Archivos para BUSURSA

Este verano, a comienzos de julio, la alcaldesa de Cáceres anunciaba, por el fin, el pago de los atrasos a los conductores de los autobuses urbanos, las deudas heredadas de la magnífica gestión del empresario modelo de Esperanza Aguirre, el ínclito Gerardo Diaz Ferrán. Con ello, se decía en las informaciones de prensa, recogiendo declaraciones del equipo de gobierno del PP, se ponía fin a un conflicto que estaba a punto de colapsar el transporte público urbano de la ciudad.

A lo que parece, no todo están tan resuelto como se decía. Porque, si así fuera, ¿por qué mañana hay una vista en el Juzgado de lo Social por denuncias interpuestas por trabajadores antes de BUSURSA y ahora de SUBUS?

Es probable que no todo estuviera resuelto, y que muchos trabajadores no estén muy de acuerdo con lo “solucionado” y “como se ha solucionado” y quieran conseguir, legítimamente, que la autoridad jurisdiccional se pronuncie a favor de sus derechos.

Es evidente que hay muy buena sintonía entre la alcaldesa y el Sindicato Libre de Transporte, sintonía que llevó al acuerdo tan publicitado, pero ese sindicato no es mayoritario en la empresa y quizás no tenga todas las llaves que cierren el conflicto.

Ni siquiera regalando a la, entonces candidata Elena Nevado, un publirreportaje en la Revista “Volante Profesional”, en mayo, unos días antes de las elecciones, cuando se anunció el “acuerdo” para desconvocar los paros que el STE (Sindicato Libre de Transportes) había convocado.

Casualmente, la revista “Volante Profesional” la publica… el Sindicato Libre de Transportes, y el número 6, correspondiente a Mayo de 2011, lleva en portada a María Dolores de Cospedal. Y, casualmente, el director de la revista es, a lo que parece, sobrino del mandamás del STE.

Cosas veredes, como veremos cómo los medios locales, quizás, se sorprendan de que en la magistratura de trabajo (ahora Juzgados de lo Social) se esté sustanciando una demanda que fue anunciada a bombo y platillo que se había solucionado.

Vale.

Parada de Av. de Alemania, 2. Domingo, 21-8-2011

El Ayuntamiento de Cáceres, ahora gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, se plantea una remodelación del servicio de autobuses urbanos. Y se lo plantea sin tener claro qué quiere, al menos eso es lo que se desprende de las pocas “informaciones” de que se dispone.

Algún medio de comunicación, al hacerse eco de la noticia, recurre, con el simplismo que ello comporta, a recoger la opinión de ciudadanos. Sean o no usuarios del transporte público. Pero esas opiniones sirven para reafirmar la noticia, la información elaborada.

En lo publicado el domingo en El Periódico Extremadura se aprecian algunas cuestiones que desenfocan el asunto y que, sin duda, suponen un punto de partida equivocado, tanto por lo que el medio (voluntarista) dice como por los conceptos que se utilizan.

Elijamos solamente dos aspectos. Uno, la opinión política, en este caso del concejal Valentín Pacheco, y otro, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona así.

En el primer caso, el concejal parece que ha dicho que la remodelación profunda se realizará dentro de dos años, cuando termine el actual período de concesión. Para que eso fuera cierto, en dos años debería estar resuelto un nuevo concurso del servicio. Un concurso que requiere, en primer lugar, fijar sus características, fijar sus costes previstos, fijar su incidencia sobre las relaciones laborales de los trabajadores afectados. En suma, requiere la formulación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, a redactar por los técnicos municipales, someterlos a todos los pasos administrativos previos, a cuantas consultas fueran necesarias (por ejemplo, a que las AAVV puedan, formalmente, presentar propuestas que lo mejoren, o a que los trabajadores de la actual concesionaria manifiesten sus criterios sobre cómo las características que el Ayuntamiento prevea afectan a sus condiciones de trabajo).

