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Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, comprobamos que el WC adaptado se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y para decirle que un tren con un trayecto previsto de casi 5 horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues si, porque a él se lo han ordenado y sale.

Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los “servicios” que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: “Presente una reclamación”.

Con el revisor (ahora los llaman supervisores) me sucede lo mismo: “Presente una reclamación”. Tras un intercambio de opiniones, en el que le hago saber que está muy bien enseñado por la empresa, y que defenderla es algo indigno, le pido que me facilite impresos de reclamación. Anoto su nombre, por si fuera necesario citarlo cuando la presente.

Por supuesto, el tren inicia su viaje, como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi 5 horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa del “producto agotado”. Se traga cuatro euros.

Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presento la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.

La respuesta que recibo no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de “Renfe Viajeros”, quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras, como corresponde a unos buenos sicarios.

A los mamporreros de Atendo (un negocio que deja mucho que desear) no les hemos reclamado nada ni nunca nos hemos dirigido a ellos. Porque sabemos que son el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, de modo delictivo, la Ley de Discapacidad.

Que nos conteste Atendo es una sinvegonzoneria más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un “servicio” que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad.

De hecho, en el mismo tren que tenía el WC precintado, hay unas plataformas que, teóricamente, se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias.

De ese incumplimiento son cómplices el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las “normas” sobre atención a la discapacidad de Renfe, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que lo consiente (en el sentido quevedesco del término) y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma.

El artículo 510 del Código Penal es claro. Y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito.

A los de Atendo, mamporreros (¿a cambio de cuánto?) de Renfe, nada que decirles. El dinero es un buen bálsamo, una buena vaselina que suaviza todas las dignidades.

Vale.

Asistiendo al espectáculo de enseñar quién es más nacionalista, si los independentistas catalanes o los españolistas de cualquier parte, no me queda ninguna duda: las víctimas, los trabajadores. Ni siquiera los ciudadanos.

Cuando la supremacía se lanza a las banderas, los ciudadanos desaparecemos, y nos convertimos en súbditos. Ahora, en este triste espectáculo de intentar ser más nacionalista que nadie (ya sea en Catalunya, en Zaragoza, en Málaga…o en Botija, por un poner), los individuos hemos desaparecido. No se cuentan personas, ni ciudadanos, se cuentan banderas.

¿A quién beneficia este crimen sociopático? Como decía Séneca, aunque sea escrito con cierto estilo de latín macarrónico: “cui prodest scelus, is fecit”, (Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido).

Porque la situación, la ubicación del “sentimiento” nacionalista ha cambiado de bando. Ahora, las pantallas de las televisiones adormecen a la población con una exhibición nunca conocida de banderas nacionales, mientras que las esteladas van arrinconándose a la ventanita de abajo a la derecha de la pantalla hasta que desaparezcan.

Pero la realidad política es otra. La realidad política es que dos partidos de derechas (el Partido Popular, lleno de mierda hasta las cejas de Rajoy, y la vieja Convergencia y Unió, ahora PDCat, enfangada en la ambición monetaria de sus jefes) se han enfrentado exhibiendo las banderas que no les pertenecen. El que alrededor de uno y otro partidos hayan aparecido satélites haciendo de gorrillas (Ciudadanos, la CUP o ERC) no es más que un adorno que será descosido cuando les haga falta.

La realidad es que el enfrentamiento de dos partidos de derechas, iguales en corrupción, no es más que un enfrentamiento entre familias mafiosas. Y, cuando las banderas se arrumben porque ya nos les hagan falta, veremos cómo quienes hemos desaparecidos somos los ciudadanos, en realidad, los trabajadores.

Si Ciudadanos (ese partido impulsado desde esferas empresariales catalanas, con el presidente de Banco de Sabadell a la cabeza) aspira a que el gobierno de Tancredo Rajoy aplique el art. 155 CE solo (y solo es solamente) para convocar elecciones en Catalunya, en el PSOE el liderazgo de Pedro Sánchez no ofrece ninguna garantía de solidez, y en Podemos, su ambigüedad mal calculada (por ignorancia, ingenuidad o infantilismo) les está llevando a dar unos bandazos que no presagian ningún futuro favorable políticamente.

Y en este panorama, ¿a quién beneficia el crimen político que se está cometiendo en Catalunya? Sin duda, a sus autores: el Partido Popular y el PDCat.

Si, como parece, todo lleva a la aplicación del art. 155 CE en Catalunya, y si el PSOE duda en un apoyo ciego a los deseos de Rajoy, el Partido Popular intentará matar dos pájaros de un tiro: convocará elecciones en Catalunya y anticipará las elecciones generales. El chantaje sobre el PSOE de Sánchez será el mismo que el que aplicó sobre el PSOE de la Gestora hace un año. Y ahora Sánchez no podrá decir No es No.

Cuando se blanden las banderas como armas contra el enemigo (catalán ahora), debajo de esas banderas desaparecen las capacidades de las personas para discernir si esas banderas llevan fuego amigo o son puñales que se clavan en los adversarios políticos.

