mentir, es, como hacen sus subordinados extremeños, traicionar. En ese documento, Mariano Rajoy ya establece que ni en 2013 ni en 2014 habrá oferta de empleo público.
La confianza, el futurible al que se refería el presidente de la Asamblea de Extremadura el 11 de julio, se ha desvanecido. Bien es verdad, que cuando Fernando Manzano decía aquello, su confianza era escasa o nula. Tanto por las previsiones que día tras día se conocen acerca de las decisiones que toma el gobierno (y de las que nos enteramos de aquella manera), como porque ni él ni ningún cargo público ni político del PP tienen las agallas suficientes como para plantar cara. El pesebre afecta a la voluntad. Y cuando la voluntad es escasa de serie, la anula.
Vale.