Archivos para November 30, 2013
En España, entre la doctrina jurídica asentada y la lentitud de la Justicia, es lo más habitual que, cuando se sustancia un affaire en sede judicial, lo ḿás probable es que la culpa sea… del muerto. Seguramente la memoria de cada uno nos recuerde casos. Es lo más recurrido, y suele dar buenos resultados. Sobre todo, cuando el asunto es más elevado en disputas económicas, cuanto mayor es el importe, económico, de lo mangado.
Es lo más habitual, cargarle el muerto al muerto.
Las declaraciones de imputados y testigos que pasan ante el Juez Ruz (ese que sufre de sarpullidos cuando le solicitan las partes que orden el registro de la sede del Partido Popular) por el asunto Gürtel, pero, sobre todo, por la doble (¿triple, quizás?) contabilidad del partido del gobierno, por los sobres, el dinero negro, las comisiones ilegales (¿hay comisiones legales habiendo contrato públicos por medio?), todos le echan la culpa al muerto.
Y el muerto es Bárcenas.
Para la dirección del Partido Popular, su compañero de ejecutiva hasta 2013, hasta enero de 2013, que le seguían pagando, Luis Bárcenas, es el muerto al que cargarle todas las fechorías que ellos cometieron por acción, por comisión y por omisión. Y todo aquello de lo que no son capaces (el cadáver está caliente y puede revolverse) de cargar sobre el ataúd de Soto del Real resulta de una amnesia selectiva propia de estudio. Y propia de sinvergüenzas.
Los dirigentes del Partido Popular y los medios de comunicación a su servicio y propaganda consideran que Luis Bárcenas ya es un cadáver que no puede producir más aspavientos, ni más sobresaltos. Porque todos acusan a Bárcenas de haber robado al PP. Es decir, que el tesorero, y antes gerente, del Partido que ahora gobierna, hacía y deshacía a su antojo y la cuadrilla de inútiles conmilitones, con el inútil mayor, Mariano Rajoy a la cabeza, no se enteraban.
Prefieren pasar por engañados, por inútiles, antes de asumir que Bárcenas, el cadáver exquisito, era el pagador de los sobres que les permiten vivir por encima de nuestras posibilidades, era el cobrador, en nombre del partido, de las comisiones que los grandes empresarios de las empresas constructoras soltaban por nada (¡ja!).
La pandilla de ignorantes de lo que pasaba en su casa, Génova, 13, que más que la que sede de un Partido es una pocilga, una fosa séptica llena de detritus, esa pandilla ahora gobierna a sueldo de Merkel y los mercados en contra de los ciudadanos.
Y le echan la culpa al muerto.
Para esta cuadrilla de sicarios ineptos, Bárcenas es un mal sueño. Ya no se acuerdan del muerto. Ya no le llevan flores. Claro, porque El Muerto ya no reparte sobres, ya no escribe anotaciones, ya no dispone de ordenador en el que ir acumulando navajas, ya su cuñado no ejerce de jefe de seguridad de La Pocilga.
Bárcenas ya no manda. Bárcenas ya no reparte sobres. Bárcenas ya sabe que lo gerentes territoriales han sido removidos, para eliminar incómodos testigos de recibos como el de la comisión de 200.000 € para el Partido Popular de Cospedal.
El recurso a la mala memoria selectiva se complementa con echarle la culpa al muerto. Y no hay que olvidar que otro tesorero, el anterior a Bárcenas, ha sufrido dos accidentes domésticos de lo más raro.
Ahora, Bárcenas es el muerto sobre el que echar mierda, toda la que ya rebosa por la fosa séptica de Génova, 13.
Vale
La creciente deriva de los medios de comunicación convencionales (prensa escrita, radio y televisión) al servicio de las grandes empresas (los grandes anunciantes, los tenedores, por sí o por medios interpuestos de las acciones de los grupos de comunicación) y al servicio (comprados o vendidos, que aunque parece lo mismo no es igual), ha hecho que vayan surgiendo, en España, medios digitales de gran pujanza.
