Archivos para abril 2008

El aserto que encabeza este texto tiene, en Extremadura, referentes que le son de aplicación directa e incuestionable. Extremadura es la región española que más energía eléctrica produce, o, mejor dicho, en la que aprovechando elementos naturales, más energía eléctrica produce, siendo, al mismo tiempo, una de las que menos consume, tanto por población como por la todavía escasa industrialización.

En estos momentos en que en la Asamblea de Extremadura ha comenzado la andadura del nuevo Estatuto de Autonomía, y cuando ha de revisarse el modelo de financiación autonómica, la transformación de elementos naturales para la producción de energía eléctrica cobra especial importancia.

Del mismo modo que la comunidad (entendida como conjunto de ciudadanos) participa de las plusvalías generadas por la transformación urbanística del suelo, también ha de participar en las plusvalías que se generan con la producción de energía eléctrica.

En el más puro derecho administrativo, corresponde a quienes, en el reparto competencial del título VIII de la Constitución española ostentan el ejercicio del gobierno, regular los derechos y deberes de carácter económico y fiscal, sin perjuicio, obviamente, de los derechos y deberes igualmente regulados en la CE y que corresponden a otras instancias de la estructura del Estado.

La Comunidad Autónoma de Extremadura ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Castilla y León, que se atribuyen la competencia sobre las cuencas de los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente. Estos recursos se presentan porque en opinión del gobierno autonómico extremeño, corresponden al Estado las competencias en materia de cuencas hidrográficas.

En realidad, corresponde al Estado la regulación y el mantenimiento de la integridad de las cuencas, pero no es menos cierto que las Comunidades Autónomas son, también, Estado.

Con esta realidad de los repartos competenciales, lo que está claro es que la transformación de elementos naturales en energía eléctrica plantea una doble interpretación de cómo han de establecerse los beneficios económicos que esa transformación engrosan las cuentas anuales de las empresas del sector.

La ejecución de las centrales hidroeléctricas existentes (entre ellas, Alcánta, Torrejón, etc.) fueron concesiones con una duración determinada, con unas condiciones determinadas, pero que adolecen de un elemento que no existía en el momento en que se produjeron: que las competencias estatales han variado, se han transformado.

En la práctica, actualmente la instalación de parques eólicos para la transformación del viento en energía, o las instalaciones fotovoltaicas, para el aprovechamiento solar, son competencia autonómica.

Se producen, por tanto, diversas cuestiones que tienen su raíz en el derecho constitucional y en el administrativo, pero que, al final, no resuelve cómo la comunidad puede participar de las plusvalías generadas.

Se ha planteado por el portavoz de la ejecutiva regional del PSOE, Francisco Fuentes, que, en este debate competencial, mezclado con el debate necesario para un nuevo modelo de financiación autonómica, las empresas que obtienen la energía eléctrica en Extremadura y la comercializan en todo el territorio estatal, o, incluso, la exportan, deberían tener su sede fiscal en la región.

Esta fórmula puede atentar contra la libertad de empresa, y propiciar un enfrentamiento entre autonomías, incluso entre comunidades autónomas con distinto régimen fiscal.

Por ello, se plantearía, como he señalado con anterioridad, una participación de la Comunidad Autónoma en las plusvalías generadas mediante dos posibles fórmulas, con alguna dificultad de encaje administrativo, pero que entran dentro de las cuestiones a incorporar, si resultaran adecuadas a los intereses regionales, en el nuevo Estatuto.

Una propuesta sería la consecución de un sistema tarifario que se aplicara a los ciudadanos extremeños y a las empresas radicadas en la Comunidad Autónoma para sus centros de trabajo o producción en su territorio. Ello beneficiaría directamente a todos y cada uno de los ciudadanos o a las empresas, con un componente de discriminación respecto a otras Comunidades que sería objetable desde el punto de vista de la igualdad. Esta objeción, de indudable calado, podría resolverse mediante su adecuada justificación en el concepto general de la discriminación positiva.

Otra propuesta, directamente relacionada con la materia del suelo, estaría en que la utilización de elementos naturales (agua, sol, viento) está en permanente estado de producción, generando, de modo continuo, energía eléctrica sin que de esa producción la Comunidad Autónoma obtenga más beneficios que los derivados de una fiscalidad que no es suficiente para una compensación adecuada.

