Archivos para abril 2010

//Este texto es el publicado en el número del 26 abril de 2010 en el semanario Avuelapluma. http://www.avuelapluma.es//

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas tendrá lugar este año en Badajoz. En este año en que se están celebrando los 20 años de misiones internacionales, en las que tan activamente viene participando la Brigada Extremadura, con sede en la Base General Menacho. En estos días están regresando los militares que han compuesto la misión en Líbano.

El día 15, la ministra de Defensa presentó en la capital pacense los actos a celebrar, que convertirán a Badajoz y a Extremadura en el epicentro de la información sobre las FAS del siglo XXI. Porque desde la entrada en la OTAN con Calvo Sotelo de presidente del Gobierno, y la posterior ratificación en referéndum en 1986, siendo presidente del Gobierno Felipe González, la participación de las FAS españolas en el contexto internacional es creciente.

En esta celebración del Día de las FAS en Extremadura y con las misiones internacionales de fondo, una anécdota: en mayo de 2009 se celebró una exposición, con notable éxito de público, sobre la presencia del Ejército en la provincia de Cáceres. La imagen de un soldado español con los emblemas de la ONU formaba parte del cartel anunciador de la exposición. Es la imagen del mismo soldado la que abre el microsite de los 20 años de misiones internacionales.

Curiosamente, ese soldado que aparecía en la Revista Española de Junio de 1988, sigue perteneciendo al Ejército, y hoy podría ser la imagen, sin duda alguna, de la estabilidad laboral y profesional alcanzada. Además, es extremeño.

La celebración en Extremadura del Día de las Fuerzas Armadas debería suponer, por otra parte, un mayor esfuerzo por conocerlas, más allá de estereotipos y recuerdos “de la mili” que no tienen nada que ver con la realidad actual. Como tampoco son los conceptos de defensa y seguridad los mismos que hace 20 años o más. Conocer la realidad de las FAS será conocer una gran parte de la evolución democrática de España.

Vale.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de abril, se refirió a la existencia de un stock de 700.000 viviendas, a finales de 2009, cuando a finales de 2008 el stock alcanzaba las 613.000. Se trata de viviendas nuevas, sin vender.
Si consideramos el referente de que por cada vivienda en construcción el número de puestos de trabajo necesarios para ello es de 4, tenemos un stock de parados de 2.800.000. Este dato, que no es neto por la influencia del Plan E, sí es suficiente para explicar cuál es la causa básica de que en España el paro alcance prácticamente el doble que en Europa. No hay que olvidad que la capacidad de absorción del mercado español de vivienda está en 200.000 unidades al año, tardaremos 4 años en eliminar el stock existente, pero en ningún caso, si no se cambia de modelo económico, podríamos recuperar el impacto de los 2.800.000 de parados generados por el sector inmobiliario.
Una fórmula, ensayada en varias CC.AA., para disminuir el stock de viviendas nuevas sin vender ha sido su conversión a viviendas a precios tasados. Fórmula claramente insuficiente porque no se tiene en cuenta los factores que intervienen en el precio de la vivienda. El promotor o el constructor pueden disminuir el precio en los elementos que han podido controlar, en la producción. Pero no pueden disminuir el peso del precio del suelo en el final de la vivienda si no quieren incurrir en pérdidas irreparable.
Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, el precio del suelo se disparó hasta límites insospechados, de manera que puede considerarse en muchas promociones una incidencia del 50% del precio final de la vivienda. Este hecho, debido exclusivamente a las decisiones políticas del gobierno de Aznar, pesan como una losa sobre el sector inmobiliario español. Por una lado, porque el stock de viviendas terminadas sin vender se asienta sobre precios del suelo ya pagados y que impiden a los promotores rebajar el producto final, y, por otro, porque muchas operaciones de suelo realizadas en tanto estuvo vigente la Ley 6/1998, hasta la entrada en vigor del la Ley del Suelo de 2007, se asentaron sobre expectativas de precios que garantizaban a sus propietarios unos beneficios desorbitados. Las empresas que se convirtieron en cautivas de una política ultraliberal en materia de suelo, ahora son cautivas de su propia ambición, cuando no víctimas, y extienden su falta de rigor sobre las pequeñas empresas que ven que teniendo suelo en propiedad, prácticamente amortizado por ejercicios económicos solventes anteriores, no pueden obtener financiación para proyectos futuros ni siquiera a precios iguales a la VPO porque las entidades bancarias también son culpables de haber financiado, sin rigor, con la alegría propia de la legislación que se lo permitía y lo aleccionaba, y tienen un índice de morosidad muy elevado en el sector.
Cada vez que en los medios de comunicación de la ultraderecha, o cada vez que algún vocero del PP se refiera con desparpajo al número de parados, hay que recordarles que 2.800.000 parados deben su situación a la política de la derecha, a su interés en hacer ricos a los terratenientes (¿verdad, Esperanza Aguirre?) aún a costa de un modelo económico puramente especulativo.
Vale.

