Archivos para febrero 2015
La acreditación en sede judicial de que el Partido Popular pagó las obras de su sede central, donde están los despachos de la cúpula del partido, incluidos los de su presidente y presidente del gobierno, con dinero B, plantea muchas cuestiones que están sin aclarar… y que no se aclararán nunca.
De izda. a dcha.: Urquijo (arquitecto), Acebes, Bárcenas y Rajoy, demostrando que no se conocían de nada
Puede que algún día se descubra la procedencia del dinero que nutría (¿sigue nutriendo?) la caja B del Partido Popular. Procedencia por supuesto ilícita por cuanto un partido político no puede tener bajo ningún concepto más ingresos que los que se presentan en las cuentas que audita el Tribunal de Cuentas. Todo lo demás es dinero ilícito. Esto puede, quizás, que algún día se conozca. Sería lo único.
Porque… vamos a ver.
El PP realiza obras en su sede por las que paga en dinero negro 1.700.000 € según lo acreditado en sede judicial. ¿Era ese el total del importe de las obras? En la actual fase de instrucción del procedimiento, desde el PP se pretende que toda la responsabilidad de esa cuantía recaiga en el arquitecto Urquijo (ese gran desconocido para Rajoy, Acebes y Bárcenas), de manera que, incluso, podría imputársele un delito fiscal que quedaría, seguramente, en la nebulosa de la duda y en la más que probable, artimañas jurídicas, prescripción.
El Partido Popular pagó en dinero negro a la empresa que realizó las obras en su sede. Pero, ¿cuántos trabajadores de todos los oficios relacionados con la construcción y decoración participaron en las obras? Que se sepa, por el Ministerio de Trabajo o por la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid, no se ha ordenado a la inspección de trabajo ni a la Seguridad Social investigar el asunto. El juez Ruz, tampoco parece haber pedido esa investigación.
Dado que las obras se pagaron, en todo o en parte, con dinero negro, debería saberse cuántos trabajadores intervinieron en ella, cuántos estaban (o no) dados de alta en la Seguridad Social, cuántos tenían contrato con la empresa que se encargó de las obras o con las empresas subcontratadas por esta. También resultaría muy interesante conocer los libros de matrícula de la Seguridad Social de la empresa del arquitecto Urquijo en las fechas en las que se realizaron las obras. O conocer también, si Urquijo subcontrató algunos servicios, algo habitual en el sector (fontanería, electricidad, climatización…) y si los pagos los hizo en dinero A o con el dinero negro que el Partido Popular le abonó.
Si en unas obras de reforma se acreditan 1.700.000 € en dinero negro, es más que probable que hubiera trabajadores sin dar de alta en seguridad social, sin contrato de trabajo… Pero la inspección de trabajo no ha abierto ni una página. El delito fiscal puede esfumarse si el PP consigue (lo tiene fácil, viendo cómo están las cosas en la justicia) pasarle todo el marrón a la empresa del amigo Urquijo.
Pero que hubiera trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, sin contrato de trabajo, percibiendo retribuciones en negro, pueden constituir un delito contra los trabajadores, un fraude a la Seguridad Social que podrían, en un momento dado, llevar a una situación judicial y penal más grave a la empresa de las obras y a que el arquitecto Urquijo decidiera no comerse él todo el marrón y repartir un poco la mierda entre los amigos de la foto.
Vale.
Las deposiciones judiciales de la infanta Cristina en el caso Noos ha fijado, en el imaginario colectivo, la impresión de que ignorar qué hacían otros de su entorno, qué hacía y deshacía su marido con dinero público, dinero que ella gastaba tirando de tarjeta, resulta una coartada perfecta para escapar de responsabilidades penales. Al final, aunque por poco, la infanta se sentará en el banquillo de los procesados y tendrá que esperar la sentencia que diga si es culpable o inocente, y si la estrategia de hacerse la tonta (infantonta) le resulta útil.
Pero la infanta no es la única “despistada” que circula por ahí. Hay más infantas, y más listas… de momento.
Repasemos algunas.
La infanta Camps. Ahora, la justicia en Valencia pide 8 años de cárcel para Ricardo Costa (a) El Pijo de la Albufera y Vicente Rambla, números 2 y 3 de la sucursal valenciana de la mafia genovesa. La petición judicial es consecuencia de la implicación directa de estos dos fulanos en la financiación ilegal del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 y 2008. Es decir, utilizar dinero (¿negro, comisiones, narcotrático, venta de armas?) por encima de lo permitido. A mayor cantidad de dinero, más fácil es llegar a los votantes y, conlas técnicas publicitarias y de propaganda, en realidad, comprar el voto.
