Archivos para septiembre 2009

El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.

Los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, según puede leerse en los periódicos de 1919, fueron comprados, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de la ciudad, para que, unidos a una finca municipal, fueran cedidos gratuitamente al Ejército, para construir un Cuartel. Posteriormente, a finales de los años 40, se realizó otra cesión gratuita, de menor superficie, para unirla a los terrenos originales de 1919.
Dado que la cesión de los terrenos se había producido gratuitamente por el municipio, con sacrificio económico de las arcas locales, cabría haber planteado, posiblemente, con motivo de la subasta pública anunciada por el Ministerio dirigido por Trillo, alguna reivindicación de derechos, relativos a una reversión total o parcial, o participación en los recursos obtenidos en la subasta.
Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación pública del entonces alcalde de la ciudad sobre la posibilidad de recuperar al menos parte de los costes que en su día hubo de desembolsar el ayuntamiento, ninguna manifestación pública ni ninguna acción administrativa encaminada a que por los servicios técnicos y jurídicos municipales se elaboraran informes que pudieran avalar la existencia de derechos sobre los terrenos a enajenar.
Con el paso del tiempo, algunos funcionarios de alto nivel del ayuntamiento confirman que plantearon directamente al Alcalde Saponi que debería reclamarse el derecho de reversión sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacaba a la venta en subasta, por una cuantía de 520 millones de pesetas. La respuesta de Saponi era sencilla: “hay que llevarse bien con el Ejército”. Confundía, sin duda por ignorancia, Ejército con Ministerio. Y esa ignorancia, en octubre de 2000 se tradujo, solamente cuatro meses después, en marzo de 2001, en el anuncio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de que el Centro de Instrucción del campamento de Santa Ana tenía los días contados. “Hay que llevarse bien con el Ejército”, tan bien que el Ministerio de Defensa, ante una actitud tan sumisa como la mostrada por el Alcalde Saponi puso el cartel de próximo cierre al Campamento de Santa Ana. El que no se haya cerrado no es mérito posterior de Saponi, como falsamente le atribuyen sus acólitos y él se pavonea en alardear: cuando lo hace, miente descaradamente.
Lo que hizo Saponi en octubre de 2000, al no reclamar el derecho de reversión, total o parcial, sobre los terrenos del Cuartel Infanta Isabel que el gobierno de su propio partido, fue, como alcalde, una clara y contundente, dejación de obligaciones con perjuicio para las arcas municipales. Y como militante del partido de la derecha, una sumisión propia del vasallaje medieval, sumisión impropia de quien, cuando iba a las asociaciones de vecinos, sacaba pecho y valentía y cuando se trataba de reclamar en Madrid (recuérdese la Ronda Este), era un sumiso cachorrito.
Vale.

La neoliberal Esperanza Aguirre ha vuelto hacer alarde de su propensión a la media verdad y a la gran mentira para crear un debate que es, socialmente, muy peligroso. Me refiero a su propuesta de conferir a los profesores el status de autoridad para combatir las agresiones. Antes de analizar la media verdad y la gran mentira, señalo que me apena la forma con la que los sindicatos de la derecha (¿sindicatos de derechas? contradicción en sus propios términos) se han lanzado al seguidismo del titular de prensa y a propagar la buena nueva neoliberal (en realidad, neofascista) de Esperanza Aguirre.
La media verdad: Aguirre señala que ese status de autoridad lo sería solamente para los profesores de la escuela pública. No he visto, en los sindicatos de la derecha, ni en muchos otros foros, una explicación jurídica de la razón por la que la propuesta solamente afectaría a la escuela pública. Sencilla y llanamente, solamente podría alcanzar a esos profesores porque son empleados públicos, y la autoridad y su ejercicio en nuestro ordenamiento público solamente corresponde al Estado y sus administraciones. Por tanto, jurídicamente, lo que propone doña Esperanza es una media verdad.
La gran mentira: a Aguirre le da igual la autoridad de los profesores y su seguridad ante posibles agresiones, digo de los profesores de la escuela pública. Ella no ha lanzado su propuesta para defenderlos, ha lanzado su propuesta neofascista en su escalada política contra la escuela pública. Lo que ha querido evidenciar con su propuesta es una criminalización de la escuela pública, a la que solamente irían los hijos de los marginados, de los inmigrantes. Ha señalado a la escuela pública como germen de la delincuencia, y esta criminalización es una determinación política neofascista.
La fiscalía general del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 2007, ya ordenó a los fiscales de su ámbito de competencia otorgar el tratamiento de atentado a la autoridad en las agresiones a profesores y a personal sanitario, en tanto que funcionarios públicos en el ejercicio de su función publica. En 2008, la Fiscalía General del Estado asumió esta línea de actuación y así está ordenado a los fiscales de todo el territorio estatal.
¿A qué viene, por tanto, la propuesta de Esperanza Aguirre? La propuesta política de Esperanza Aguirre no tiene camino jurídico por cuanto ya existe jurisprudencia emanada de las acciones fiscales llevadas a cabo en Extremadura en 2007 y en todo el Estado desde 2008. La media verdad no es necesaria.
El alcance de la propuesta es puramente político y solamente tiene entronque en la criminalización de la escuela pública, en la misma línea que ya hizo la misma Esperanza Aguirre con la sanidad pública y el caso del hospital de Leganés.
Lo triste es ver que sus propuestas neofascistas tienen tanto eco y son tan bien recibidas por sindicatos de derechas que, finalmente, están siendo correa de transmisión de esta y de otras aportaciones ideológicas de la derecha más antigua y reaccionaria que se conoce en Europa.
Vale.
Las previsiones de la Revisión del Plan General de Cáceres ha variado a lo largo de su tramitación. Al principio, se incluyó siguiendo lo establecido en un documento de 1992, y que seguía en la situación del plan vigente: su demolición y construcción de viviendas, alrededor de 130. Después, a raíz de una moción presentada en pleno por el grupo municipal socialista, se estableció que debía incluirse en el Catálogo de bienes protegidos. Ahora, con una alegación presentada por el Estado, se considera que debe volver a la situación que permita un aprovechamiento lucrativo, y, en todo caso, que debe suprimirse la protección estructural y que esta protección sea ambiental. O lo que es lo mismo, que se podría demoler.
En esta situación, sería muy conveniente hacer uso de la ley de patrimonio histórico y cultural de Extremadura y declarar la Cárcel de Cáceres Bien de Interés Cultural.
Para iniciar el procedimiento de declaración de un inmueble como bien de interés cultural, dice la Ley en su artículo 7, podrá la Administración actuar de oficio o podrá hacerlo a instancia de cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
En el caso de la cárcel de Cáceres, construida durante la II República, se trata de un inmueble que obedece a las directrices que los gobiernos republicanos dictaron para mejorar la situación de las cárceles españolas, y, especialmente, de las condiciones de vida de los reclusos.
En Cáceres, capital de provincia, la construcción de la cárcel fue una obra singular por muchos aspectos: porque se hizo sobre terrenos que se cedieron gratuitamente al Estado, porque para pagar su construcción se recabaron dineros de los municpios (de ahí el carácter de Prisión Provincial), porque obedece a unos modelos arquitectónicos que se iniciaron con el despertar intelectual de la II República…
Este inmueble, por su singularidad, por sus características arquitectónicas, por su significado social y político, cumple todos los requisitos no solamente para su inclusión en el Catálogo de Bienes de la Revisión del Plan General Municipal, sino para que en el menor plazo se inicie, de oficio por la Junta de Extremadura, y en aplicación del artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la declaración de la Prisión Provincial de Cáceres como Bien de Interés Cultural.
Vale.

