Archivos para Infinity Lithium

La minera australiana juega al escondite inglés.

La empresa Infinity Lithium Ltd no siempre se ha llamado así, sino que ha tenido algún que otro nombre, que ha borrado convenientemente para que el pasado no la persiga, como persigue a su canguro que vemos saltando por nuestras tierras.

Antes, antes de aparecer por Cáceres, la minera australiana no se llamaba Infinity, sino Playmouth Minerals, concepto que sirve de ligar la toponimia en la que asienta su búsqueda de money con su adn. Por eso, ahora han adoptado un nombre, Extremadura, ligado a un concepto que piensan que puede ser atractivo, New (nueva) con el adn en el que rascar la pasta. Han evolucionado de minerals a energías, olvidando el peso gordo del litio. En realidad ya lo habían utilizado antes, con Tecnología Extremeña del Litio, pero quedaba anticuado (nada de inglés) y soso. Fichando a un shark y cambiando el nombre, la gente olvidaría y se borrarían las hemerotecas.

Porque, como diría el Gran Wyoming, queridos niños, los de Plymouth Minerals tienen un pasado. Y no precisamente glorioso. Que, además, lo quieren repetir aquí, en Cáceres. Ni que decir tiene que en todo el entramado que a continuación se expone andaba metido un tal Adrian Byass.

En el entorno de la ciudad de Plymouth, en el condado de Devon, existían de antiguo unas minas, Drakelands o Hermerdon, de wolframio, cerradas, pero que en 2007, una empresa australiana pretende volver a explotar. Se llama Wolf Minerals, porque los precios globales están aumentando y es económicamente viable. La firma dijo que se podrían crear 500 puestos de trabajo.

La recesión global en 2009 derribó los planes para la mina de tungsteno, pero Wolf dijo que todavía estaba comprometida.

En 2011, el Gobierno aprueba la licencia de obras de la mina y recibe un resultado positivo de su Estudio de Viabilidad Definitivo (DFS). Todo marcha y fluye.

Se construye en 2012 una carretera de enlace de 600 m, tres bancos aprueban una hipoteca de 55 millones de libras esterlinas, los préstamos alcanzan los 130 millones de libras esterlinas y Wolf abre una oficina en Plymouth y comienza a contratar ejecutivos. Eso, lo primero.

Wolf revela en 2013 un plan para restaurar la mina Drakelands después de 10 años de excavación y compra obligatoriamente 15 casas en Hemerdon para dar paso al pozo a cielo abierto. Termina el año al obtener el permiso vital de la Agencia de Medio Ambiente para continuar con el desarrollo.

En 2014 (siete años después) el trabajo comienza en in situ, la instalación de residuos ocupa el primer lugar en la lista seguida de la enorme planta de procesamiento. Más de 300 personas están trabajando. Wolf dijo que las reservas de mineral son un 20 por ciento más grandes de lo esperado.

El primer mineral se extrae y se procesa en 2015, lo que convierte a Drakelands en la primera mina de metal nueva del Reino Unido en 45 años. Pero el precio del tungsteno en los mercados mundiales comienza a caer.

Wolf anuncia en 2016 enormes pérdidas y obtiene un préstamo general de seguridad de 25 millones de libras esterlinas.

Luego, la empresa tiene que lidiar con las quejas sobre el ruido, pero dice que recibir permiso para operar su planta de trituración los siete días de la semana y extender el permiso de planificación desde 2021 hasta 2036 salva la mina.

En 2017 se abre un nuevo camino de 7,5 millones de libras esterlinas hacia la mina, Richard Lucas asume el cargo de director general, con una paga de 269.000 libras esterlinas al año, cuando Russell Clark deja el cargo porque no quiere mudarse de Australia. Wolf amplía su préstamo general de seguridad de 30 a 40 millones de libras esterlinas, pero resulta que ha tenido una pérdida de más de 43,5 millones de libras esterlinas el año pasado. En abril de 2018, Wolf anunció una pérdida de medio año de alrededor de £19,350,706.

En julio, se vio obligado a solicitar un préstamo de emergencia de 2 millones de libras esterlinas y lanzar una revisión importante de sus finanzas, ya que resultó que RCF le había prestado 69 millones de libras esterlinas.

