Archivos para Santa Ana

Si no fuera porque los lectores de los periódicos no tienen la culpa de lo que los redactores escriben y sus directores publican, en el asunto del futuro del Acuartelamiento estaríamos ante un episodio que, si tuvieran que examinarse los periodistas sobre lo que saben de lo que escriben, el suspenso sería aparatoso.

Es evidente que en mayo de 2004, el Ministro Bono y el Presidente Ibarra comprometieron una unidad de ingenieros (en hemerotecas, se hablaba de un total de unos 500 militares). Es evidente que en abril de 2006, el Gobierno aprobó un Real Decreto que determinaba que en Cáceres habría un Regimiento de Ingenieros y que no lo habría en Burgos, donde en aquellos momentos estaba el RING 1.

Es evidente que el 2 de diciembre de 2008 se firmó un protocolo general de intenciones entre Ministerio, Junta de Extremadura y Ayuntamiento.

Es evidente que el 26 de diciembre de 2008 se publicó una orden ministerial en la que en el despliegue operativo del Ejército de Tierra no figuraba un Regimiento de Ingenieros en Cáceres y volvía a parecer en Burgos.

Esto son evidencias que nadie puede negar. Y los ciudadanos, guiados por lo que publican los periódicos, asumen como dogmas. Pero los periódicos no dicen toda la verdad. O lo que es lo mismo: los periodistas no leen los documentos que citan.

Primero. El ministro Bono dijo que a Cáceres vendría una unidad de ingenieros EN SUSTITUCIÓN del CIMOV nº 1. O lo que es lo mismo: si aquello afirmado en mayo de 2004 se hubiera cumplido en septiembre, los militares destinados en el CIMOV nº 1 habrían tenido que irse de la ciudad. Por tanto, todos aquellos que tanto “quieren” al CIMOV nº 1 (ahora CEFOT nº 1) deberían dar las gracias porque la promesa política no se cumplió. Y los militares que estaban entonces destinados en dicha unidad y continúen en ella, deberían dar las gracias por no haber tenido que hacer las maletas.

Segundo. El RD 416/2006 no se refería solamente a que a Cáceres vendría un Regimiento de Ingenieros, sino que esa opción estaba dentro del despliegue operativo de la Fuerza, en el caso del Ejército de Tierra. O lo que es lo mismo, afectaba a TODO el Ejército de Tierra, que tenía, conforme al texto de la norma legal que los periodistas ignoran premeditadamente, un plazo de cuatro años para desarrollar el despliegue.

Tercero. El protocolo general de intenciones firmado en diciembre de 2008 no solamente recoge una referencia al RD 416/2006, sino que incluye el traslado de la Subdelegación de Defensa al Palacio de Las Cigüeñas y que el edificio de mando del Cuartel Infanta Isabel pasará, conforme a la valoración económica que se establezca, al Ayuntamiento. También establece dicho protocolo que la base de Santa Ana será ampliada en 280 hectáreas, para lo cual será preciso obtener recursos mediante la disponibilidad urbanística de una parte de dicha Base que no se utiliza (la margen izquierda de la N630).

Cuarto. La OM de diciembre de 2008 modifica el despliegue operativo de la Fuerza del Ejército de Tierra en base a las posibilidades económicas que habría en los presupuestos generales del Estado de 2009 y siguientes. De hecho, el mismo JEME que ha determinado que no vendrá a Cáceres un Regimiento de Ingenieros, estableció que en los años 2009 y siguientes no se movería ninguna unidad (caso del Regimiento de Ingenieros de Burgos a Cáceres, y otros previstos) si no se contaba con la suficiente financiación.

La situación actual, aunque les pese a periodistas indocumentados por apatía al no leer los documentos, es que está plenamente vigente un protocolo general de intenciones que afecta a la propia Base de Santa Ana, que no se cierra como quiso hacer el Partido Popular (la memoria es flaca y, en algunos casos, famélica) entre 2001 y 2004.

La situación actual, aunque les pese a concejales de derechas poco duchos en asuntos públicos, es que el Jefe del Ejército ha establecido en documento bastante, la Directiva de Reestructuración de Centros Docentes Militares, que el CIMOV nº 1 pase a denominarse CEFOT nº 1 y que, a partir de 1 de enero de 2011 toda la formación de tropa del Ejército de Tierra se haga en tres centros en territorio peninsular (Cáceres, San Fernando y Calatayud) y uno insular (Canarias).

La situación actual es que la vigencia del protocolo general de intenciones es plena en sus tres aspectos fundamentales: la ampliación de la Base de Santa Ana, el pase del Cuartel Infanta Isabel al Ayuntamiento de Cáceres y la disponibilidad de los terrenos sin unos de Santa Ana para obtener recursos.

