Cerca de las retamas

La sementera del CEO.

Como consecuencia de la TRAMA urdida en torno a la Desaladora de Escombreras, en la que tuvo un papel muy destacado Ramón Jiménez (a) Pedro Enrique, la Asamblea Regional de Murcia puso en marcha una “Comisión Especial de Investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la Desalinizadora de Escombreras”, que el 9 de marzo de 2017 aprobó las Conclusiones y Propuestas que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional el 12 de marzo siguiente.

En este punto, conviene recordar, como ya hemos publicado anteriormente, que Pedro Enrique (a) Ramón Serrano fue un importante cargo societario en HYDRO MANAGEMENT SL, desde 2005 hasta 2015, que también ocupó cargos en TEDAGUA y fue director general en empresas del Grupo Cobra, todas ellas que el juzgado nº 5 de los de Murcia, incluye como responsables civiles subsidiarias. Estas empresas pertenecían al grupo ACS.

A continuación no vamos a reseñar todas las conclusiones, sino aquellas en las que se mencione a algunas de las empresas con las que tuvo vinculación el actual CEO en España de una empresa minera australiana.

Primera. Nos encontramos con una trama empresarial público / privada idead por los señores Valcárcel [a la sazón presidente de la Comunidad Autónoma y encausado en el sumario “La Sal II”] y Cerdá [miembro del Consejo de Gobierno presidido por el anterior y procesado en este mismo caso], con la complicidad del grupo empresarial ACS, con el objetivo de dar cobertura a la especulación urbanística que planteaba la recalificación de más de 180 millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas en los 45 municipios de la región. En ningún momento se planteó destinar ese agua a los agricultores o a los núcleos de población ya existentes.

Segunda.- Sin que constara documento, informe, estudio de necesidades o petición de Administración pública alguna, se diseñó un entramado societario que logró evitar, con absoluto desprecio a la normativa de contratación administrativa, la licitación y concurrencia pública para la construcción de la planta desalinizadora a través de empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio.

Cuarta. Se firman contratos comprometiendo a los municipios una cantidad de agua tres veces superior a la que podía producir la planta de Escombreras a pleno rendimiento.

(…)

Quinta.- Es evidente que la trama de empresas del mismo grupo COBRA realizaron contratos entre sí, cuestión esta que resulta sorprendente pues era perfectamente conocido que el mercado de la desalinización de agua era un negocio ruinoso, tal y como declararon los directivos del grupo ACS [entre ellos Ramón Jiménez] en su comparecencia ante la Comisión.

(…)

Sexta.- Mese antes de que el Ente Público del Agua constituyese la sociedad pública HIDRONOSTRUM SL, los señores Valcárcel y Cerdá ya tenían tomada la decisión de participar en el proyecto de desalación de la empresa HYDRO MANAGEMENT SL, propiedad en su integridad del Grupo Cobra, que a su vez es [era] propiedad del Grupo ACS.

Novena.-

(…)

De esta manera, con la compra de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. por parte de la empresa pública HIDRONOSTRUM SAU la Administración regional asumió como propias las obligaciones derivadas de los contratos con HYDRO MANAGEMENT S.L. (de arrendamiento por 25 años) y TEDAGUA (de operaciones y mantenimiento por 25 años), que puede suponer un coste de alrededor de 600 millones de euros a las arcas públicas.

Decimocuarta.- Las empresas del Grupo COBRA presentes en DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A., se aseguraron la venta de agua, sea consumida o no, a la empresa íntegramente pública, HIDRONOSTRUM SAU. Por consiguiente, la viabilidad económica de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. y, por tanto, los pagos de esta de los contratos suscritos con las empresas del grupo COBRA, para el arrendamiento de la planta con HYDRO MANAGEMENT SL y para las operaciones y mantenimiento con TEDAGUA. En definitiva, una trama perfectamente organizada que, a priori, beneficiaría al grupo COBRA a cuenta del erario público, se consumiese o no el agua producida. La Entidad Pública del Agua y el grupo COBRA lo único que no habían previsto fue la llegada de la crisis económica a partir del año 2008, con la consiguiente disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de l Región de Murcia, fue la causa de los impagos de HIDRONOSTRUM SAU a DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A. y, por tanto, de esta a las empresas HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA.