El 9 de octubre de 2018, se anunció que Drakelands estaba en peligro inminente de cerrar a menos que se pudiera asegurar un nuevo paquete de financiación dentro de las 48 horas.

Wolf había llegado a un acuerdo durante el verano con sus prestamistas con respecto a las tarifas y pagos pendientes y había logrado posponer el pago de alrededor de £ 2,1 millones en intereses y otras deudas hasta el 28 de octubre de 2018.

Pero no pudo obtener los fondos necesarios, por lo que el 10 de octubre anunció a la Bolsa de Valores de Londres que ya no estaba en condiciones de cumplir con sus requisitos de capital de trabajo a corto plazo y dejó de operar de inmediato, enviando a casa a más de 200 trabajadores.

Y hasta aquí, queridos niños, la historieta de pocos años de un “proyecto minero” lleno de trampas, créditos, pérdidas… pero en el que los “directivos” australianos nunca perdieron nada.

Vale

… continuará…

Redes no sociales

Una de las características definitorias de la sociedad capitalista está en cómo quienes se dedican al primer mandamiento de cualquier empresa (ganar dinero), son capaces de multiplicar por x elevado a n el número de sus marcas de fábrica, que siempre seguirá siendo una, pero convenientemente renombrada. O cómo, a través de esos múltiples nombres, jugando con los mismos peones, multiplican, dividen, superan sus ganancias.

Aquí tenemos el cuadro de diversas sociedades, todas la misma y de la misma madre, que adornan el árbol genealógico de la minera australiana que quiere destrozar nuestro hábitat milenario con tal de sacar sus correspondientes beneficios.

Ahora, acaba de colocar a otro peón en las muescas de su fusil creador de marcas que se superponen, tapan, velan sus intereses. Y los velan como hacía Múñez con Sara Montiel, poniendo una media para obtener su mejor perfil.

La autoría del paciente trabajo es de @salvemosMontana, tuitero de pro que desenmascara aquí a la marca australiana de siempre. Y sin incorporar al árbol genealógico a Castilla Mining, S.L. y teniendo en cuenta que la originaria Plymouth Mineral cambió, mutó sólo de nombre en Infninty Lithium.

Autor @salvemosMontana

En el caso de la minera australiana, últimamente ha dado un paso importante, pasando de reclutar a un concejal de Ciudadanos para actuar de conseguidor, que se entrevistó con quiebre pudo, a fichar primero y elevarlo a los cielos después a un ejecutivo con experiencia en grandes empresas y proyectos y, esto lo añado yo, en grandes estructuras societarias diseñadas para, sencillamente, conseguir dinero en abundancia. Para ilustrar lo que realmente es un entramado societario que dé beneficios abundantes a sus propietarios, copiaré tal cual un par de párrafos de las “conclusiones definitivas de la comisión especial de investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Escombreras investigada en comisión especial en la Asamblea Regional de Murcia”. A la que no es ajeno el CEO galáctico de Infinity Lithium.

El día 10 de enero de 2006, HYDRO MANAGEMENT SL firma un contrato de ingeniería y construcción de obras, llave en mano con la empresa TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA (TEDAGUA), para la construcción de una planta desalinizadora en el Valle de Escombreras, en el precio de 111.000.000 euros más el IVA correspondiente. Según los datos que facilitaron los directivos de ACS, en su comparecencia ante la Comisión, la planta y las obras complementarias (60 km de tuberías y depósito) terminaron costando 134.000.000 euros.

Sorprende que el 26 de enero de 2006, DESALINIZADORA DE ESCOMBRERAS SA (constituida el día 25 de enero de 2006), en ese momento, propiedad de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA (90% del accionariado) y MONCOBRA SA (10% del accionariado) ambas pertenecientes al Grupo COBRA (COBRA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SLU), arrienda la planta, por un período de 25 años, a HYDRO MANAGEMENT SL, empresa también perteneciente al Grupo COBRA, en el precio medio ya citado de 0,5837 euros m3 (valor año 2005). Ese mismo día, DESALADORA DE ESCOMBRERS SA, realizar un contrato con la empresa TEDAGUA, participada en un 99,55% por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, también por un período de 25 años, para las operaciones y mantenimiento de la planta arrendada a HYDRO MANAGEMENT SL, por un precio medio de 0,4526 euros/m3 (valor año 2005).

