Archivos para enero 2010

La creciente vinculación política entre la jerarquía de la Iglesia Católica y la derecha española (en realidad, la extrema derecha), con un importante seguidismo de esta vinculación por parte de gran número de católicos, espoleados por los medios de comunicación afines, hace que en gran número de ocasiones, los comportamientos verbales de jerarcas eclesiásticos o dirigentes políticos estén más próximos a las respuestas defensivas de las sectas, en su concepto general, que a criterios de debate y contradicción de argumentos.

La religión, en su concepto general, responde entre otras muchas posibles causas, a la necesidad de los individuos de buscar respuestas a hechos o situaciones que les resultan incomprensibles y que en estos tiempos se producen con tanta rapidez que es mejor acudir a elementos no medibles en términos de análisis antes que racionalizarlos. En la práctica, gana cada vez más fuerza aquella definición de Jaume Perich: “fe es creer lo que no vimos”. Los dogmas, las verdades de la iglesia católica no solamente son elementos de fe para quienes los creen, sino que son excluyentes de cualquier otra posibilidad y su puesta en contradicción es visceralmente respondida.

Algo parecido viene sucediendo con muchas de las posiciones que defienden, con los mismos estigmas dogmáticos, muchos grupos ecologistas. En el baúl del cambio climático caben muchas posiciones que consideran irrenunciables e irrebatibles. Es evidente que la acción del individuo y de la propia sociedad son causa de los cambios que suponen, en su conjunto, una amenaza de futuro. El cambio climático es un hecho científicamente demostrado, pero ello no posibilita que en su nombre, los grupos ecologistas pretendan, a cualquier precio, imponer sus criterios.

Un ejemplo paradigmático de estos comportamientos sectarios y dogmáticos de los grupos ecologistas lo tenemos en su feroz (y costosa, económicamente) campaña en contra de la construcción de una refinería de petróleos en Extremadura. Para ellos, la refinería en Extremadura se ha convertido en el paradigma de su cruzada (en sentido material y en sentido espiritual). Sin embargo, olvidan, de modo interesado (¿qui prodest?), que en nombre de la lucha contra el cambio climático, los mayores costes sociales, políticos y demográficos no los pagaremos los países del denominado primer mundo, sino los países del tercer mundo. En nombre del cambio climático, provocado básicamente por esos países del primer mundo, se están imponiendo recortes que perjudican desarrollos futuros de quienes no han alcanzado ni siquiera a entrar en “vías de desarrollo”.

Es inaudito que mientras con dogmatismos sectarios se ataca el proyecto en Extremadura, esos mismos grupos ecologistas adopten posiciones solamente testimoniales ante la ampliación de la refinería de Petronor en Muskiz, Vizcaya, o de Cepsa en Huelva.

Del mismo modo que las actitudes dogmáticas y sectarias de la jerarquía de la iglesia católica y de los medios de comunicación que las jalean benefician políticamente (y buscan ese beneficio político en una sociedad de socorros mutuos con la derecha) a quienes son su correlato sociopolítico, las actitudes dogmáticas y sectarias de grupos ecologistas en contra del proyecto extremeño benefician a realidades ya existentes, sin considerar que el cambio climático, en su conjunto, es más atribuible a éstas que a los efectos que la puesta en marcha de la refinería extremeña pudiera generar.

Vale.

Una vez aprobado el Plan General de Cáceres, pendiente de su entrada en vigor, aparte de algunos episodios políticos que sin duda surgirán, ahora llega el momento de su aplicación.

Las empresas, los profesionales, las entidades financieras serán responsables de una más o menos agilidad privada en el desarrollo del planeamiento, lo que conllevará la creación de empleo ligado a la actividad urbanística, aunque la coyuntura actual no sea la mejor, y siempre teniendo un horizonte: que el sector inmobiliario funcione con mejores criterios que lo ha hecho en años anteriores. Es de esperar, para ello, que los propietarios de suelo, en su mayoría herederos que esperan con la mano extendida hacer caja, entiendan que no pueden buscar la especulación como camino para hacerse más ricos de lo que son.