Dentro de dos años, el concurso del nuevo contrato debe estar resuelto y para ello el equipo de gobierno, que cuenta con una amplia mayoría, debería ya comenzar a elaborar los documentos, o a recoger, formalmente, propuestas de mejora del servicio. Cuenta para ello con mayoría absoluta, aunque esto no sea garantía de mejora, ya que el actual contrato se basa en un pliego redactado también con la mayoría absoluta del Partido Popular y ha resultado no solamente perjudicial para el propio servicio a prestar si no, lo que es más grave, lesivo a los intereses de la hacienda pública municipal.

En el segundo caso, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona de esta manera, la relación se establece en las opiniones de los vecinos vertidas en la información de prensa. Los vecinos, incluidas las AAVV, seguramente desconozcan (o no tengan en consideración, en caso de conocerlo) que el actual contrato, suscrito por un Ayuntamiento gobernado por la mayoría absoluta del Partido Popular, se basa en una contraprestación económica por kilometraje. Así, no es extraño que cada vez que desde el Ayuntamiento se pidió a Busursa un nuevo servicio o ampliar la distancia de alguna línea, lo hiciera tocando palmas con las orejas.

El servicio de autobuses en una ciudad con la morfología urbana que tiene Cáceres ha de basarse en puntos críticos extremos e irlos uniendo, ir tejiendo una malla que, en primer término, permita un buen funcionamiento del transporte y de la comunicación, de la movilidad, y, en segundo lugar, pero no menos importante, en una adecuada contraprestación económica.

Mientras que el actual equipo de gobierno siga pensando que el asunto se resolverá dentro de dos años, y los vecinos sigan pidiendo estirar las las líneas o aumentar las frecuencias de un servicio basado exclusivamente en el kilometraje, no se adelantará nada.

Póngase el equipo de gobierno ya a plantear un modelo de financiación del transporte urbano, con tipos de billetes combinados para usar entre dos líneas que unan puntos críticos distantes cuando no exista una de conexión directa, bonos de utilización por períodos horarios concretos, y otros sistemas ya existentes en otras ciudades (no se trata de inventar nada, sino de aprender de los que ya han andado el camino), y, sobre todo, póngase a definir las condiciones técnicas de un servicio que, por sus características y su importancia, debe tener una participación vecinal real y efectiva. Así nos evitaríamos un nuevo caso Busursa, por mucho que su dueño, don Gerardo, fuera el modelo de empresario ideal para Esperanza Aguirre, seguramente por se contribuyente neto a sus campañas a través de Fundescam.

Vale.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado la cancelación de la concesión del servicio de autobuses urbanos con la empresa del faro y guía de los patronos, Don Gerardo, y también ha acordado traspasar la concesión a SUBUS, con la finalidad de dar continuidad al servicio.
Ahora, cuando la nueva empresa concesionaria se haga cargo del servicio, habrá cosas que hacer, factores que corregir, algunos, muy interesantes, referidos a la propia gestión del servicio, algo que no es conocido habitualmente por los usuarios y en gran parte sí por los responsables municipales, aunque no alcancen a evaluar su alcance.
La nueva concesionaria debe asumir, entre otras cuestiones, la actual plantilla y mantener los acuerdos sociales pactados por BUSURSA con los trabajadores. Pero asumir la actual plantilla no impide que se deban, digo bien, se deban acometer algunos cambios fundamentales para el trabajo ordinario.
En primer lugar, debe cambiarse al actual gerente en Cáceres de Busursa, porque en muchos aspectos deficitarios del servicio tiene alguna responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de sola y exclusivamente trabajar en beneficio de la empresa concesionaria (que le paga), aunque ello perjudicara al servicio público y a su economía. El gerente es conocedor, de primera mano, de los puntos fuertes (líneas y frecuencias que mejor rentabilidad pueden aportar) y también de aquellos puntos que generan déficit en la concesión (déficit que debe ser asumido por el Ayuntamiento).
Y como a lo que se ve, el gerente solamente ha trabajado por la generación de recursos para su empresa y ha obviado las deficiencias que producen déficit, su permanencia al frente de la concesionaria en Cáceres, de la nueva concesionaria, no puede continuar. Y ello, sin que inicialmente el actual gerente sea responsable de un pliego realizado por el Partido Popular en el que la concesión funciona por kilómetros recorridos (de ahí que no se supriman líneas y servicios claramente gravosos para las arcas municipales).
En segundo lugar, debe corregirse el sistema por el que son designados, por el que han sido designados, los llamados inspectores, que son conductores de confianza del gerente y que, para no perder ningún complemento, son inspectores conductores. No es de recibo que la forma de designación sea la de confianza del gerente y su actuación encaminada a inspeccionar a los conductores más díscolos con la forma de gestión del servicio y a ser condescendientes con los más allegados y dóciles a la dirección. Respecto a que sean inspectores-conductores se debe a que así pueden seguir cobrando complementos como el toma y deje, quebranto de moneda, etc.
Otro día, otra vez, hablaremos de cómo reestructurar el servicio. O de cómo cambiar el pliego para que, por ejemplo, los actuales vehículos, aquiridos con el dinero de la concesión (dinero público), cuando terminan de ser pagados pasan a ser propiedad de la empresa concesionaria y no del Ayuntamiento. Esto también es de agradecer a la “eficaz” gestión de Partido Popular, que ahora amenaza con volver.
Vale.

