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Ayer, 14 de julio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres anunciaba la apertura de un expediente a una concejala del grupo de gobierno, Montaña Jiménez, por vulneración de la Ley de Transparencia. Curioso, muy curioso, cuando la vulneración, la ilegalidad cometida por la concejala ha sido por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas.

Ocurrió que en una comisión se estudiaba un asunto urbanístico (qué si no, el urbanismo) que afectaba a terrenos propiedad del padre de la concejala. Por supuesto, todo esto con el Partido Popular.

La concejala en cuestión voto a favor de que la propuesta de que en los terrenos propiedad, entre otros, de su padre, se convierta en un parque de medianas superficies comerciales. La vulneración de la ley es clara y flagrante y no cabía otra solución que la de la dimisión de la concejala y de la anulación del acuerdo.

Inmediatamente la respuesta pública fue que el voto de la concejala no era determinante y que el asunto se iba a aprobar de todas maneras. Y en los dos medios escritos que se cuelgan en los quioscos de Cáceres aparecieron opiniones de juristas avalando la nimiedad del asunto. Con un par.

Si el asunto no era tal y ya parecía hasta amortizado, ¿a qué viene ahora que la alcaldesa del PP, Elena Nevado, impulse la incoación de un expediente por vulneración de la Ley de Transparencia?

Y a todo esto, ¿dónde carajos se esconde el PSOE, en una oposición que cada vez parece más que merecida?

Veamos.

La primera pregunta que surge no es si los terrenos son propiedad del padre de la concejala, que está confirmado, si no saber si sobre dichos terrenos tiene algún derecho familiar la concejala. Cuestión de herencias. ¿Ha preguntado alguien algo sobre esta posibilidad? ¿Y si dentro de unos meses, con todo el asunto ya aprobado definitivamente, el negocio ya formalizado, resulta que a concejala hereda las plusvalías?

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La segunda pregunta que surge es si la concejala sabía los pasos que su padre estaba dando para mejorar y desarrollar la condición urbanística de los terrenos. Lo mismo se trata de una familia desestructurada, en la que padres hijos y hermanos no se hablan y eso podría justificar desconocimiento. O no, o en la familia se habla de los intereses de todos.

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La tercera cuestión es, siguiendo el hilo de la segunda, si la concejala se enteró de momento de que el asunto de los terrenos de su padre se iba a ver en la comisión y no le dio tiempo a cumplir la ley y abstenerse.

Menos mal que era una cosa sin importancia…

La cuarta cuestión es si los propietarios de los terrenos, incluido el padre de la concejala del PP, habían mantenido reuniones con técnicos municipales o habían realizado consultas con ellos para preparar la documentación a presentar, algo que es habitual en la tramitación de documentos urbanísticos, que suelen ser complejos y que requieren de puntos de vista previos por técnicos municipales. Si las ha habido, como es seguro, a la oposición le cabe la obligación de conocer de esos técnicos las reuniones habidas, las cuestiones planteadas, la opinión que ellos han dado a los propietarios.

Porque, ¿seguro que la concejala del PP e hija de uno de los propietarios de los terrenos no ha asistido a esas reuniones, no se ha interesado personalmente por el asunto? Yo, no me lo creo, y sostengo que la oposición debería hacer que los técnicos afirmen o desmientan si la concejala ha participado en alguna reunión previa, si ha asistido a alguna toma de contacto entre propietarios y técnicos municipales, si se ha interesado personalmente por el asunto.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

Además, lo que se ha vulnerado por la concejala, del PP, por supuesto, es la legislación de régimen jurídico de las AAPP, y todo el asunto debería haberse anulado. Porque la ley no distingue entre un asunto menor o mayor, o un asunto en el que un voto sea o no decisorio. La ley es taxativa y la concejala debería haberse abstenido de participar en la reunión y de votar el asunto. No se trata de un asunto banal: es OBLIGACIÓN de la persona incursa en incompatibilidad la de abstenerse. Y si no lo hace y después se conocen las causas de esa incompatibilidad, deben anularse todas las actuaciones, todas.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

La oposición debe exigir la anulación de las actuaciones, la dimisión de la concejala del PP e investigar cuál ha sido su nivel de intervención en el asunto, si ha pedido a los técnicos municipales información interesada, si ha participado en reuniones previas a la presentación de la documentación, si después de presentada esta se ha interesado por su tramitación y por los sucesivos informes que se han emitido.

La actuación de la alcaldesa parece más un escudo por si luego suceden otras cosas. O es que alguien se puede creer que la concejala del PP no ha, al menos, comentado con la alcaldesa que estaba en tramitación un propuesta sobre terrenos de su familia. Increíble.

Vale.

En marzo de 2017 se colocaron en la Plaza Mayor de Cáceres las letras-imagen de la ciudad. Siete bloques de hormigón, diseñados por la arquitecta Elena Gil, ganadora del concurso convocado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Cáceres. El precio pagado por las siete letras fue de 16.000 euros.