A la administración, al Ayuntamiento, también le toca ponerse las pilas, ser más ágil en la tramitación de los documentos (consultas de viabilidad, programas de ejecución…), sin dejar de ejercer un control suficiente en el desarrollo de la ciudad. Para ello, y en el menor plazo, el Ayuntamiento debería poner en marcha la Gerencia Urbanística, con suficiente capacidad para facilitar la agilidad en la tramitación de expedientes, controlada por el pleno municipal, dirigida políticamente por la alcaldía y con funciones claramente intervencionistas.

La intervención de la administración en el control y seguimiento del planeamiento no tiene por qué ser causa de retrasos, sino elemento de garantía, de manera que bien fijadas las reglas del juego, todos han de atenerse a ellas, evitándose caminos tortuosos como los que actualmente se producen. Fijando criterios claros, suficientes, todos los agentes que intervienen en el proceso sabrán a qué atenerse.

Creo, no obstante, que la conformación política del ayuntamiento, y la conformación interna de los servicios administrativos, serán un lastre para sacar adelante una Gerencia Urbanística que permita el mejor funcionamiento posible. Es más, será más determinante la situación administrativa, la estructura administrativa actual, que la política.

Una Gerencia Urbanística, con funciones definidas, claras, y una estructura bien definida, vinculada a las decisiones del pleno municipal y a su ejecución por quien corresponde en la alcaldía, será un obstáculo, sin duda, para la actual estructura de los servicios municipales.

Cualquier cambio es un problema en las administraciones, mientras que las tendencias en las empresas se orientan a no considerar problemas sino dificultades los procesos de adaptación.

Vale.

