Cerca de las retamas

En diciembre de 2022 se publicó en el DOE el anuncio referido al sometimiento a información pública de la mina de “Las Navas”, en la zona de Cañaveral.

Ahora estamos pendientes de que suceda lo mismo (el tiempo no se sabe) con la petición de pase a concesión directa de la presunta mina de Valdeflores, en Cáceres capital.

Dado que desconocemos, al menos yo, el contenido de la documentación que presente alguna de las sociedades que están acogidas al sicariato lítico de Cáceres, vamos a plantear en qué consisten los distintos elementos de la planta de beneficio de Las Navas y lo que conocemos de lo que hasta ahora han planteado sobre la de Valdeflores.

La diferencia sustancial es que en Cáceres plantean una sola nave de 10 hectáreas de superficie (100.000 m2), por lo que las referencias que aparecen en el anuncio sobre Las Navas, han de entenderse sometidas a una sola planta, una sola instalación.

Para que los de Valdeflores planteen una sola instalación, deberían presentar un proyecto, dentro del conjunto de la documentación, redactado por técnico o técnicos cualificados, singularmente, Ingenieros de Organización Industrial que justifiquen de modo adecuado que todos los elementos industriales funcionan dentro de una sola instalación, cómo interactúan entre sí, y cómo se complementan sin producir, ni siquiera en la valoración teórica, interacciones que pudieran resultar peligrosas.

Por ello, en el capítulo de infraestructuras e instalaciones de la información pública de Las Navas, se señala que conforman la planta de beneficio “las siguientes áreas:

(las áreas numeradas se corresponden con las grafiadas en planos) Área 010: Trituración. Área 020: Molienda. Área 30: Concentración gravimétrica.

Área 100: Mezcla, peletizado y calcinación.

¿Por qué cuando en el documento inicial de Valdeflores se plantea una sola nave de beneficio de 10 Has, en la que tendrían cabida todos los procesos, infraestructuras, instalaciones, maquinarias, etc.? La razón es sencilla: señalar, como en alguna reunión del jefe del sicariato con ciudadanos, que todo sería un proceso estanco, perfectamente sellado, y que produciría CERO emisiones. Algo que, si lo mantienen en la documentación por conocer, requeriría lo que he indicado antes, un proyecto redactado por ingenieros de organización industrial que avalen esa afirmación de emisiones CERO.

De hecho, en “Las Navas” el proceso de trituración (Área 010) no está incluida en un edificio. Formarían una sola edificación las áreas de molienda (020), concentración gravimétrica (030) y mezcla, peletizado y calcinación (100). Estas tres áreas serían el edificio principal, con dos hornos rotativos de calcinación.

En la información de “Las Navas” se señalan que las distintas áreas se distribuyen en varias edificaciones e infraestructuras, que enumeramos a continuación, en un afán meramente descriptivo.

Edificio de hidrometalurgia; Edificio de oficinas; Edificio de laboratorio; Edificio taller y almacén; Edificio cobertizo punto limpio; Edificio caseta de control; Edificio almacén producto terminado; Sala CCM; Sala centros de transformación; Sala grupo electrógenos; Sala aire comprimido; Sala de calderas. Se proyecta instalar dos calderas de vapor, utilizando gas natural como combustible; y tres calderas de aire caliente, también a gas natural;  Edificio de reactivos: área 800; Cobertizo filtros prensa; Balsas de proceso: 2 balsas de agua de proceso interconectadas entre sí; Estación de depuración y regeneración de aguas residuales;  Estación de regulación y medida; Instalación de baja tensión; Instalación contra incendios; Instalación de aire comprimido;  Instalación de generación de vapor; Instalación de equipos a presión; Instalación de climatización; Almacenamiento de gasóleo exterior y aéreo; Almacenamiento y distribución de agua: dos circuitos de agua independientes (cir­cuito de agua fresca y circuito de agua de proceso), con depósitos de almacenaje de agua de volumen suficiente para afrontar picos puntuales de uso.

Como puede apreciarse, son múltiples infraestructuras, instalaciones, equipamientos que pueden funcionar “bajo el mismo techo” y otros que a simple vista parecen ser incompatibles en su funcionamiento entre ellos.

