Archivos para Saponi

En la semana que termina se ha producido una reunión entre el Ayuntamiento de Cáceres y directivos de Busursa, encabezados por el hijo del amo Díaz Ferrán. En el fondo del asunto, la deuda del Ayuntamiento con la empresa y las causas de esta deuda. En las informaciones de prensa, en cambio, nada se dice sobre la gestión de la empresa.

¿Por qué la empresa no cumple con la obligación legal de facilitar las cuentas al Comité de Empresa? ¿Por qué cuando el Comité de Empresa, una parte, plantea una votación entre los trabajadores para llevar a los juzgados de lo social el incumplimiento de esa obligación, los trabajadores no respaldan al Comité? A la primera pregunta, la respuesta es fácil: a Busursa no le da la gana. Como tampoco le da la gana al Ayuntamiento someter a la empresa a una auditoría como es debido.

A la segunda pregunta, la respuesta es fácil: el amiguismo en las contrataciones de personal, y al enchufismo, especialmente nefasto en los doce años de gobierno del PP. Y algún que otro “velado” reciente.

Sobre la deuda del Ayuntamiento y su origen, la respuesta es sencilla: el contrato, adjudicado por una convocatoria realizada por el gobierno de mayoría absoluta presidido por Saponi. La redacción de ese contrato y las diversas necesidades de servicios surgidas desde que se adjudicó, han hecho que la empresa gane dinero sin que el servicio sea utilizado.

El contrato está basado en una contraprestación exclusivamente basada en el número de kilómetros, sin que aparezca ninguna modulación por utilización del servicio. Así, si hay que poner un servicio nocturno que no se utiliza (ha habido días, muchos, que la recaudación total del servicio ha sido de un euro), la empresa encantada. Si hay que poner un microbús a Rincón de Ballesteros para traer a vecinos a la feria de ganados, se pone: utilizaron el servicio tres personas, y el coste laboral del conductor fue cero, porque lo prestó un “inspector” que tenía que cumplir su jornada. En vez de “inspeccionar”, hizo de conductor.

Si hay que entrar en una urbanización privada, con una buena distancia en kilómetros, se entra. Aunque el servicio no se utilice.

El ayuntamiento paga por kilómetros. ¡Qué más da!

Los que hicieron el pliego de condiciones, los que lo aprobaron y los que firmaron el contrato se lucieron.

El déficit del servicio de transporte urbano tiene dos elementos: un déficit contable, basado en los kilómetros, y un déficit real, mucho menor, de manera que la diferencia entre uno y otro es un beneficio real para la empresa, aunque tarde en percibir el montante contable.

En la actual situación económica, procede que el ayuntamiento reduzca los kilómetros que abultan sin cuento el déficit del servicio. No hay que reducir líneas, hay que reducir kilómetros.

Algún ejemplo:

1.- Supresión del transporte urbano a una urbanización privada (Ceres Golf). Parada en la entrada de la urbanización, nada más.

2.- Supresión del refuerzo campus: los estudiantes, la inmensa mayoría, tienen la tarjeta mensual, por lo que se ahorraría el trayecto entre la cabecera de la línea en la Plaza de América y el Auditorio, ya que los usuarios de ese trayecto pueden tomar la línea 2 y transbordar tanto en Plaza de América como en Plaza de Toros.

3.- Supresión del bus nocturno, por su nula utilización.

4.- En horario de mañana de sábados, mantener un solo vehículo en la línea 4.

5.- Disminución del número de vehículos al campus en horarios de tarde, especialmente los viernes.

Con estas y otras similares decisiones, se disminuirá el número de kilómetros que se abonan, se utilice el servicio o no, a la empresa.

Y aprender para el próximo concurso y no hacer como hizo en su momento el PP, apoyado en su mayoría absoluta, que firmó un contrato claramente lesivo para los intereses de la hacienda pública municipal.

Vale.

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Cuando en junio de 2007 se estaba fraguando la constitución del Ayuntamiento de Cáceres tras las elecciones de mayo, el candidato del PP anunció su marcha, que materializó en el primer pleno que se celebró. En aquellas fechas, Saponi dijo: “Después de su intervención y ante las preguntas de los medios de información, el ex alcalde reiteró que en las pasadas elecciones se presentó “para ser el alcalde de Cáceres, y por unas razones o por otras no nos han dejado gobernar” (El Periódico Extremadura, 17-06-2007). Vamos, que “o soy alcalde o me llevo las llaves del Ayuntamiento”, como los niños que o juegan y ganan o se llevan la pelota.
Tras aquella renuncia del número 1 de la lista del PP, pudo leerse en los periódicos que “la oposición la puede liderar cualquiera”. Y cualquiera era el número 11 de la lista (de 12 elegidos).
El portavoz que llevaba el número que salió en el sorteo, el 11, era Javier Castellano, desde entonces hasta hoy portavoz del PP, portavoz de rebote. Y las más de las veces, portavoz rebotado.
Hoy, tras la renovación (o lo que sea eso que han puesto detrás del fino Villa) de la ejecutiva local del PP, el presidente provincial del partido, Laureano León ha hecho oficial lo que se esperaba: ya no hay portavoz de rebote, y vuelve Nevado a ser portavoz, como cuando mandaba Saponi. Ah, no, perdón, que será Elena Nevado.
Castellano se va con el trabajo hecho: nada. Y en lo que respecta a lo personal, todavía sigue buscando en este blog aquello que utilizó indebidamente para atacar a la alcaldesa y que cuando ha llegado la hora de aprobar el acta plenaria, no he tenido agallas para rectificarla y pedir que se incluyera lo que él dijo y lo que utilizó.
Váyase en buena hora de la portavocía, señor Castellano, pero, seguro, seguirá siendo “por responsabilidad”, concejal de a pie. Eso está bien, pasado el cargo de rebote, ahora llega el rebote por perder el cargo. Y eso, conociendo algo al personaje, nos dará muchas tardes de gloria.
Vale.
Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.