Esta “crisis de Catalunya” beneficia al Partido Popular, el partido compuesto por ladrones que se diluyen entre los colores de las banderas que los ilusos ciudadanos, fanáticos de los colores, blanden para convertirse, unos conscientemente, otros no, en cómplices de los ladrones que les gobiernan.

Y en estas circunstancias, con un previsible adelanto electoral, en Catalunya vía art. 155 CE y en el ámbito estatal vía la ambición política de los ladrones del PP, estoy convencido de que en la sede central de la mafia genovesa cuentan las banderas nacionales como votos, multiplicados por los que les hagan falta para conseguir la mayoría absoluta.

Vale.

La esperanza alimenta los espíritus de cuerpos sin futuro.

La esperanza, sigilosa, camina hacia la nada, y sigues sus pasos, ignorante del futuro.

La esperanza no existe. Es la ausencia de futuro.

La esperanza y el futuro, de la mano, huían despavoridos.

Me interesa el futuro porque es el sitio donde podría pasar el resto de mi vida.

El futuro no existe, es la ausencia de presente.

El futuro está al acecho, detrás de los hombres que lo añoran.

El futuro siempre camina más deprisa.

El futuro y la esperanza huyen de la mano.

El futuro, si llegas, ya es pasado.

El futuro llega a traición.

El futuro siempre nos lleva ventaja.

El futuro siempre ha huido.

El futuro parece que nos espera, y cuando creemos llegar, vuelve a escapar.

El futuro nunca llega cuando se espera.

El futuro siempre consigue escapar.

El futuro será si lo alcanzas.

El futuro ya no es lo que fue.

El futuro, sin presente, no tiene sentido.

El futuro, depredador insaciable de sueños y deseos.

El futuro nunca llega, solo pasa de largo.

El futuro, irremediablemente, nunca llega.

El futuro nunca nos alcanza, porque nunca va detrás.

El futuro es la ilusión por lo que nunca será.

El futuro pasa de largo, pero lo destruye todo, como un huracán.

El futuro nunca es gratuito.

El futuro acaba con el presente que no existe.

El futuro no existe, es la ausencia de pasado.

El futuro es la esperanza del desesperado.

El futuro se acaba cuando ae acaba el presente.

El futuro es la proyección geométrica de los fracasos acumulados del pasado.

El futuro es la derrota de los deseos y el cementerio de las ilusiones.

El futuro solamente es un cruel espejismo.

El futuro es, siempre, un punto final. El Futuro, el final del viaje.

El futuro es la paz de los muertos.

El futuro, en cuanto llega, asesina al presente.

El futuro es arrollado por el presente.

El futuro es la locomotora que arrolla el presente para convertirlo en pasado.

El futuro es lo que nos gustaría tanto alcanzar que no deseamos que llegue.

Vale.

Ayer, 14 de julio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres anunciaba la apertura de un expediente a una concejala del grupo de gobierno, Montaña Jiménez, por vulneración de la Ley de Transparencia. Curioso, muy curioso, cuando la vulneración, la ilegalidad cometida por la concejala ha sido por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas.

Ocurrió que en una comisión se estudiaba un asunto urbanístico (qué si no, el urbanismo) que afectaba a terrenos propiedad del padre de la concejala. Por supuesto, todo esto con el Partido Popular.

La concejala en cuestión voto a favor de que la propuesta de que en los terrenos propiedad, entre otros, de su padre, se convierta en un parque de medianas superficies comerciales. La vulneración de la ley es clara y flagrante y no cabía otra solución que la de la dimisión de la concejala y de la anulación del acuerdo.

Inmediatamente la respuesta pública fue que el voto de la concejala no era determinante y que el asunto se iba a aprobar de todas maneras. Y en los dos medios escritos que se cuelgan en los quioscos de Cáceres aparecieron opiniones de juristas avalando la nimiedad del asunto. Con un par.

Si el asunto no era tal y ya parecía hasta amortizado, ¿a qué viene ahora que la alcaldesa del PP, Elena Nevado, impulse la incoación de un expediente por vulneración de la Ley de Transparencia?

Y a todo esto, ¿dónde carajos se esconde el PSOE, en una oposición que cada vez parece más que merecida?

Veamos.

La primera pregunta que surge no es si los terrenos son propiedad del padre de la concejala, que está confirmado, si no saber si sobre dichos terrenos tiene algún derecho familiar la concejala. Cuestión de herencias. ¿Ha preguntado alguien algo sobre esta posibilidad? ¿Y si dentro de unos meses, con todo el asunto ya aprobado definitivamente, el negocio ya formalizado, resulta que a concejala hereda las plusvalías?

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La segunda pregunta que surge es si la concejala sabía los pasos que su padre estaba dando para mejorar y desarrollar la condición urbanística de los terrenos. Lo mismo se trata de una familia desestructurada, en la que padres hijos y hermanos no se hablan y eso podría justificar desconocimiento. O no, o en la familia se habla de los intereses de todos.

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La tercera cuestión es, siguiendo el hilo de la segunda, si la concejala se enteró de momento de que el asunto de los terrenos de su padre se iba a ver en la comisión y no le dio tiempo a cumplir la ley y abstenerse.