Decimosexta.- La Desaladora de Escombreras ha estado captando agua de la dársena sin las autorizaciones y licencias necesarias. Además, la captación de aguas en la dársena de Escombreras ha sido otro de los muchos errores de este proceso dada la calidad de las aguas en tal lugar, debido, sobre todo, al tipo de barcos que atracan allí.

Decimoséptima.- Queda en evidencia que desde enero de 2011 DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU (en ese momento propiedad 100% de HIDRONOSTRUM SAU) tiene problemas graves de liquidez que el imposibilitan hacer frente a sus obligaciones con HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA, lo que provoca sendas reclamaciones de deuda por la vía judicial y una deuda actual de 23,4 millones de euros.

Decimoctava.-

(…)

La desalinizadora es viable económicamente si se liberara de las desproporcionadas cargas de la trama contractual y societaria le ha irrogado y que eleva de forma ostensible el coste de producción por encima de niveles asumibles por el mercado. (…)

Decimonovena.- Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantes miembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL, TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia.

Como puede apreciarse, en el eje de toda esta trama corrupta, está la empresa HYDRO MANAGEMENT SL (con Ramón Jiménez en su estructura societaria hasta su cese en 2015 como presidente), TEDAGUA (de la que era Representante hasta 2014) y Grupo COBRA, de una cuyas direcciones generales fue titular, por lo que su dilatada experiencia en sortear normas y reglamentos le viene muy bien para una empresa minera, sabiendo que históricamente, estas sociedades en España han sido muy escurridizas. Y no digamos para quienes, como empresarios locales prueben a hacer contratos con ellas.

Vale

… continuará…

Algo de esto pasa con el CEO.

En las entradas anteriores de esta serie he venido desgranando algunas cuestiones sobre la Desaladora de Escombreras, en cuya gestación, ejecución y cobro (todavía pendiente) intervino muy destacadamente el llamado CEO de Cáceres (como hubo un Bobo de Coria, por ejemplo).

El CEO de Extremadura New Energies está procesado, pendiente de juicio, en Murcia por el asunto de la desaladora. Una desaladora que gracias, en gran parte, a Ramón Jiménez (a) Pedro Enrique, le puede costar a los contribuyentes murcianos la friolera de 600.000.000 €, y cuya TRAMA será esclarecida, más pronto que tarde, cuando se abra juicio oral, tras resolver el juzgado unas últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía.

Las prisas con la presentación hoy mismo del anteproyecto de la explotación minera no vienen de Australia, sino de las prisas que tiene el CEO Ramón por aprobar cuanto antes al menos uno de los hitos que tiene firmados, por un suculento bonus de 750.000 acciones.

De hecho, en la web nodriza de Infinity Lithium no aparecía esta mañana ni aparece esta tarde la misma información colgada en la web de chichinabo de España. Solamente la presencia de David Valls Santos para apoyar al CEO le da un cierto rango.

El CEO necesita cuanto antes ir marcando hitos, antes de tener que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Murcia y responder a muchas preguntas. Y con la particularidad de que las imputaciones señaladas por la jueza el 3 de marzo de 2020 son de índole penal: Prevaricación, Malversación de caudales públicos, Administración desleal, Fraude, Fraude de subvenciones y Falsedad continuados… no podrá sortear las peticiones que formule la fiscalía, puesto que las empresas en las que estaba presente durante la producción de la TRAMA, están también incluidas en la demanda judicial como Responsables Civiles, lo que significa que si es condenado, junto con algunos colegas más, serán las empresas las que deban abonar las indemnizaciones correspondientes.

Y en mis anteriores entradas he ido recogiendo diversos aspectos que, algunos, fueron objeto de incluso de aparición en noticias de prensa y otros por otras fuentes, pero aún faltan más acciones de las llevadas a cabo por Ramón Jiménez et al. y que si las autoridades locales (Cáceres) y regionales (Extremadura) no saben, no pueden o no se atreven a cortar, terminarán depositando en nuestra región el huevo de la serpiente de la corrupción.