La propuesta de estudio de impacto ambiental de Valdeflores, además de todos los elementos requeridos por la ley de 2015 y otras normas, debe incluir la definición de la nave de beneficio tal como figura en el documento inicial, un todo hermético y compacto, y como tal, sometido a información pública, con la finalidad de que una vez obtenidos todos los plácemes, no se puedan “desgajar” edificios, cobertizos, instalaciones… que sometidos al estudio de impacto ambiental su definición de manera desgajada (como se hace en Las Navas) impida la elusión de obligaciones y de definición de su interacción con el medio ambiente.

Nos vemos en la información pública de Valdeflores (… si es que llega a plantearse).

Vale.

Durante los años 60 y 70 del pasado siglo se produjo la mayor emigración de extremeños tanto a otras regiones de España como al extranjero. Uno de los puntos de destino de un gran numero de aquellos emigrantes fue el País Vasco, y, concretamente, a Vitoria, donde confluyeron extremeños de varias localidades, siendo Brozas una de ellas.

Familias enteras de broceños o brocenses fueron a buscar un mejor horizonte laboral a Vitoria (como fueron de Deleitosa, Aldeacentenera…). El éxodo extremeño, propiciado por el propio régimen franquista es una rémora que aun hoy nos atenaza. En aquellos años la región extremeña perdió una gran parte de la fuerza productora y también de la fuerza reproductora.

Uno de aquellos paisanos de Brozas fue, con su familia, Romualdo Barroso Chaparro, en 1975-1976 encontró trabajo en la empresa de maquinaria agrícola Agrator, una empresa que aún hoy existe.

Imagen del entierro de los 5 obreros asesinados en la iglesia de San Francisco (Vitoria)

el 3 de marzo de 1976.

Durante los primeros meses de 1976, mientras trabajaba en Agrator, Romualdo libraba sus primeras luchas sindicales, cuando miles de trabajadores de diversas empresas, luchaban por sus derechos, cuando el régimen seguía siendo lo que fue, una maquinaria represora. Los trabajadores de Forjas Alavesas fueron, por su número y su compromiso, un ejemplo para los años siguientes.

El 3 de marzo de 1976, los trabajadores en huelga habían convocado asambleas, que tuvieron su lugar culminante en la iglesia de San Francisco. Hasta entonces, era muy extraño que el régimen ordenara a la policía armada, a los grises, que intervinieran en “recintos sagrados”.

Sin embargo, aquel día de marzo, cuando la iglesia de San Francisco, en el barrio vitoriano de Zaramaga, se encontraba repleta de gente, de trabajadores en huelga, con otra muchedumbre en el exterior, la policía armada, los grises, entraron a tiros en la plaza para dispersar a los concentrados y desde allí, también a tiros entraron en la propia iglesia.

Los disparos a matar de los policías del régimen fascista acertaron en muchos trabajadores, dejando un buen número de heridos y cinco trabajadores asesinados.

Entre los asesinados se encontraba Romualdo, el broceño trabajador de Agrator. Tenía 19 años de edad. Tenía toda la vida por delante y fue segada por un disparo represor.

En aquellas fechas era ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne y ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa. Ninguno de los dos, por supuesto, asumió responsabilidad alguna en la orden dada a la policía armada de entrar en la Iglesia de San Francisco a tiro limpio, ninguno de los dos asumió responsabilidad alguna en los asesinatos de los cinco trabajadores, entre ellos, nuestro paisano de Brozas, el joven Romualdo.

Manuel Fraga Iribarne fundó, con otros correligionarios suyos, lo que ahora es el Partido Popular, un partido sobre el que sobrevuela la sangre de aquellos trabajadores, compañeros de Romualdo en las asambleas de San Francisco. Fraga murió hace unos años.

Rodolfo Martín Villa no fundó el PP, pero fue con la UCD ministro del Interior (jefe de la policía que había perpetrado la matanza de la iglesia del barrio vitoriano de Zaramaga) y a día de hoy, incluso mediando requerimiento de la jueza argentina Salvini, no ha rendido cuentas ante la justicia por aquella matanza.