En la semana que termina se ha producido una reunión entre el Ayuntamiento de Cáceres y directivos de Busursa, encabezados por el hijo del amo Díaz Ferrán. En el fondo del asunto, la deuda del Ayuntamiento con la empresa y las causas de esta deuda. En las informaciones de prensa, en cambio, nada se dice sobre la gestión de la empresa.

¿Por qué la empresa no cumple con la obligación legal de facilitar las cuentas al Comité de Empresa? ¿Por qué cuando el Comité de Empresa, una parte, plantea una votación entre los trabajadores para llevar a los juzgados de lo social el incumplimiento de esa obligación, los trabajadores no respaldan al Comité? A la primera pregunta, la respuesta es fácil: a Busursa no le da la gana. Como tampoco le da la gana al Ayuntamiento someter a la empresa a una auditoría como es debido.

A la segunda pregunta, la respuesta es fácil: el amiguismo en las contrataciones de personal, y al enchufismo, especialmente nefasto en los doce años de gobierno del PP. Y algún que otro “velado” reciente.

Sobre la deuda del Ayuntamiento y su origen, la respuesta es sencilla: el contrato, adjudicado por una convocatoria realizada por el gobierno de mayoría absoluta presidido por Saponi. La redacción de ese contrato y las diversas necesidades de servicios surgidas desde que se adjudicó, han hecho que la empresa gane dinero sin que el servicio sea utilizado.

El contrato está basado en una contraprestación exclusivamente basada en el número de kilómetros, sin que aparezca ninguna modulación por utilización del servicio. Así, si hay que poner un servicio nocturno que no se utiliza (ha habido días, muchos, que la recaudación total del servicio ha sido de un euro), la empresa encantada. Si hay que poner un microbús a Rincón de Ballesteros para traer a vecinos a la feria de ganados, se pone: utilizaron el servicio tres personas, y el coste laboral del conductor fue cero, porque lo prestó un “inspector” que tenía que cumplir su jornada. En vez de “inspeccionar”, hizo de conductor.

Si hay que entrar en una urbanización privada, con una buena distancia en kilómetros, se entra. Aunque el servicio no se utilice.

El ayuntamiento paga por kilómetros. ¡Qué más da!

Los que hicieron el pliego de condiciones, los que lo aprobaron y los que firmaron el contrato se lucieron.

El déficit del servicio de transporte urbano tiene dos elementos: un déficit contable, basado en los kilómetros, y un déficit real, mucho menor, de manera que la diferencia entre uno y otro es un beneficio real para la empresa, aunque tarde en percibir el montante contable.

En la actual situación económica, procede que el ayuntamiento reduzca los kilómetros que abultan sin cuento el déficit del servicio. No hay que reducir líneas, hay que reducir kilómetros.