Y a todo esto, la infanta Camps, Paco para los genoveses, no se enteraba. ¿Alguien puede creerse que el jefe no se enterba de dónde sacaban sus empleados Costa y Rambla el dinero con el que montaban las campañas electorales a todo trapo?. ¿Preguntará algún juez a la infanta Paco Camps por qué no se enteraba de nada? Porque si en la financiación ilegal del PP de Valencia ha habido delitos cometidos por su dirección, su presidente (con todo el poder ejecutivo según sus estatutos) seguro que ha cometido o un delito de acción o un delito de omisión. Pero hacernos creer a los ciudadanos que no se enteraba de nada es llamarnos gilipollas. Y que los jueces se crean que la infanta “amiguita del alma” no se enteraba de nada es decirnos a la cara que la justicia es igual para todos nosotros.
La infanta Esperanza, la que según ella “destapó la Gürtel” y en realidad era ella misma la tapadera bajo cuyas posaderas se cocía toda la podredumbre del Partido Popular. La infanta Esperanza dice que no sabía nada, pero que lo destapó. Todavía estamos esperando que diga cuándo y cómo se enteró de que sus ahijados políticos robaban a manos llenas, hacían trampas hasta en el solitario y ella no sabía nada. Todavía estamos esperando a que la infanta Esperanza sea capaz de explicar cómo sus consejeros, allegados, delfines y asesores ejecutivos montaban espectáculos asombrosos y ni siquiera preguntó de dónde salía el dinero. ¿De dónde saca la infanta Esperanza tan poca desvergüenza para tanto como destaca? ¿Preguntarán los jueces a la infanta Esperanza cómo era posible que no se enterara de nada? Claro, que hacer esa pregunta a una amiga es llamarla tonta.
La infanta Mariana, digo Mariano. Otro que tal. Otro que no se enteraba que el arquitecto Urquijo, el que estaba haciendo las obras de los despachos del partido, estaba cobrando en dinero negro que le pagaba el tesorero Bárcenas, nombrado a dedo y por absoluta confianza por el infanta Mariano. En este asunto, además, la infanta recibía sobres con sobresueldos (incluso siendo ministro del gobierno de Aznar) que le pasaba el tesorero Bárcenas. Lo que ahora no sabe, cuando el infanta Mariano repudia en público al tesorero Bárcenas, al que llaman delincuente y dicen que ha robado al partido, es si aquellos sobres con dinero (¿negro?) eran sobresueldos ordenados por el partido o sobres que el tesorero Bárcenas entregaba a la infanta Mariano y otras infantas de Génova para comprar sus silencios.
¿Habrá algún juez que se atreva a investigar por qué los amos del cortijo del PP, las infantas de Génova, o la infanta Esperanza, o la infanta Paco Camps no se enteraban de nada? ¿Serán los tintes de rubia?
Vale.
La escalada de corrupción y su desentrañamiento, lento, demasiado lento y con grandes dificultades, hacen sean un recurso en los medios de comunicación y en las conversaciones de barra de bar. Y que se haya impuesto, como es lógico, un doble concepto: quien lo haya hecho, que lo pague, y que devuelvan lo robado.
Nada que objetar, al contrario. La Justicia, ciega del ojito derecho generalmente, camina lenta, tropieza con juegos de artificio judiciales, retrasos en los procedimientos propiciados por los encausados, que normalmente no tienen problemas económicos para pagar los mejores servicios de abogados.
Claro que hay que devolver lo robado.
¿Pero qué sucede cuando lo robado son escaños en los parlamentos, en los plenos municipales?. Estos días, por fin, se van cerrando instrucciones (caso de Valencia, por ejemplo) en las que se acredita la comisión de delitos de financiación ilícita del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y también el juez Ruz viene acreditando una caja B en la contabilidad del Partido Popular que ha servido para financiar al partido y hay indicios, cada vez más, de financiación ilegal de las campañas electorales.
Lo robado, en los casos de financiación ilegal, además de dinero procedente de donaciones irregulares, ilegales o comisiones por adjudicaciones de contratos públicos, son algo que puede cuantificarse económicamente (subvenciones por escaños conseguidos, subvenciones por votos obtenidos en los procesos electorales), pero que tienen algo más de valor, de mucho más valor.
¿Cómo devolverá el Partido Popular de Valencia los escaños obtenidos de más por haber financiado ilegalmente sus campañas electorales? ¿Qué escaños de más ha obtenido? ¿Cómo resarcir a los ciudadanos cuando el robo ha sido de votos, obtenidos con dinero ilegal?
¿Cómo hacer en 2015 que el Partido Popular de Valencia devuelva los escaños de 2007 y 2008? ¿Qué sentencia ejemplarizante dictar en estos casos? ¿Cuánto dinero ilegal gastó el Partido Popular en todo el tiempo en el que la caja B ha sido modo habitual de financiación?.