Cuando se colocaron, ya se dijo por las autoridades que asistieron al magnífico evento que habría ocasiones en las que habría que retirarlas por casos de afluencia masiva de público a actos en la Plaza. No se hizo durante la celebración de San Jorge, patrón de la ciudad, ni durante la Semana Santa. No había peligro… aunque hubiera mucha gente.

La celebración del WOMAD sí fue un acontecimiento multitudinario que requería, por precaución, retirar las letras. ¿Qué precaución? Sin duda, aunque ninguna “autoridad” se atreverá a decirlo en voz alta, que los womeros, gente poco limpia, poco educada, podrían dañar las piezas.

Retiradas las letras para que no se dañaran durante el WOMAD, han sido devueltas a su ubicación… hechas un Cristo. ¿Cómo es posible? Si se retiraron, precisamente, para evitar daños.

El conocimiento público del destrozo, amplificado por la difusión en las redes sociales de las fotografías, la reacción municipal, especialmente de la alcaldesa de la ciudad, ha sido acorde: histrionismo político.

La alcaldesa, Elena Nevado, señala directamente a los trabajadores de la brigada municipal de obras, y les pide explicaciones y exigirá responsabilidades hasta el final. ¿Qué responsabilidades?

El Consorcio de la Ciudad Monumental pagó por las letras los 16.000 euros por los que fue adjudicada. Y se colocaron en la Plaza. A partir de ahí, ¿de quién es la responsabilidad de mantenimiento y seguridad de las letras? De entrada, los autores del del diseño podrían (y es para animarles a que lo hagan) pedir indemnización por daños y perjuicios a la propiedad intelectual.

Ahora bien. ¿En qué inventario de bienes, si es que lo hay, se han incorporado las letras? ¿En qué condiciones legales se han incorporado al inventario? ¿Tiene el Consorcio un inventario de bienes propios o al tratarse de una entidad con la finalidad de conservación y promoción de la Ciudad Monumental los bienes se adscriben al Ayuntamiento?

Porque si la alcaldesa de la ciudad y presidenta del Consorcio pide responsabilidades, le corresponde a ella aclarar en qué ámbito de la administración recae la de custodio, conservación y mantenimiento de las letras, que han de tener la consideración de bienes de valor cultural y artístico. Seguramente, la máxima responsable sea… la propia alcaldesa, bien por su cargo como tal, bien como presidenta del Consorcio.

Cuando las letras se colocaron en la Plaza ya se sabía que podrían ser puntualmente retiradas. Al tratase de bienes que han de tener la consideración de bienes culturales, es obligación de los responsables establecer, por ejemplo, los protocolos a seguir para su retirada y devolución. ¿Alguien cree que en el Museo del Prado se le puede decir a cuatro trabajadores de mantenimiento que cojan el cuadro de Las Meninas y lo lleven al hotel Ritz, sin explicarles cómo han de hacer el traslado? Pues aquí parece que ha pasado.

A los trabajadores de la brigada de obras les dicen que retiren las letras y ellos las retiran. Nadie parece haberles dicho cómo y, lo que es más grave, nadie ha tenido la precaución de establecer los procedimientos. ¿Para qué?

¿No sabía la alcaldesa y presidenta del Consorcio que las letras, tras el concurso de ideas, son bienes con valor cultural que requieren mantenimiento y conservación y que están protegidas por la propiedad intelectual?

¿En qué inventario y en qué condiciones figuran los datos de las letras? Que se haga público.

¿Qué normas de mantenimiento y conservación se han establecido por los órganos de dirección responsables, Ayuntamiento y Consorcio? Que se hagan públicas.

¿Quién ordenó la retirada de las letras y el motivo de esa retirada? Que se haga pública la resolución correspondiente. O que se diga quién, con competencia de dirección, ordenó la retirada de las letras.

¿Qué instrucciones, y por qué cargo, político o técnico, se dieron a los trabajadores de la brigada de obras para proceder a la retirada de las letras? Que se hagan públicas las instrucciones y el nombre del responsable político o técnico.

Hacer recaer en los trabajadores el daño causado, (irreparable como dice la propia autora, ya que los parches se notarán siempre), como hace la alcaldesa, es un ejercicio de sobreactuación, de histrionismo político.

Que comience, la máxima autoridad municipal, por hacer creíbles las responsabilidades en cada ámbito de actuación.

Que el Consorcio de la Ciudad Monumental, formado también por Diputación Provincial y Junta de Extremadura, y a cuyo cargo se abonaron los 16.000 euros que costaron las letras, sean los que determinen qué responsabilidades han de exigirse, incluidas las que hubiere por no haberse previsto los mecanismos de mantenimiento y conservación.

Pero que dejen en paz a los trabajadores.

Vale.

En junio de 2016 apareció una terraza de una tasca colocada en el Arco de la Estrella, puerta de entrada a la ciudad monumental de Cáceres, imagen de la ciudad que, dicen, es Patrimonio de la Humanidad.

Las explicaciones que dieron los miembros del equipo de gobierno municipal, del Partido Popular (auxiliado por los gorrillas), son un monumento a la incompetencia. Y de aquella incompetencia resulta que la terraza continúa colocada en tan emblemático lugar.