En cuanto a las afirmaciones de la portavoz de la oposición, Elena Nevado, sobre los terrenos que serán recalificados para dar cumplimiento al protocolo, y las acusaciones de especulación, una sola cosa: cuando más ha especulado, a mansalva y con descaro, el Ministerio de Defensa con terrenos ha sido cuando ha gobernado el Partido Popular, y, especialmente, entre 2000 y 2004, con el ministro del Yak 42 al frente.

Y sobre otros aspectos del protocolo, recuerdo a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres que la fórmula por la que se obtendrá el Cuartel Infanta Isabel para la ciudad es la consecuencia de la dejación de obligaciones que hizo su partido con motivo de la venta por el Ministerio de la mayor parte de los terrenos. Dejación de obligaciones.

Vale.

Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.

Tras la propuesta de la Alcaldesa de Cáceres de constituir una Comisión Especial para determinar la ubicación del futuro Centro de Ocio, con cuatro ubicaciones inicialmente posibles, parece claro que habría que hacer alguna referencia a cada una de las ubicaciones.
Antiguo Matadero. Proyecto totalmente privado, que se asienta sobre unos terrenos recalificados ad hoc pero que con dicha recalificación resulta inviable económicamente y los propietarios reclaman una nueva recalcificación sobre la concedida. Algo que no debería hacerse.
Parcela deportiva de Los Fratres. Independientemente de la modificación del PGOU impulsada por el PP al final de su mandato, los vecinos se oponen radicalmente, sin duda confundiendo Centro de Ocio con botellón, y parece que pueda llevarse a cabo.
Parcela situada junto a Empresariales y Residencia San Isidoro. Es la única de las propuestas que tiene la clasificación y calificación urbanísticas adecuadas, sin necesidad de recalificaciones hechas con calzador, sin vecindario que oponerse, bien comunicada, muy próxima tanto al centro urbano como a núcleos muy poblados, como La Mejostilla.
Y, por último, el socorrido Ferial. Me referiré a ello por el interés denodado del portavoz de rebote del PP. Al día de hoy, el suelo del recinto ferial depende de la Revisión del PGM. Y esa reclasificación determina, por si misma, la incompatibilidad del Ferial, en cualquier modalidad, temporal o estable, con los usos residenciales, ya que no es asumible tener viviendas a menos de 100 metros del Ferial. Por tanto, el diseño que para la zona dejó en herencia el PP hace inviable el propio Ferial.
La “solución” que los insignes redactores pensaron para ello es la de desplazarlo hacia el Sur, esto es, para meterlo encima del Acuartelamiento de Santa Ana. Es más, tal como está “diseñado” ese desplazamiento, ello obligaría a que los aparcamientos, finalmente, estuvieran situados dentro de la base militar. No sabemos si para el diseño se usó el pie derecho o el izquierdo, pero es seguro que se hizo con los pies.
Los terrenos que rodean el Acuartelamiento de Santa Ana están afectados por las Zonas de Seguridad marcadas por Orden Ministerial, y los condicionamientos para desarrollar cualquier tipo de actividad urbanística son muy importantes, por más que el propio Ministerio de Defensa haya dictaminado favorablemente la Revisión. Esos condicionamientos en la práctica, impiden cuando menos, un Ferial permanente dentro de las zonas de seguridad, así como otras actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.
Por ello, el portavoz de rebote del PP debería conocer mejor los temas en los que tuvo responsabilidad de gobierno, y saber que para que sobre los terrenos de “ampliación” del Ferial se puedan llevar a cabo acciones constructivas y de actividades, se deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Defensa, o plantear, si es que supiera de qué van asuntos comos estos, que Defensa modifique las zonas de seguridad.
Las normas pueden modificarse, y las que establecen las zonas de seguridad de Santa Ana, es probable que también. Atrévase a plantearlo el portavoz de rebote del PP, pero de modo serio, porque es un asunto muy relevante que compete en exclusiva al Estado, y atrévase a defender los condicionamientos que el Ministerio pudiera plantear al Ayuntamiento para llevar a cabo la modificación, teniendo en cuenta, además, que el uso del acuartelamiento ha de modificarse para acoger un Regimiento de Ingenieros, y ha de ampliarse hacia Valdesalor, con la expropiación de más de 300 Has.
Ah, y por cierto, las dos ocasiones en que el PP de Cáceres tuvo que gestionar asuntos con Defensa, hizo un ridículo espantoso: no sacó ni un euro de la venta de los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, por incompetencia manifiesta, y se aculó en tablas como un manso cuando Trillo ordenó el cierre de Santa Ana, y sobre esto, que no vuelva a leer o a escuchar que Saponi fue el que consiguió que no se cerrara porque es una mentira manifiesta.