(…)

Hay que resaltar que todas las empresas nombradas en los … párrafos anteriores pertenecían ese día 26 de enero de 2006 al Grupo COBRA (DESALADORA DE ESCOMBRERAS SA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MONCOBRA SA, HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA).

Por su participación en esta trama y en otros asuntos dentro del mismo sumario, el actual CEO de ¿Infinity Lithium o de Extremadura New Energies? está procesado en el sumario conocido en el argot como “La Sal I” y cuyo quebranto a la economía de la Región de Murcia puede alcanzar los 600 millones de euros. Hay que recordar, como se hace en el sumario, que Ramón Jiménez Serrano pertenecía a las estructuras societarias (Apoderado, Representante, Consejero, Consejero Delegado, Presidente…) o ejecutivas (Director General) de las CINCO sociedades señaladas.

¿Para qué tantas empresas superpuestas, con los mismos directivos en los datos de los Registros Mercantiles? En el caso de Murcia, claramente para sortear el cumplimiento de las leyes de contratación pública entre otras.

En el caso, que se podría dar y a mi juicio es una de las razones del “fichaje” del CEO, estaríamos en que la minera australiana ya estuviera pensando en disociar las actividades a desarrollar si finalmente obtienen la aprobación de su infame proyecto, ya sea al aire, ya subterráneo: la diversificación en varias empresas de la extracción del litio, la elevación del agua desde la depuradora de residuales de Cáceres, el depósito de residuos en otros lugares… con lo que buscarían, y ejemplos de ellos los hay, reducir las cargas impositivas.

Ya lo dice el refrán: la zorra cambia de pelo pero no de costumbres.

Vale.

… continuará…

La empresa de la minera australiana viene en los últimos meses realizando una importante campaña de presencia en los medios de comunicación locales, en elementos sociales de repercusión, como el patrocinio del Cáceres CB, y con diversos “acuerdos” con empresas o asociaciones de empresarios, aunque por las propias imágenes que la empresa cuelga en las redes sociales no parecen que tengan mucho éxito. Eso sí, los directivos del Cáceres CB hacen palmas con las orejas… y con la pasta.

Esta casi frenética presencia social del CEO y sus mariachis parece otra cosa. Esta historia de repartir dinero y aparecerse en eventos para dar relumbrón a cualquier cosa es demasiado evidente en una ciudad donde nunca pasa nada. Eso sí, hemos plagiado a Berlanga con aquel slogan: siente a un CEO a su mesa. Pobriño.

Teniendo un poco de perspectiva, el fichaje de un ceo de Acciona venido a menos, con el encargo de mostrar una presencia social y mediática importante al menor precio, tiene mucho que ver. La empresa australiana sabe que se pueden quedar compuestos y sin mina.

¿No da la sensación de que el CEO se mueve contra reloj? ¿Cuánto tardará en dar un paso en falso? ¿Cuánto dura su contrato con Infinity Lithium o quien sea? ¿Hasta la aprobación de la mina? ¿Qué pasó con Cayetano Polo?

En realidad, parece cada vez más, una huida hacia adelante, mal calculada por los canguros, y peor ejecutada por el CEO despedido de Acciona.

Porque cuanto más corren hacia la mina de Valdeflores, más vemos que se aleja el litio. No el de Valdeflores, que mucho me temo que siempre quedará donde está. Más se aleja el litio como aquello que parecía siquiera un año: el “combustible” necesario para el coche eléctrico. En estos tiempos tan moderno no puede venir nade de fuera, como hizo Moret, para vendernos unas minas que terminaron teniendo fecha de caducidad. En estos tiempos todos tenemos la oportunidad de saber cómo funciona el mundo.

Y en el mundo ya es un hecho que cualquier información está disponible al momento. Y no me refiero a informaciones o desinformaciones, me refiero a las mismas entrañas de las empresas. Y si como parece, ya es absolutamente necesario tener antes de 2025 o más tardar, en 2030 una alternativa al litio, se pueden encontrar innovaciones que convertirían al objeto de deseo de los asutralianos en absolutamente inecesario.

