Archivos para Cuartel Infanta Isabel

Si no fuera porque los lectores de los periódicos no tienen la culpa de lo que los redactores escriben y sus directores publican, en el asunto del futuro del Acuartelamiento estaríamos ante un episodio que, si tuvieran que examinarse los periodistas sobre lo que saben de lo que escriben, el suspenso sería aparatoso.

Es evidente que en mayo de 2004, el Ministro Bono y el Presidente Ibarra comprometieron una unidad de ingenieros (en hemerotecas, se hablaba de un total de unos 500 militares). Es evidente que en abril de 2006, el Gobierno aprobó un Real Decreto que determinaba que en Cáceres habría un Regimiento de Ingenieros y que no lo habría en Burgos, donde en aquellos momentos estaba el RING 1.

Es evidente que el 2 de diciembre de 2008 se firmó un protocolo general de intenciones entre Ministerio, Junta de Extremadura y Ayuntamiento.

Es evidente que el 26 de diciembre de 2008 se publicó una orden ministerial en la que en el despliegue operativo del Ejército de Tierra no figuraba un Regimiento de Ingenieros en Cáceres y volvía a parecer en Burgos.

Esto son evidencias que nadie puede negar. Y los ciudadanos, guiados por lo que publican los periódicos, asumen como dogmas. Pero los periódicos no dicen toda la verdad. O lo que es lo mismo: los periodistas no leen los documentos que citan.

Primero. El ministro Bono dijo que a Cáceres vendría una unidad de ingenieros EN SUSTITUCIÓN del CIMOV nº 1. O lo que es lo mismo: si aquello afirmado en mayo de 2004 se hubiera cumplido en septiembre, los militares destinados en el CIMOV nº 1 habrían tenido que irse de la ciudad. Por tanto, todos aquellos que tanto “quieren” al CIMOV nº 1 (ahora CEFOT nº 1) deberían dar las gracias porque la promesa política no se cumplió. Y los militares que estaban entonces destinados en dicha unidad y continúen en ella, deberían dar las gracias por no haber tenido que hacer las maletas.

Segundo. El RD 416/2006 no se refería solamente a que a Cáceres vendría un Regimiento de Ingenieros, sino que esa opción estaba dentro del despliegue operativo de la Fuerza, en el caso del Ejército de Tierra. O lo que es lo mismo, afectaba a TODO el Ejército de Tierra, que tenía, conforme al texto de la norma legal que los periodistas ignoran premeditadamente, un plazo de cuatro años para desarrollar el despliegue.

Tercero. El protocolo general de intenciones firmado en diciembre de 2008 no solamente recoge una referencia al RD 416/2006, sino que incluye el traslado de la Subdelegación de Defensa al Palacio de Las Cigüeñas y que el edificio de mando del Cuartel Infanta Isabel pasará, conforme a la valoración económica que se establezca, al Ayuntamiento. También establece dicho protocolo que la base de Santa Ana será ampliada en 280 hectáreas, para lo cual será preciso obtener recursos mediante la disponibilidad urbanística de una parte de dicha Base que no se utiliza (la margen izquierda de la N630).

Cuarto. La OM de diciembre de 2008 modifica el despliegue operativo de la Fuerza del Ejército de Tierra en base a las posibilidades económicas que habría en los presupuestos generales del Estado de 2009 y siguientes. De hecho, el mismo JEME que ha determinado que no vendrá a Cáceres un Regimiento de Ingenieros, estableció que en los años 2009 y siguientes no se movería ninguna unidad (caso del Regimiento de Ingenieros de Burgos a Cáceres, y otros previstos) si no se contaba con la suficiente financiación.

La situación actual, aunque les pese a periodistas indocumentados por apatía al no leer los documentos, es que está plenamente vigente un protocolo general de intenciones que afecta a la propia Base de Santa Ana, que no se cierra como quiso hacer el Partido Popular (la memoria es flaca y, en algunos casos, famélica) entre 2001 y 2004.

La situación actual, aunque les pese a concejales de derechas poco duchos en asuntos públicos, es que el Jefe del Ejército ha establecido en documento bastante, la Directiva de Reestructuración de Centros Docentes Militares, que el CIMOV nº 1 pase a denominarse CEFOT nº 1 y que, a partir de 1 de enero de 2011 toda la formación de tropa del Ejército de Tierra se haga en tres centros en territorio peninsular (Cáceres, San Fernando y Calatayud) y uno insular (Canarias).

La situación actual es que la vigencia del protocolo general de intenciones es plena en sus tres aspectos fundamentales: la ampliación de la Base de Santa Ana, el pase del Cuartel Infanta Isabel al Ayuntamiento de Cáceres y la disponibilidad de los terrenos sin unos de Santa Ana para obtener recursos.

En cuanto a las afirmaciones de la portavoz de la oposición, Elena Nevado, sobre los terrenos que serán recalificados para dar cumplimiento al protocolo, y las acusaciones de especulación, una sola cosa: cuando más ha especulado, a mansalva y con descaro, el Ministerio de Defensa con terrenos ha sido cuando ha gobernado el Partido Popular, y, especialmente, entre 2000 y 2004, con el ministro del Yak 42 al frente.

Y sobre otros aspectos del protocolo, recuerdo a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres que la fórmula por la que se obtendrá el Cuartel Infanta Isabel para la ciudad es la consecuencia de la dejación de obligaciones que hizo su partido con motivo de la venta por el Ministerio de la mayor parte de los terrenos. Dejación de obligaciones.

