Archivos para febrero 2020
En mis paseos, cuando los doy, por la ciudad, suelo fijarme más en según qué detalles o en según qué símbolos adornan los edificios de la ciudad monumental de Cáceres, más que entrar en iglesias o fotografiar torres albarranas una y mil veces reproducidas.
Por eso, me han llamado la atención una cruces simples (+), que aparecen en el mortero de cal que une las piedras de los muros. Son muy simples, como trazadas por la paleta del albañil cuando quiere señalar algo. Pero si solamente las hubiera visto en un paño de fábrica de piedra del lugar, con la argamasa de la cal morena y la tierra que las une, de un solo edificio no me habrían señalado.
Las he visto en varios e importantes edificios, y, lo más significativo, en las zonas que parece que menos han sufrido reparaciones o reformas. Algunos, simétricamente colocados, otros junto a lo que en su día pudieron ser huecos. Pero casi siempre, con la misma forma y similar trazado.
Solamente en uno de los edificios que he ido fotografiando, en vez de aparecer la cruz (+), aparece simulando la cruz de san Andrés (x).
Los maestros de obras antiguos podrían tener sus símbolos, sus firmas, y a comienzos del siglo XX, en algunas edificaciones, normalmente en un lateral, a la altura de la cumbrera se señalaba el año de construcción.
No deja de ser una coincidencia los símbolos, tan sencillos ¿o tan complejos? que he ido recogiendo. No sé cómo calificarlos, ni cómo datarlos ni atreverme a señalar su significado, pero aparecen en edificios como el Palacio de Camarena, el de Moctezuma, el Palacio Episcopal o el Palacio de Adanero.
Como diría un castizo, la dejo botando por si alguien remata…
Vale.
Hace un par de meses aparecía en la prensa local una información sobre el futuro de los edificios que albergaron las llamadas “viviendas de la Policía Armada”, sitas en la Av. de Cervantes, pasado el puente de la Av. de la Hispanidad.
Aunque los inmuebles (tres viviendas en planta baja, una aislada y dos pareadas, y el resto en un edificio de tres alturas) llevan vacíos hace tiempo, no había querido traer a esta serie de entradas “Cáceres, cerrado por falta de uso” su situación. Quizás, por conocer esas viviendas, paso obligado para mí muchas veces, o por haber conocido a gente que vivió en ellas.
Sin embargo, uniendo el estado de abandono de las mismas (de momento, mejor que abandono, vacías) y las previsiones del equipo de gobierno municipal de realizar un inventario de solares y terrenos, sería el momento de recuperar la escritura de cesión de los terrenos o de donación de los mismos a la Policía Armada para la construcción de viviendas para sus miembros.
Los responsables de la actual MUPOL (Mutualidad de Previsión Social de la Policía Nacional) son los que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para tratar la demolición de los actuales edificios vacíos y la posterior construcción de nuevas viviendas. En principio, no es cuestión saber si los inmuebles son propiedad dominical de la Mutualidad, que seguramente recibió como activos cuando, a medida que se fueron adaptando a la legislación actual.
A la izquierda, 1961, en construcción. A la derecha, 1966, ya terminadas. Fuente @sig.caceres.es
Pero cabría, al menos, la duda sobre la titularidad de los terrenos. Parece que fueron objeto de cesión o donación acordada por el municipio, y sería deseable que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieran un informe sobre la titularidad real de los mismos y si pudiera plantearse cuestión de reversión en función de cuál fuera la modalidad de obtención por el organismo anterior a la actual Mutualidad de los terrenos.
Pudiera darse el caso de que exista cláusula de reversión para el supuesto de que los terrenos dejaran de destinarse a los fines para los que fueron cedidos, algo habitual. Sin haber tenido acceso a los documentos de cesión o donación, es llamativo que en un régimen dictatorial militar, en un mismo espacio de tiempo, el Ejército recurriera a la compraventa de terrenos para la construcción de viviendas para su personal, mientras que otro cuerpo militar (la Policía Armada era un cuerpo militar) accediera a terrenos de modo gratuito. Además, sabiendo que el Ejército habría solicitado la misma gratuidad de terrenos para las “necesidades habitacionales” de su personal.