Placa en el barrio de Errekealor (su barrio de Vitoria) en memoria de Romualdo Barroso Chaparro

Hoy, 20 de febrero de 2024, la universidad de Extremadura ha convocado una mesa redonda para conmemorar los 50 años de la creación de la facultad de Derecho, una mesa redonda en el Museo Helga de Alvear.

Hoy, con la afrenta de tener en la Universidad de Extremadura al responsable del asesinato de Romualdo, la universidad se ha hecho más pequeña, la facultad ha regresado a aquellos tenebrosos años en los que la “mafia local” la controlaba y hacía la vida imposible a los magníficos expertos que caían primero en el edificio Valhondo y después en la Generala.

Hoy, el Museo Helga de Alvear ha dejado de ser lo grande a que aspiraba ser y se ha convertido en covacha que acoge al responsable político del asesinato de nuestro paisano Romualdo. Un día que será por siempre, baldón en el devenir del Museo.

Vale.

Ahora que la empresa bursátil australiana ha anunciado que ha solicitado de la Junta de Extremadura el pase a concesión directa de la supuesta / presunta mina de litio de Valdeflores, conviene recordar el último movimiento (conocido) surgido desde el Ayuntamiento de Cáceres (me refiero, claro está, a un informe urbanístico, en dos partes, una de compatibilidad y otra de no incompatibilidad.

Fue aquel informe técnico sobe el que el alcalde afirmó no tener nada que ver y que le sirvió para afirmar que lo que escribieran los técnicos bien escrito estaría. Vamos, que se marcó un dontancredismo de manual.

El informe señalaba que la mina subterránea, que se desarrollaría hacia el centro de la tierra, partiendo de una distancia de 40 metros por debajo del suelo actual.

Es de suponer que la especuladora australiana acompañará a su propuesta o lo que sea, de una solución de aislamiento del entrono de la mina que quedará delimitada por un cerramiento de alambrada, de una altura suficiente y de una distancia perimetral adecuada.

Dado que a raíz del informe de los técnicos y jurídicos municipales, se extraía la información aparecida en la prensa que la mina podría estar varias plantas por debajo del suelo natural, como si fueran varias plantas de aparcamiento.

Lo de las plantas de parking en el subsuelo es algo que he leído en algunos documentos doctrinarios, referidos a resolver teóricamente el problema urbanístico de a quién corresponde la propiedad y el aprovechamiento de subsuelo.

Esta analogía del uso urbanístico del subsuelo con el aprovechamiento de ese subsuelo para actividades extractivas no cuadra con una realidad cuya solución no aparece en los textos teóricos.

La envergadura de la presunta mina, conforme aparece señalada en el documento inicial era de unos 380 por 300 metros. En aquel documento se hacía alusión a un cerramiento de seguridad.

Bueno, pues siguiendo los “razonamientos” del informe urbanístico y jurídico del Ayuntamiento de Cáceres y de los documentos doctrinales, creo que sería innecesario un cerramiento perimetral de la mina, de esos 380 x 300 metros ya que si tenemos en consideración que el suelo natural actual tendría una altura de 40 metros, no existe ninguna actividad agrícola o ganadera que pudiera interferir con las labores extractivas a desarrollar a tanta profundidad.

Del mismo modo, algunas actividades lúdicas, de ocio o recreo que habitualmente se realizan, como paseos, espárragos, senderismo de grupos de ciudadanos, paseos fotográficos, etc., no requerirían que los terrenos que en superficie estén situados sobre la vertical de la mina estuvieran alambrados, ya que ni siquiera las raíces de las encinas o de cualquiera de otras de las especies arbóreas o arbustiva, alcancen más de los 40 metros de profundidad.

Hicieron bien los técnicos jurídicos y urbanísticos en señalar que las actividades extractivas que habrían de desarrollarse a partir de los 40 metros de profundidad hacia abajo no son incompatibles con el planeamiento urbanístico.

Al fin y al cabo, estaríamos hablando de cinco o seis plantas de un aparcamiento subterráneo, que no necesitaría de medidas distintas a las de cualquier parking de la ciudad.