Mientras escribo este post, se debaten en el Congreso las medidas del “palacio de Zurbano”, en las que tienen una importancia básica el desembolso de fondos públicos. También en estas fechas los Ayuntamientos de toda España están licitando las obras aprobadas dentro de la segunda fase del Plan E. Y los empresarios del automóvil reclaman la prolongación de las ayudas para adquisición de coches. En realidad, todo un gran plan E, que no es otra cosa que un PER a gran escala. Ya lo dijo hace poco Rodríguez Ibarra en “Salvados”: ¿qué es el Plan E si no un PER?

La derecha, encabezada por la dirección del PP, critica estas acciones del Gobierno, mientras los ayuntamientos gobernados por sus conmilitones se echan de hoz y coz a pedir financiación para proyectos con fondos del Plan E.

La derecha mediática, todas esas emisoras de radio y televisión adjudicadas (¿gratuitamente?) por el gobierno de Esperanza Aguirre critica sin parar el Plan E.

Pero hoy en los medios de comunicación aparecen los primeros, tímidos, intentos de un grupo de empresas (en toda Europa) que ante el desastre ocasionado por la nube de cenizas del volcán islandés, ya están pidiendo ayudas públicas. Son las compañías aéreas, a las que seguirán las empresas hoteleras que han visto canceladas miles de reservas, los chiringuitos de playa que no venderán miles de raciones de paella…

Lo de las ayudas a empresas aéreas es una sinvergonzonería sin tasa, que será secundada por la derecha política y la derecha mediática: son empresas que cotizan en bolsa, que tienen accionistas que cuando reciben dividendos los guardan bien guardados y no se los ofrecen al Estado.

El neoliberalismo económico que tanto le gusta a Montoro y sus estudiosos discípulos y seguidores se demuestra como lo que es: hipócrita y sinvergüenza.

Las cenizas del volcán islandés son las cenizas del capitalismo salvaje y de la hipocresía política de los neoliberales, a los que no les importa, cuando están llenando los bolsillos de dividendos y beneficios sin control, hacer todo lo posible por destruir y desprestigiar al Estado, y cuando una ráfaga de viento les voltea una esquina de la cartera acuden llorando, cobardes, a que papá Estado les socorra.

Vale.

La acusación de Falange y la ultraderecha contra el juez Garzón por haber intentado investigar judicialmente los crímenes de la dictadura ha deslizado en los medios de comunicación cuyo negocio se orienta a clientes de derechas una teoría: quienes apoyan al juez Garzón están resucitando aquello de las dos Españas (“La causa contra garzón resucita las dos Españas”. Diario HOY, grupo Vocento, 18/04/2010).

Curioso, ¿no? Quienes así piensan y así tratan de crear opinión entre sus clientes (un lector no es sino un cliente de una empresa de comunicación) lo hacen, sin ningún pudor, en la línea peyorativa. Porque, vamos a ver: si quienes defienden al juez Garzón son los perversos que quieren resucitar las dos Españas, quiere decir que se posicionan, se confrontan con quienes defienden una sola España.