Es más, conociéndose como ya sucede, en muchos ambientes cacereños y extremeños parte de la trayectoria del CEO, cerrar los ojos en la tramitación de la mina de litio en un lugar tan cercano, obscenamente cercano, como Valdeflores, siempre subyacerá si no se han repetido o se repetirán TRAMAS como las de la desladora de Escombreras.

Vale

… continuará…

Lo que decía la prensa en 2016 (II)

//Transcribimos literalmente la información publicada en el Diario La Opinión de Murcia, actualmente del grupo Prensa Ibérica, el día 27 de febrero de 2016, firmada por M.J. GIL, a las 20:51 horas. Al final de esta entrada se colocará el link correspondiente.//

El fiasco económico que ha originado la desaladora de Escombreras ha llevado a la planta a acumular deudas hasta con la Iglesia. La empresa Tedagua, del grupo ACS (presidido por Florentino Pérez), responsable del mantenimiento de las instalaciones destinadas a la desalinización, y el desaparecido Ente Público del Agua, dependiente de la consejería de Agricultura y ahora integrado en Esamur, deben ya casi 20.000 euros a la parroquia Santiago Apóstol de Cartagena, situada en el barrio de Santa Lucía, por el alquiler de los terrenos que ocupa el depósito que distribuye los caudales ya tratados a los municipios de Cartagena, Torre Pacheco y Murcia.

El contrato de arrendamiento contempla una compensación adicional por la ocupación de los terrenos situados en el monte Calvario por los que discurren las líneas de alta tensión que alimentan las dependencias del depósito. Este documento está firmado por el párroco, Sebastián Chico, y por el que era gerente del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer. También lo rubrica el representante de Tedagua, Ramón Jiménez Serrano.

Además, la parroquia de Santiago tiene arrendados a la desaladora 10.123 metros cuadrados, por los que debe percibir 0,71 céntimos de euro más IVA anuales. Las dificultades que han llevado a la Comunidad Autónoma a retrasarse en los pagos a las empresas de ACS promotoras de la planta también la han convertido en morosa con una parroquia situada en uno de los barrios más modestos de Cartagena. Según ha podido saber LA OPINIÓN, la Comunidad y Tedagua deben el arrendamiento correspondiente a los años 2014 y 2015 , lo que elevaría la deuda cercana a los 20.000 euros. Además, el contrato contemplaba la ejecución de algunas obras en el monte Calvario por parte de los inquilinos, que no han llegado a materializarse.

Aunque la planta de Escombreras fue inaugurada en 2007 y entró en funcionamiento en 2009, la empresa responsable del mantenimiento de la planta y el Ente Público del Agua, que ahora está integrado en la sociedad responsable de las desaladoras Esamur, no firmaron el contrato de arrendamiento con la iglesia de Santiago Apóstol de Cartagena hasta julio de 2010. Los representantes de la desaladora ocuparon los terrenos propiedad de la Iglesia sin pedir la autorización previa. Por esta razón, en el documento se establece también el pago de 12.600 euros como compensación por la utilización de los terrenos del monte Calvario entre los años 2007 y 2009 con efecto retroactivo.

La construcción se enfrenta ahora a otro problema originado por la anulación del Plan General de Cartagena por parte del TSJ a raíz de un recurso del empresario Tomás Olivo. Al volver a estar en vigor el planeamiento anterior, los terrenos que ocupa el depósito están calificados como zona verde, quedando fuera de la legalidad urbanística.

Vale

… continuará…

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/02/27/desaladora-debe-20-000-euros-32090762.html

Lo que decía la prensa en 2016

//Transcribimos literalmente la información publicada en el Diario La Verdad, del grupo Vocento, el Miércoles, día 06 de julio de 2016, firmada por RICARDO FERNÁNDEZ, a las 11:27 horas. Al final de esta entrada se colocará el link correspondiente.//

//El Fiscal Diaz Manzanera es en la actualidad el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.//

