Archivos para Trillo

La gran cantidad de basura acumulada de la marca Gürtel, que rebosa los contenedores de Génova 13, llega a puntos insospechados. Así, mientras Mariano Camps encarga la estrategia de defensa (¿o no tiene más remedio?) al responsable del área en su ejecutiva, Federico Trillo, éste recurre a maniobras que superan sus capacidades para los tejidos y costuras que tiene que coser.
Pretende el engolado Trillo reproducir la misma estrategia que le dio éxitos al Partido Gurtelar con el caso Naseiro: que el asunto quede anulado por errores de procedimiento judicial. Del caso Naseiro quedó claro que el Partido de la derecha única se había financiado ilegalmente, pero no pudo ser juzgado porque se anularon las pruebas decisivas, una escuchas, que habían sido obtenidas de modo irregular en el procedimiento.
En esa misma estrategia confía (no le queda otra, está pillado) Mariano Camps. Y todo lo que haga o diga el responsable político del accidente del YAK42 habrá que comérselo. Y comerse el pago de 70.000 euros en informes y dictámenes encargados a un bufete de abogados… de sus hijos, también. Todo.
La señora marquesa de Cospedal sale diciendo que eso, que no tienen más remedio, porque se acosa a su partido. Claro: si el partido no se hubiera llenado de mierda, si no se hubiera financiado ilegalmente, no habrían tenido que recurrir a su muñidor de voluntades de cabecera.
¿Cómo se justificarán en la contabilidad del partido las facturas que el Responsable de Justicia e Interior ordena que se abonen al bufete de sus hijos? ¿En qué cuenta del plan general contable se inscriben? Si el encargado de los informes, dictámenes y estrategias es papá, ¿por qué pagárselas a sus niños?
Claro que… el despacho de abogados lo administran los Trillijos, digo los hijos de Trillo, pero el dueño es él. ¿El barrendero se paga dos veces el sueldo? O tres, o más, las que le vengan en gana. Mientras la estrategia funcione, Trillo hará lo que le venga en gana y Mariano tragará como una boca de metro.
Vale.

El Ministerio de Defensa ha dado cumplimento al mandato del Congreso, realizando un reconocimiento a los miembros de la UMD, que después del comienzo de sus actividades, en 1974, y transcurridos más de 20 años desde el comienzo del juicio en Hoyo de Manzanares (en el mismo lugar en que Franco ordenó sus últimas ejecuciones), ven cómo la democracia se acuerda de ellos.

La UMD, Unión Militar Democrática, promovía, desde sus contactos, entre otros, con el padre Llanos, que se llevaran a cabo algunas “reformas”:

Convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una Constitución democrática, que reestablecería derechos y libertades y reconocimiento de los derechos humanos, lucha contra la corrupción del franquismo y reformas económicas y sociales.

En el ámbito propiamente militar, su profesión, proponían reformar, en coherencia con las anteriores propuestas, la justicia militar, el servicio militar y reorganizar las fuerzas armadas.

Ayer, Carme Chacón, ministra socialista, tuvo el honor de reivindicar la memoria de los Úmedos, imponiendo las cruces al mérito militar y aeronaútico al Coronel Otero y varios miembros más de la UMD.

Después de recibir, en 2004, unas fuerzas armadas en quiebra de personal y de capacidades, el gobierno socialista ha conseguido poner las bases para llegar a unas fuerzas armadas, modernas y democráticas (aunque todavía queda por hacer, especialmente en materia de personal), el sueño, y la realidad que les costó su carrera, de los miembros de la UMD.

Como titula Luis Solana su entrada sobre este tema (http://www.luissolana.com/?p=2845#more-2845), “Hubo militares demócratas”. Y entre ellos, aunque no entre los condecorados, por la UMD llegó a alcanzar la cifra de 200 simpatizantes, y algunos dieron el salto a la política, en las filas socialistas, desarrollando un importante papel político e ideológico. Recordar a Carlos San Juan y a Juli Busquets (fallecido en 2001) es necesario y pertinente, porque ellos mantuvieron, en sus actividades políticas el recuerdo vivo del trabajo de sus compañeros.

En 2002, Carlos San Juan presentó en el Congreso una moción similar a la que ahora ha dado lugar al reconocimiento materializado el 16 de febrero de 2010. Pero en 2002 gobernaba el PP, la derecha, la extrema derecha, presidido por Aznar, y el ministro de Defensa era Federico Trillo, que fue militar y que no tuvieron empacho en tumbar la moción.

Ahora, la democracia, aunque tarde, reconoce los méritos democráticos de un grupo de militares que en 1974 tenían la visión y la esperanza de unas fuerzas armadas democráticas al servicio de los ciudadanos y no al servicio de una dictadura. Algo que Trillo no podía entender, por ser parte por herencia, de esa dictadura.