Resulta que primero dijeron que la ubicación era provisional, ya que el sitio en el que se encontraba ubicada tenía problemas de estabilidad. La provisionalidad va camino de un año. Un año de incompetentes, de inútiles.

Resulta que luego dijeron que iban a hacer un informe técnico y un proyecto para que el espacio, sobre un local al que se accede desde la Plaza Mayor, no produjera problemas de seguridad. Del informe técnico y del proyecto nunca más se supo. Y los incompetentes siguen cobrando todos los meses. La incompetencia va dando paso a la inutilidad. ¿De qué sirven una alcaldesa y unos cuantos concejales con dedicación exclusiva si no tienen ni puñetera idea de lo que pasa a la puerta del Ayuntamiento?

Resulta que luego esos sabios concejales tan incompetentes y tan bien pagados dijeron que además habría que hacer un informe jurídico puesto que no sabían quiénes eran los titulares del espacio donde se ubicaba la terraza, ni si correspondía al Ayuntamiento hacer las obras de consolidación. Y así casi un año de incompetencia.

Al día de hoy, la terraza ocupa un espacio inadmisible, sin saber si el espacio sobre el que el Ayuntamiento había concedido la licencia es municipal o no, a quien corresponde la consolidación. Sin saber nada de nada.

Lo que sí es cierto es que los concejales responsables de gobernar el municipio cobran todos los meses sus dedicaciones exclusivas, con la alcaldesa a la cabeza, y no, no son retribuciones provisionales.

Que el Ayuntamiento de Cáceres esté autorizando que una terraza de una tasca produzca un daño visual tan importante de la ciudad monumental, a 5 metros de la placa que recuerda tal honor, debería hacer intervenir a ICOMOS, el organismo de la UNESCO encargado de velar por el cumplimiento de los deberes que se adquieren al recibir el nombramiento.

Cáceres no se merece tamaña vergüenza, no se merece que unos concejales, incompetentes, pongan en riesgo el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad.

La falta de competencia de los concejales del Partido Popular solamente es equiparable a la indolencia de una ciudad, de unos súbditos que votan la incompetencia y la inutilidad porque se ven reflejados en ellos.

Vale.

El título de esta entrada es un agradecimiento al canal oficial en twitter de atención a los viajeros de Renfe, @inforenfe (el canal oficial de Renfe no puedo verlo porque me tienen bloqueado después de otra de sus fechorías).

El sábado, 15 de abril, teníamos mi esposa y yo que volver a Cáceres desde Sevilla y pregunté a @inforenfe que si estaba previsto que el tren circularía o si pasaría como el 11 de abril, cuando ni siquiera pudo salir de la estación de Cáceres.

La respuesta que dieron pertenecería a la antología del disparate si no fuera porque lo hace un canal oficial de una empresa pública y porque llueve sobre mojado: “hola, el tren que haces referencia, tiene previsto circular. La avería del día 11 de abril no estaba prevista. Un saludo”.

Uno, que aprendió a leer entre líneas en los últimos años de Franco (que no del franquismo, que continúa en plena forma) a periodistas que tenían, también, que escribir entre líneas, no puede menos que sorprenderse. Aparte de una mala redacción, el que desde la empresa responsable del servicio ferroviario en España se diga que “la avería del día 11 de abril no estaba prevista”, no hace sino llevar su redacción y su sentido a la realidad: que Renfe tiene previstas las averías.

El 11 de abril, tras subir los pasajeros al tren 18773, con destino a Sevilla, y salida a las 6:50 horas, tuvimos que ver (y no ver) cómo todo el sistema eléctrico del tren se apagaban, cómo dos o tres personas, se supone que de la empresa, recordaban a Luis Moya: “trata de arrancarlo, Carlos, por Dios, trata de arrancarlo”. Con la mitad del sistema de luces interiores del convoy apagadas, el tren, con retraso, emprendió la marcha, pero no llegó ni al puente que cruza las vías y da acceso a Aldea Moret. Marcha atrás, de nuevo a la estación y nuevos e infructuosos intentos de arrancarlos. A las 6 y cuarto de dice a los pasajeros que bajen y que irán viendo qué solución dan.

A alguna persona con necesidad de hacer transbordo en Mérida con destino a Alcázar de San Juan, se le dispone un taxi hasta la capital autonómica. A los demás, una de dos: o autobús o devolución del dinero. No hay más ni están a por ello.

Hacemos saber al interventor del tren (al revisor, término más acorde con la antigualla del servicio que prestan) que mi esposa no puede viajar en autobús, y nos dice que entonces la única solución es devolvernos el dinero. Cuando le decimos que tenemos hotel reservado en Sevilla, al revisor, capataz a la antigua usanza de los privilegios de sus amos, le da igual. Con él no va el asunto. Es más, llega a decirle a mi esposa que si no puede viajar en autobús, que no viaje. Un dechado de empatía el fulano. Más o menos dice que si no puede viajar que no tiene derecho a hacerlo. Estará orgulloso.