Vale.

El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.

Los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, según puede leerse en los periódicos de 1919, fueron comprados, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de la ciudad, para que, unidos a una finca municipal, fueran cedidos gratuitamente al Ejército, para construir un Cuartel. Posteriormente, a finales de los años 40, se realizó otra cesión gratuita, de menor superficie, para unirla a los terrenos originales de 1919.
Dado que la cesión de los terrenos se había producido gratuitamente por el municipio, con sacrificio económico de las arcas locales, cabría haber planteado, posiblemente, con motivo de la subasta pública anunciada por el Ministerio dirigido por Trillo, alguna reivindicación de derechos, relativos a una reversión total o parcial, o participación en los recursos obtenidos en la subasta.
Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación pública del entonces alcalde de la ciudad sobre la posibilidad de recuperar al menos parte de los costes que en su día hubo de desembolsar el ayuntamiento, ninguna manifestación pública ni ninguna acción administrativa encaminada a que por los servicios técnicos y jurídicos municipales se elaboraran informes que pudieran avalar la existencia de derechos sobre los terrenos a enajenar.
Con el paso del tiempo, algunos funcionarios de alto nivel del ayuntamiento confirman que plantearon directamente al Alcalde Saponi que debería reclamarse el derecho de reversión sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacaba a la venta en subasta, por una cuantía de 520 millones de pesetas. La respuesta de Saponi era sencilla: “hay que llevarse bien con el Ejército”. Confundía, sin duda por ignorancia, Ejército con Ministerio. Y esa ignorancia, en octubre de 2000 se tradujo, solamente cuatro meses después, en marzo de 2001, en el anuncio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de que el Centro de Instrucción del campamento de Santa Ana tenía los días contados. “Hay que llevarse bien con el Ejército”, tan bien que el Ministerio de Defensa, ante una actitud tan sumisa como la mostrada por el Alcalde Saponi puso el cartel de próximo cierre al Campamento de Santa Ana. El que no se haya cerrado no es mérito posterior de Saponi, como falsamente le atribuyen sus acólitos y él se pavonea en alardear: cuando lo hace, miente descaradamente.
Lo que hizo Saponi en octubre de 2000, al no reclamar el derecho de reversión, total o parcial, sobre los terrenos del Cuartel Infanta Isabel que el gobierno de su propio partido, fue, como alcalde, una clara y contundente, dejación de obligaciones con perjuicio para las arcas municipales. Y como militante del partido de la derecha, una sumisión propia del vasallaje medieval, sumisión impropia de quien, cuando iba a las asociaciones de vecinos, sacaba pecho y valentía y cuando se trataba de reclamar en Madrid (recuérdese la Ronda Este), era un sumiso cachorrito.
Vale.

En el año 1919, el Ayuntamiento de Cáceres, para garantizar que la ciudad contara con guarnición militar estable, cedió al Ramo de Guerra terrenos en los que construir un Cuartel, que luego se llamaría “Infanta Isabel”. El día 11 de julio de 1919, en EL BLOQUE Periódico Liberal, y con el título “Intereses locales” publicaba la información:

Días pasados y ante el Notario de esta capital, D. Gabriel Alvarez, se ha firmado una escritura de cesión de terrenos por el Ayuntamiento de Cáceres al ramo de Guerra, con el fin de que sirvan de solar para la construcción de un Cuartel donde se aloje la guarnición destinada á Cáceres.

Los dueños de los terrenos que se ceden Dª Raimunda Iglesias, señores D. Fernando y D. Lesmes Valhondo y Conde de Torre Arias, han dado al Municipio cacereño toda clase de facilidades para llevar á feliz término la cesión legal al ramo de Guerra de todo el solar para el Cuartel, mereciendo elogios su conducta, ya que han dejado la tasación y cobro de los terrenos hasta que peritos nombrados por una y otra parte tasen, de común acuerdo, su valor en venta.

La información de El Bloque reseña los firmantes de la escritura por el ramo de Guerra: el Coronel del Regimiento de Infantería número 75, don Manuel Núñez Antón, que había llegado el sábado anterior a Cáceres, en el correo procedente de Madrid (esta “gacetilla” se recoge en otra página del mismo periódico), el Comandante de Ingenieros don Julio Soto, el Intendente D. Florentino Contador, el Comisario de Guerra D. Alfredo Ramón Laca, y el Capitán Audior D. Francisco Xavier Dusmet. En representación de los vendedores, El Bloque cita que firmaron Dª Raimunda Iglesias, D. Fernando y D. Lesmes Valhondo y D. José Elías Prats, éste en representación del Conde de Torre Arias. Por el Municipio, firmaron los síndicos D. Luis González Borreguero y D. Gonzalo López-Montenegro y Carvajal. Con la firma de la escritura, los militares firmantes se hicieron cargo de los terrenos.

La noticia de El Bloque termina: Cosa es que nuestros representantes en Cortes, gestionen cuanto antes que se destine alguna cantidad para que por el ramo de Guerra se comience bien por administración, bien por contrata a los trabajos de explanación del cerro del Teso, con lo cual podría tenerse preparado para la solución de crisis obreras que seguramente habrán de presentarse en el invierno próximo.

Vale.

Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.