Las supuestas irregularidades en la desalinizadora de Escombreras no se habrían limitado a los graves hechos desvelados en una declaración ante la Guardia Civil por quien durante casi siete años fue el máximo responsable de la planta, M.A.G.F., y de los que ‘La Verdad’ informó en exclusiva: supuesta manipulación del medidor de arsénico en el agua potable para que siempre marcara lo mismo; presuntas maniobras para que ‘engañar’ a los detectores de turbidez del agua; inoperancia de los sistemas destinados a eliminar las grasas y aceites flotantes; fallos de diseño que impiden a la planta funcionar al 100% de su capacidad; vertidos de salmuera y de sustancias químicas prohibidas que pondrían en riesgo el medio ambiente marino; permisos mal gestionados…

Antes de esa reveladora declaración ante los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, realizada el pasado día 16, este antiguo jefe de las instalaciones y exdelegado de la compañía Tedagua en Murcia ya había ofrecido su testimonio al Fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente de la Región, José Luis Díaz Manzanera, sobre otro asunto no menos controvertido: el supuesto pago de comisiones económicas a dirigentes de Tedagua, por parte de los proveedores de la planta, para que se acelerara el pago de las facturas pendientes. Un asunto que ya salió a la luz el pasado abril, cuando trascendió un vídeo grabado por un empresario cartagenero, Jesús G. F., dueño de un negocio de pinturas contratado para trabajar en la desaladora, mientras abonaba una presunta mordida de 4.500 euros al entonces jefe de Administración de la instalación, Joaquín Peña, para desbloquear unas facturas.

El fiscal Díaz Manzanera citó al ex responsable de la planta, M.A.G.F., en calidad de imputado, para establecer qué grado de conocimiento podía tener de esos comportamientos presuntamente ilícitos, que inicialmente podrían ser calificados como un presunto delito de corrupción entre particulares.

El antiguo jefe de planta relató un supuesto intento de los responsables de Tedagua por cargarle la responsabilidad de algunas irregularidades que se habrían cometido en la gestión de las instalaciones. «Le dijeron a Nicolas B. (jefe de mantenimiento y que también fue despedido) que si declaraba que yo estaba cobrando comisiones, él quedaría limpio. Y al proveedor de la empresa Pidegal le dijeron que declarara contra mí o que no cobraría las facturas».

M.A.G.F. manifestó que él se limitaba a dar el visto bueno a la documentación que le presentaban sus subordinados: los citados Nicolás B. y Joaquín Peña, así como Luis L., el responsable de Operación y Red de la planta.

«Yo no tengo conocimiento de que por parte de nadie de la empresa se haya estado pidiendo dinero a los proveedores a cambio de agilizar la facturación», afirmó.

Cuando el fiscal le interpeló acerca de si había visto el vídeo con el presunto pago de una mordida, el antiguo jefe de las instalaciones reconoció que estaba al corriente de su existencia, aunque manifestó que «desconozco las razones por las que Joaquín Peña está recibiendo ese dinero (4.500 euros), ni sé si este llegó en alguna otra ocasión a cobrar más dinero».

Más irregularidades

Eso no impidió que, seguidamente, reconociera otra supuesta irregularidad que se venía produciendo en la gestión de la planta desaladora de Escombreras. «Sí me consta que para hacer regalos de Navidad, en concreto yo, le propuse a los proveedores que facturaran por trabajos que no habían realizado. Realmente no realizaban esos trabajos, que fueron por un importe de 3.000 o 4.000 euros y que eran cantidades que pagaba (la compañía) Cobra como gastos de explotación (de la planta)».

El jefe de las instalaciones explicó que «la empresa tenía por norma no meter esos ‘gastos’ como ordinarios, por lo que me propusieron hacer esa actuación de las facturas falsas. Eso me lo propuso mi jefe, Ramón Jiménez, que me mandó a Pedro Motas, que en ese momento era el responsable de la otra delegación de Murcia».

M.A.G.F. reconoció haber actuado de esa manera en dos fechas navideñas distintas, las de 2009 y 2010, «mientras el resto de los años entró Miguel Ángel Fernández, que es el que ha sustituido a Ramón Jiménez, y que ya le dijo que no se hacían más regalos puesto que no nos pagaban».

Entre las revelaciones ofrecidas al fiscal por este exdirectivo de la desalinizadora figura que las cestas de Navidad eran enviadas a altos responsables del Ente Público del Agua (EPA), un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura. Entre estos se encontrarían José Manuel Ferrer (gerente del EPA), el director técnico, Cirilo García, y María Dolores Sánchez, una técnico con despacho en la propia planta. «A Andrés Arnaldos (abogado y miembro del Consejo de Administración) se le mandaba otra cesta, pero de esa gestión no me encargué yo», señaló.