En taquillas lo mismo. Hacemos saber la imposibilidad de que mi esposa viaje en autobús, llaman (eso nos dijo otro empleado del mes de Renfe, custodio de los privilegios de estar detrás de una ventanilla blindada) a “Madrid” y no dan solución alguna. Lo de perder la reserva de hotel les trae sin cuidado. Si mi esposa no puede viajar, que no viaje. Malnacidos esclavos de una empresa que debería estar liquidada, y ellos en el paro, sin derecho a prestación.

Presentamos una reclamación en ventanilla. Una reclamación que seguramente termine en la oficina de Gestión del Servicio Público de Santa Justa donde lo que menos hacen es servicio público y cuyas contestaciones a reclamaciones no llevan nunca el nombre del fulano/a que cobra seguramente un buen sueldo. Seguramente porque les da vergüenza que se sepa quiénes son. Al menos, como los delincuentes, podrían poner sus iniciales.

Vemos el autobús, que conocemos al conductor, que anima a mi esposa a subir al autobús. Un pasajero nos cede un asiento en el que ella podría ir algo menos incómoda. Y comienza un viaje que hasta Mérida y Almendralejo se hace por la A-66. Pasado Villafranca hay que entrar en Zafra y desde ahí, hasta Sevilla, con paradas en Llerena y Pedroso, por carreteras secundarias, llenas de curvas, y la A-66 a pocos kilómetros. Además de tener que utilizar un autobús, medio de transporte infinitamente más incómodo que el tren, y más para personas con dificultades físicas, la tortura de no utilizar una Autovía por la que los movimientos del vehículo, las curvas, los zigzags son mucho menores.

Una tortura que se acrecienta para personas con problemas de movilidad, como mi esposa, a quien utilizar el reducido aseo del autobús, con una escalera imposible. A eso Renfe no tiene respuesta. Porque a los “bien pagaos” directivos de la empresa pública les da igual. Son sociópatas.

Llegamos a Sevilla a las 13 horas menos un minuto. Esto es, una hora y media después del horario previsto. Y claro, dan 24 horas para reclamar. Después de someternos a una tortura que seguramente Torquemada tendría entre sus preferidas, no está el cuerpo pasar otro rato en las ventanillas de Santa Justa para reclamar el retraso.

Y todo ello, porque la avería no estaba prevista. Aconsejo, previo pago de la idea, por supuesto, y espero que Renfe acepte llegar a un acuerdo económico, que con la venta de los billetes adjunten el papelito que diga si está previsto que el tren tenga avería. Más que nada para que la tortura no coja a los usuarios desprevenidos.

Desgraciadamente, las averías en los trenes son cada vez más frecuentes, debidas, sin duda a que los directivos de la empresa pública (¿hay transparencia para conocer sus sueldos?) aplican con saña las instrucciones recortadoras de Montoro, del gobierno de Rajoy. Si les piden que recorten 10, ellos, sabios siervos de quien los nombra, aplican 20, para demostrar que saben, “mejor que nadie”, de Gestión del Servicio Público.

Solamente en esta política austericida está la explicación de que, cuando se produce un accidente ferroviario con muertos, la primera pregunta sea si el maquinista ha muerto. Si el maquinista ha muerto, los directivos de Renfe respiran tranquilos. Todavía no he leído en ninguna información sobre accidentes ferroviarios con víctimas, si el tren estaba en condiciones, si se había sometido a reparaciones, y, mucho menos, si el libro de incidencias y de revisiones está disponible. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el accidente del Metro de Valencia, el libro de revisiones del convoy siniestrado no aparecía.

Los usuarios de Renfe agradecemos, mucho, que nos informen, al vendernos los billetes, si están previstas o no averías. Saber que Renfe tiene averías previstas ayuda mucho. Ayuda mucho a saber qué clase de sociópatas dirigen la empresa.

La vuelta de Sevilla, el 15 de abril, no estuvo exente de anomalías. En nuestro caso, el billete estaba consignado al tren 18773. Cuando llegamos a Santa Justa, en los paneles aparecía que sería el MD 18779. Sin embargo, con la salida prevista a las 17:20 h, no fue hasta las 17:15 cuando pusieron la vía, la 10. Al llegar al andén, vimos que el tren no era el 79 que aparecía en los paneles, sino el 73, el averiado del 11 de abril. Mientras subíamos, ya en los vagones, buscando nuestros asientos… el tren se para y todo el sistema eléctrico también. ¿Volveríamos a las andadas? ¿Estaba prevista una nueva avería? Finamente, el tren arrancó. Me imagino que el jefe de estación de Santa Justa, que puso en los paneles el 18779, se vería obligado a cambiarlo porque no tiraba, por el 18773, que tiraba… pero poco.