Menos mal que era una cosa sin importancia…

La cuarta cuestión es si los propietarios de los terrenos, incluido el padre de la concejala del PP, habían mantenido reuniones con técnicos municipales o habían realizado consultas con ellos para preparar la documentación a presentar, algo que es habitual en la tramitación de documentos urbanísticos, que suelen ser complejos y que requieren de puntos de vista previos por técnicos municipales. Si las ha habido, como es seguro, a la oposición le cabe la obligación de conocer de esos técnicos las reuniones habidas, las cuestiones planteadas, la opinión que ellos han dado a los propietarios.

Porque, ¿seguro que la concejala del PP e hija de uno de los propietarios de los terrenos no ha asistido a esas reuniones, no se ha interesado personalmente por el asunto? Yo, no me lo creo, y sostengo que la oposición debería hacer que los técnicos afirmen o desmientan si la concejala ha participado en alguna reunión previa, si ha asistido a alguna toma de contacto entre propietarios y técnicos municipales, si se ha interesado personalmente por el asunto.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

Además, lo que se ha vulnerado por la concejala, del PP, por supuesto, es la legislación de régimen jurídico de las AAPP, y todo el asunto debería haberse anulado. Porque la ley no distingue entre un asunto menor o mayor, o un asunto en el que un voto sea o no decisorio. La ley es taxativa y la concejala debería haberse abstenido de participar en la reunión y de votar el asunto. No se trata de un asunto banal: es OBLIGACIÓN de la persona incursa en incompatibilidad la de abstenerse. Y si no lo hace y después se conocen las causas de esa incompatibilidad, deben anularse todas las actuaciones, todas.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

La oposición debe exigir la anulación de las actuaciones, la dimisión de la concejala del PP e investigar cuál ha sido su nivel de intervención en el asunto, si ha pedido a los técnicos municipales información interesada, si ha participado en reuniones previas a la presentación de la documentación, si después de presentada esta se ha interesado por su tramitación y por los sucesivos informes que se han emitido.

La actuación de la alcaldesa parece más un escudo por si luego suceden otras cosas. O es que alguien se puede creer que la concejala del PP no ha, al menos, comentado con la alcaldesa que estaba en tramitación un propuesta sobre terrenos de su familia. Increíble.

Vale.

El 23 de junio de 2012, José Antonio Monago, a la sazón presidente de la Junta de Extremadura, me hizo el honor de bloquearme en twitter por algo tan común a nuestros políticos de derechas: no soportan la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Ahora, mi honor tuitero se ve agrandado porque uno de los consejeros de la Junta de Extremadura, un tal Vergeles, me ha bloqueado por lo mismo, exactamente por lo mismo. Porque no soporta la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Malos políticos y pésimos gestores.

En Estatuto de Autonomía de Extremadura se asignan competencias como la gestión de la sanidad, la defensa de usuarios y consumidores o la protección a la discapacidad. Estas tres competencias las debería ejercer el tal Vergeles.

Malos políticos y pésimos gestores.

En materia de sanidad, hace ahora un año, el tal Vergeles hablaba (eso sí, eso le encanta, hablar, el discurso vacío, vacuo, inane) de que había que implementar de una vez la interoperabilidad de la receta electrónica porque era inconconcebible que los muchos extremeños que veranean en Matalascañas no dispusieran de las facilidades que se derivan de la interoperabilidad.

Malos políticos y pésimos gestores.

¿Qué ha hecho el tal Vergeles para conseguir la interoperabilidad de la receta electrónica entre Extremadura y Andalucía? Nada, absolutamente nada.

Malos políticos y pésimos gestores.

Porque le he preguntado en muchas ocasiones sobre este asunto, le he remitido públicamente tuits recordándole su competencia en la materia, me ha bloqueado, porque no soporta la crítica y porque es incapaz de contestar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Seguramente cansado de que se le recuerde su incompetencia (su verborrea no tiene límites) el tal Vergeles me ha bloqueado en twitter, donde presume de su cargo público y seguramente (esto no lo sé, quizás él lo aclare) utilice un móvil corporativo para tuitear, haciendo un uso privado de un bien público. Y en todo caso, si el móvil fuera particular, su ostentórea ostentación de cargo público resulta histriónica ante la realidad de su falta de respuesta.

Malos políticos y pésimos gestores.