Los medios de comunicación con intereses económicos en los votantes de la derecha y con raíces económicas en el franquismo sociológico no quieren permitir que haya ciudadanos que planteen la necesidad de investigar los crímenes de la dictadura, que fueron muchos y variados y que, aún hoy, es responsable de delitos que no prescriben, como el de la desaparición forzosa de personas.

Lo grave de este deslizamiento conceptual no está en que se ataque a quienes piensan de modo distinto, o a quienes, desde el derecho a la libertad de expresión, plantean cuestiones que pueden interesar a muchos miles de ciudadanos. No.

Lo grave es que esos empresarios de los medios de comunicación, cuyas fortunas se asientan en muchos casos en grandes negocios realizados al amparo de la dictadura franquista, “advierten” de que haya intentos de resucitar las dos Españas, porque para ellos, en su consciente económico (asentar el negocio, los beneficios), solamente existe una. Una, grande y sometida a la dictadura.

Vale.

A lo largo de los próximos meses, quizás como máximo un año o año y medio, se van a producir determinadas acciones que obligarán a las instituciones políticas a adoptar acuerdos que permitan la mejor gestión de recursos públicos. No me refiero a la situación económica, que en estos aspectos será colateral, sino al mejor aprovechamiento de determinados espacios públicos que se verán afectados por proyectos en curso, algunos muy avanzados.

Esta mejor gestión deberá incidir positivamente en la mejora de los equipamientos urbanos, que en la ciudad de Cáceres estuvieron abandonados, literalmente, por el gobierno de la derecha durante 12 años (desde 1995 a 2007), y que ahora, con algunas gestiones ya avanzadas en algún caso, desde un gobierno socialista deberá cambiar la tendencia.

La tendencia, durante los años de gobierno de la derecha, era poner a disposición de la iniciativa privada las energías políticas, olvidando, conscientemente, las necesidades generales de la ciudad. Para la derecha, todo aquello se resolvía obligando a los promotores privados para que adquirieran esculturas y las colocaran en las nuevas urbanizaciones. Ahí acababa todo.

El proceso que ahora se abre, tanto por el desarrollo de los proyectos en curso como de la propia entrada en vigor del PGM pondrá “en juego” algunos espacios, algunos inmuebles, cuyo destino futuro deberá redundar, en los que sea necesario, en la mejora de los servicios públicos prestados, y, en otros, en la obtención de nuevos equipamientos. O como dice un arquitecto de la ciudad, en la necesidad de reequiparla.

Veamos algunos ejemplos.

Está en marcha, con gestiones complejas, la consecución por la ciudad, conforme a la normativa legal que sea de aplicación, el pabellón de mando del antiguo Cuartel Infanta Isabel. Si las gestiones fructifican en los plazos previstos, a finales de 2010 se podrá decir que ese inmueble sea ya propiedad municipal, y, por tanto, un espacio de la ciudad.

También está muy avanzada la construcción del nuevo Centro de Menores, en el Polígono Nuevo Cáceres, frente al Centro de Salud, y que sustituirá al actual Centro Julián Murillo, junto al Complejo San Francisco. Corresponderá a la Diputación Provincial fijar los usos a los que quiera destinar ese inmueble, aunque debería escuchar si el Ayuntamiento tuviera alguna propuesta a plantear.

Continuando con el Complejo Cultural San Francisco, en poco tiempo comenzarán las obras en el Palacio de Godoy para la nueva ubicación del Conservatorio de Música. Este proyecto, quizá el más retrasado, conllevará que el Complejo San Francisco ganará espacios, de forma que con el final de las obras del Palacio de Congresos (sobre el Auditorio), otorgará a la ciudad de Cáceres el privilegio de contar con dos magníficos espacios para congresos.

La entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal conllevará la necesaria gestión de espacios como la Cárcel Vieja, cuya obtención por el Ayuntamiento requerirá grandes dosis de paciencia e imaginación, y, sobre todo, de trabajo serio y concienzudo. La vieja cárcel deberá ser el instrumento que la zona en la que se asienta, cabecera de los más amplios crecimientos urbanos de la ciudad, disponga para formar parte del proyecto de convertir a Cáceres en un referente cultural, más allá de la meta del 2016. La gran superficie construida, 11.000 m2, requerirá formular un proyecto cultural homogéneo, coherente, ambicioso, capaz de aglutinar esfuerzos y capacidades.