Vale

Ha nacido una estrella: la diputada Sermones.
Por si las acusaciones de abyecta, indigna y vil dirigidas a la ministra de Defensa no fueran bastantes, el calificativo de canalla aplicado al suave vídeo del PSOE, ponen en primera página a la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, la diputada Sermones.
No tenía el gusto de conocer a esta señora, y, como yo, muchos ciudadanos, muchos, incluso muchos que la votaron en la lista de Madrid, y muchos que votaron al PP en otras provincias. Quizá sea por eso, porque necesita posicionarse en el mercado político esperando mejores tiempos… sin Marianico en el despacho de Génova.
La diputada Sermones es periodista, y conoce, por tanto, la importancia de estar en los medios. Su ataque a la ministra Chacón defendiendo a Coward Trillo la ha puesto en todos los carteles. Defender a Trillo, después de que unos militares que obedecieron sus órdenes hayan sido condenados y el mandahuevos siga ocupando de manera indigna un escaño en el Congreso, no es sino la muestra de que la diputada Sermones buscaba portadas y que se la conociera.
Hoy, después de difundirse un vídeo suavecito del PSOE, la diputada Sermones se ha dado por aludida, como otros muchos peperos, y lo ha calificado de canalla. Ya se sabe, quién se pica… patada en los cojones (que diría Patricia Conde).
Vale.