Esta mañana, en el Cuartel General del Ejército, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a dos civiles y a un militar. El militar, el Teniente General Gómez Arruche, fue director general de la Guardia Civil, y los dos civiles, Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León y del Senado, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. También ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Naval a Gregorio Peces Barba, expresidente del Congreso de los Diputados.
Estas condecoraciones, que en el ámbito de las Fuerzas Armadas suponen el reconocimiento de méritos muy importantes en las personas que las reciben, tienen una especial relevancia cuando esos méritos no lo son por relevantes servicios prestados a las FAS (que también), sino por la contribución que cada uno de ellos, en los ámbitos de su actividad política y ciudadana han realizado en favor de conceptos más amplios como son la Defensa y la Seguridad en su conjunto.
No se trata de unas condecoraciones que pretendan reconocer lo bien que se han portado con el Ejército o con la Armada, sino que reconocen el trabajo político en la consecución de fines de carácter general, bien sea presidiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, sedes donde se plasma la soberanía popular, bien presidiendo Comunidades Autónomas para un mejor desarrollo del conjunto del país.
Es indudable que estas condecoraciones pueden chirriar en algunos ámbitos, y que es probable (me atrevo a vaticinarlo, desde ya, que ocurrirá en Extremadura) que desde esferas políticas no se entiendan “los méritos” contraídos por Rodríguez Ibarra para merecerla. El mismo expresidente de la Junta de Extremadura se ha aventurado a interpretar cuáles pueden haber sido esos méritos, en su afán, claro y transparente, de advertir y confrontar sobre nacionalismos que no aportan nada al conjunto del Estado, al conjunto de España.
Desde mi perspectiva, conociendo un poco, sólo un poco, el funcionamiento de la Administración Militar, es muy significativo de cuál es hoy el papel que juegan las FAS y el papel que no juegan, la mayoría de las veces, los partidos políticos respecto a ellas, que unas condecoraciones a personajes políticos significativos, impuestas por el máximo cargo político directo de la Defensa, un hecho simple: el lugar elegido para el acto no ha sido el Ministerio, sino el Cuartel General del Ejército.
Trabajar activa y políticamente en la defensa de unos principios ideológicos, aplicarlos en la ejecución de programas de gobierno, contando con el respaldo de los ciudadanos, es una gran manera de contribuir a forjar conceptos básicos en materia de Defensa y Seguridad, conceptos y acciones que fortalecen, que suman, y es lo que, de las palabras de la ministra Chacón, se desprende que han hecho los merecedores de las distinciones.
En el caso personal de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, además, he tenido la suerte y el honor de ayudar, un poquito siquiera, en que la presencia del Ejército de Tierra en la ciudad de Cáceres haya llegado hasta hoy, tras haber gestionado él y sentado las bases para ello, en unos momentos que fueron muy delicados. Enhorabuena, presidente.
Vale.
A raíz de una encuesta realizada en Andalucía, cuyos resultados indican que de llevarse a cabo elecciones autonómicas ahora, el PP ganaría, por primera vez, el líder (vocablo claramente degradado por abuso) de la derecha en Extremadura obtiene la conclusión de que esa encuesta arroja brotes verdes para su partido también esta tierra.
La expresión “brotes verdes” fue acuñada, en estos tiempos de crisis por la vicepresidenta Salgado, y por ello fue duramente criticada… por la derecha. Sin embargo, a Monago, al que todo le aprovecha para su convento, le viene bien, ahora, rescatar los “brotes verdes” para decir que la encuesta andaluza da como resultado su victoria en Extremadura.
Sin embargo, el PP tiene sobre sí enormes bosques marrones, especialmente en sus dos zonas de voto cautivo (sí, cautivo: al PP le votan los falsos nuevos ricos, los insolidarios… y podría seguir), que son Madrid y Valencia, aunque las ramas cada vez más frondosas de esos bosques marrones cada vez crecen más por su sede central, desde la primera planta, donde está Fundescam, hasta la última.
Del caso Gürtel, estercolero en el que asientan sus raíces los arbustos, matorrales, árboles de especies invasoras y otras, se conoce una sola parte del sumario. El líder (a cualquier cosa llaman líder) de la derecha española, Mariano Rajoy, líder del líder extremeño Monago (¿puede haber un líder de un líder’) ya ha dicho que aunque se demuestre que el PP se ha financiado ilegalmente él no piensa dimitir por ello (a eso, en derecho penal, se le llama confesión de parte).
Los inmensos bosques marrones que se alimentan del estercolero Gürtel son los que gustan, para su asentamiento, a los insolidarios, a los nuevos ricos, a los individuos que se consideran los reyes del mambo. Por eso, en Madrid y Valencia las urnas deberían cambiar de color: marrón.
Donde el bombero Monago (¿líder de qué?) ve brotes verdes, en todo caso hay, desde la demoscopia, un estado de ánimo coyuntural (eso son los barómetros de opinión, no otra cosa) que sin duda llevará al gobierno andaluz y el PSOE de Andalucía a emplearse más a fondo. No necesitará mucho, Bocanegra es un perdedor y sería deprimente que los andaluces lo eligieran, que eligieran a un señorito (Arenas no es líder, es señorito), por lo que a poco que los socialistas andaluces se esmeren, el siguiente sondeo cambiará y el definitivo, el electoral también.
En cuanto a Extremadura, la derecha liderada (ja) por el bombero del ciclomotor, está muy lejos de alcanzar, siquiera, que un sondeo o una encuesta les acerque lo más mínimo a los socialistas. Hay que recordar que tras la marcha de Rodríguez Ibarra, se pensaba que podría ser la ocasión de que la derecha (rancia como el tocino) extremeña alcanzara alguna cota de poder autonómico. Nada más lejos de la realidad: Fernández Vara agrandó las diferencias heredadas y el batacazo llevó al líder (coño, otro líder, ¿cuántos líderes tiene la derecha extremeña?) que se enfrentó a él al retiro dorado de Madrid. A otros ¿líderes? los había mandado Rodríguez Ibarra al Senado, a Florianito Chico lo envió Vara al Congreso.
Monago, como buen bombero, podría ir a la directiva de Bomberos sin Fronteras con ciclomotor.
Vale.

José María Aznar dijo que “los que idearon el 11-M no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”. En las fechas en las que hizo estas manifestaciones, se pensó que Aznar apuntaba directamente a ETA, lo que hubiera convenido a sus intereses políticos y lo que habría sido de su beneficio político en las elecciones del 14-M de 2003.

Si las informaciones que hoy pone al descubierto la Cadena SER (http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/terrorista-suicida-mato-agentes-cia-habla-11-m-varios-escritos/serpro/20100112csrcsrint_1/Tes) resultan ciertas, habrá que convenir que Aznar tenía razón en su afirmación, no en el objetivo. Resultaría cierto que a los que idearon el 11-M no habría que buscarlos ni en desiertos remotos ni en montañas lejas, pero tampoco en ETA.

