Archivos para Litio

La titularidad dominical de los derechos mineros en España le corresponde al Estado, que es, a través de los instrumentos legales, básicamente, la Ley de Minas, quien concede permisos de investigación y explotación de esos derechos. Por tanto, las empresas mineras realizan sus actividades extractivas y, subsiguientemente, económicas mediante la figura jurídica de la concesión administrativa.

Artículo segundo.

Uno. Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso. (Ley de Minas)

En el caso de la mina de San José de Valdeflórez, impulsado por la empresa australiana Infinity Lithium (75% del capital) y Valoriza Minera (25%, del grupo SACYR), en el entorno inmediato de la ciudad de Cáceres, hasta ahora los grupos ecologistas y algunos grupos políticos se han venido manifestado como reacción a las diversas informaciones producidas, básicamente, por la propia minera, que tiene la pretensión de extraer litio durante más de 20 años.

El litio, mineral de progresiva alta demanda por la electrificación no solo de automóviles, sino de otros muchos elementos que precisan baterías de ese mineral, pertenece, por derecho, al Estado, si bien, mediante la aplicación de la legislación básica en la materia y de las transferencias autonómicas, es a la Comunidad Autónoma, a través de su ejecutivo, la Junta de Extremadura a quien corresponde la tramitación de los proyectos, desde los permisos de investigación hasta los proyectos de extracción y de reposición ambiental.

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de su alcalde, Luis Salaya, ya ha manifestado su posición contraria al establecimiento de una mina a cielo abierto tan cercana a la población.

A mi juicio, cabría ir un paso más allá, pasar de la reacción ante las acciones e informaciones de la empresa minera, a la acción administrativa que cabe interponer. Si dejamos transcurrir todos los procedimientos, y conforme a ellos, sin oposición jurídica suficiente, se aprueban los proyectos de la minera, no tendríamos más que aceptarlos, aunque sea a regañadientes.

Le corresponde al Ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos plantear, ante el Ministerio de Transición Ecológica, en el que radican ahora las competencias básicas del Estado en materia de minería, la impugnación del derecho minero sobre San José de Valdeflórez. Es decir, que el Estado, que es competente para ello, por ser, en definitiva, el titular dominical de los derechos mineros, dictamine que en el entorno de la ciudad, con un radio de acción suficiente, no se pueden ejercer derechos mineros que no hayan obtenido la total aprobación de los proyectos al día de la fecha, y se eliminen las correspondientes cuadrículas mineras en ese espacio.

De ese modo, la empresa minera no podrá ser titular una concesión administrativa (la extracción de mineral) en un espacio que haya sido declarado exento de derechos mineros.

El Ayuntamiento, mediante informes jurídicos y socio sanitarios solventes, y en acuerdo plenario, será el que inicie ante el Estado la impugnación de esos derechos, al tiempo que solicite, de modo fundado, que en tanto se resuelve la impugnación, quedarán paralizadas todas las tramitaciones que hubiera en curso en el espacio señalado, tanto permisos de investigación como de explotación de minerales.

Al mismo tiempo que se tramita ante la Administración General del Estado la impugnación de los derechos mineros, se ha de tramitar ante la Junta de Extremadura la paralización de todos los actos administrativos en curso, tanto permisos de investigación como de explotación que hubiera. No sería hasta que la impugnación estuviera resuelta, a favor de los intereses de la ciudad de Cáceres, o en contra, cuando podría continuarse la tramitación.

Vale.

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En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.

Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.

Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.

La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.

Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.

Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.

Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.

En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.

El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.

Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.

La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.

Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.

Vale.

            Cuando una empresa australiana, ahora denominada Infinity Lithium se asoció con una del grupo SACYR, Valoriza Minera, para poner en marcha estudios de investigación en la antigua mina de Valdeflores, en Cáceres (denominado por la compañía australiana Proyecto SanJosé), y dieron a conocer los primeros datos favorables a la existencia de una significativa veta de litio, la reacción de los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres fue dubitativa.

            Con el paso del tiempo, a medida que avanzaban las prospecciones de investigación, se fue conformando una corriente de opinión pública en la ciudad, contraria a que, finalmente, pueda activarse la mina y comenzarse la extracción del mineral.

            El “No a la mina” caló entre los dubitativos grupos municipales (PP, PSOE, Ciudadanos y CaceresTú –Podemos), de manera que solamente los ultraliberales de Ciudadanos parece que se muestran favorables a la explotación minera, aunque no den razones convincentes. Algo parecido a cómo los mismos concejales eran los únicos que apoyaban al PP en el parking de Primo de Rivera. Luego se supo que uno de los ediles de Rivera era vendedor de plazas de garaje…

            Ahora, parece que todos los grupos llevarán en su programa electoral el “No a la mina” y es muy probable que Ciudadanos no quiera quedarse solo.

            Hoy, en una entrevista en una gacetilla local, el Presidente de la Junta, Fernández Vara, no manifiesta su posición a favor o en contra, sino “a favor de la legalidad”. El PSOE local ya ha manifestado su posición contraria. Veremos.

            En todo este tiempo, se ha pretendido modificar el PGM para proteger los terrenos donde se encuentra el yacimiento de litio, se ha pretendido (y se ha dicho por el Partido Popular) que la explotación es incompatible con el plan urbanístico.

            En estas estaremos cuando llegue la campaña electoral de 2019. Todavía no estará resuelta, probablemente, la tramitación administrativa que determine si se concede el permiso de explotación o no y el “No a la mina” será una punta de lanza de los discursos.

            Todo ello, en vano.

            Me explico. Si como parece por lo que tiene publicado en su página web la empresa australiana (https://www.infinitylithium.com/project) sobre “San Jose Lithium Project” la veta de litio es lo suficientemente interesante desde el punto de vista económico, seguirá adelante diga lo que diga la corporación municipal que se forme después del último domingo de mayo de 2019.

            Si a la empresa minera le satisfacen los datos económicos para comenzar la extracción de un mineral que se ha vuelto muy atractivo por la demanda de baterías de litio que irá en aumento en el futuro, tendremos mina sí o sí.

            Las negativas administrativas que puedan resolver el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura se solventarán en los tribunales. La empresa minera recurrirá la concesión y seguramente gane.

            Hasta ahora no he visto en ninguna de las gacetillas locales de Extremadura ni en opiniones difundidas por responsables políticos cómo ganar en los tribunales si la minera recurre a ellos. En ese caso, habrá que olvidarse de las competencias que la Comunidad Autónoma tenga en el Estatuto, y habrá que olvidarse de las competencias municipales en el planeamiento urbanístico. Supongo que en la Corporación Municipal, con algunos licenciados en derecho, incluida la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, y en distintos cargos de la Junta de Extremadura, sabrán que en el ordenamiento jurídico español existe una prevalencia del derecho minero sobre otros. Buscar en internet entradas sobre esta prevalencia aclara dudas.

            Valdría más preocuparse por cómo establecer unos principios jurídicos sobre los que no pueda hacer ningún ejercicio de prevalencia la empresa minera. Es complicado, pero seguramente los haya.

            De acuerdo con la legislación de los derechos mineros en España y con una amplia jurisprudencia a favor de estos, el futuro de la Mina de Valdeflores (o de San José) dependerá de si su explotación resulta rentable. La economía manda.

            Vale.