Además, estos medios digitales, que vienen realizando auténtico periodismo de investigación, se están nutriendo de nuevos periodistas, comprometidos con la profesión, que es lo mismo que comprometerse con la ética y la dignidad, y de periodistas esegrados de medios que, o bien se han visto abocados a realizar ajustes duros de personal, o bien han llegado a renunciar a las ediciones escritas.
Despidos de periodistas en El País, por imposición del capital americano (fondo buitre que controla y está dinamitando el grupo Prisa), o despiedos en El Mundo, han hecho que grandes periodistas, con experiencia, con capacidad de trabajo y con hálitos de ética, vayan nutriendo las plantillas de medios como El Diario, Infolibre, Periodismo Humano y otros, que están siendo el único referente de prensa capaz de llegar a asuntos que incomodan a quienes hicieron en los años de bonanza grandes fortunas a la sombra de gobiernos poco diligentes, o de políticos que ha expolidado por todos los medios las arcas públicas.
Asuntos como el mercadeo de José María Aznar con EINSA, actuando o pretendiéndolo, como comisionista de empresas auxiliares de armamento, y para ello escudando sus acciones en la Fundación FAES (gran parte sostenida con fondos públicos), o las tropelías de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid (a la que llevó a un callejón sin fondo, fondo que rompió luego Rodrigo Rato), no serían conocidos sin las publicaciones de www.eldiario.es o www.infolibre.es, que luego, por pura necesidad de supervivencia, los medios convencionales se ven obligados a seguir.
Estos medios, a nivel nacional, suplen la dejación que las empresas propietarias de los medios de comunicación hacen de las obligaciones de la prensa (el derecho a la información no es un derecho de los periodistas ni de las empresas que les pagan, es un derecho de los ciudadanos, al que sirven los periódicos, las radios y las televisiones).
A nivel regional de Extremadura, los medios digitales no existen. Es probable que alguien diga que Digital Extremadura, Región Digital, Panorama Extremadura y otros (es probable que alguno se me olvide, pero no son muchos los que hay) son medios de comunicación digitales. Pero la realidad es clara.
Mientras a nivel nacional www.eldiario.es, www.infolibre.es, www.periodismohumano.com, o el programa de TV online, La Tuerka, acogido en www.publico.es (que dejó el papel por la crisis) gestionan informaciones de elaboración propia, los medios digitales extremeños se nutren de noticias repicadas de agencias, generalmente de la conservadora Europa Press, o de noticias ya publicadas en las versiones digitales del Diario HOY (Grupo Vocento, propietario de ABC) y El Periódico Extremadura (Grupo Zeta). Pero sobre todo, se nutren de comunicados oficiales y notas de prensa de los organismos oficiales (Junta de Extremadura, Diputaciones, Ayuntamientos) o Partidos Políticos.
Durante mucho tiempo, he tratado de encontrar en esos medios digitales extremeños noticias de elaboración propia, pero nada. En la práctica, esos medios digitales suelen ser, en realidad, un mecanismo de captación de publicidad, de manera que quienes los gestionan son publicitarios.
El servilismo (bien por compra obligada por necesidades económicas, bien por venta por necesidades y afinidades ideológicas) de los medios de comunicación extremeños al Partido Popular, y la inexistencia de medios digitales con indepencia, convierten a los extremeños en unos ciudadanos de segunda, que no pueden acceder a las informaciones reales de lo que sucede.
La publicación reciente, en uno de los medios regionales, de la existencia de alguna ramificación del caso Gürtel, ha desaparecido de inmediato de las informaciones, de manera que parece que se ha tratado de cubrir el expediente y a otra cosa.
No se ha investigado ningún dato, no se ha investigado ninguna línea de búsqueda de referencias de las acciones de las empresas de Correa en Extremadura. No se ha investigado ni se ha analizado el porqué del cambio del gerente del Partido Popular en Extremadura, como en otras comunidades autónomas, tras conocerse cómo Bárcenas “financiaba” las campañas electorales con recibís de dinero negro, que es el caso de Castilla La Mancha y la comisión de 200.000 € mordida de la concesión del servicio de basuras de la ciudad de Toledo.