El 30 de diciembre de 2009, un terrorista suicida se inmoló matando a siete agentes de la CIA. Rápidamente, las informaciones de prensa fueron aclarando cómo era posible que un talibán suicida había podido colarse en un recinto de la agencia americana. La respuesta fue rápida: era un agente doble. Como lo fue Bin Laden en su día, no se olvide.

En ningún caso puede darse credibilidad a un terrorista por encima de un gobierno legalmente constituido. En cambio, cuando ese gobierno, legalmente constituido, adopta decisiones de dudosa legalidad (meter a su país en una guerra ilegal sin cumplir el mandato constitucional: las guerras se declaran y existe un procedimiento), en un entorno socio-religioso que está en el origen de una masacre (11-M), la credibilidad de uno de los dos elementos puede crecer y la otra debilitarse.

Abu Dujana Al Khorasani, el agente doble de la CIA que mató a siete agentes, parece que ha dejado escritos que están siendo reproducidos en foros yihadistas en los que se atribuye la caída de Aznar. ¿Es cierto? Lo más seguro, no lo más probable, es que nunca lo sabremos… salvo que su condición de agente doble haya dejado otros rastros que no sean los que los yihadistas utilizan para su negocio.

Si finalmente Abu Dujana Al Khorasani resulta que sí fue uno de los que idearon el 11-M está claro que Aznar tendría razón (lo que, por higiene democrática de nuestro país no deseo ni sería deseable) y que no estaban ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Estaban más cerca, mucho más, a sueldo, como agente de la CIA, de la administración americana, cuyo máximo responsable era George W. Bush, el amigo tejano de Aznar. ¿Conocía la CIA alguna actividad de agente doble de Abu Dujana Al Khorasani? ¿Le permitían algún detalle de agente doble que le permitiera ganarse la confianza de la otra parte?

Las inquietantes informaciones que hoy revela la Cadena SER deberían, creo, forzar a que España reclame a la administración americana toda la información que tengan sobre el agente doble y sobre sus actividades en 2004, si ya en esas fechas formaba parte de la nómina de los espías americanos. El conocimiento de sus relaciones con la CIA, desde cuando, el grado de conocimiento que la agencia tenía de sus actividades al otro lado, todo ello podría despejar la incógnita que Aznar planteaba.

Vale.

La sentencia de un juez de Madrid condenando a los periodistas de la SER Daniel Anido y Rodolfo Irago por las informaciones de fraude en los censos de militantes del PP en las fechas en que se produjo el tamayazo ha causado perplejidad.
El juez atribuye a las informaciones toda la credibilidad, considerándolas ciertas y contrastadas, y basa su condena en que, además de su difusión en el medio para el que ambos periodistas trabajan (Cadena SER), también fueron difundidas por Internet, que, según el juez, no es un medio de comunicación.
Si las informaciones son creíbles, ajustadas a la realidad y debidamente contrastadas, la condena se fundamenta en que, según el juez, Internet no es un medio de comunicación, aunque la Cadena SER dispone de su correspondiente página web, e, incluso, emite su programación a través de Internet.
Según el criterio del juez, por tanto, lo publicado en la red carece del soporte legal para el derecho a la información, a todo tipo de información, se entiende, porque no es un medio.
Sería muy interesante saber si el juez lee todos los días el Boletín Oficial del Estado y si estaría dispuesto a que lo publicado en el medio de comunicación oficial e institucional del propio Estado no tuviera carácter de información y no pudiera refutarse como cierto.
Si es así, los organismos pagadores de la Administración de Justicia, y en concreto el centro pagador al que esté adscrito el citado juez, no debería aplicar a su señoría lo publicado en el BOE el día 5 de enero de 2010, que son las normas que han de regir la confección de las nóminas de todo el personal de la Administración, incluidos jueces.
El señor juez sabrá que el BOE ya no se publica en papel, que solamente se publica en Internet, y, por tanto, el Estado, en cuyo nombre y por el ejercicio de su cargo él ejerce la acción de juzgar, utiliza Internet como medio de comunicación ordinario para difundir las decisiones emanadas de las administraciones públicas, incluidos edictos judiciales entre los que, probablemente, habrá sido ya publicado alguno de su juzgado.
Internet es una herramienta que se ha convertido, además, en un medio, en el más poderoso y eficaz medio de comunicación, y, en todo caso, solamente la utilización maliciosa de la herramienta, que no es el supuesto juzgado, puede ser causa de sanción penal. También lo es la utilización maliciosa de cualquiera de los otros medios “tradicionales” de comunicación.
Si el juez considera que Internet no es un medio de comunicación, debería iniciar un procedimiento para que todas las normas publicadas en el BOE desde su desaparición en formato papel, sean anuladas.
Este extremo final al que puede llevar el ¿razonamiento? del juez para condenar a los dos periodistas es la consecuencia de un grave desconocimiento de la realidad que es incompatible, por sí mismo, para el ejercicio de la acción de juzgar sobre vidas y haciendas de los ciudadanos.
Vale.