Algún ejemplo:

1.- Supresión del transporte urbano a una urbanización privada (Ceres Golf). Parada en la entrada de la urbanización, nada más.

2.- Supresión del refuerzo campus: los estudiantes, la inmensa mayoría, tienen la tarjeta mensual, por lo que se ahorraría el trayecto entre la cabecera de la línea en la Plaza de América y el Auditorio, ya que los usuarios de ese trayecto pueden tomar la línea 2 y transbordar tanto en Plaza de América como en Plaza de Toros.

3.- Supresión del bus nocturno, por su nula utilización.

4.- En horario de mañana de sábados, mantener un solo vehículo en la línea 4.

5.- Disminución del número de vehículos al campus en horarios de tarde, especialmente los viernes.

Con estas y otras similares decisiones, se disminuirá el número de kilómetros que se abonan, se utilice el servicio o no, a la empresa.

Y aprender para el próximo concurso y no hacer como hizo en su momento el PP, apoyado en su mayoría absoluta, que firmó un contrato claramente lesivo para los intereses de la hacienda pública municipal.

Vale.

La concesión del servicio municipal de autobuses urbanos de Cáceres, en manos de BUSURSA (Autobuses Urbanos del Sur, S.A.) ya comenzó siendo polémica, hasta el punto de que una de las competidoras, Alsa, llevó el asunto a los tribunales… y no ganó por poco.

Las tribulaciones del capo de los empresarios (¿) españoles, que mantiene su cargo al frente de la CEOE por la inestimable ayuda de los sindicatos antes de clase, están llenando de zozobra especialmente a los trabajadores de BUSURSA, por lo que nos afecta en Cáceres. Bueno, de los trabajadores en general, no. De algunos, dado el altísimo grado de enchufismo en la plantilla, no se sabe de verdad cuántos trabajadores, realmente, pueden tener la consideración de tales. Vamos, que muchos no han tenido que hacer muchos esfuerzos por conseguir su puesto de trabajo. Sólo hacer, de manera “valiente”, la pelota, entre otros palos.

El gerente en Cáceres hace más de un mes que no sabe, literalmente, dónde está Díaz Ferrán. Llama por teléfono, le atiende una secretaria, que le dice que no sabe dónde está don Gerardo.

Para añadir más leña a la situación (que don Gerardo no aparezca hace temer a los empleados por su nómina de julio, asís es que, Lorenzo, no te vayas muy lejos), entre los trabajadores circula un rumor, no desmentido por el gerente (no puede desmentirlo porque no sabe nada de don Gerardo), referido a uno de los créditos de don Gerardo, concedido por Banesto, por un importe de 40 millones de euros. Entre las garantías aportadas como aval para la obtención del crédito estaría el contrato de concesión del servicio de transporte urbano de Cáceres. No sé si legalmente es posible utilizar un contrato de este tipo como garantía para la obtención de créditos para negocios no vinculados directamente a la concesión, y tampoco sé si el ayuntamiento tuvo conocimiento, cuando se formalizó el crédito, de la constitución de esa garantía o la ha conocido después (seguramente, a comienzos de junio, cuando hubo de hacer frente a las nóminas de mayo).

Busursa Cáceres está esperando como agua de mayo (o del mes que sea) la nueva concesión del servicio de suministro de agua, precisamente, que lleva vinculado un canon que servirá al ayuntamiento para pagar deudas, entre ellas la del transporte público urbano.

Los plazos, no obstante, para Busursa Cáceres, se agotan y el vencimiento, al parecer, en 15 de agosto, del crédito de don Gerardo con Banesto, sin que haya hecho frente al mismo, pondrá el servicio de transporte urbano de Cáceres en manos del banco. Eso es bueno, porque servirá para encontrar alguna empresa que se quiera hacer cargo de la concesión, sobre las gestiones que ya viene haciendo el propio ayuntamiento. Y es malo porque el banco querrá ejecutar cuanto antes la deuda contraída por el Ayuntamiento. Ya se verá.