La empresa Alsym, de Woburn, Massachussets, tiene desarrollado y en fase de producción de baterías libres de litio y cobalto. Es decir, que el litio ya es para los desarrolladores de nuevas fuentes de energía, un fósil que debe estar guardado donde ahora está: en las profundidades de la tierra.

Por supuesto, no son solamente los desarrolladores de Alsym quienes tiene capacidad de desarrollo, incluso, y esto es muy importante, la empresa china Envisión, que desarrollará la megafactoria de Navalmoral de la Mata, ya está trabajando en modelos de baterías no dependientes del litio, en una primera fase, sino que si el proceso de construcción de la factoría se acomoda a los nuevos desarrollos, no sería necesario el litio.

Mientras que el CEO se entretiene con algún sobrecito (no mucho, que las cotizaciones en la bolsa australiana no están para tirar cohetes) por aquí o por allá, y los cacereños nos encelamos con el no a la mina, bien podrá ocurrir que no sea necesario, porque no haya mina.

El horizonte del 2025-2030 para el auge masivo del coche eléctrico, paralelamente el funeral por el litio ya tiene doblando las campanas para anunciar el sepelio.

Y el CEO ya irá comprando un traje de respeto para el sepelio.

Vale.

La titularidad dominical de los derechos mineros en España le corresponde al Estado, que es, a través de los instrumentos legales, básicamente, la Ley de Minas, quien concede permisos de investigación y explotación de esos derechos. Por tanto, las empresas mineras realizan sus actividades extractivas y, subsiguientemente, económicas mediante la figura jurídica de la concesión administrativa.

Artículo segundo.

Uno. Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso. (Ley de Minas)

En el caso de la mina de San José de Valdeflórez, impulsado por la empresa australiana Infinity Lithium (75% del capital) y Valoriza Minera (25%, del grupo SACYR), en el entorno inmediato de la ciudad de Cáceres, hasta ahora los grupos ecologistas y algunos grupos políticos se han venido manifestado como reacción a las diversas informaciones producidas, básicamente, por la propia minera, que tiene la pretensión de extraer litio durante más de 20 años.

El litio, mineral de progresiva alta demanda por la electrificación no solo de automóviles, sino de otros muchos elementos que precisan baterías de ese mineral, pertenece, por derecho, al Estado, si bien, mediante la aplicación de la legislación básica en la materia y de las transferencias autonómicas, es a la Comunidad Autónoma, a través de su ejecutivo, la Junta de Extremadura a quien corresponde la tramitación de los proyectos, desde los permisos de investigación hasta los proyectos de extracción y de reposición ambiental.

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de su alcalde, Luis Salaya, ya ha manifestado su posición contraria al establecimiento de una mina a cielo abierto tan cercana a la población.

A mi juicio, cabría ir un paso más allá, pasar de la reacción ante las acciones e informaciones de la empresa minera, a la acción administrativa que cabe interponer. Si dejamos transcurrir todos los procedimientos, y conforme a ellos, sin oposición jurídica suficiente, se aprueban los proyectos de la minera, no tendríamos más que aceptarlos, aunque sea a regañadientes.

Le corresponde al Ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos plantear, ante el Ministerio de Transición Ecológica, en el que radican ahora las competencias básicas del Estado en materia de minería, la impugnación del derecho minero sobre San José de Valdeflórez. Es decir, que el Estado, que es competente para ello, por ser, en definitiva, el titular dominical de los derechos mineros, dictamine que en el entorno de la ciudad, con un radio de acción suficiente, no se pueden ejercer derechos mineros que no hayan obtenido la total aprobación de los proyectos al día de la fecha, y se eliminen las correspondientes cuadrículas mineras en ese espacio.

De ese modo, la empresa minera no podrá ser titular una concesión administrativa (la extracción de mineral) en un espacio que haya sido declarado exento de derechos mineros.

El Ayuntamiento, mediante informes jurídicos y socio sanitarios solventes, y en acuerdo plenario, será el que inicie ante el Estado la impugnación de esos derechos, al tiempo que solicite, de modo fundado, que en tanto se resuelve la impugnación, quedarán paralizadas todas las tramitaciones que hubiera en curso en el espacio señalado, tanto permisos de investigación como de explotación de minerales.