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cercadelasretamas —  enero 9, 2010 — Deja un comentario

Ahora que internet se ha convertido en un mundo con vida propia gracias a las propias vidas de todo aquello que circula por las redes que se entrelazan y que reparten información, conocimientos, diversión, delitos, falta… en todas direcciones, ahora, más que nunca, el común de los ciudadanos (es decir, todos) manejamos algunos conceptos que, en sí mismos, tenían otros significados, distintos de los que entendemos.

Descargar es bajar de un medio de transporte (tren, barco, camión, avión…) productos de cualquier tipo. Una descarga eléctrica es un peligro para quien está cerca de una fuente de energía. También las descargas eléctricas eran (y en muchos lugares, siguen siendo) un “método” de curación de enfermedades mentales, incluida la homosexualidad, cuando era considerada (como aún hace la Iglesia Católica) una desviación, una enfermedad.

En el mundo, nuevo, de internet, descargar es obtener un contenido de la red, cualquiera que sea su ubicación, siempre que el software que se utilice lo permita. Si el contenido que se descarga está protegido por derechos de autor, plantea un conflicto. Un conflicto fundamentalmente de carácter económico.

Sin embargo, el conflicto entre derechos de autor, descargas de internet y consumidor final (internauta que, disponiendo de las conexiones y el software adecuado) produce un artificio de debate que podría comprenderse mejor si aplicamos al concepto de descarga una de las acepciones del diccionario de la RAE o, mejor dicho, si aplicamos en este conflicto el uso que del término descarga se hace en arquitectura (tercera acepción del diccionario de la RAE): “aligeramiento de un cuerpo de construcción cuando se teme que su excesivo peso la arruine”.

El excesivo peso de la fama, que en los sectores más beligerantes de la defensa de los derechos de autor, es una cuestión económica, disfrazada de “derechos de autor”, debe aligerarse, debe repartirse entre todos los elementos que sustentan el edificio de la creación.

Creo que si los creadores entendieran que internet no es un espacio de guerra, de conflicto, sino una inmensa llanura llena de posibilidades para sus creaciones, un edificio en construcción permanente, y, de momento, de volumen indefinido, cuando no infinito, comprenderían mejor que el “aligeramiento de un cuerpo de construcción cuando se teme por su excesivo peso la arruine” les permitirá conocer el alcance de lo que hacen, y les permitirá, también, conocer qué camino de creación les será más propicio para el futuro.