Lo que sí está claro es que el ayuntamiento, si esto se produce, es decir, si el contrato de concesión de Cáceres cae en manos del banco, tiene la oportunidad de rescatarlo, pagando la deuda, pero con un detalle: realizando una auditoria como es debido, incluidas las contrataciones de personal. Porque en esas contrataciones sigue mandando, y mucho, la anterior corporación.

Vale.

Decenas de trabajadores del Canal de Isabel II, empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad de Cáceres, irrumpieron en el pleno municipal con pancartas, silbatos y con gritos que afirmaban que están en juego “más de cien trabajos” e instando a la corporación a “no jugar con el pan de sus hijos”.

Es habitual que las empresas concesionarias de los servicios públicos municipales, cuando tienen alguna dificultad y, especialmente, cuando toca la renovación de la concesión con un nuevo concurso, utilicen a los trabajadores como escudos humanos.

Estos días, en Cáceres, están en curso los procedimientos para la renovación de la concesión del Servicio de agua, y la empresa envía a los trabajadores para que hagan de escudos humanos y sirvan para que en el pliego de condiciones exista alguna cláusula que les favorezca.

Lo que es habitual en la concesión de los servicios públicos municipales (agua, recogida de basuras, autobuses urbanos…) es que las cláusulas se recoja que los trabajadores tendrán continuidad con la nueva concesión, sea la misma empresa o sea otra. O lo que es lo mismo: no peligran los puestos de trabajo. Bueno, sí, pueden peligrar, en el caso de que la concesión fuera a la misma empresa, los de aquellos trabajadores más críticos con la empresa, los que se niegan a hacer de escudos humanos, los que saben que los pliegos de condiciones garantizan la continuidad.

El Canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, y su consejo de administración está definido y nombrado por el Partido Gurtelar (antes Partido Popular). El Ayuntamiento de Cáceres está gobernado por el PSOE y la estrategia es evidente: mientras los trabajadores, sobre todo los que llevan menos tiempo en la empresa, los que “deben” su puesto de trabajo a alguien, se prestan a hacer de escudos humanos, la verdad, la continuidad de la prestación del servicio y la continuidad de los puestos de trabajo, quedará aislada.

A comienzos de junio, BUSURSA, empresa del peor de todos los empresarios y jefe de la CEOE, hizo lo mismo con los trabajadores: les retrasó el pago de la nómina aduciendo falta de liquidez, cuando en la última semana de mayo es cuando más dinero ingresan, por las ferias.

Y mientras una empresa gobernada por el PP y otra propiedad de Díaz Ferrán juegan a utilizar a los trabajadores como escudos humanos, los sindicatos “de clase” se sientan a negocia con Díaz Ferrán y se sienten contentos defendidos por el Partido Leninista Popular.

Vale.