El tren en marcha y busco agua en la máquina de a bordo. Pero no hay, “no disponible”. Se lo hago saber al interventor del tren, que nos dice que por lo menos hasta Mérida (a las 21 h) no sería posible bajar del tren a comprar agua. Al decirle que mi esposa necesita tomar algún medicamento, el interventor da muestras de su contrariedad. Llega el tren a la estación de Villanueva del Río y Minas, para, baja el revisor, y vuelve a escasos tres minutos con una botella de agua. Nos dice que es la que tenía el jefe de estación (no hay cantina) en su frigorífico. A él si le cabe perfectamente ser considerado interventor del tren, y debe sentirse orgulloso de su trabajo, facilitando, en lo que está en su mano, el viaje a los usuarios. Que conste. Y al jefe de estación que le facilitó el agua, también. Gestos como estos, son siempre de agradecer, pero que desgraciadamente no son ni habituales ni pueden tapar una desvergonzada gestión de un servicio público.

Que más adelante observáramos que el maquinista salía de su cabina y se dirigiera a la puerta del coche 1 para ajustarla, dándole un “golpecito” cariñoso con la pierna, no deja de ser un regalo humorístico sin duda obsequio de Renfe. Arreglar la puerta como se arreglaban los televisores en los años 60 no deja de ser un servicio público.

Vale.

Las imágenes que aparecen en esta entrada se corresponden con la decisión del Ayuntamiento de Cáceres de colocar unos contenedores de recogida de basuras compartiendo el espacio con una parada del autobús urbano. Todo un síntoma.

Seguramente, si alguien preguntara al concejal de turno, diría que es una cosa que han decidido los técnicos, y los técnicos, que es una petición de la empresa concesionaria de basuras, y la concesionaria, que es una decisión… y así ad infinitum.

La realidad es otra. La realidad es que en el Ayuntamiento de Cáceres abundan los sociópatas. Y eso no es más que responder a aquel dicho: “los niños, lo que ven en casa”. Al equipo de gobierno, del Partido Popular con la inestimable colaboración de los gorrillas de Ciudadanos, la apatía del PSOE y la inanidad aparentemente utópica de Podemos, los ciudadanos (ahora súbditos, tras el triunfo justiciero de Urdangarín) se la traen al pairo.

Los mismos servicios técnicos que pueden argumentar, como excusa inadmisible, que colocar las mierdas en la parada del autobús urbano, es una petición de la concesionaria de basuras, son los mismos que deciden dónde ubicar las paradas. Los mismos sociópatas que ignoran que hay personas que utilizan el transporte público. Se la sudan. Y luego, cuando alguien les critican, se hacen los ofendidos. Como si pudieran, valientes son. Y en Cáceres son valientes herederos de valientes.

Los concejales del Partido Popular, con la alcaldesa Nevado al frente, si son preguntados, se escudarán en los servicios técnicos. En esos servicios técnicos que dependen de ellos y que están a su servicio antes que al de los ciudadanos.

Estas imágenes son una muestra de la sociopatía que quienes detentan el poder (los técnicos) y quienes lo ostentan (nominalmente, los concejales) demuestran y exhiben cuando disponen de los resortes que permiten hacer ver ante los demás quién manda. Y así engordan.

No sería normal que estas cosas se produjeran si quienes toman las decisiones no fueran otra cosa que lacayos del poder, entendido como relaciones de poder contra la mayoría.

Por eso, cuando estas situaciones se producen, los gorrillas de Ciudadanos se alinean, siempre, con el poder. Porque es más fácil recibir dádivas de quienes lo ostenta que de quienes lo sufren.

Estas imágenes son, sencillamente, una falta de respeto, un sirvengonzonería que se reparte entre quienes aparentemente toman las decisiones (los técnicos, la concesionaria de basuras) y los miembros del equipo de gobierno. Con la particularidad de que el equipo de gobierno, los concejales del PP y la alcaldesa al frente saben bien lo que hacen: deciden no colocar un punto limpio de recogida de escombros en Macondo (su gente, su clase) y colocarlo en El Junquillo (desharrapados, entienden).

La falta de respeto de las imágenes son la muestra inequívoca de que el Partido Popular, en compañía de una casta “valiente” de técnicos, son sociópatas.

Vale.

En la anterior entrada de esta serie sobre “Cáceres, cerrado por falta de uso”, me refería a un solar en Los Fratres, con fachada a Av. Isabel de Moctezuma. En esta entrada, también sobre la misma zona urbana, me referiré a una parcela existente en la otra punta, junto a la rotonda de la Estación de Renfe. Una parcela delimitada por una gasolinera y por el depósito de gas de suministro a las viviendas y negocios del conjunto residencial.

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Se trata de una parcela que tiene fachadas a la Rotonda de Renfe y a la Avenida de la Hispanidad, resultando cuatro fachadas exentas, además de las dos fachadas, otras dos a los aparcamientos de superficie y a la parcela y área donde se ubican los depósitos de suministro de gas.

Cuando he recabado datos sobre estos terrenos me he llevado alguna sorpresa. Por ejemplo, que la parcela no existe en el catastro de urbana, al menos en el catastro virtual de acceso público, por lo que debería conocerse si se encuentra debidamente catastrada y devenga el IBI correspondiente.

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Si mis datos no son erróneos, esta parcela es un proindiviso entre varios propietarios, entre ellos el Ayuntamiento, y se utilizó para hacer “caer” en ella varios restos de los repartos de aprovechamientos entre los diversos propietarios del sector urbanístico. En ese proindiviso, cito de memoria y de recuerdos, el Ayuntamiento es titular de un 64% o algo así. Vamos, que en ese proindiviso el Ayuntamiento tiene la sartén por el mango para disponer sobre ella. Ignoro si los derechos urbanísticos de la parcela constan en el inventario municipal.