En el área de competencias de la consejería que el tal Vergeles dirige (?) está la defensa de usuarios y consumidores. En más de una ocasión me he dirigido a él y a personal de “su” Consejería para demostrarles el maltrato que Renfe dispensa diariamente a los usuarios extremeños del ferrocarril, sin obtener respuesta. Bueno, una, del Instituto de Consumo de Extremadura… dando la razón a Renfe.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando vemos a diario informaciones sobre ese maltrato de Renfe a los usuarios extremeños, el tal Vergeles, consejero del ramo, calla, se esconde, no da la cara por los que le pagamos un sueldo que está demostrando, un día sí y otro también, que no merece, que no se lo gana.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe, además, incumple sistemáticamente sus obligaciones en materia de discapacidad, siendo más que frecuente que, por ejemplo, el aseo de uso por personas con algún tipo de discapacidad esté fuera de uso incluso antes de comenzar el trayecto, y este hecho se haya puesto en conocimiento de la Consejería, el tal Vergeles calla, se esconde y no da la cara por los extremeños que, desgraciadamente para nosotros, le tenemos que pagar el sueldo.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe desprecia el valor de la tarjeta de discapacidad que lleva el nombre de “Junta de Extremadura”, cabría esperar que la consejería del tal Vergeles hiciera algo al respecto, aunque solamente fuera por respeto a los profesionales que con sus valoraciones técnicas, diagnósticos e informes determinan el grado de discapacidad de una persona. Pero el silencio del tal Vergeles no solamente deja indefensa a la persona con discapacidad, sino que desprecia el trabajo de sus compañeros de profesión médica.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando en junio de 2012 el viajero Monago me bloqueó en twitter, era habitual ver a diario tuits del tal Vergeles criticando la política sanitaria del PP, y terminando todos sus tuits con una frase que ahora le viene al pelo: “Malos políticos y pésimos gestores”.

Al tal Vergeles no le deseo ningún mal, pero me gustaría verle en un tren averiado, tener que montar en un autobús y cruzar de Extremadura a Andalucía por carreteras secundarias, con una gastroenteritis fuerte y un esguince de rodilla, y tener que usar el aseo de un autobús en marcha por esas carreteras de la sierra norte de Sevilla. Se iba a cagar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Vale.

Ahora que el Canal de Isabel II quiere desprenderse de sus filiales en América Latina, también entran en el mismo saco Lanzarote y Cáceres. ¿Tan lejos nos ven desde Madrid?

El Canal, epicentro de la operación Lezo ha sido un nido de ladrones que ahora preside el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Cristina Cifuentes. La aparición de la noticia en los medios de comunicación ha hecho saltar todas las dotes de histrionismo de la Alcaldesa de Un Pueblo Con Rotondas. Ha dicho que de ninguna manera se puede hacer lo que quiere el Canal (vender la concesión) sin que ella lo sepa, que hay que vigilar todo lo que el Canal tiene que hacer en Cáceres… Vamos, que parece (solo parece, eh, no vayáis a creer otra cosa) que Elena Nevado se ha puesto hecha un obelisco.

Porque, como decía Jack El Destripador, vayamos por partes. La primera, muy curiosa, mucho, es saber si el PP de Madrid, a través de Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la CAM y del Canal, había informado a Elena Nevado antes de la Junta de Accionistas en la que se trató el asunto. O si Cristina Cifuentes llamó por teléfono a Elena Nevado para darle alguna noticia. Porque, no hay que olvidar que Elena, cada vez que puede, dice que ella es muy importante en su partido. Tanto como para que quienes toman decisiones sobre la ciudad de la que es alcaldesa la ignoren.

La segunda cuestión está en saber si antes de aparece como un histriónico actor secundario ante los medios para decir que bajo ningún concepto y sin pasar antes por las arcas caudinas municipales, Elena Nevado descolgó el teléfono para hablar con Ángel Garrido o Cristina Cifuentes para pedirles explicaciones. Y, en el caso hipotético (lo dudo) de que efectivamente hubiera llamado por teléfono, saber si se lo cogieron.

Vamos, que Cáceres no pinta nada para el Canal de Isabel II (salvo algún dinerillo que caiga cuando vendan la concesión) ni Elena Nevado pinta nada, pero nada, en el PP.

¿Qué relación tiene lo del Canal y su desprecio a la ciudad de Cáceres con el Matadero? Pues uno muy sencillo: la legislación de contratos de las administraciones públicas. En ambos casos, son concesiones administrativas (al Matadero todavía lo es) y en ambos casos habría de aplicarse la misma vara de medir.

¿Por qué Elena Nevado exige, más bien de boquilla, creo, que si el Canal quiere deshacerse o traspasar su concesión ha de pasar por los correspondientes acuerdos municipales y no exigió lo mismo cuando la Asociación de Carniceros de Cáceres traspasó, a uno de sus socios, bajo la apariencia de una gerencia totalmente ficticia, la concesión del Matadero?

Sería interesante que, en caso de que hubiera oposición municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, alguien le pidiera a la alcaldesa los papeles sobre cómo se hizo la transferencia de la concesión administrativa del matadero? Por ejemplo, para saber si tuvo conocimiento previo, si pidió informes sobre cómo se iba a hacer esa transferencia.

Claro que en el Ayuntamiento no hay oposición. Los de Cáceres Tú van a la máxima (remunicipalización del servicio, por ejemplo) pero se olvidan de la realidad que no les concierne. Los de Ciudadanos no son oposición, son los gorrillas que utiliza Elena cuando quiere aparcar algún asunto. Y la oposición que pudiera hacer el PSOE desaparece en dos segundos.

Porque la transferencia de la concesión del matadero, que yo sepa y he rebuscado hemerotecas para ver si algún plumilla servicial hubiera escrito algo, no pasó por ningún órgano municipal.