Porque no se trata solamente de un delito de financiación ilegal, del robo de la voluntad ciudadana, sino de las consecuencias: los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, son una continuación, una consecuencia de aquel delito.
Sin el delito de financiación ilegal, utilizando dinero de procedencia cuando menos sospechosa, las salvajadas cometidas con los dependientes no habrían tenido lugar. Ahora ¿quién devuelve a los dependientes los daños causados por unos delincuentes? ¿Quién devuelve a la enseñanza los daños causados? ¿Quién devuelve a la sanidad los daños causados por la supresión de camas, la pérdida de médicos en la sanidad pública, los copagos, los repagos?
Y así, ad infinitum.
Vale.
En el día de hoy, perdido y desnortado el núcleo de dirección del Partido Socialista Obrero Español, su último Secretario General, Pedro Sánchez Castejón, ha firmado con toda solemnidad su rendición ante la derecha.
Adios, PSOE, adiós.
Cuando un gobierno autoritario por mediocre, hasta las trancas de corrupción, que ha financiado ilegalmente sus campañas electorales, pide socorro, allá que ha ido un Secretario General del PSOE a hacerle el boca a boca, pasándose por el forro sus principios, y dejando a los militantes vendidos, literalmente.
Adiós, PSOE, adiós.
Cuando un gobierno incapaz de hacer otra cosa que propaganda al más puro estilo goebbeliano, comprando todos los medios de comunicación que están ahítos de cualquier moneda que les llegue, no puede ser que el PSOE acuda en su auxilio.
Adiós, PSOE, adiós.
Hoy, el último Secretario General del PSOE ha liquidado lo poco que quedaba de un partido, al que decisiones como la tomada, ha ido expulsando a militantes, cansados de dirigentes cobardes, incapaces, medrosos.
Adiós, PSOE, adiós.
Vale.
El 17 de noviembre de 2014, en plena vorágine periodística, social y política desatada por la publicación, en el Diario Público, de la información de la periodista Ana Pardo de Vera en la que se daba cuenta de los viajes privados del senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura a las Canarias con cargo a los presupuestos del Senado, el actual presidente de la Junta de Extremadura asistió a un acto político informativo en Madrid.
Protagonizó dos momentos, en aquel desayuno informativo, que se recordarán. Uno, su fuga cobarde las preguntas del periodista de El Intermedio, Gonzo. Las imágenes que emitió el programa de El Gran Wyoming dieron y dan muestra de la vergüenza.
El otro, que transcribo a continuación, según un despacho de la Agencia EFE, repicado por el órgano oficial de prensa y propaganda del Partido Popular de Extremadura:
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado hoy que hará públicas todas sus finanzas en enero, dando «mucha más información» que la que aparece en la declaración de la renta, y será el primer jefe de Gobierno autonómico en hacerlo.
En su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Monago ha invitado al resto de sus «compañeros» y a todos dirigentes políticos a seguir su ejemplo. «Si queremos que los ciudadanos nos traten como personas y no como políticos demos pasos que nos acerquen a ellos».
Y ha insistido en que todos los dirigentes políticos deben ponerse «en su sitio, al servicio de los ciudadanos», porque así «volverá la presunción de inocencia» a la política y ésta no seguirá «bajo sospecha».
«Hasta los apuntes de la compra» en el supermercado ha prometido enseñar Monago, quien se ha comprometido a aportar todo el estado financiero de sus cuentas y préstamos.
Con esta iniciativa, Monago ha prometido elevar el «techo» de la transparencia «más alto aún de lo que lo ha puesto nadie en el país».
A la vista de los párrafos copiados, cabe una pregunta: ¿piensa de verdad José Antonio Monago cumplir lo que dijo? El archivo por la Fiscalía de las diligencias practicadas tras presentarse varias denuncias parece que tiene la respuesta. Monago hizo aquellas afirmaciones en el contexto de verse acorralado sabiendo que había utilizado dinero público para fines privados. Ahora que la Fiscalía no ve delito en la conducta del senador Monago, seguramente los consejos de estrategia y marketing que reciba serán: pelillos a la mar.
Lo único claro es que ha transcurrido el mes de enero y Monago no ha cumplido con el compromiso adquirido ante muchos medios de comunicación. Claro que, también, cuando se hizo el valiente anunciando tan altísimo nivel de transparencia, tuvo la ocurrencia de decir que “cuando me atacan, también atacan al pueblo de Extremadura”, algo tan grandilocuente y esperpéntico como si en vez de en un hotel de lujo de Madrid, lo hubiera dicho en el Callejón del Gato.
Y nos quedaremos sin conocer ni los vales de compra ni los billetes del metro de Badajoz.
Vale.
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