Los terrenos en cuestión tienen, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999 un uso urbanístico claramente definido: R12, Residencial Tipo 12.

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La ficha urbanística de la parcela, definida como Fratres-05 (F-05), establece ese uso con la definición de “Hostelero Priv.-Equip. Genérico”. Esa parcela, que en su momento, con la bonanza del sector inmobiliario era el eje de una economía que, finalmente estalló, podía haber supuesto una buena inyección económica para las arcas municipales si se hubiera enajenado para la construcción de un Hotel. Pero…

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Pero, casualmente, cuando esa posibilidad se pudo llevar a cabo, surgieron intereses privados que buscaron la modificación del PGOU en una parcela situada justo enfrente y que, aún hoy, conserva un letrero para la futura construcción de un hotel, que parece que nunca se llevará a cabo. El Ayuntamiento, con la mayoría absoluta del Partido Popular prefirió que hubiera una parcela de uso hotelero justo enfrente de la que el propio municipio es titular en un elevado porcentaje.

El turismo debería ser uno de los ejes, quizá el principal, para poder desarrollar, a falta de otros sectores generadores de empleo y riqueza, la disponibilidad por el Ayuntamiento de la propiedad de la mayor parte de una parcela apta para construir un hotel en diez alturas, con una superficie construida de más de 5.000 m2. La ciudad no está sobrada de hoteles y la consecución de nuevas plazas hoteleras sería un impulso para el crecimiento de los índices de turismo (visitas, pernoctaciones…).

Vale

Cuando he visto, oído o leído cómo la actual alcaldesa de la ciudad de Cáceres decía que había solicitado del Ministerio del Interior la cesión gratuita de la vieja cárcel, o que el Ministerio de Hacienda había ofrecido gratuitamente al sede de la Demarcación de Carreteras en el caso antiguo, siempre he creído que Elena Nevado ha jugado con el desconocimiento de los propios cacereños de su propia ciudad. Pretender hacerse con la cárcel vieja o el edificio de Fomento por la cara, sin tener un proyecto, sin tener capacidad económica para las obras necesarias, solamente se explica por la ignorancia ciudadana.

Por eso, resulta llamativo encontrar, por ejemplo, un buen solar, magníficamente situado, de propiedad municipal, al que no se da uso porque a la paupérrima situación económica municipal se une una enorme falta de capacidad política y de ausencia de ideas que es el reflejo de una ciudad mortecina.

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El solar al que me refiero está situado en la Av. Isabel de Moctezuma, en el Polígono de Los Fratres y estuvo cedido a la Tesorería General de la Seguridad Social… que tampoco tuvo capacidad económica para darle uso.

¿No existe ninguna necesidad de infraestructura de competencia municipal para dar uso a una parcela de 1.924 m2 de suelo y con posibilidad de dos alturas, con más de 3.500 m2?

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La parcela está incluida en el Plan General Municipal como suelo de uso público, AI = Administración Institucional, por lo que su uso corresponde, en primer término, decidir el uso, dentro de las competencias que marca a los Ayuntamiento la legislación en materia de régimen local, y dentro de las capacidades (escasísimas) económicas. ¿Qué necesita la ciudad en materia de administración institucional municipal? Lo mismo, los concejales del Partido Popular tienen magníficas ideas (que no, que es coña) para que esa magnífica parcela. Lo mismo es que la ciudad no necesita nada.

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Claro, que también podría darse el caso de que cualquiera de las administraciones públicas pudiera tener necesidad de un solar, como en su día solicitó la TGSS, con resultado negativo.

Cáceres, además de cerrada por falta de uso, es también una ciudad sin abrir, sin ser capaz de construir. Construir físicamente sobre un solar de propiedad municipal, y sin ser capaz de construir ilusión, futuro y certidumbres a los cacereños más jóvenes (los cada vez menos jóvenes en edad y menos jóvenes en número).

Vale.

En diversas entradas de esta web he incluido diversas entradas referidas a inmuebles de titularidad pública que se encuentran sin uso y sobre los que ha habido, en algún caso, pronunciamientos públicos que al final, coo en el soneto con estrambote de Cervantes al túmulo de Felipe II… “fuese y no hubo nada”.

En estos días, el Ministerio del Interior, a través de la GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado) ha intentado vender la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en la calle Margallo. Ha intentado de nuevo sin éxito, y eso que la diferencia de precio con el del primer intento de venta era considerable. En el primero de los intentos, el precio de salida era superior a 2.700.000 €, mientras que ahora se ofertaba por poco más de 300.000 €.

Es curioso que sobre dos inmuebles de mucho mayor valor (y precio) el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular con el inestimable apoyo de Ciudadanos, sí haya hecho amago (brindis al sol) de reclamarlos.