Sería interesante que alguien buscara en los documentos municipales cómo se hizo la transferencia de la concesión del matadero, si fue conocida por los órganos municipales, si alguien firmó el correspondiente placet municipal… Porque de boquilla, entre amigos y amigas no va eso de la ley de contratos.

Y porque el Canal de Isabel II venderá, al mejor postor que encuentre (¿Acciona, por ejemplo?) la concesión y el Ayuntamiento, encabezado por la actual alcaldesa dirá amén. Y si intenta alguna ligera oposición a la venta, entonces sí, entonces será cuando Cristina Cifuentes descuelgue el teléfono. Para darle las órdenes oportunas.

Vale.

Cuando la Junta de Extremadura ha anunciado la adjudicación a una empresa no extremeña del servicio de transporte sanitario (ambulancias) se ha montado un buen follón porque parece que se favorece a una empresa de fuera.

En un concurso público, lo primero que hay que ver son los pliegos de condiciones técnicas y las cláusulas administrativas. Si uno no está de acuerdo con esos pliegos, cuando se convoca el concurso, presenta alegaciones, el concurso se paraliza hasta resolver las alegaciones, y después continúa. En el concurso del transporte sanitario de Extremadura ¿se presentaron alegaciones a los pliegos por alguna empresa?

El concurso se resuelve con una adjudicación provisional y una adjudicación definitiva. En ambos casos, se pueden presentar incidentes administrativos, por la vía de los recursos previstos en la Legislación de Contratos, o judiciales, acudiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Se han presentado recursos contra la adjudicación provisional y/o definitiva o se ha llevado la adjudicación a los juzgados de lo contencioso?

El asunto político está en que se ha adjudicado el concurso a “una empresa de fuera” en contra de empresas extremeñas. Si el concurso es legal ¿por qué habría de adjudicarse a una empresa extremeña? ¿Sería legal un concurso público que impidiera a empresas de fuera presentarse?

Una cosa es el asunto político. Y otra la cuestión empresarial.

Ignoro, y por eso lo pregunto, si se han producido alegaciones a los pliegos, si se ha llevado la adjudicación a la jurisdicción contencioso administrativa.

Sí he podido leer que el llamado Consorcio de Transporte sanitario de Extremadura está formado por siete empresas, que llevan adjudicándose el transporte durante treinta años. Siete empresas prestando el mismo servicio. Siete empresas con siete estructuras societarias (Consejeros, Gerentes, Directores Generales…) más la estructura societaria del propio Consorcio.

Estas estructuras societarias, de cargos directivos y ejecutivos en cada una de las empresas, más los del consorcio, suponen un importante coste económico. Unos reinos de taifas (cada empresa una taifa) dentro de un reino dominante (el consorcio).

¿No se han planteado nunca esas siete empresas cambiar la estructura del Consorcio y constituirse en una única empresa, con una única estructura societaria? Lo más seguro es que si durante treinta años les ha ido bien, ¿para qué cambiar? Si durante treinta años han ido cayendo los contratos uno a uno sin mayor competencia, ¿para qué cambiar?

Cuando se habla de la capacidad empresarial extremeña, este caso arroja una luz interesante: empresas pequeñas, minifundios empresariales, que hacen una joint venture (un consorcio) que reparte el negocio sin amenazas externas. ¿Nunca han pensado los directivos de las siete empresas del consorcio que uniendo fuerzas y estructuras podían conseguir ser una empresa potente y, por qué no, aspirar a expandirse como hace la empresa “de fuera” que ha logrado la adjudicación? ¿No aspiran a poder ser adjudicatarios de servicios en Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Portugal…?

Lo que se está produciendo en este caso, con declaraciones públicas de “perjudicados” tienen un tinte xenófobo que echa para atrás. Que esos directivos de las siete empresas del consorcio de transporte sanitario de Extremadura digan que están en peligro los puestos de trabajo de los empleados es una falacia, porque este tipo de concursos lo que hace es garantizar la subrogación por la nueva empresa de los empleados que tuviera la anterior concesionaria.

Lo único que está en juego es la estructura directiva del Consorcio y de cada una de las siete empresas de ambulancias que durante treinta años se han repartido el pastel, pero que nunca se han planteado ser una sola empresa, más fuerte y más competitiva.

Y una pregunta final: ¿por qué se escandalizan de que sea una empresa “de fuera” la ganadora del concurso cuando ninguna de las ambulancias que hay ahora han salido de ninguna fábrica de coches de Extremadura?

Vale.

En una coyuntura convulsa como la actual, en la que la crisis económica sigue golpeando a los más desfavorecidos, mientras que los detentadores del poder económicos y sus voceros de los gobiernos afirman, sin pudor, que ya ha terminado, en tierras como la extremeña no se ven atisbos de mejora.

Y es en una situación convulsa como la actual cuando se aprecia, con absoluta nitidez, la indefensión en la que está sumida Extremadura. Indefensión frente a los golpes económicos, sociales y políticos que llegan desde fuera. E indefensión ante la apatía política y social de los propios extremeños.