Vale

El pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Defensa emitió una nota de prensa tras la reunión de Carme Chacón con la cúpula militar en la que se puede leer: “entre los temas tratados se encuentra la evolución de las plantillas a lo largo del año que termina, en el que se ha alcanzado la cifra de 86.000 efectivos profesionales de tropa y marinería.”
Algún medio de comunicación, p. ej. El País, se refería en este tema a que los dos factores fundamentales de haber alcanzado la cifra de 86.000 efectivos se debía a la situación económica y a la mejora en los sueldos. Este volumen de efectivos se planteó en 2006 que podría alcanzarse en 9 años.
La consecuencia inmediata será que la oferta de empleo público en lo que respecta a tropa y marinería, para 2010, será que disminuirá considerablemente respecto a 2009, y se circunscribirá a la reposición de bajas, bien por aquellos que no desean renovar el compromiso o aquellos que los Ejércitos no considere que deben ser renovados. Para la incidencia sobre el empleo en general, no creo que se fije una tasa de reposición superior al 15%, alrededor de 13.000, a distribuir entre Ejército, Armada y Aire, y en 11 ciclos de incorporación. Linealmente, se convocarían 1.200 plazas por ciclo.
Para los intereses de Cáceres, donde la existencia de un centro de formación, el CIMOV nº 1, es una fuente económica de primer orden, la disminución de los efectivos a formar para su incorporación tendría efectos negativos inmediatos, ya que cada una de las Academias Militares tiene su propio centro de formación y parecen suficientes para asumir las necesidades que se derivarán de haber alcanzado el techo de 86.000, número marcado en los presupuestos generales del Estado.
Tendría, no tendrá, ya que si bien no han podido aún cumplirse las previsiones recogidas en el R.D 416/2006, las gestiones realizadas a lo largo de 2008 por la alcaldesa Carmen Heras dieron lugar a la firma de un Protocolo General de intenciones, con participación del Ministerio, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento, a finales de 2008, y cuya vigencia de un año para firmar un Convenio que amplíe los terrenos del actual Campamento de Santa Ana ha sido prorrogada. Ese protocolo garantiza la continuidad del uso militar de Santa Ana, que, ampliado, deberá ser el Ejército de Tierra el que determine qué unidad militar será la que se instale. Y mientras tanto, el CIMOV nº 1 continuará ejerciendo sus funciones, aunque sean disminuidas.
Vale.

Tras el intento de atentado en el vuelo Amsterdam-Detroit, y conocerse que el terrorista que pretendía llevarlo a cabo había recibido adiestramiento en Yemen, que, según parece, se está convirtiendo en base permanente de Al-Qaeda, las alarmas mediátecas (y de algún gobierno) han traspasado a las portadas de los periódicos e informativos audiovisuales.

Sin embargo, la situación de Yemen viene de antiguo. ¿O no recuerdan que en julio de 2007 fueron asesinados 7 turistas españoles? Los autores de aquellas muertes no fueron terroristas de Al-Qaeda, sino un grupo armado de los que en diversas zonas del territorio yemení mantienen una guerra soterrada.

Ahora, con una explosión demográfica creciente, un agotamiento contrastado de las reservas petrolíferas, una pobreza endémica, las ONGs retirándose del terreno, el intento de atentado y los focos mediáticos puestos en Yemen, cabría que nos preguntáramos, por ejemplo, cuál es la distancia de ese país de la península arábiga con Extremadura.

O lo que es lo mismo, ¿cómo puede afectarnos a los extremeños lo que suceda en y con Yemen? En principio, la distancia son unos 6.000 kilómetros. Lejos, lejos, muy lejos. Y lo que suceda allí, ¿qué nos importa?

Sin embargo, la embajada de España en ese país está cerrada. Tampoco nos afecta a los extremeños, aunque sí ha alertado al gobierno español. No sé si hay cooperantes extremeños, o españoles, en Yemen, o si paisanos o compatriotas nuestros por aquellos territorios. Pero podría haberlos.

También habrá paisanos y compatriotas que viajen en estas fechas y sufran los nuevos sistemas de control aeroportuarios puestos en marcha para prevenir en materia antiterrorista. Y eso con la suerte de no ser nuestro país uno de los 14 del eje del mal, cuyos viajeros no serán sometidos a control, sino directamente cacheados.

Las consecuencias de la puesta en el candelero mediático de Yemen y la creciente alarma que ello conlleva (como si los analistas en seguridad y defensa de los principales institutos de investigación mundiales no lo llevaran denunciando desde hace tiempo, incluidos los españoles), aumentará la sensación de un conflicto que algunos (los republicanos estadounidenses, la derecha española) desearían que derivara en un nuevo Afganistán o Irak, agrandando el teatro bélico de la península arábiga.

Además, Yemen está separada del cuerno de África por el Estrecho de Aden, estrecho que comunica el Índico con el mar Rojo y el estrecho de Suez. Frente a Yemen, al otro lado del Estrecho de Aden, está Somalia…

Y las consecuencias de lo que suceda con Yemen, justificadas, justificables y, sobre todo, interesadas, también nos afectará como extremeños y como españoles. Sería, por ello, deseable que la información que se transmita sea ajustada a la realidad y que la clase política e intelectual de la región no fuera ajena a este tipo de conflictos…

Vale