En Extremadura, los medios convencionales nadan en la nada sobre la realidad (la negativa de Monago a presentar sus declaraciones de la renta ya debería haber sido objeto de investigación periodística), y se nutren de lo que ordena, quiere y desea el Partido Popular.
En Extremadura, los medios digitales no existen. Porque son repicadores de informaciones de otros (en el mejor de los casos), y de notas oficiales de los servicios de ídem, que las remiten acompañadas de fotografías de dudosa calidad.
Vale.
Cuando vemos, una vez tras otra, que la alcasenadora de Cáceres, Elena Nevado vota contra los intereses de la ciudad por la incapacidad de enfrentarse a las decisiones de su partido, tenemos que decir que no es ella sola.
En el último caso, cuando el 11 de diciembre de 2013 se procedía a votar, a las 14:14 horas un grupo de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2014, entre las que estaba la número 1117, presentada por el Grupo Socialista, y que pedía la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº 1, se hallaban presentes en la votación todos los senadores del Partido Popular, y todos votaron contra Cáceres. A saber:
Pedro Acedo Penco, alcalde de Mérida y senador por Badajoz.
Antonio Galván Porras, alcalde de Calzadilla de los Barros y senador por Badajoz.
María Agustina Rodríguez Martínez, concejal de Fregenal de la Sierra y senadora por Badajoz.
Diego Sánchez Duque, concejal de Brozas y senador electo por la Asamblea de Extremadura.
Alberto Casero Ávila, alcalde de Trujillo y senador por Cáceres.
Pablo Elena Núñez, al parecer alcalde de Torremenga y senador por Cáceres.
Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres y senadora.
Todos ellos votaron, conscientemente, contra la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº 1. De los senadores por la provincia de Badajoz no es de extrañar. Ellos solamente dicen representar a la baja Extremadura. De los de la provincia de Cáceres…
El tal Pablo Elena ni idea de quién puede ser. En su casa lo conocerán a la hora de comer.
El senador Sánchez Duque, elegido por la Asamblea de Extremadura, solamente puede ir al Senado a ser correa de transmisión del amo Monago. Y ya sabemos que el amo Monago no ha movido, ni moverá, un dedo por el CEFOT de Cáceres.
La alcaldesa de Cáceres, la alcasenadora, ya ha demostrado con creces su incapacidad para conocer los asuntos que conciernen a la administración militar (¿quién la asesorará?), y su desinterés consciente sobre el asunto. Cuando hoy, el grupo municipal del Partido Popular hace un comunicado (el mismo que el del año pasado, con algún refrito), afirma que el Centro militar de Cáceres continúa abierto gracias a las gestiones de la alcasenadora, sencillamente, están mintiendo. Mienten como concejales del Partido Popular que son.
También está el caso del alcalde de Trujillo, quien salió el año pasado en los periódicos presumiento de un acto militar en la plaza de su pueblo, a los pies del caballo de Paco Pizarro. Presumía Alberto Casero, hasta sonrojarse, hasta ponerse colorado como un tomatito cualquiera, mientras la plaza estaba prácticamente vacía, salvo la tribuna de invitados y dos filas de curiosos. Este alcalde, poco después de aquello, ya hizo lo mismo que la alcasenadora Nevado: votó contra la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº 1.
Estos senadores extremeños, que unos votan contra Cáceres porque son de Badajoz, otros votan siguiendo la nada que les seduce de Monago, y otros, los de la provincia de Cáceres, sencillamente, traicionan a sus votantes. Bueno, a la capital y la provincia. Quienes les votaron en 2011, seguramente volverán a votarlos. Es lo que hay.
Vale.
