Archivos para Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El pasado jueves, 22 de noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario, implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que collons!
Nada más conocerse la Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja autonómica… aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido. Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón, ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado, como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales, a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de fácil… Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y, sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses. Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC, determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les venga en gana.
O lo que al final viene siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así sucesivamente.
Monago no puede gastar lo que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del dinero.
Lo más probable que suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además, con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como obsoleto.
En esta procedimiento que se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se sabe si finalmente se tendrá.
Vale.

El 22 de julio de 1995, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de su Presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acordó otorgar la Medalla de la Comunidad Autónoma a la Agrupación Táctica “Extremadura”, conformada sobre la Brigada Mecanizadad XI, ubicada en la Base General Menacho. El citado Decreto venía a reconocer el trabajo que las Fuerzas Armadas Españaolas venían realizando en la consecución de la Paz en la históricamente convulsa antigua Yugoslavia. A día de hoy, en la información oficial que se recoge de la Brigada XI en la página web del Ejército de Tierra, la Medalla de Extremadura es la primera distinción que se incluye.
El Decreto 10/1990, regulador de la Medalla de Extremadura, señala en su artículo primero: “1.- La “Medalla de Extremadura” tiene por objeto distinguir a las personas y entidades, cualquiera que sea el ámbito de su actividad, dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por sus méritos y por los servicios prestados a la Región. 2.- Esta condecoración podrá ser concedida, también a autoridades españolas o extranjeras por motivos de cortesía o reciprocidad.”
El pasado viernes, 17 de agosto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de su Presidente, José Antonio Monago Terraza, acordó otorgó la máxima distinción regional a diversas personas y entidades. Cinco en total.
Las vicisitudes por las que viene pasando una institución como el Centro de Formación de Tropa nº 1, Cefot 1, ubicado en el Campamento de Santa Ana, en Cáceres, hubiera merecido mayor capacidad de reflejos por el gobierno regional, que, una vez más, ha perdido una oportunidad de mostrar su apoyo, explícito, público, al Centro cacereño, sobre el que se cierne la decisión del Ministerio de Defensa de cerrarlo, por cuanto en las previsiones gubernamentales para 2013 y 2014 se mantiene la congelación de las ofertas de empleo público.
Los reflejos políticos son los que demuestran la verdadera talla de los dirigentes de la res publica. Y así, mientras en 1995, con motivo de la primera misión en el extranjero que desarrollaba la Brigada Mecanizada XI, con el nombre de Extremadura, el gobierno regional de entonces no tuvo dudas en la concesión de la Medalla.
Hoy, a dos semanas vista de la celebración de la fiesta regional, un gobierno autodenominado de los mejores, está demostrando no serlo, ni siquiera en asuntos sobre los que no sería necesario advertirles, y que tendría efectos claramente positivos.
Si el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aun sabiendo de modo fehaciente que el Ministerio de Defensa tiene prácticamente decidido el cierre del Cefot 1, hubiera tenido la valentía de la que presume su presidente (o se le aplica aquello de perro ladrador poco mordedor o se le va la fuerza por la boca), habría concedido la Medalla de la Región al Centro de Formación de Tropa nº 1. Y, con esa distinción, las más alta que los extremeños podemos otorgar, comprobar si, de verdad, el Partido Popular, responsable del gobierno regional, lucha por los intereses de la Comunidad Autónoma o sus cargos públicos se limitan a mantener el culo sentado en la poltrona.
Los méritos, más que acreditados, del Centro de Formación de Tropa nº 1, no son solamente por el alto nivel de su capacidad de formación de nuevos soldados, sino por su trayectoria desde que se creó, en 1964, con el nombre de Centro de Instrucción de Reclutas nº 3, y las sucesivas denominaciones (Centro de Instrucción de Reclutas “Centro” o Centro de Instrucción y Movilización nº 1), hasta ahora, siendo referencia de Extremadura para los más de 400.000 ciudadanos que han pasado por sus instalaciones, bien como reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio, bien desde la implantación del ejército profesional.