Cuando he ido comprendiendo, tanto a través del informe municipal como de textos doctrinales, he llegado a la conclusión de que las actividades de la mina subterránea no molestarían ni a las margaritas de esta primavera adelantada.

Vale.

La empresa “Infinity Lithium Corporation”, sociedad bursátil, ha solicitado de la Junta de Extremadura el pase a concesión de la explotación de la mina de Valdeflores, en la que han encontrado litio.

La primera reacción pública a la noticia ha sido, por buscada, la del alcalde de la ciudad, Rafael Mateos (PP). Y creo que ha sido una respuesta un tanto extraña: el alcalde pide “transparencia” en el proceso. Curioso, muy curioso.

Como ciudadano, no entiendo el porqué de esa petición de transparencia de la primera autoridad local, a no ser que se dieran por buenas algunas paradojas.

La primera paradoja sería que el alcalde se estuviera dirigiendo a los titulares de la empresa australiana (Infinity Lithium Corporation) o a los del sicariato cacereño (Extremadura New Energies), algo que me resulta extraño pues ya son varias las veces que en la página web de la matriz se han hecho suficientes alusiones al buen rollo con las autoridades regionales y locales. No creo que ni desde Perth ni desde el sicariato se planteen siquiera esconder información alguna, y se descarta que el alcalde de Cáceres se refiera a los promotores cuando reclama transparencia.

La segunda paradoja sería que el señor alcalde pudiera referirse a los ciudadanos, individuales o en colectivo, venimos manifestando nuestra oposición a que la mina termine autorizándose. No sería de recibo que la primera autoridad local exigiera transparencia a los administrados.

La tercera paradoja, en la reclamación de transparencia por el alcalde de la ciudad sería sobre los técnicos y jurídicos del propio Ayuntamiento, algo que sería inaudito y no daría lugar más que a chanzas y coplillas carnavaleras.

La cuarta paradoja estaría en saber si el alcalde de Cáceres, del Partido Popular, reclama transparencia a la Junta de Extremadura, gobernada por el propio Partido Popular, teniendo, como se ha demostrado a lo largo de los ocho meses de que el mismo partido gobierne (con la necesaria colaboración de VOX), una perfecta sintonía y amistad, tanto política como personal, entre ambos gobiernos.

Hay, todavía, una paradoja más, y es que el señor Mateos haya hecho esas declaraciones mirándose al espejo y se haya propuesto exigirse transparencia, lo que sin duda puede ser peligroso si eso sucede mientras se afeita, no vaya a ser que se haga algún corte.

La transparencia, señor alcalde, la exigimos los ciudadanos, y se la exigimos a usted, como titular del Ayuntamiento, en cuya sede y por cuyos técnicos se deben emitir informes que pueden decantar o no las decisiones futuras sobre la mina, tras estudiar los contenidos del proyecto presentado, en todos sus términos.

La transparencia, señor alcalde, la exigimos también a todas las decisiones que emanen de la Junta de Extremadura, que debe poner a disposición de los administrados todos aquellos informes que se emitan por los técnicos competentes (si los hubiera) en las diversas materias.

Vale.

Dicen que la política es el arte de lo posible. O, también, como hace la Real Academia de la Lengua, “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo” (acepción 9ª).

La amnistía que en estos meses forma parte del paisaje político de nuestro país concita a su alrededor múltiples opiniones, de todo tipo, de cualquier pelaje, de cualquier ángulo del llamado espectro político. Y ello me mueve a dar mi modesta opinión.

En primer lugar, se achaca al actual Presidente del Gobierno que no manifestara antes de los dos últimos llamamientos electorales (municipales y autonómicas de mayo y generales de mayo de 2023) si estaba dispuesto a amnistiar a los autores del llamado procés catalán, culminado en 2017 con la efímera DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y la huida de Carles Puigdemont en el maletero de un coche. Claro, que en campaña electoral los programas se limitan a plantear cuestiones que teóricamente están a su alcance en caso de gobernar.