En este sentido, habrá que establecer datos oficiales y fiables de la producción eléctrica en Extremadura y el consumo, tanto domiciliario como empresarial, y determinar, así, el diferencial de energía que se obtiene en la región y se comercializa en el exterior. Sobre este diferencial, la Comunidad Autónoma, en su nuevo Estatuto determinará el porcentaje de producción que la empresas, siguiendo el símil con las cesiones obligatorias con motivo de la innovación urbanística de los planes generales, deberán entregar a la Comunidad para su incorporación a la gestión de la misma como compensación al uso de elementos naturales en territorio de la Comunidad. El porcentaje citado, traducido a medida de energía eléctrica, nunca podrá ser superior a la energía consumida en la propia comunidad, tanto en domicilios como en empresas.

El porcentaje así obtenido será comercializado por la Comunidad Autónoma mediante la creación de una empresa pública, garantizando, por tanto a las actuales empresas la comercialización de su producción en la propia región y que la aportación se realizará sobre el excedente, no siendo, por tanto, necesario coartar la libertad de empresa y forzar su radicación en la propia comunidad.

Insaciables

cercadelasretamas —  abril 16, 2008 — Deja un comentario

La necesidad de agua potable para los ciudadanos de Barcelona ha llevado al Gobierno a plantear una actuación de emergencia que consiste en prolongar la captación de aguas para regadíos del Ebro en la provincia de Tarragona para llevarla a la capital catalana.
Este hecho ha desatado las insaciables ansias demagógicas de los dirigentes de la derecha en las comunidades de Valencia y Murcia. Y son ansias demagógicas porque, entre otras cuestiones, desconocen la historia, porque les interesa desconocerla, les conviene ocultarlas.
En primer lugar, al día de la fecha no existen problemas de abastecimiento para consumo humano en ningun de las provincias de Valencia ni en Murcia. Por tanto, no necesitan el agua para beber.
En segundo lugar, pretenden pepeturar el negocio agro-turístico, y es sencillamente canallesco que se pretenda llevar agua, por ejemplo, a las macrourbanizaciones de Polaris World cuando sus directivos están siendo investigados y en algún caso imputados por corrupción urbanística.
Pero lo más grave de todo es que esas zonas están chupando el agua del Tajo por una decisión adoptada en la dictadura para el mejor negocio de los grandes propiestarios de explotaciones hortofrutícolas.
Cuando la dictadura del General Bajito decidió el trasvase, los padres de los actuales gobernantes autonómicos aplaudieron con las orjas, y las compensaciones que se prometieron para las provincias de la cuenca del Tajo nunca se cumplieron. Y además, mandaron, en un alarde de finessa a un militar fascista de Gobernador Civil a la provincia de Cáceres.
Las compensaciones nunca se cumplieron, y ahora, los valencianos y murcianos, cuando ya saben que del Tajo no pueden sacar más, piden, reclaman, exigen, el agua del Ebro.
Eso sí, para los campos de golf de Fabra, o para los pelotazos urbanísticos de alcaldes del PP, o para derrochar agua a mansalva en casa Rita.
Insaciables: los hijos de los franquistas de Valencia son ahora los peperos que quieren más y más agua.

El Presidente del Gobierno ha decidido, mejor, decidió hace un mes que una mujer asumiera la cartera de Defensa, por primera vez en nuestra historia. Y la decisión ha sido de profundo carácter político, porque confluyen en la nombra, Carme Chacón Piqueras, los siguientes rasgos, todos ellos de relevancia en estos tiempos: es socialista, catalana, mujer y está embarazada. Y además, es insultantemente joven.
De todos los rasgos, el menos relevante es el que sea socialista.Todos los demás, por sí mismos, plantean cuestiones que chocan con la imagen social, con la percepción social que se tiene de la conformación de las FAS. Y por esa línea, han ido la mayoría de los comentarios de prensa, que cuando hacen referencia a la importancia del Ministerio de Defensa señalan que forman parte del mismo 130.000 militares (empleados públicos de uniforme), olvidando que también hay 55.000 empleados civiles.
El hecho de que sea catalana tiene mayor significado político que cuando Felipe González nombró ministro a Narcís Serra: el debate territorial no existía en los mismos parámetros que se dan actualmente, aunque hay quien piensa que existen ciertas similitudes. La diferencia fundamental estriba en un posicionamiento territorial más acentuado del PSC.
El hecho de que sea mujer puede ser percibido desde fuera de la administración militar como chirriante, porque se sigue manteniendo el carácter masculino de las FAS, cuando la realidad es que en 2008 las mujeres son ya el 12,3%, siendo muy numeroso también el número de mujeres empleadas civiles, tanto laborales como funcionarias. En este sentido, el hecho de que el Ministro de Defensa sea, a partir del 14 de abril próximo sea mujer es, sencillamente, un signo de los tiempos.
El hecho de que esté embarazada y que en las previsiones de parto estén en junio próximo, añaden un punto de curiosidad, solamente curiosidad, sobre cómo será la imagen con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, en torno al 30 de mayo de 2008. Pero la imagen será la normal: una mujer embarazada, cumpliendo sus obligaciones laborales y políticas. Las connotaciones subliminales, que las saque cada uno.
Estas tres condiciones pueden ser por sí mismo chirriantes, y han sido trasladadas por algunos medios de comunicación de forma sibilina, cargando más las tintas sobre el hecho de su juventud, 37 años, cuando sus más inmediatos colaboradores, los Jefes de los Ejércitos estarán en torno a los 60 o más, y sobre los que ejercerá directamente el mando.
Sin embargo, para los militares, para la mayoría de los militares, debería atenderse más a a su condición de socialista, ya que le corresponderá desarrollar la Ley de Carrera Militar y desarrollar un marco general de derechos y deberes de los militares, cuestión pendiente y necesaria para un colectivo de empleados públicos que han visto recompuestas sus condiciones laborales y de carrera y promoción en tres leyes, de 1989, 1999 y 2007.
Vale.