Sobre la antigua cárcel, que figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal hubo hasta grandilocuentes declaraciones de reclamarlo con la modalidad de cesión gratuita, eso sí, sin tener la más mínima idea de para qué lo reclamaban. Creo recordar que hasta hubo pronunciamiento en pleno en ese sentido. Pero no ha vuelto a tenerse noticia alguna.

Sobre la que era sede de la Demarcación de Carreteras del Estado, el Ministerio de Hacienda se lo ofreció al Ayuntamiento (qué raro, ofrecimiento, así por las buenas) que llegó incluso a plantear destinarlo para viviendas, en una propuesta estéril. Y no ha vuelto a saberse nada.

En estos dos casos, lo malo no es que el equipo de gobierno utilice estas cuestiones de señuelo para hacernos creer que gestiona algo, mientras que con la ayuda de los gorrillas de Ciudadanos declara media ciudad zona azul y sube el precio del autobús urbano, un servicio que cada vez pierde más usuarios (seguramente porque los ciudadanos no quieren utilizar un servicio cada vez peor). Lo malo es la inacción de la oposición, que ni pregunta ni, seguramente, sabe qué preguntar para poner negro sobre blanco la incapacidad de gestión del PP.

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Ficha urbanística de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Cáceres

En el caso de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, ante la imposibilidad de su venta por el Ministerio del Interior, y dada la pérdida de valor que ha sufrido, sería el momento en el que el Ayuntamiento pidiera la cesión gratuita. Eso sí, para ello el Ayuntamiento debería saber en qué utilizarla, cosa que, con los precedentes que existen, se me antoja prácticamente imposible. También estaría bien que, por una vez, los partidos de la oposición (PSOE y Podemos) se quebraran un poquito la cabeza y pensaran para qué podría utilizarse, evaluando los costes de adecuación y haciendo una propuesta razonable y, como se dice ahora, sostenible.

Vale.

¿Puede un tren que va a realizar un trayecto de prácticamente 5 horas salir de su estación de origen con el WC adaptado fuera de servicio? Claro que puede, si es RENFE por supuesto. Esta lamentable situación obliga a todos los pasajeros, vayan en el coche que vayan, a desplazarse hasta el coche 3 a usar el único WC disponible.

¿Puede una persona con dificultades de estabilidad sufrir un accidente en un tren cuyo traqueteo resulta, en muchos tramos, hasta dificultoso para un deportista? Claro que puede, si es en un tren de RENFE, por supuesto.

La desvergonzada política de recortes que se aplica por unos gobiernos sumisos (en su acepción made in Sade) llega a RENFE y ADIF, donde sus directivos se aplican con fruición a ser más recortadores que Montoro, para hacer méritos y que sus retribuciones sigan siendo de escándalo.

En el tren MD-18.779, con salida de la Estación de Sevilla Santa Justa a las 17:20 h y llegada prevista a las 22:00 a la Estación de Cáceres, el WC adaptado se encontraba fuera de servicio. Fuera de servicio porque el depósito no había sido vaciado ¿desde cuándo no se limpia?

A la altura de la estación de Cazalla – Constantina (aproximadamente a las 18:35 horas), una pasajera (mi esposa) que viaja en el coche 2 necesita hacer uso del WC. No pudiendo utilizar el adaptado (elegimos coche 2 y unos asientos determinador por cercanía a dicho WC adaptado), mi esposa, aprovechando la parada se dirige al WC del coche 3. Cuando termina de hacer uso del mismo, el tren ya ha reanudado su marcha. Las dificultades de estabilidad de mi esposa se ven incrementadas por los movimientos del tren, produciéndose una caída sobre una mesa metálica. Los usuarios de coche son escasos y no se percatan de lo sucedido a mi esposa. La ayudo a llegar a nuestros asientos, no sin dificultad, porque los movimientos del tren en ese tramo son realmente violentos si no puedes asirte con firmeza.

Resultado: llegada a Cáceres, llegada a casa, dejar las maletas y marchar, en taxi, al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara. Espera, con fuertes dolores en la pierna derecha, hasta que por fin se le realiza una radiografía y posterior consulta con la médico de guardia. Salvo la espera, larga, el trato del personal de urgencias alivia, mínimamente los dolores.

Afortunadamente, no existe lesión ósea (para una persona diagnosticada de osteoporosis, es una buena noticia), sí una fuerte y dolorosa magulladura, con un hematoma aparatoso.

Los dolores morales, esos no tienen diagnóstico. La gestión de RENFE y ADIF sí: desvergüenza.

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Como usuario de los trenes, el trato que el gobierno central da, desde hace demasiado tiempo, a Extremadura es un síntoma: la necesidad de liquidar, de una vez por todas, monstruos como RENFE y ADIF. Liquidarlos en el sentido que se utilizaba para ese verbo en el Chicago de los años 20.

Que el gobierno central desprecie a Extremadura no es nuevo. Que desde el gobierno de Extremadura haya la sumisión que hubo durante el mandato de Monago en coyunda con Izquierda Unidad y que ahora continúa sin nadie, ni Fernández Vara, que alce la voz y diga las cosas como son, con un lenguaje sencillo y directo… eso tiene un nombre.