Al mismo tiempo que se tramita ante la Administración General del Estado la impugnación de los derechos mineros, se ha de tramitar ante la Junta de Extremadura la paralización de todos los actos administrativos en curso, tanto permisos de investigación como de explotación que hubiera. No sería hasta que la impugnación estuviera resuelta, a favor de los intereses de la ciudad de Cáceres, o en contra, cuando podría continuarse la tramitación.

Vale.

En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.

Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.

Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.

La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.

Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.

Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.

Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.

En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.

El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.

Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.

La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.

Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.

Vale.

            Cuando una empresa australiana, ahora denominada Infinity Lithium se asoció con una del grupo SACYR, Valoriza Minera, para poner en marcha estudios de investigación en la antigua mina de Valdeflores, en Cáceres (denominado por la compañía australiana Proyecto SanJosé), y dieron a conocer los primeros datos favorables a la existencia de una significativa veta de litio, la reacción de los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres fue dubitativa.

            Con el paso del tiempo, a medida que avanzaban las prospecciones de investigación, se fue conformando una corriente de opinión pública en la ciudad, contraria a que, finalmente, pueda activarse la mina y comenzarse la extracción del mineral.

            El “No a la mina” caló entre los dubitativos grupos municipales (PP, PSOE, Ciudadanos y CaceresTú –Podemos), de manera que solamente los ultraliberales de Ciudadanos parece que se muestran favorables a la explotación minera, aunque no den razones convincentes. Algo parecido a cómo los mismos concejales eran los únicos que apoyaban al PP en el parking de Primo de Rivera. Luego se supo que uno de los ediles de Rivera era vendedor de plazas de garaje…

            Ahora, parece que todos los grupos llevarán en su programa electoral el “No a la mina” y es muy probable que Ciudadanos no quiera quedarse solo.

            Hoy, en una entrevista en una gacetilla local, el Presidente de la Junta, Fernández Vara, no manifiesta su posición a favor o en contra, sino “a favor de la legalidad”. El PSOE local ya ha manifestado su posición contraria. Veremos.

            En todo este tiempo, se ha pretendido modificar el PGM para proteger los terrenos donde se encuentra el yacimiento de litio, se ha pretendido (y se ha dicho por el Partido Popular) que la explotación es incompatible con el plan urbanístico.

            En estas estaremos cuando llegue la campaña electoral de 2019. Todavía no estará resuelta, probablemente, la tramitación administrativa que determine si se concede el permiso de explotación o no y el “No a la mina” será una punta de lanza de los discursos.

            Todo ello, en vano.

            Me explico. Si como parece por lo que tiene publicado en su página web la empresa australiana (https://www.infinitylithium.com/project) sobre “San Jose Lithium Project” la veta de litio es lo suficientemente interesante desde el punto de vista económico, seguirá adelante diga lo que diga la corporación municipal que se forme después del último domingo de mayo de 2019.

            Si a la empresa minera le satisfacen los datos económicos para comenzar la extracción de un mineral que se ha vuelto muy atractivo por la demanda de baterías de litio que irá en aumento en el futuro, tendremos mina sí o sí.

            Las negativas administrativas que puedan resolver el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura se solventarán en los tribunales. La empresa minera recurrirá la concesión y seguramente gane.

            Hasta ahora no he visto en ninguna de las gacetillas locales de Extremadura ni en opiniones difundidas por responsables políticos cómo ganar en los tribunales si la minera recurre a ellos. En ese caso, habrá que olvidarse de las competencias que la Comunidad Autónoma tenga en el Estatuto, y habrá que olvidarse de las competencias municipales en el planeamiento urbanístico. Supongo que en la Corporación Municipal, con algunos licenciados en derecho, incluida la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, y en distintos cargos de la Junta de Extremadura, sabrán que en el ordenamiento jurídico español existe una prevalencia del derecho minero sobre otros. Buscar en internet entradas sobre esta prevalencia aclara dudas.

            Valdría más preocuparse por cómo establecer unos principios jurídicos sobre los que no pueda hacer ningún ejercicio de prevalencia la empresa minera. Es complicado, pero seguramente los haya.

            De acuerdo con la legislación de los derechos mineros en España y con una amplia jurisprudencia a favor de estos, el futuro de la Mina de Valdeflores (o de San José) dependerá de si su explotación resulta rentable. La economía manda.

            Vale.