Un pueblo adormecido por años de marginación y opresión, llevadas a cabo con la fuerza del poder económico, han convertido al extremeño en un dócil habitante de la tierra que, de prestado, ocupa.

Cuando nos vanagloriamos de ser un tesoro natural, de tener un medio ambiente envidiable, olvidamos, por ejemplo, que en gran parte esa situación de “conservación” del medio natural se debe a la oligarquía ejercida por la nobleza feudal, que dispuso de enormes superficies de tierras por las que discurría un venero de caminos de distintos tamaños, que comunicaban las enormes propiedad. La Mesta y su dominio sobre bienes y haciendas, solamente dejaba pequeñas ganancias en los burgos por los que discurría cañadas, caminos y veredas que eran la red por la que se movían las cabezas de ganado de los señores, yeyés, marqueses y condes.

La Mesta y su pervivencia durante siglos, junto con los grandes conventos que disponían de sus latifundios inmensos, han sido una de las claves del subdesarrollo, de la pobreza secular de esta tierra. Ni siquiera ahora, en pleno siglo XXI podemos hacer de aquellas cicatrices de dominación una oportunidad de negocio. Las cañadas, caminos, veredas, y las enormes dehesas son ahora igualmente indisponibles para la sociedad. Lo que los siglos precedentes era dominación de la nobleza que impedía su utilización en beneficio de los súbditos, ahora está teñido de una capa de verde ecológico que impide que esos enormes recursos sean puestos al beneficio de todos.

La influencia de la Mesta sigue siendo crucial. Como lo es la imposición en estas tierras del poder económico. Cuando se construyó la Central  Nuclear de Almaraz hubo tímidas protestas, que se acrecentaron contra la de Valdecaballeros, que finalmente se paralizó. Hoy en día, ese triunfo social sigue siendo objeto de venganza por el poder económico. La continuidad de la “vida de Almaraz” se va a decidir aunque ello ponga en riesgo la vida de miles de extremeños. El poder económico.

También el poder económico, que había apoyado sin vergüenza alguna, como hizo la Iglesia también, el golpe de estado de Franco recibió sus beneficios a costa de esta tierra. Mirar para otro lado cuando se hace público el dato de que 650.000 extremeños viven fuera de su tierra, es miopía de unos y cobardía de otros. La gran mayoría de esos extremeños fueron objeto de un genocidio económico por el franquismo, bajo la apariencia de un llamado Plan de Estabilización, de 1959, que no era otra cosa que poner los recursos, limitados, del país, al servicio de las burguesías vasca y, sobre todo, catalana. Y de esos recursos, lo único que podía aportar Extremadura era mano de obra barata, hombres y mujeres que, en sus mejores años de vida, fueron “emigrados” y que se convirtieron en mano de obra productora y reproductora.

Hoy nos encontramos con una tierra empobrecida a pesar de no ser pobre. Y con una población adormecida, anestesiada, cuyo único leit motiv vital parece quedar reducido a un “Virgencita, que me quede como estoy”.

Hoy, Extremadura está indefensa ante la potencia de los poderes económicos, dominantes en todas las escalas mundiales, y está indefensa ante una situación política nacional igualmente convulsa, en la que un presidente del gobierno está apoyado por un partido político que es más una banda organizada de ladrones y corruptos que otra cosa. Una situación política convulsa en la que los partidos políticos “emergentes” son incapaces de realizar un diagnóstico de la situación regional, porque están sometidos la vorágine interna de acaparar mínimas parcelas de poder insustancial. Una situación política en la que el partido que gobierna en la región forma parte de un partido que a nivel nacional elige a un inane ideológico sustentado por “ideólogos” que están de vuelta de casi todo y que tienen como único reclamo haber sido los muñidores de un olvidad, por inútil e ineficaz “Programa 2000”, con cuyos restos han armado un caparazón (que no un esqueleto) con el que revestir al rey desnudo. A la primera ráfaga de viento, el endeble caparazón volará y el rey  Pedro quedará desnudo en su inanidad.

Y en todo esto, a todo esto, con una historia de sometimientos a nuestras espaldas, los extremeños seguimos indefensos.

Indefensos ante los poderes dominantes que nos atenazan, e indefensos, sobre todo, ante nuestra propia incapacidad de gobernarnos, de alzar la voz (o de hacer propio el himno de Portugal, “as armas, as armas”), de mostrarnos, aunque fuera por una sola vez, fuertes ante el poder y fuertes ante nosotros mismos.

Así, mientras el brazo adormecedor del poder (las televisiones, los medios) se dedican a hacer diatribas contra las migajas que caen en tierras empobrecidas, esconden los manás multimillonarios que caen sobre sus benéficas industrias. Baste recordar el caso del hijo de emigrantes extremeños, Jordi Évole, que monta un demagógico programa contra Extremadura y el PER pero que no se atreve (no tiene agallas) porque no le dejan dar a conocer los miles de millones que el franquismo, y posteriormente la democracia han enterrado en Martorell. Porque la burguesía catalana, que es la que le paga no se lo permite, y él, que es agradecido (servil), no va a morder la mano que le da de comer. Y muy bien, por cierto.