Tras la propuesta de la Alcaldesa de Cáceres de constituir una Comisión Especial para determinar la ubicación del futuro Centro de Ocio, con cuatro ubicaciones inicialmente posibles, parece claro que habría que hacer alguna referencia a cada una de las ubicaciones.
Antiguo Matadero. Proyecto totalmente privado, que se asienta sobre unos terrenos recalificados ad hoc pero que con dicha recalificación resulta inviable económicamente y los propietarios reclaman una nueva recalcificación sobre la concedida. Algo que no debería hacerse.
Parcela deportiva de Los Fratres. Independientemente de la modificación del PGOU impulsada por el PP al final de su mandato, los vecinos se oponen radicalmente, sin duda confundiendo Centro de Ocio con botellón, y parece que pueda llevarse a cabo.
Parcela situada junto a Empresariales y Residencia San Isidoro. Es la única de las propuestas que tiene la clasificación y calificación urbanísticas adecuadas, sin necesidad de recalificaciones hechas con calzador, sin vecindario que oponerse, bien comunicada, muy próxima tanto al centro urbano como a núcleos muy poblados, como La Mejostilla.
Y, por último, el socorrido Ferial. Me referiré a ello por el interés denodado del portavoz de rebote del PP. Al día de hoy, el suelo del recinto ferial depende de la Revisión del PGM. Y esa reclasificación determina, por si misma, la incompatibilidad del Ferial, en cualquier modalidad, temporal o estable, con los usos residenciales, ya que no es asumible tener viviendas a menos de 100 metros del Ferial. Por tanto, el diseño que para la zona dejó en herencia el PP hace inviable el propio Ferial.
La “solución” que los insignes redactores pensaron para ello es la de desplazarlo hacia el Sur, esto es, para meterlo encima del Acuartelamiento de Santa Ana. Es más, tal como está “diseñado” ese desplazamiento, ello obligaría a que los aparcamientos, finalmente, estuvieran situados dentro de la base militar. No sabemos si para el diseño se usó el pie derecho o el izquierdo, pero es seguro que se hizo con los pies.
Los terrenos que rodean el Acuartelamiento de Santa Ana están afectados por las Zonas de Seguridad marcadas por Orden Ministerial, y los condicionamientos para desarrollar cualquier tipo de actividad urbanística son muy importantes, por más que el propio Ministerio de Defensa haya dictaminado favorablemente la Revisión. Esos condicionamientos en la práctica, impiden cuando menos, un Ferial permanente dentro de las zonas de seguridad, así como otras actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.
Por ello, el portavoz de rebote del PP debería conocer mejor los temas en los que tuvo responsabilidad de gobierno, y saber que para que sobre los terrenos de “ampliación” del Ferial se puedan llevar a cabo acciones constructivas y de actividades, se deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Defensa, o plantear, si es que supiera de qué van asuntos comos estos, que Defensa modifique las zonas de seguridad.
Las normas pueden modificarse, y las que establecen las zonas de seguridad de Santa Ana, es probable que también. Atrévase a plantearlo el portavoz de rebote del PP, pero de modo serio, porque es un asunto muy relevante que compete en exclusiva al Estado, y atrévase a defender los condicionamientos que el Ministerio pudiera plantear al Ayuntamiento para llevar a cabo la modificación, teniendo en cuenta, además, que el uso del acuartelamiento ha de modificarse para acoger un Regimiento de Ingenieros, y ha de ampliarse hacia Valdesalor, con la expropiación de más de 300 Has.
Ah, y por cierto, las dos ocasiones en que el PP de Cáceres tuvo que gestionar asuntos con Defensa, hizo un ridículo espantoso: no sacó ni un euro de la venta de los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, por incompetencia manifiesta, y se aculó en tablas como un manso cuando Trillo ordenó el cierre de Santa Ana, y sobre esto, que no vuelva a leer o a escuchar que Saponi fue el que consiguió que no se cerrara porque es una mentira manifiesta.