Haber planteado antes esta opción, haber iniciado antes una campaña en favor de conseguir la Medalla de Extremadura para el Cefot nº 1, habría supuesto una negativa del Partido Popular a participar en ella, por su sometimiento enfermizo a las decisiones que el gobierno de la nación viene adoptando, sean o no perjudiciales para Extremadura o cualquiera de sus pueblos o ciudades. De ahí que la única esperanza estaba en que José Antonio Monago, que su bio de twitter se vanagloria de presidir esta preciosa tierra (aunque no permita a muchos ciudadanos acceder a sus comentarios tuiteros), hubiera tenido agallas y reflejos políticos para otorgar la Medalla de Extremadura al Cefot nº 1, que habría sido un escudo potente para garantizar su futuro. Pero agallas, ninguna, y reflejos, atrofiados por el ansia de mandar, a falta de capacidad para gobernar.
Vale.  

Esta mañana, en el Cuartel General del Ejército, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a dos civiles y a un militar. El militar, el Teniente General Gómez Arruche, fue director general de la Guardia Civil, y los dos civiles, Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León y del Senado, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. También ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Naval a Gregorio Peces Barba, expresidente del Congreso de los Diputados.
Estas condecoraciones, que en el ámbito de las Fuerzas Armadas suponen el reconocimiento de méritos muy importantes en las personas que las reciben, tienen una especial relevancia cuando esos méritos no lo son por relevantes servicios prestados a las FAS (que también), sino por la contribución que cada uno de ellos, en los ámbitos de su actividad política y ciudadana han realizado en favor de conceptos más amplios como son la Defensa y la Seguridad en su conjunto.
No se trata de unas condecoraciones que pretendan reconocer lo bien que se han portado con el Ejército o con la Armada, sino que reconocen el trabajo político en la consecución de fines de carácter general, bien sea presidiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, sedes donde se plasma la soberanía popular, bien presidiendo Comunidades Autónomas para un mejor desarrollo del conjunto del país.
Es indudable que estas condecoraciones pueden chirriar en algunos ámbitos, y que es probable (me atrevo a vaticinarlo, desde ya, que ocurrirá en Extremadura) que desde esferas políticas no se entiendan “los méritos” contraídos por Rodríguez Ibarra para merecerla. El mismo expresidente de la Junta de Extremadura se ha aventurado a interpretar cuáles pueden haber sido esos méritos, en su afán, claro y transparente, de advertir y confrontar sobre nacionalismos que no aportan nada al conjunto del Estado, al conjunto de España.
Desde mi perspectiva, conociendo un poco, sólo un poco, el funcionamiento de la Administración Militar, es muy significativo de cuál es hoy el papel que juegan las FAS y el papel que no juegan, la mayoría de las veces, los partidos políticos respecto a ellas, que unas condecoraciones a personajes políticos significativos, impuestas por el máximo cargo político directo de la Defensa, un hecho simple: el lugar elegido para el acto no ha sido el Ministerio, sino el Cuartel General del Ejército.
Trabajar activa y políticamente en la defensa de unos principios ideológicos, aplicarlos en la ejecución de programas de gobierno, contando con el respaldo de los ciudadanos, es una gran manera de contribuir a forjar conceptos básicos en materia de Defensa y Seguridad, conceptos y acciones que fortalecen, que suman, y es lo que, de las palabras de la ministra Chacón, se desprende que han hecho los merecedores de las distinciones.
En el caso personal de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, además, he tenido la suerte y el honor de ayudar, un poquito siquiera, en que la presencia del Ejército de Tierra en la ciudad de Cáceres haya llegado hasta hoy, tras haber gestionado él y sentado las bases para ello, en unos momentos que fueron muy delicados. Enhorabuena, presidente.
Vale.