M.A.G.F. manifestó que «a los proveedores de la planta se les consultaba para realizar esas facturaciones y normalmente aceptaban». Como ejemplo de los manifestado ofreció los nombres de las sociedades Servicios Integrales de Cartagena y Mantenimientos La Unión.

El declarante se ofreció a aportar diversa documentación que tenía en su poder con el fin de probar sus manifestaciones.

Fuentes próximas a la investigación sobre las presuntas mordidas para acelerar el pago de facturas, así como sobre las supuestas facturas falsificadas para regalar cestas de Navidad a responsables del Ente Público del Agua (EPA), indicaron que previsiblemente se presentará una denuncia por parte de la Fiscalía, en las próximas semanas, ante los juzgados de Cartagena.

Vale

… continuará...

https://www.laverdad.es/murcia/201606/29/responsables-desaladora-falsificaron-facturas-20160629014940-v.html

El cielo del CEO

La información que transcribo a continuación, en su idioma original (inglés) es pública, remitida por la sociedad Infinity Lithium, a la bolsa australiana, para dar conocimiento al nombramiento de Ramón Jiménez Serrano como Director Ejecutivo (CEO). Es decir, que antes de esta designación, el sr. Jiménez Serrano no ostentaba esa denominación. La legislación en materia de sociedades cotizadas en bolsa requiere que cualquier cambio relevante en la estructura societaria de una empresa, debe comunicarse incluyendo los datos fundamentales de retribuciones en cualquiera de sus contrapartidas.

Por tanto, a continuación se incluyen las retribuciones del Sr. Jiménez, tanto en salarios como otros elementos retributivos.

EXECUTIVE APPOINTMENT KEY TERMS AND APPENDIX 3X

With reference to the ASX announcement made on 6 September 2022 and in accordance with ASX Listing Rule 3.16.4, Infinity Lithium Corporation Limited (‘Infinity’, or ‘the Company’) advises the key terms of the appointment of Ramón Jiménez to the Board of Infinity. Ramón was appointed as CEO of the Company’s wholly owned Spanish subsidiary Extremadura New Energies in Q1 2022.

The Company also attaches an Initial Directors Interest Notice for Mr Jiménez to this announcement.

Ramón Jiménez – Key Terms of Employment

Annual Salary: EUR 200,000 (AUD 292,000) per annum (subject to annual review).

Discretionary Bonus: Up to 50% of Annual Salary based on performance targets.

Performance Rights: 1,250,000 Performance Rights (“Class A”) that vest upon the reinstatement of Investigation Permit Valdeflorez (‘PIV’) and Investigation Permit Ampliacion Valdeflorez (‘PIAV’) remaining in good standing, in relation to the San José Lithium Project, expiring 29 August 2025.

750,000 Performance Rights (“Class B”) that vest upon the Company obtaining all relevant approvals and permits required to commence land modification and construction in relation to the San José Lithium Project. These approvals are as required from Local Cáceres Council for development on the land on which the San Jose Lithium Project is located, expiring 29 August 2025.

750,000 Performance Rights (“Class C”) that vest upon the Company obtaining all Environmental Permits required for the approval and development of the San José Lithium Project under an Exploitation Concession (Mining), expiring 29 August 2025.

750,000 Performance Rights (“Class D”) that vest upon the Company obtaining required financing and reaching a ‘decision to mine’ stage in which the project development for the San José Lithium Project is initiated, expiring 29 August 2025.

Termination: 6 months written notice (without cause). Immediate with cause.

There are no additional director fees payable to Mr Jiménez as a result of his appointment to the Board of the Company.

The announcement was authorised by the Managing Director. For further inquiries please contact.

Ryan Parkin Lucas Robinson

CEO & Managing Director Corporate Storytime Investor Relations

T: +61 (8) 6146 5325 T: +61 (0)408 228 889

E: rparkin@infinitylithium.com E: lucas@corporatestorytime.com

Vale

… continuará…