La sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso del YAK-42 condena a los acusados a penas de prisión, que en los casos de menos de dos años no requerirán el ingreso en prisión y en el caso del general Navarro, condenado a tres, tampoco ingresará en prisión, al menos de momento, porque recurrirá el fallo judicial.
Sin embargo, es de gran interés la condena que se hace al Estado como responsable civil subsidiario en las falsas identificaciones, ya que fueron realizadas por funcionarios públicos. Es de gran interés y es muy curioso porque en el caso del YAK-42, además de las pérdidas de vidas humanas (aspecto fundamental), el Estado resulto perjudicado económicamente y no ha podido ser resarcido de esas pérdidas económicas.
Para las empresas, en estos tiempos, el contar con personal cualificado es un valor diferencial, lo que se denomina «capital humano». Los departamentos de recursos humanos de las grandes y medianas empresas invierten en la localización y formación de los mejores para incorporarlos a sus plantillas, algo que también realizan las FAS.
La muerte en accidente de 62 militares provocó pérdidas económicas al Estado, porque había invertido tiempo y dinero en la formación de aquellos militares, oficiales superiores, suboficiales, tropa, que, además de tener un empleo militar (teniente coronel, comandante, capitán, subteniente, brigada, sargento, cabo 1º, cabo, soldado), tenían una gran formación profesional, que es costosa, mucho, al Estado, y que la falta de controles reales y de calidad (la misma calidad personal y profesional que se exige a cada miembro de las FAS) en la contratación del maldito avión ucraniano provocó las pérdidas de vidas humanas (irrecuperables) y las pérdidas económicas para el Estado.
Que hoy, en su Sentencia, la Audiencia Nacional requiera al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por las falsas identificaciones, y que el propio Estado no pueda ser resarcido de las pérdidas económicas que la mala gestión (negligente, siendo piadosos) del Ministerio dirigido por Trillo, no deja de ser una contradicción.
Es cierto que el Estado es responsable, sin duda, de las falsas identificaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos pero el Estado también lo es de la mala calidad del transporte en el que encontraron la muerte 62 cualificados funcionarios públicos.
Que los responsables, cuando menos políticos, de esta doble responsabilidad estén sentados en cómodos escaños del Congreso es un insulto al Estado de Derecho, y que la muerte de 62 servidores públicos pueda quedar impune incluso del reproche moral o político, es una sangrante herida que quedará abierta no sólo en los familiares de quienes fallecieron, sino de todos aquellos que, siendo también funcionario públicos, consideramos que servir al Estado es un honor y una forma de estar en la sociedad, y quienes se sirven del Estado y no asumen sus responsabilidades se definen, en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, como lo que son: cobardes.
Vale.