Existe, en la ciudad de Cáceres, una calle que se llama “Comandante Joaquín González”. ¿Qué méritos contrajo con la ciudad este comandante para merecer una calle? ¿Cuándo se decidió poner su nombre a un tramo de la ciudad? ¿Dónde está el expediente municipal en el que han de sostenerse los méritos y donde aparecerán los promotores de tal homenaje?
Para tener referencias de este Joaquín, vayamos al libro “Tragedia y represión en Navidad”, del profesor universitario Julián Chaves Palacios. En ese libro, el comandante Joaquín González aparece citado tres veces.
(Páginas 46-47). “Sin embargo, entre bastidores la situación [en Cáceres] discurría de otra forma bien distinta. Tres oficiales el cuartel Infanta Isabel, único con guarnición en Cáceres, habían establecido contacto con sediciosos en Valladolid, sede de la Jefatura de la División a la que pertenecía la provincia. Se trataba del comandante Joaquín González y los capitanes Alfonso Pérez Viñeta y Francisco Viseo Moreno, que habían asumido los preparativos del alzamiento.”
(Página 50). “Una vez de regreso [el falangista Manuel Villarroel Dato, próximo a José Luna, de un viaje a Madrid] se entrevistó con el comandante Joaquín González. Ambos ultimaron los preparativos militares y civiles de la sublevación y acordaron tomar todo tipo de precauciones para evitar más detenciones. La suerte estaba echada y sólo cabía esperar el inicio de la insurrrección con la mayor cautela posible.”
(Página 53). “Sin embargo los movimientos que se registraban en el interior de otro edificio emblemático de la ciudad: el cuartel del Regimiento Argel, eran muy distintos a los que vaticinaba el gobernador. Tras recibirse desde Valladolid la orden de sublevarse, los oficiales más comprometidos conla sedición: comandante González y capitanes Visedo y Viñeta, pusiron a punto toda la maquinaria. Con ese fn se entrevistaron con responsables falngistas como el ya citado Manuel Villarroel, también con oficiales y jefes afectos al alzamiento tanto del Regimiento como de la Guardia Civil, ytabién con el coronel Álvarez Díaz, que hasta ese momento había permanecido al margen de la conspiración. Al parecer, su encuentro con éste fue breve y no exento de cierta tensión.”
Con estos méritos, también será interesante conocer quién fue el impulsor de nombrar una calle con su nombre: sus méritos y capacidades serán muy similares.
Vale.
Como Rajoy y sus secuaces no dejan de sacar pecho con el archivo de la causa de los trajes de Francisco Camps, en un tribunal valenciano presidido por su amigo De la Rúa, una simple búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Supremo, depara alguna sorpresa.
La Sentencia del TS 362/2008, de 13 de junio de 2008, recoge una cita de otra sentencia anterior, de 1998, cuya lectura, sin ser jurista, puede poner los pelos de punta al Curita y sus cómplices:
La homogeneidad entre los distintos tipos de cohecho ha sido expresamente proclamada por esta Sala. En efecto, la STS 1417/1998, 16 de diciembre , recuerda que “…la posible heterogeneidad de las diversas figuras de cohecho, es más aparente que real en cuanto que el bien jurídico que tratan de proteger, sus diferentes modalidades delictivas, es perfectamente unificable. Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado. Desde esta perspectiva se tiende a una política unitaria que trata de homologar todas las conductas que suponen la expresión de un comportamiento corrupto. En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Administración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de derecho”.
Vale.