Hacer que “nuestros tesoros naturales” sean de verdad nuestros, que los tesoros artificiales (Almaraz, centrales hidroeléctricas) también sean nuestros, que ya está bien de explotación, que ya está bien de expolio, es, desgraciadamente, una utopía.

Cuando vemos que un ministro del gobierno más corrupto que pueda existir se cachondea de la región y nadie le pone en su sitio, estamos viendo la nula fuerza que tenemos ante el dominio exterior.

Cuando vemos que se pretende alargar la vida de la Central Nuclear de Almaraz a costa de poner en peligro nuestras vidas y no hacemos nada por impedirlo, estamos asumiendo nuestra derrota.

Cuando Extremadura no cuenta ni para los propios extremeños, estamos asumiendo nuestra derrota.

Vale

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE es incuestionable. Los militantes han decidido. Pero que sea incuestionable no está exenta de análisis crítico.

Para empezar, las primarias han puesto en curso una nueva “forma de gobierno” del partido, con un claro matiz “presidencialista”. Si durante mucho tiempo se ha venido caricaturizando al PSOE eliminando la S de socialista y la O de obrero, ayer, 21 de mayo, el PSOE ha pasado a ser conocido como PS (Pedro Sánchez). Lo demás, sobra. La sobreactuación aduladora de seguidores, fieles, lacayos y vasallos, propios y advenedizos, han colocado al secretario general por encima del partido. Era de lo que se trataba.

A partir de ahora, le toca a PS gestionar la posición del partido en un amplio abanico de frentes abiertos. El primero, poco mediático, será la posición de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso sobre los PGE 2017. Quevedo concurrió a las elecciones generales del 26J bajo el paraguas del PSOE, en un convenio avalado y gestionado por el entonces Secretario General. Ahora, libre de ataduras, Quevedo negocia para “su” territorio dineros que el Partido Popular negará a otros territorios. ¿Avalará Pedro Sánchez la negociación de Quevedo? ¿Podrá impedir, en mor del acuerdo suscrito entre él mismo y Quevedo, que el voto de este apruebe unos PGE claramente antisociales? Personalmente, lo dudo. Aunque ahora Sánchez sea “el Partido”, no tendrá fuerza moral ante Quevedo. Y se producirá que un diputado de las listas del PSOE permitirá al PP la aprobación del PGE.

Durante los últimos días de campaña, Sánchez repetía, mitin tras mitin, que lo primero que haría como secretario general sería pedir la dimisión de Mariano Rajoy. La presentación de la moción de censura por Podemos, con la candidatura alternativa de Pablo Iglesias a la presidencia del Gobierno,  borra cualquier petición de dimisión: la mejor y más eficaz dimisión de Rajoy vendría por una moción de censura que lo desalojara de la Moncloa.

Hoy, un día después de que Sánchez haya resultado elegido secretario general de sí mismo, Pablo Echenique, Secretario de Organización de Podemos ha afirmado que están dispuestos a retirar su censura a Rajoy si el PS presenta la suya. Claro, que ya desde el “equipo” del PS se está diciendo que ahora no es el momento, que están ya con lo de su Congreso.

Las opciones que tiene Sánchez pasan por la moción de censura. Suya propia o la de Podemos. Porque pedir la dimisión de Rajoy cuando está en marcha, ya presentada una moción de censura, es de una inconsistencia supina. ¡Qué mejor modo de sacar a Rajoy de la Moncloa que sacando adelante la censura! Por pedir, que no quede.

Pedro Sánchez,  secretario general de sí mismo, está a merced de Pablo Iglesias: si no apoya la moción que ha presentado Podemos, le estará dejando todo el espacio de oposición. Cualquier moción de censura pasa por Podemos, pasa por quedar en manos de Pablo Iglesias.

La mayor victoria de las primarias no es el paripé o el mamoneo de ofrecer apoyos al nuevo secretario general. Cualquiera que conozca por dentro lo que era el PSOE, lo que ha sido en los últimos treinta y cinco años, sabe que las navajas están siempre, siempre, afiladas. Lo que ha sucedido ahora es que se han amplificado, se han visibilizado por su retransmisión por las redes sociales.

El lenguaje bélico, insultante, que vemos en las redes no son nada comparadas con la realidad. Convocar una asamblea para aprobar una lista para un congreso o para un ayuntamiento, aprobar la lista con un buen porcentaje de votos favorables (un 70%, por ejemplo), terminar la asamblea a las 11 de la noche y que a la mañana siguiente gente que no es del partido te diga: “pues anda, que anoche, a las tantas, estaban fulanito y menganito rajando bien de la lista que habiáis aprobado”.

Esto pasaba y esto pasa, retransmitido. Con una variable: el lenguaje bélico, soez, despreciativo.

En el PSOE han ido aumentando los militantes con carnet y han ido desapareciendo los socialistas. Y no se olvide, los militantes con carnet (los que buscan trabajo, aunque sea de Secretario General) no lo son, no son socialistas: son conversos. Y en tiempos de la Inquisición, los peores eran los conversos.