Al conocerse ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las identificaciones falsas del YAK-42 (falsas, delictivas, no erróneas como dice el ABC), la ministra de Defensa, Carme Chacón señaló directamente a Federico Coward Trillo, en sede parlamentaria, como responsable político del asunto. Lo hizo en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, ¡qué mejor espacio para ello!
Hoy, en el mismo lugar, el Congreso de los Diputados, la diputada Sermones ha tachado de “abyecta, indigna y vil” a la ministra de Defensa. La diputada Sermones, ¡santo dios! lo ha hecho para defender a un cobarde, para defender a Federico Coward Trillo.
Hoy, ¡santo dios! se ha sabido que ayer Federico Coward Trillo puso su cargo de portavoz de Justicia (¡manda huevos! portavoz de Justicia) a disposición de su partido, pero Mariano, Cospedal y Santamaría no se la aceptaron. Eso dicen, pero el parecido de la “dimisión” es demasiado grande con lo que se nos hizo creer alguna vez cuando se dijo que tras el accidente del YAK-42 había puesto su cargo de ministro de Defensa a disposición de Aznar. Ni entonces ni ahora Federico Coward Trillo presentó la dimisión o puso su cargo a disposición del partido. Es demasiado coward.
El histrionismo de la diputada Sermones en su defensa de Federiquín ha sido patético. ¡Santo dios!
¿Con qué bagaje moral critica la diputada Sermones a la ministra Carme Chacón? ¿Con el santo dios? Con un santo dios que recuerda a cuando los padres y abuelos políticos de la diputada sermoneadora, del cobarde, del suave decían aquello de “Dios está con nosotros”, y la realidad era que lo tenían secuestrado (León Felipe dixit).
Federico Coward Trillo nunca ha actuado, desde que está en política con valentía, siempre se ha aprovechado de su situación política personal en beneficio propio. Hasta hizo eso en actos solemnes como juras de bandera, ¿verdad, Federiquito?
Vale.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso del YAK-42 condena a los acusados a penas de prisión, que en los casos de menos de dos años no requerirán el ingreso en prisión y en el caso del general Navarro, condenado a tres, tampoco ingresará en prisión, al menos de momento, porque recurrirá el fallo judicial.
Sin embargo, es de gran interés la condena que se hace al Estado como responsable civil subsidiario en las falsas identificaciones, ya que fueron realizadas por funcionarios públicos. Es de gran interés y es muy curioso porque en el caso del YAK-42, además de las pérdidas de vidas humanas (aspecto fundamental), el Estado resulto perjudicado económicamente y no ha podido ser resarcido de esas pérdidas económicas.
Para las empresas, en estos tiempos, el contar con personal cualificado es un valor diferencial, lo que se denomina “capital humano”. Los departamentos de recursos humanos de las grandes y medianas empresas invierten en la localización y formación de los mejores para incorporarlos a sus plantillas, algo que también realizan las FAS.
La muerte en accidente de 62 militares provocó pérdidas económicas al Estado, porque había invertido tiempo y dinero en la formación de aquellos militares, oficiales superiores, suboficiales, tropa, que, además de tener un empleo militar (teniente coronel, comandante, capitán, subteniente, brigada, sargento, cabo 1º, cabo, soldado), tenían una gran formación profesional, que es costosa, mucho, al Estado, y que la falta de controles reales y de calidad (la misma calidad personal y profesional que se exige a cada miembro de las FAS) en la contratación del maldito avión ucraniano provocó las pérdidas de vidas humanas (irrecuperables) y las pérdidas económicas para el Estado.
Que hoy, en su Sentencia, la Audiencia Nacional requiera al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por las falsas identificaciones, y que el propio Estado no pueda ser resarcido de las pérdidas económicas que la mala gestión (negligente, siendo piadosos) del Ministerio dirigido por Trillo, no deja de ser una contradicción.
Es cierto que el Estado es responsable, sin duda, de las falsas identificaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos pero el Estado también lo es de la mala calidad del transporte en el que encontraron la muerte 62 cualificados funcionarios públicos.
Que los responsables, cuando menos políticos, de esta doble responsabilidad estén sentados en cómodos escaños del Congreso es un insulto al Estado de Derecho, y que la muerte de 62 servidores públicos pueda quedar impune incluso del reproche moral o político, es una sangrante herida que quedará abierta no sólo en los familiares de quienes fallecieron, sino de todos aquellos que, siendo también funcionario públicos, consideramos que servir al Estado es un honor y una forma de estar en la sociedad, y quienes se sirven del Estado y no asumen sus responsabilidades se definen, en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, como lo que son: cobardes.
Vale.
En el programa de TVE “Tengo una pregunta para usted”, Mariano Cuchara Rajoy, pidió perdón a su manera por el accidente del Yak, pero dejó una perla curiosa: “que Trillo, por un error, no debería ser castigado a estar apartado de la política de por vida” (más o menos).
En estos días, están quedando claramente demostradas todas las irregularidades cometidas en la identificación de los restos de los 62 militares españoles que murieron en la montaña turca en mayo de 2003. Y está demostrada la prisa por celebrar el funeral de Estado, a sabiendas de que los restos de 30 militares estaban sin identificar. Las decisiones políticas han quedado demostradas hasta el punto de que el JEME de entonces, General de Ejército Alejandre Sintes, ofreció al Ministrillo un equipo forense de la Guardia Civil (de acreditada solvencia), que Trillo rechazó.
Efectivamente, es probable que por un ¿error? no se puede castigar a alguien de por vida política… salvo que sea socialista y se llame Mariano Bermejo, por ejemplo. O Demetrio Madrid y su ajusticiamiento político injusto sirva para que Bigotes I de Castilla (ahora anda por ahí Bigotes II de Valencia) haga carrera.
Trillo no debe dejar la política por un error, dice Mariano Cuchara Rajoy. Claro, Mariano, claro. Debe dejarla por 62 errores, por todas y cada una de las vidas de servidores públicos que encontraron la muerte en un accidente de avión cuyo contrato tenía más intermediarios y comisionistas que un kilo de tomates de Miajadas.