EL MONAGA
Letra de León y Floriano
Música (La Parrala) de Miguel Celdrán
I
El Monaga dicen que era de Celdrán
otros aseguran que fue de Floriano,
pero nadie supo de fijo saber
de dónde sería Jantonio el Monaga.
Las malas lenguas decían
que las claritas del día
siempre le daban cediendo,
pero nadie comprendía
el porqué de la agoníaq
ue le estaba consumiendo.
Unos decían que sí,
otros decían que no,
y “pa” dar más que decir
el Monaga así cantó:
Estribillo
Que sí, que sí, que sí, que sí,
que al Monaga le gusta el Senado.
Que no, que no, que no, que no,
ni el ayuntamiento ni el aparatino,
Que sí, que sí, que sí, que sí,
que si no cobra no “pue” cantar,
que no, que no, que no, que no,
que sólo cobra para olvidar.
¿Quién me compra este misterio?
adivina, adivinanza.
¿Por quién llora?,¿de quién cobra?,
¿por quién vota el Monaga?
II
Dos hombres riñeron una “madrugá”
dentro del colmado donde él despachaba.
Y el que cayó herido dijo al expirar:
-Por tu culpa ha sido, Jantonio el Monaga.
Los jueces, al otro día
al Monaga preguntaban
si aquel hombre conocía
y el Monaga contestaba:
-Yo no lo he visto en mi vida
ni sé por qué lo votaban.
Unos dijeron que sí,
otros dijeron que no,
y “pa” dar más que decir
el Monaga así cantó:
Estribillo
Que sí, que sí, que sí, que sí,
que el Monaga tiene un escaño.
Que no, que no, que no, que no,
que él no quiere más que a su caño.
Que sí, que sí, que sí, que sí,
que si no cobra no “pue” cantar,
que no, que no, que no, que no,
que sólo cobra para olvidar.
¿Quién me compra este misterio?
adivina, adivinanza.
¿Por quién llora?,¿de quién cobra?,
¿por quién vota el Monaga?

El dúo Amaral ha sido elegido por la Exposición del 2008, la Expo del Agua, que este año de sequía se presena como un contraentido. Un tiempo en el que las aguas huyen despavoridas de las nubes, desaparecen y los grifos se cierran con válvulas de telarañas.
Amaral canta para que llegue la tormenta, en una versión magnífica de la canción de Bob Dylan, se anima a predecir que llegará la tormenta.

Y llegará, llegará, llegará, llegará la tormenta
Que anuncia el cielo

Amaral vaticina, si duda, que volverán las lluvias, precedidas de los ruidos y luces de la tormenta, para que volvamos a salir a la calle y que nuestras cabezas se mojen de esperanza, porque volveremos a ver los hilos de agua aumentar sobre regatos, avanzar su anchura en los riachuelos, formar afluentes que pasen alegres bajo los puentes, hasta llegar a los rios y limpiar los grifos para dar de beber a los sedientos.

Y mi voz se refleje desde ésta montaña
Aunque tenga que andar encima de las aguas
Hasta que ésta llamada sea escuchada

Amaral ejerce de profeta, de profeta de la tormenta y anuncia las futuras lluvias. Y el círculo mágico se cierra.
Ello nos trae recuerdos a los cacereños, cuando un personaje entrañable y querido, El Nano, recorría las calles, con su cartelón de estampas colocadas al azar, cantando letanías irreconocibles, parándose en las esquinas y bajo los balcones. Luego, al día siguiente, llovía.
El círculo que inició El Nano en Cáceres, se cierra ahora, cuando la sequía es preocupante y Amaral canta anunciando que, sin duda, llegará la tormenta.
Un pequeño dato: El Nano en realidad se llama Mariano Amaral.