Vale.

En marzo de 2017 se colocaron en la Plaza Mayor de Cáceres las letras-imagen de la ciudad. Siete bloques de hormigón, diseñados por la arquitecta Elena Gil, ganadora del concurso convocado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Cáceres. El precio pagado por las siete letras fue de 16.000 euros.

Cuando se colocaron, ya se dijo por las autoridades que asistieron al magnífico evento que habría ocasiones en las que habría que retirarlas por casos de afluencia masiva de público a actos en la Plaza. No se hizo durante la celebración de San Jorge, patrón de la ciudad, ni durante la Semana Santa. No había peligro… aunque hubiera mucha gente.

La celebración del WOMAD sí fue un acontecimiento multitudinario que requería, por precaución, retirar las letras. ¿Qué precaución? Sin duda, aunque ninguna “autoridad” se atreverá a decirlo en voz alta, que los womeros, gente poco limpia, poco educada, podrían dañar las piezas.

Retiradas las letras para que no se dañaran durante el WOMAD, han sido devueltas a su ubicación… hechas un Cristo. ¿Cómo es posible? Si se retiraron, precisamente, para evitar daños.

El conocimiento público del destrozo, amplificado por la difusión en las redes sociales de las fotografías, la reacción municipal, especialmente de la alcaldesa de la ciudad, ha sido acorde: histrionismo político.

La alcaldesa, Elena Nevado, señala directamente a los trabajadores de la brigada municipal de obras, y les pide explicaciones y exigirá responsabilidades hasta el final. ¿Qué responsabilidades?

El Consorcio de la Ciudad Monumental pagó por las letras los 16.000 euros por los que fue adjudicada. Y se colocaron en la Plaza. A partir de ahí, ¿de quién es la responsabilidad de mantenimiento y seguridad de las letras? De entrada, los autores del del diseño podrían (y es para animarles a que lo hagan) pedir indemnización por daños y perjuicios a la propiedad intelectual.

Ahora bien. ¿En qué inventario de bienes, si es que lo hay, se han incorporado las letras? ¿En qué condiciones legales se han incorporado al inventario? ¿Tiene el Consorcio un inventario de bienes propios o al tratarse de una entidad con la finalidad de conservación y promoción de la Ciudad Monumental los bienes se adscriben al Ayuntamiento?

Porque si la alcaldesa de la ciudad y presidenta del Consorcio pide responsabilidades, le corresponde a ella aclarar en qué ámbito de la administración recae la de custodio, conservación y mantenimiento de las letras, que han de tener la consideración de bienes de valor cultural y artístico. Seguramente, la máxima responsable sea… la propia alcaldesa, bien por su cargo como tal, bien como presidenta del Consorcio.

Cuando las letras se colocaron en la Plaza ya se sabía que podrían ser puntualmente retiradas. Al tratase de bienes que han de tener la consideración de bienes culturales, es obligación de los responsables establecer, por ejemplo, los protocolos a seguir para su retirada y devolución. ¿Alguien cree que en el Museo del Prado se le puede decir a cuatro trabajadores de mantenimiento que cojan el cuadro de Las Meninas y lo lleven al hotel Ritz, sin explicarles cómo han de hacer el traslado? Pues aquí parece que ha pasado.

A los trabajadores de la brigada de obras les dicen que retiren las letras y ellos las retiran. Nadie parece haberles dicho cómo y, lo que es más grave, nadie ha tenido la precaución de establecer los procedimientos. ¿Para qué?

¿No sabía la alcaldesa y presidenta del Consorcio que las letras, tras el concurso de ideas, son bienes con valor cultural que requieren mantenimiento y conservación y que están protegidas por la propiedad intelectual?

¿En qué inventario y en qué condiciones figuran los datos de las letras? Que se haga público.

¿Qué normas de mantenimiento y conservación se han establecido por los órganos de dirección responsables, Ayuntamiento y Consorcio? Que se hagan públicas.

¿Quién ordenó la retirada de las letras y el motivo de esa retirada? Que se haga pública la resolución correspondiente. O que se diga quién, con competencia de dirección, ordenó la retirada de las letras.

¿Qué instrucciones, y por qué cargo, político o técnico, se dieron a los trabajadores de la brigada de obras para proceder a la retirada de las letras? Que se hagan públicas las instrucciones y el nombre del responsable político o técnico.

Hacer recaer en los trabajadores el daño causado, (irreparable como dice la propia autora, ya que los parches se notarán siempre), como hace la alcaldesa, es un ejercicio de sobreactuación, de histrionismo político.

Que comience, la máxima autoridad municipal, por hacer creíbles las responsabilidades en cada ámbito de actuación.

Que el Consorcio de la Ciudad Monumental, formado también por Diputación Provincial y Junta de Extremadura, y a cuyo cargo se abonaron los 16.000 euros que costaron las letras, sean los que determinen qué responsabilidades han de exigirse, incluidas las que hubiere por no haberse previsto los mecanismos de mantenimiento y conservación.

Pero que dejen en paz a los trabajadores.

Vale.