Pero Trillo no dejará la política ni por un error ni por 62. Porque su ética es muy elevada. Al menos, si hubieran sido 63 los militares muertos… Pero seguro que tampoco. Para ello Trillo no tiene ética, ni la tendrá.
Y Mariano Cuchara Rajoy no tiene… capacidades para echarlo de la calle Génova de una puñetera vez.
Vale.
En próximas fechas comenzará el juicio por las identificaciones irregulares de las víctimas del YAK-42. Se ha decidido por el tribunal que juzgará a un general, un comandante y un capitán que no se llamará como testigos a José Bono, exministro de Defensa, Federico Trillo, también exministro y José María Aznar, expresidente del gobieno. Bono había manifestado su disposición a acudir al Tribunal si se le citaba. Trillo y Aznar, sencillamente, se han negado.
Las víctimas, los 62 militares españoles muertos en el accidente del YAK-42, en Trabnszospor Turquía), cuando regresaban de una misión internacional en Afganistán, no se merecen la cobardía de quienes tenían la responsabilidad política de esa misión, Trillo y Aznar, ni que el tribunal que ha de juzgar que fueran mal identificados (por la decisión política del presidente del gobierno y del ministro de defensa de repatriarlos como fuera) se haya convertido en abogados defensores de sujetos sin ética (ni política ni de ningún otro tipo) como Trillo y Aznar.
Esos jueces que no dudan en ir a la huelga contra el gobierno socialista siguiendo las instrucciones de los dueños de la derecha política, dictan sentencias EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LES CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL, pero privan a servidores públicos, entregados y abnegados, como los 62 militares muertos en el YAK-42 de la dignidad de que se conozca la verdad sobre la causa real de su muerte y sobre las vergonzosas manipulaciones en las identificaciones.
Estos jueces no pueden permitir que un individuo como Trillo comparezca, al menos como testigo, para aclarar la verdad de lo que sucedió. Claro que, seguramente, esa verdad llevaría a Trillo al banquillo o le apartaría definitivamente de la política porque sus responsabilidades políticas en el asunto sobrepasan cualquier nivel ético mínimamente exigible. Trillo carece de ética, y no le importaría, siendo su familia militar de tradición, por ejemplo, hacer maniobras para que a algún familiar metido en´asuntos de drogas en un cuartel no les fuera de aplicación ningún tipo de arresto o de sanción. Bueno, no es que no le importaría, es que no le importó en su momento (año 1986).
Vale.
El Partido Popular está chantajeando al juez Garzón con presentarle una querella criminal por prevaricación si no se abstiene de la investigación de la trama de chorizos que ha campado por Génova, por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No se trata, por el modo en que está jugando con este chantaje el PP, tanto de que el juez Garzón se inhiba en la causa sino que de los jueces dejen de tocarle las narices al partido de Aznar.
Lo más curioso de todo esto es el “renacimiento” de un individuo como Trillo, que es quien está haciendo de portacoces de la extrema derecha contra Garzón. Un individuo como Trillo reclamando responsabilidades políticas sobre el exministro Bermejo no deja de sorprender.
Sorprende la caradura de un sujeto como Trillo reclamando rectitud política, al tiempo que su jefe interino, Rajoy (el titular de la plaza sigue siendo Aznar) habla de ética. Trillo, un sujeto de ética distraída, de ética hética, no debería ser ni siquiera escuchado por los medios de comunicación si esos medios fueran medianamente éticos. Pero la ética campa por su ausencia en nuestro sistema.
Un individuo como Trillo, responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42, responsable por la nefasta correa de contrataciones, subcontrataciones, seguros, reaseguros, comisiones, no está, no debería estar autorizado, para ser ni diputado, ni concejal, ni presidente de su comunidad de vecinos.
Un sujeto como Trillo, responsable político de los errores de identificación de esos 62 servidores públicos, carece de cualquier capacidad moral y ética para reclamar a los demás lo que no se aplica a sí mismo.
Que sus responsabilidades políticas las pagaran, y las sigan pagando, militares a sus órdenes cuando fue ministro de Defensa, le inhabilitan para abrir la boca siquiera.
El Partido Popular, si quiere incluso chantajear al juez Garzón, puede hacerlo en su estrategia política, pero escoger como portacoces de esa estrategia a un sujeto (no tiene la categoría de individuo) como Trillo, descalifica políticamente cualquier derecho que le pudiera asistir como partido.
Pero Trillo marca esa estrategia, marca el paso en esa huida hacia adelante, a la que, siguiendo las órdenes de Aznar (que Ana Botella transmitió a la ejecutiva del PP, no se olvide), arrastra al pusilánime Rajoy.
¡Ah! Por cierto. Este blog está escrito desde Cáceres, por si algún portacoz local se lo quiere hacer llegar a Trillo.
Vale.
Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.
Al comienzo de la presente legislatura, en la primera reunión del grupo parlamentario popular, un diputado solicitó de sus compañeros el apoyo ante las circunstancias que se le presentaban: un tal Federico Trillo. Reclamaba el apoyo de sus compañeros ante la situación jurídica y el cariz que estaba y está tomando el caso del YAK-42.
Ahora, cuando Mariano Rajoy repite presidencia del PP tutelada por Aznar, incluye en la Junta Directiva Nacional a Federico Trillo como ¿responsable? de Justicia y Libertades Públicas. ¿Cómo va a ser responsable de Justicia del primer partido de la oposición un sujeto que si la Justicia española fuera como debe estaría procesado por su responsabilidad material en el accidente de un avión contratado por el Ministerio que él dirigia? ¿Qué responsabilidad puede tener un individuo que, en un ámbito como el militar, no tuvo agallas suficientes para asumir la que le correspondía políticamente?
Parece claro que al colocar Rajoy a Trillo como responsable del área de Justicia de su partido está respondiendo a la llamada de socorro que lanzó el exMinistrillo, porque desde ese puesto puede influir, puede tener capacidad intimidatoria sobre una justicia que en España necesita una reforma radical, sobre una justicia que en España protege a los suyos: y los suyos son los de derechas, les guste o no les guste que se lo recordemos.
Parece claro que Rajoy pretende provocar a la Justicia para que no avance en las investigaciones (¿de verdad hace falta investigar algo más sobre el YAK-42?) y no se le ocurra imputar al eximio Federico Trillo.
Vale.