Información catastral
Las viviendas de la Policía Armada se construyeron a partir de 1960, en terrenos en cuyas proximidades todavía existían varios hornos caleros en explotación, en una barriada en crecimiento, la del Espíritu Santo, en las que al igual que en El Carneril, se realizaron viviendas autoconstruidas en parcelas cedidas por el Ayuntamiento y cuyos cesionarios hubieron de adquirirlas a lo largo del tiempo para alcanzar la propiedad del suelo.
Dar a conocer el expediente de cesión/donación de los terrenos a favor del Patronato de Casas de la Policía Armada (o denominación que tuviera en la época) llevaría al Ayuntamiento a determinar si esos terrenos serían susceptibles de ser reclamados para el municipio.
Planeamiento vigente. Suelo Urbano Consolidado.
Luego, una vez depurada la situación jurídica y legal de los terrenos, el tratamiento urbanístico de los mismos se deberá atener a lo establecido en el PGM vigente desde 2010. Esos terrenos están dentro del Suelo Urbano Consolidado, con previsión de 3 alturas donde se sitúa ahora las tres viviendas de una sola planta y las mismas 3 alturas para el bloque de viviendas colectivas.
Será el Ayuntamiento el que determine el procedimiento de ordenación del terreno, manteniendo las alineaciones actuales o bien modificándolas, con la figura de planeamiento que corresponda (Estudio de Detalle, sin aumento de la edificabilidad existente u otra figura si se plantea el incremento de la superficie construida).
Vale.
Parece ser que el Ayuntamiento de Cáceres se ha planteado no incluir en los presupuestos municipales para 2020 ninguna partida para reparaciones en la Plaza de Toros, cuyo deterioro es evidente. En 2019, con los últimos coletazos del gobierno de la derecha, se encargó a los servicios técnicos la redacción de un proyecto de recuperación, básicamente de la cubierta, y que, una vez realizado, se cifró en 360.000 € la cantidad a destinar para ello.
La Plaza de Toros es un bien protegido desde que en 1992 la Junta de Extremadura le otorgara la categoría de Bien de Interés Cultural. Una declaración que, entre otras cosas, establece a la propiedad la obligación de su mantenimiento y conservación.
El inmueble, deteriorado en su cubierta, que necesita para la protección de viandantes que se encuentre vallado, y también deteriorado en sus dependencias interiores necesita de diversas reparaciones que, a lo que se conoce hasta ahora, superan los más de 350 mil euros señalados en el proyecto de 2019. Pero el equipo de gobierno, en el ejercicio de sus responsabilidades, ha decidido priorizar el gasto para invertir más en los barrios que más desatendidos han estado en los últimos años.
Invertir en reparar o rehabilitar la Plaza de Toros, con la única finalidad de servir para un par de espectáculos taurinos al año es una manera de no ser ni responsables con las obligaciones y con las demandas que amplios colectivos de ciudadanos reclaman.
Y llegados a este punto es donde, como siempre, entran las miradas hacia lo que se ha hecho en otras ciudades con Plazas de Toros reconvertidas. Hace unos días se ponía de ejemplo en un periódico lo hecho en Barcelona, sin otra referencia a que en la capital catalana convivieron dos plazas de toros, la Monumental y la de Las Arenas. Al día de hoy, en ninguna de las dos se celebran espectáculos taurinos, y mientras la monumental sirve para la realización de múltiples actividades, a través de Monumental-Club, la de Las Arenas se convirtió en 2011 en un Centro Comercial.
Son dos ejemplos que requieren, en el primer tipo de uso, la inversión en rehabilitación de todos los espacios, cubiertos y descubiertos, que garanticen la seguridad de los usuarios, mientras que en el segundo, centro comercial, necesitaría una inversión más compleja y un estudio de mercado serio sobre la capacidad de la ciudad (económica, de población, etc.).
Datos catastrales. catastro.meh.,es
Darle usos (además del residual uso taurino) a un inmueble de más de 4.000 m2 de terreno y 3.700 m2 construidos (incluyendo el coso, propiamente dicho, que tiene un diámetro de 60 metros) requeriría un programa económico plurianual, con un adecuado proyecto de protección del Bien de Interés Cultural y la dotación de infraestructuras sanitarias, eléctricas, tecnológicas, de accesibilidad… que permitieran siquiera emular (salvando las grandes distancias en población sobre todo) lo que se viene realizando en la Monumental de Barcelona. Ello conllevaría, por otra parte, que el Ayuntamiento debería calibrar muy bien las inversiones para que no fueran desequilibrantes con el resto de la ciudad.