También en estos momentos se viene hablando ya de la próxima entrada en funcionamiento del Nuevo Hospital, que conllevará el mantenimiento del actual Hospital San Pedro de Alcántara, y el desalojo, como centro hospitalario, del Hospital Virgen de la Montaña, que es un inmueble propiedad de la Diputación Provincial, y que cuenta con una superficie construida de más de 20.000 m2 sobre unos 13.500 m2 de solar. Sus usos futuros requerirán, sin duda, de acuerdos que alcancen a la Diputación, como propietario, pero también a las otras administraciones.

Este conjunto de inmuebles, más alguno que será “víctima” colateral de cambios de uso y destino, plantean la mejor ocasión que ha tenido en mucho tiempo la ciudad para conseguir nuevos equipamientos, independientemente de quien sea finalmente su titular, su “dueño”: sus dueños reales deben ser los ciudadanos.

Todos estos cambios, todas estas posibilidades no nacen, en ningún caso, de la política desarrollada en los años de gobierno de la derecha, porque ninguno de los proyectos que los posibilitan tienen su origen en la acción política local, volcada en el favorecimiento del desarrollo del sector inmobiliario privado que en la obtención de equipamientos y servicios para todos los ciudadanos.

Vale.

Sostiene Monago, y con él su cohorte ejecutiva, que el asunto Gürtel no tiene nada que ver con Extremadura. Puede ser, habrá que llegar al final de los 50.000 folios. También sostiene Monago, y en esto parece que ejerce en solitario por delegación de su cohorte ejecutiva, que las acciones del presidente Vara para la reducción del gasto público son insuficientes. Por supuesto, Monago habla “exmánguera”, con la verdad absoluta de su lado.

Sería muy interesante que Monago, presidente del PP de Extremadura podría comenzar por explicar cuáles son los sueldos que su partido paga a sus empleados. Por ejemplo, podría explicar cuál es el sueldo que el PP paga a su tesorero, o a sus gerentes. Deben ser sueldos muy altos, a lo que parece por algún rastro que se ha podido ver.

En el año 2003, Bárcenas era empleado del Partido Popular que presidía José María Aznar. Al parecer, era Gerente, no Tesorero, cargo que desempeñaba Álvaro Lapuerta. Esta referencia biográfica no es muy relevante, lo relevante es que en ese año de 2003 el señor Bárcenas declaró a Hacienda unos ingresos de 225.501,30 € en concepto de retribuciones. En concreto, recibidas como trabajador por cuenta ajena del Partido Popular, como figura en la página 144 del Tomo 11 del sumario Gürtel.

¿Puede explicar el señor Monago cuáles son los sueldos que el PP paga a sus empleados, a sus funcionarios políticos? Porque si en 2003 el Gerente cobraba 37.500.000 Pts., es de pensar que en los años siguientes las retribuciones habrán seguido siendo similares, incrementadas con el IPC.

Está muy bien eso que hace Monago de exigir a los demás lo que no se atreve a exigir en su propia casa. Del conocimiento del caso Gürtel, cuando algún testigo declara en relación con los montajes de actos encargados a Orange Market, S.L., confunde o refunde actos de consejerías del gobierno valenciano con actos del partido (es sólo un ejemplo), se irán sacando enseñanzas.

En cuanto a que es un asunto que no interesa en Extremadura, puede ser.

Vale.

El Ayuntamiento de Cáceres retiró un escudo franquista, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, situado en la Plaza de Los Conquistadores. De inmediato, una caterva de historiadores, heraldistas y demás gentes que se dedican al chismorreo con efectos retroactivos, salieron en tromba diciendo que aquello que se había quitado no era franquista, sino de los reyes católicos.