Sucede que, cada vez más, las coaliciones gubernamentales, en todos los estratos de la actividad política (local, autonómica o nacional) son imprescindibles para el gobierno de ayuntamientos, autonomías y gobierno central. Ello hace que los partidos políticos se ven en la necesidad de acordar para hacer viable la gobernabilidad, cediendo cada grupo de la coalición en beneficio del conjunto, o renunciando a determinadas opciones para propiciar los acuerdos.

En este contexto, la formación del actual gobierno de PSOE + Sumar, apoyado por el resto de grupos parlamentarios, excepto P y Vox, responde a ello. Cada partido que ha apoyado esa mayoría parlamentaria (en equilibrio constante) ha planteado y obtenido cesiones o contrapartidas, siendo el propio gobierno el que obtiene la mayor ventaja, que es la dirección política de la nación, conforme determinan la Constitución y las leyes.

El PSOE, con su Secretario General al frente, ha negociado con todos, y especialmente, por la deriva informativa que el asunto ha supuesto, la posibilidad de conceder una amnistía para los incursos en el procés. Esa negociación culminó en sede parlamentaria con el rechazo del proyecto de ley de amnistía al votar en contra, precisamente, el grupo de Junts per Catalunya, cuyos dirigentes serían los máximos beneficiarios (junto con ERC) de la medida de gracia.

Llegados a este punto, se puede afirmar que la cuestión se ha negociado con la transparencia necesaria, plasmada en el proyecto de ley y en su debate y sometimiento a enmiendas, pero no ha prosperado. Es decir, que los pasos intermedios de la negociación, bajo la necesaria discreción, han aparecido y han salido a la luz donde se plantea la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados.

Todo ello, todo lo anteriormente expuesto, sometido a un bombardeo constante de las soflamas del Partido Popular y sus correligionarios de Vox, adobadas con grandes dosis de titulares y terceras páginas de todos los medios de comunicación (salvo las excepciones de todos conocidas) que machaconamente han atacado y atacan al Presidente del Gobierno y al partido del que es Secretario General, con llamamientos a salir a la calle, al golpismo decimonónico (“el que puede hacer que haga”, que dijo el que saliva con ser presidente de la III República), a rezos (¿para qué?), a rodear brazo en alto la sede de Ferraz.

Pero, lo que son las cosas. Hace escasos días, Carles Puigdemont, el del maletero, dijo, refiriéndose al Partido Popular, que la situación actual no habría sucedido (lawfare incluido) de haber aceptado la propuesta de hacer a Núñez Feijóo presidente del gobierno. Y que, en consecuencia, se sabría qué es lo que el líder interino de la derecha le habría ofrecido para buscar su apoyo.

Antes de que el tal Puigdemont (más de derechas que donde se encuentran los aseos de los bares) pudiera hacer pública su versión, la dirección de Génova ha sacado un argumentario en el que reconocen las negociaciones, que estuvieron negociando una amnistía, o que negociaron el indulto para el Molt Honorable Carles, todo ello para conseguir la “reconciliación” en Cataluña.

Y ahora, a una semana vista de las elecciones gallegas, el todavía amigo del narco Marcial Dorado (tiene que desmentir esa amistad sin dejar lugar a dudas), se enfrenta a su propio descrédito, por haber ocultado esas negociaciones, por haber ocultado por qué fracasaron, y por qué solamente cuando se ha visto amenazado por la versión que pudiera dar Puigdemont, se ha atrevido a reconocer. Por supuesto que no lo hace en primera persona, sino mediante un argumentario.

En el fiel de la balanza, de un lado, la actitud del Secretario General del PSOE, y de su grupo parlamentario, que han llevado hasta el final mismo, hasta la votación en el Congreso, los resultados de los acuerdos y desacuerdos que se reflejan en el proyecto de ley de amnistía. Y del otro, la actitud rácana, miedosa, de un falso líder político que no se atreve a dar la cara y que pretende que un lacayo suyo herede su poltrona gallega pare él seguir guardando la suya de Génova.

¡Bien harían los gallegos de darle una patada en el culo a Rueda, con efecto expansivo en el trasero de Núñez Feijóo!

Vale.