El 24 de mayo de 2009, en una entrada de este mismo blog, escribí: Los hilitos de corruptina ya trepan por Génova, 13 y alcanzan varios despachos. En la planta primera está la sede de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, y su teléfono es 91 319 50 46. A esa fundación fue a parar una donación de Diaz Ferran por unos 246.000 euros en 2003. Para una capital de provincias como Cáceres, es de gran interés saber si ese dinero salió de las cuentas privadas de Diaz Ferrán, o si salió de las empresas que el actual presidente de la patronal controla. Y lo es, porque Diaz Ferrán es o ha sido o era en esas fechas, en 2003, presidente de la empresa Autobuses Urbanos del Sur, S.A., BUSURSA, que es la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Cáceres. Parece ser, según se publica en http://www.escolar.net, que las aportaciones a FUNDESCAM de Diaz Ferrán provenían de Seguros Mercurio, participada por Autobuses Urbanos del Sur, S.A., en cuyo nombre firmó Gerardo Díaz Ferrán la Junta General de Accionistas, el 11 de enero de 2006 (www.borme.es, de 17 de enero de 2006).
Hoy, las noticias sobre el presidente de la patronal cuestionan su idoneidad para presidirla. Cajamadrid, el ojito verde de Esperanza Aguirre, ha abierto un expediente a Díaz Ferrán por un crédito de unos 26,5 millones de euros. Casualmente, el presidente de la patronal es, también, Consejero de Caja Madrid. Es decir, que se sienta en el consejo de administración en el que se aprueba un crédito para sus empresas por una nada despreciable cifra, prácticamente el doble de lo asignado a la ciudad de Cáceres por el Gobierno dentro del primer Plan E.
Las referencias a la ciudad de Cáceres en el asunto Díaz Ferrán tienen que ver porque una de sus empresas, Autobuses Urbanos del Sur, es la concesionaria, con la marca BUSURSA, del servicio de transportes urbanos de Cáceres, a la que controla, o al menos controlaba, a través de Segurios Mercurio, empresa que también ha aparecido recientemente en algunas informaciones de prensa con algunas dificultades.
Sería deseable que, dadas las circunstancias que rodean al patrón de patronos, el Ayuntamiento de Cáceres estuviera al menos al cuidado de la situación, puesto que una explosión financiera de las empresas que controla Díaz Ferrán bien podría tener efectos colaterales en la ciudad, en su transporte urbano.
Vale.
La franquicia derechona de Génova, 13, conocida como PPcinco, está atravesando algunas malas horas. ¿PPcinco? Claro:
PPuno: Movimiento Nacional, con Manuel El Dinosaurio Fraga.
PPdos: Alianza Popular, con Manuel El Dinosaurio Fraga too.
PPtres: Alianza Popular – PP, con Antonio El Breve Hernández Mancha.
PPcuatro: PP, con José María Narcissus Aznar.
PPcinco: PP, con Mariano Soft Rajoy.
En PPcinco están pasándolo mal, porque a pesar de que todas las formaciones políticas atraviesan momentos malos, por la crisis económica, ellos tienen otras preocupaciones que enfangan su diario devenir.
Esta historia recuerda una visión política de un asunto ecológico: los hilitos de plastilina que luego fueron el chapapote del Prestige. Aquel marrón que empezó con la cacería de Álvarez Cascos (¿dimitió por no abandonar la cacería y asumir la gestión del chapapote que le correspondía por ser ministro de fomento? Ah, ya, que los de derechas no dimiten, ni siquiera por estar de cacería cuando no toca) y siguió con el encargo que le hicieron a Mariano no por ser buen gestor, sino por ser gallego. Aquellos hilitos de plastilina pudieran ser hoy los “casos aislados” según los acólitos y los medios de la derecha, y son, en realidad un chapapote de mierda que llega al ático de Génova, 13.
En esos hilitos de corruptina hay que destacar uno que no afecta a cuestiones puramente económica, ni a regalos, sino a la dignidad: la falta de dignidad de Trillo por no asumir responsabilidades políticas en el asunto del YAK-42. En este sentido, cabe recordar que una vez tras otra, los escribanos acólitos, cuando analizan los resultados electorales siempre repiten el tópico de que en Extremadura los que votan al PSOE son analfabetos. ¿Los que en Alicante votaron a Trillo, no son cómplices de la misma indignidad que Trillo?
Los hilitos de corruptina ya trepan por Génova, 13 y alcanzan varios despachos. En la planta primera está la sede de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, y su teléfono es 91 319 50 46. A esa fundación fue a parar una donación de Diaz Ferran por unos 246.000 euros en 2003. Para una capital de provincias como Cáceres, es de gran interés saber si ese dinero salió de las cuentas privadas de Diaz Ferrán, o si salió de las empresas que el actual presidente de la patronal controla. Y lo es, porque Diaz Ferrán es o ha sido o era en esas fechas, en 2003, presidente de la empresa Autobuses Urbanos del Sur, S.A., BUSURSA, que es la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Cáceres. Parece ser, según se publica en http://www.escolar.net, que las aportaciones a FUNDESCAM de Diaz Ferrán provenían de Seguros Mercurio, participada por Autobuses Urbanos del Sur, S.A., en cuyo nombre firmó Gerardo Díaz Ferrán la Junta General de Accionistas, el 11 de enero de 2006 (www.borme.es, de 17 de enero de 2006).
Vale.