El lmentable y poco edificante espectáculo dado por José Antonio Monago, renunciando a ser senador en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura tan solo veinticuatro horas después de que la Asamblea, en sesión plenaria, aceptara la propuesta de su partido y la ratificara por asentimiento, demuestra muchas cosas.
En primer lugar, demuestra que el sr. Monago esun irresponsable, no sólo por aceptar la propuesta de su grupo, sino por permitir que se llevara a la Asamblea, órgano máximo de representación política de los ciudadanos extremeños, y retractándose de todo ello en un tiempo record. ¿No reflexionó adecuadamente cuando fue propuesto? Esta actuación política merecería el reproche de los ciudadanos extremeños, y merecería que sus votantes le hicieran saber que su comportamiento no le permitirá ni presentarse en el futuro a nuevos procesos electorales y debería hacer entrega de su acta de diputado regional y de su escaño de concejal del ayuntamiento de Badajoz.
En segundo lugar, demuestra que la derrota electoral de 2007 en las autonómicas y locales debió producir una profunda reflexión política en el PP (¿cómo se puede pedir a un partido que reflexione si uno de sus más altos dirigentes es Monago?) y evitarnos el bochorno que la posterior derrota en las Generales de 2008 ha desencadenado. Y no ha hecho más que empezar.
En tercer lugar, ¿qué se puede esperar de un partido cuyo máximo ‘responsable’ huye, deserta, se acobarda, como ha hecho Floriano?
En cuarto lugar, el daño que el PP está ocasionando a las instituciones con sus navajeos, irresponsabilidades, traiciones y deserciones no puede ser mayor: el espectáculo Monago coincide con la primera reunión de la Comisión que tiene que estudiar el nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma.
Hay que exigir de una vez por todas al PP que deje de hacer daño a los extremeños, que amortice a los irresponsables como Monago y a los desertores como Floriano y permita que la derecha sociológica pueda tener unos representantes dignos, que quieran a su tierra.
Las monadas y monerís, que las hagan en la plaza mayor del pueblo de 9 a 10 los sábados.

¿Qué pasaría si cada vez que las Cortes Generales aprueben una ley, cualquier ley, fuera smetida a referéndum entre todos los ciudadanos o entre los colectivos directamente afectados? ¿Cuál sería, entonces, el mandato que los ciudadanos otorgamos a los diputados y senadores cuando los elegimos en el uso del derecho al voto universal, libre, directo y secreto?
Estas cuestiones vienen hoy a mi reflexión cuando leo y oigo que los sindicatos han llegado a un acuerdo con el gobierno en la huelga de los funcionarios de Justicia de las CC.AA. que no tienen transferidas las competencias, pero que deberá ser sometido a referéndum entre los trabajadores. ¿No ha habido elecciones sindicales en las CC.AA. sin transferencias en Justicia? ¿Qué clase de elecciones en las que los electos carecen de mandato para negociar en nombre de sus electores? ¿Hasta dónde les llega el mandato, para negociar el color de los bolígrafos o de las sillas de oficina?
Es lamentable que las centrales sindicales mayoritarias, las que se reclaman sindicatos de clase, se presten a un juego en el que carecen de capacidad de negociación y acuerdo y su papel se reduce al de mensajeros, simples mensajeros. ¿Qué hacía, entonces, Fidalgo en la manifestación de los funcionarios de Justicia?
La huelga debería servir para poner de manifiesto el triste papel sindical, el reducido cometido sindical, que devalúa el concepto mismo de sindicato, sobre todo de los sindicatos de clase. Y también para que, de una vez por todas, se asuma el reto de modernizar de una puñetera vez a la Administración Pública. Porque, ¿cómo es posible que una de las cuestiones que se plantea por el Goberno para asumir, al menos en parte, las reivindicaciones de los huelguistas es la de mejorar la actividad propia de los funcionarios? ¿Es que ahora no cumplen con sus obligaciones o con sus funciones?
De una vez por todas, por encima del Estatuto del Empleado Público (¡qué cosas!) y por encima del lamentable papel sindical en esta huelga, la única opción posible de mejora de la Administración de Justicia, y, en la práctica, de toda la Administración Pública, es la supresión del derecho vitalicio de los funcionarios públicos, que deberán someterse cada cierto período de tiempo, cinco o seis años, por ejemplo, a pruebas de evaluación de conocimientos y actualización propios de las funciones que desempeñen, y en caso de no superarlas, causar baja en la Administración.
Y quien tenga una oferta mejor, que la explique, que la explique. Pero los sindicatos no, por favor.