Porque personalmente no creo que, una vez llevado a la práctica un proyecto de mínimos, como el aprobado en 2019, hubiera la posibilidad de que una iniciativa privada pudiera hacerse cargo del inmueble, mediante una concesión administrativa que le diera continuidad de uso y que asumiera costes de reparaciones, mantenimiento y entretenimiento a lo largo de varios años.
Vale.
La falacia de la colaboración público-privada.
Con el próximo traslado del Punto de Atención Continuada del Hospital Virgen de la Montaña al parecer al San Pedro de Alcántara, quedará vacío de uso el primero y será el momento de que su titular, la Diputación Provincial, active una creada comisión para decidir el futuro del inmueble.
Mientras eso sucede, van atisbándose algunos elementos a tener en cuenta. Por un lado, los partidos de la derecha haciendo castillos en el aire, y, a su vez, azuzando a quienes desde no se sabe qué análisis piden que se destine a residencia de mayores (lo que ha recibido un fuerte impacto negativo con la anunciada marcha de la ciudad de las monjas que gestionan el asilo Mi Casa). Y, de otra, las posiciones oficiales de la propia Diputación y ahora del Ayuntamiento de la capital de la provincia, que ponen el acento en los elevados costes que tendrá cualquier alternativa futura.
La sequía económica en la que la última gran crisis económica ha dejado en las arcas públicas son la causa de que tanto Diputación y Ayuntamiento de Cáceres hayan activado el modo “no hay recursos” de cara un futuro uso, o unos futuros usos de un inmueble de gran tamaño.
Y en esta situación es cuando aparece el mantra de la “colaboración público privada”. Algo que no es nada nuevo, pero que con esta nomenclatura parece novedoso. Colaboración público-privada son las externalizaciones de servicios públicos (recogida de basuras, suministro de aguas…), y también lo son concesiones administrativas como los aparcamientos. Se trata, por las administraciones públicas, de procurar financiación privada para la prestación de servicios para los que no tienen capacidad técnica o económica. El caso del matadero de la ciudad de Cáceres es un ejemplo de que la financiación público-privada por la vía de la externalización es un fracaso a considerar.
Luego están las novedosas “líneas de colaboración” de capital privado en socorro de la ausencia de capacidad económica pública.
El ejemplo que ha suscitado la decisión de las monjas que gestionan la residencia “Mi Casa” es un punto en el que se estrella la posibilidad de transformar el Hospital Virgen de la Montaña en otra residencia de mayores. Si las monjas no consiguen que alguna empresa privada se haga cargo, de modo inmediato, de la gestión de la residencia que ellas dejan, alejará la posibilidad de que capital privado adquiera el inmueble. Salvo, claro está, de que en contra de todos los “análisis” que reclaman una residencia en el centro de la ciudad, ese capital privado adquiera el edificio para destinarlo a usos directamente lucrativos o especulativos. Y, de momento, no parece que haya movimientos en ninguna de las dos direcciones.
La “cooperación público-privada”, tal y como se vende en muchos negocios son la derrota de la gestión pública de los servicios que tiene que prestar. En muchos casos, esa derrota es ideológica, practicada por partidos políticos que llegan al gobierno de las instituciones, pero que ponen al servicio de capitales privados bienes y derechos.
En la ciudad de Cáceres tenemos ahora mismo tres ejemplos para ser realmente pesimistas sobre el futuro de los servicios públicos y sobre la capacidad de las AAPP de gestionar los bienes que son de todos. Por un lado, el asilo “Mi Casa”, que no tiene nada de público, pero que sí será un termómetro de la capacidad de la ciudad de poner en funcionamiento recursos económicos privados.
Por otro lado, la silente Cárcel Vieja, que cada día que pasa se deteriora más y más y para la que no parece que se susciten ideas o proyectos que se puedan llevar a cabo sobre ella para que pase a ser un inmueble al servicio de todos e impedir que su deterioro lo haga más costoso.
Y, finalmente, el Hospital Virgen de la Montaña, sobre el que todavía no se ha realizado más que una primera aproximación de costes para su transformación en ni se sabe, pero que se cifran en unos 20 millones de euros.
Mientras tanto, seguramente habrá alguien lanzando tentáculos y globos sonda por ver si alguien pica.
Vale.
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