Vamos a ver, almas cándidas, digo “historiadores”: cuando el general bajito y uniovo dio el golpe de estado (por cierto, tan mal que convirtió aquello en una cruel guerra incivil) no tenía ningún otro referente que su ego. Ni siquiera era un buen militar (“La incompetencia militar de Franco”, Carlos Blanco Escolá).

Y como alrededor de Franquito se creó una cohorte de pelotas, aduladores, mercachifles, vividores y demás sujetos de alta capacidad política e intelectual, comenzaron a formar una simbología apropiándose indebidamente (este concepto lo vi en un comentario de prensa en la red), empezaron a sumar cosas, heterogéneas hasta conformar una simbología llamada imperial. No hay que olvidar, historiadores de sacristía, que en el mejor franquismo, en el que vosotros estudiabais en la Enciclopedia Álvarez, cuando cantábais el cara al sol en el pasillo de la escuela poniendo vuestras mejores voces, en aquel franquismo, los españoles (los del régimen, of course) os encaminabais por el imperio hacia dios.

Seguro que también es de los reyes católicos poner en los duros aquella maldita frase de “caudillo por la gracia de dios”, que desde entonces, la gracia de dios, al menos la que a mí me correspondería, os la podéis… beber entera.

Volviendo al escudo de la plaza de los conquistadores: ese escudo era el del régimen, el escudo de la dictadura, el escudo oficial que aparecía en todos los sitios, era el ¡escudo de España!

Ese escudo unía, como no podía ser de otra forma, las esencias del imperio con las esencias del más puro franquismo, del más puro fascismo. Es más, ese escudo del franquismo roba descaradamente a la falange y a las jons sus símbolos cuando los unificó en el partido único, en el movimiento nacional.

Movimiento nacional (en este caso, movimiento cateto) el que determinados historietadores nos quieren hacer creer que lo que Franquito robó en la historia nos lo tenemos que comer como pureza cultural.

Vale.

Decía Josep Plá, al sobrevolar de noche Nueva York y ver tanta luminosidad: “Y esto, ¿quién lo paga?” En el Informe “Sostenibilidad Local: una aproximación urbana y rural”, del Observatorio de la Sostenibilidad en España, al compararse entre diversas ciudades menores de 100.000 habitantes la superficie verde útil, Cáceres aparece con 16,6 m2/hab., solamente superada por Girona, que tiene 24,3.

Este indicador, tomado en solitario, sin ninguna otra referencia, puede resultar un claro referente en materia de calidad de vida. Pero, ¿es sostenible? Cuando ahora comience a desarrollarse el nuevo PGM surgirán nuevos espacios verdes, se incorporarán al suelo urbano nuevos sistemas generales, que requerirán, en primer lugar, a lo largo de los próximos años, su transformación para usos del común de los ciudadanos, nuevos parques, nuevas áreas en las que se podrán desarrollar actividades al aire libre, tan necesarias.

En muchos casos, la transformación de suelos en parques será asumida, cuando así corresponda, por las Agrupaciones de Interés Urbanístico, que las entregarán al Ayuntamiento cuando las urbanizaciones se recepcionen. A partir de ahí, será el propio municipio el que se habrá de hacer cargo de su cuidado y conservación, con los costes que ello conlleva. También habrá sistemas generales (los terrenos baldíos de la Montaña) que se incorporarán al uso público, a medida que los propietarios puedan materializar sus derechos edificatorios en los sectores que se les asigne el planeamiento, y cuyos costes de adecuación deberá asumir directamente el Ayuntamiento.

¿Es sostenible para la economía municipal disponer de una superficie de suelo verde por cada ciudadano de 16,6 m2? ¿Son conscientes los ciudadanos de la incidencia que en los presupuestos municipales tendrán esos espacios libres?

Sería muy interesante, ahora que arranca el nuevo PGM que se pudiera hacer pedagogía tanto desde el Ayuntamiento como desde otros sectores sociales, para que seamos conscientes de la importancia económica que tiene el disponer de esas superficies para uso y disfrute y que conozcamos cuál es el coste económico que para la ciudad, y, en definitiva, para todos los cacereños, tiene figurar en lugar preeminente en superficie de zonas verdes por habitante.

Vale