El abandono con el que ADIF trata las infraestructuras ferroviarias en Extremadura no sería posible sin la complicidad desde esta tierra. El desprecio con el que RENFE gestiona “el material rodante” que pasa por Extremadura no sería posible si no hubiera pasividad desde esta tierra.

Y en conjunto del estado, por lo que se sabe, hace necesario liquidar RENFE. Pero liquidar los sueldos de sus directivos, mandarlos al paro con una mano delante y la otra detrás, que sobrevivan si pueden, pero antes hacer una auditoría seria y real y saber cómo, cuándo y por qué han terminado por hundir a la empresa.

Liquidar RENFE, ya, es una necesidad. Que sus despreciables directivos se vayan a tomar por saco, una urgencia. Ya.

Mientras, desde Extremadura debería decirse: “Con la mierda de servicios que dais, que por esta tierra no circule ni un solo tren de desprecios”.

Vale.

Estos días parece que Cáceres se va a convertir en el nuevo Bollywood o en en el nuevo Tabernas (Almería), donde se rodaban los spaghetti western. El anuncio de varios rodajes de series, alguna mundialmente conocida como Game of Thrones, ha provocado una suerte de histeria político-mediática que viene a corroborar el adormecimiento social de la ciudad.

La primera respuesta política está en la “repercusión mundial” que tendrá para la ciudad el aparecer en los títulos de crédito de las series o películas y que se vean, mejor o peor, las localizaciones como reclamo turístico.

Se acabó la miseria.

La segunda es lanzarse a preguntar a los que podrían beneficiarse de modo inmediato de la llegada a la ciudad de los equipos de rodaje, unos más numerosos que otros.

Se acabó la miseria.

La tercera es ir aterrizando y comprobando que las campanas de la catedral de Santiago de Compostela robadas por Almanzor deben volver a su sitio.

En la primera oleada de euforia, ha sido preguntar a los posaderos y taberneros por sus perspectivas de negocio, y saber que tienen todas las esperanzas puestas en llenar sus establecimientos.

Hoy, en algún medio se publica que se pretende un “macroacuerdo inmobiliario” para dar cabida en la ciudad a tantísima gente del mundo del cine y de la tele. Como diría Jack, vayamos por partes.

Para alojar durante cuatro o cinco meses al personal del rodaje de una película hemos de saber cuánta gente es. Dicen los que hablan de macroacuerdo que son unas 160 personas. Para ese número, no hace falta exagerar con lo de macro. Segundo, ese “macroacuerdo” es para buscar pisos o viviendas donde alojar a esas 160 personas, que no quiere decir, ni mucho menos, que se necesiten 160 pisos o viviendas, ya que dependiendo del arriendo, habrá alojamientos que sirvan para dos o más, seguramente más personas. ¿Por qué seguramente más personas? Parece que ha sido la productora, Calle Cruzada, la que ha contactado con los agentes de la propiedad inmobiliaria para el acuerdo. Eso no quiere decir que los arrendamientos los haga la productora. Los arrendamientos los contratarán los técnicos, operarios, tramoyistas, conductores de rodaje, sastres… Tiene toda la pinta de que este personal buscará alojamientos que les resulten los más baratos posibles, y si en un chalet en La Sierrilla pueden meterse 8 mejor que dos, se meten 8. Esto es así porque estos profesionales son en su mayoría autónomos o falsos autónomos, con contratos precarios, que no van a gastarse en dormir lo que les paguen.

Así que lo de macroacuerdo, mejor dejarlo de lado.

En cuanto a las series yanquis, la versión de Romeo y Julieta y la de Juego de Tronos, tres cuartos de lo mismo, con la particularidad que el personal que contraten en España estarán en las mismas condiciones que los de la producción La Catedral del Mar: buscarán alojamientos que les permitan no gastar mucho.

Sin embargo, estas series americanas contarán con un reparto artístico, ya veremos si aparecen por aquí los principales protagonistas, cuyo hospedaje gestionan directamente en paquetes con tour operadores, por lo que de modo directo, en los hoteles de la ciudad la rentabilidad no será mucha.

Con estas premisas, es muy probable que la euforia inicial se desinfle, se evapore como una revoltosa cualquiera. Solo cabe pensar en la rentabilidad futura.

Es en esa rentabilidad futura donde desde los responsables políticos en materia turística y cultural deben aguzar el ingenio, si lo hubiera o hubiese. Saber poner en valor los valores de la ciudad debería hacerse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, y por citar una sola opción de las muchas que a un ciudadano se le pueden ocurrir: repasar la parrilla de programación de la cadena ABC, productora de la nueva versión de Romeo y Julieta para el mercado estadounidense, y comprobar si tienen programas de cultura, programas de viajes, programas de gastronomía…y contactar con los responsables de los mismos y de la propia cadena e invitarlos, en las fechas en que se produzca el rodaje, para darles a conocer Cáceres y Extremadura, nuestra cultura, nuestros espacios naturales, nuestra gastronomía… Eso sería una inversión que si se hace bien, tendría resultados a largo plazo.

Vale.