El año pasado por estas fechas, en concreto, el día 15 de diciembre de 2012, publicaba esta entrada en mi Cerca de las Retamas: https://cercadelasretamas.com/2012/12/15/cuidado-con-lo-que-votas-elena-nevado/. La alcaldesa de Cáceres, y senadora por el Partido Popular, Elena Nevado, había votado contra una enmienda del Grupo Socialista que pedía las dotaciones económicas necesarias para dar continuidad al Centro de Formación de Tropa 1, CEFOT 1. La primera reacción de Elena Nevado fue negarlo. La evidencia le llevó a decir que había sido una trampa de los socialistas, que son muy malos, para llegar luego a decir el PP del Ayuntamiento que la situación del centro militar era culpa de Zapatero.
Sin embargo, parece que la alcasenadora no ha aprendido… o que es incapaz de aprender. O parece, claramente, que su interés por el CEFOT 1 es nulo. O peor aún.
Y digo que no aprende porque hoy lo ha vuelto a hacer. Hoy, Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres, y senadora por la provincia, del Partido Popular, ha votado en contra de una enmienda, la número 1117, cuyo texto es el siguiente:
Se añade una nueva Disposición Adicional con la siguiente redacción:
Disposición Adicional. Mantenimiento de los centros formativos del Talarn y CEFOT nº 1.
El Gobierno dotará los créditos presupuestarios suficientes para mantener la plena operatividad y el volumen formativo de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn de Lleida que garantice su permanencia, y el mantenimiento de la plena operatividad en capacidades formativas del Centro de Formación de Tropa nº 1, ubicado en el Acuartelamiento Santa Ana, de Cáceres.
MOTIVACIÓN:
Aunque el Ministerio de Defensa ha informado del mantenimiento de AGBS de Talarn, se solicita que se garantice su continuidad y el mantenimiento de su plena operatividad de cara al futuro. También se solicita el mantenimiento del CEFOT Nº 1 de Cáceres.
Contra esta enmienda ha votado Elena Nevado. O lo que es lo mismo: ha repetido su nefasta actuación en contra de los intereses de la ciudad de Cáceres y del Centro de Formación de Tropa nº 1.
El año pasado cabría pensar en que era nueva en el Senado y que no conocía los mecanismos de votación. Pero este año no tiene excusa de desconocimiento. Podría, hoy, sabiendo que el año 2012 fue motivo de duras y más que merecidas críticas, haber evitado la iniquidad cometida contra la ciudad de la que es alcaldesa. Podría haberse abstenido, haberse ausentado del pleno, votar a favor, cualquier cosa menos votar en contra.
Claro que en el caso más favorable estaríamos ante una muestra de incompetencia política supina, que la incapacitaría para ser alcaldesa de una capital de provincia, o para ser senadora por esa provincia. Pero, como se dice en el ámbito militar, las lecciones aprendidas deberían servir para algo.
En el caso, repetido, de la alcasenadora Nevado, la desinformación no es excusa, ni siquiera la incompetencia manifiesta. En su actuación en el Senado respecto del CEFOT nº 1 lo que queda claro es su intencionalidad política.
Desde que en marzo de 2012 se estableciera la situación de cierre temporal, mitigada por gestiones que en ningún caso pueden atribuirse la alcasenadora, hasta llegar a la situación actual con el 50% de los alumnos del ciclo único de 2013, lo que funciona, lo que manda en este asunto es algo que afecta, y mucho, a las personas directamente afectadas: la incertidumbre.
El comportamiento político, la nula capacidad e influencia política de la alcasenadora Nevado, la ausencia culpable de toda gestión en favor del Centro militar por el Presidente de la Junta, un tal Monago, son los aceites que engrasan esa incertidumbre. Mientras que para el mantenimiento de la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn, Lleida, todos los partidos, incluidos los más nacionalistas, han defendido su continuidad (aunque fuera por “la pela”), en Cáceres, en Extremadura, el partido que sustenta al Gobierno central se ha borrado. Ha borrado las pruebas de su incompetencia como si fueran discos duros o archivos desaparecidos en extraños robos.
La incertidumbre sobre el futuro del CEFOT Nº 1 se acrecienta cuando la alcaldesa de la ciudad, y senadora por la provincia, no es ya sólo incapaz de defender su continuidad, sino que vota en contra.
Vale.
El gobierno de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular, presidido por Alberto Fabra ha tomado la decisión de cerrar la Radio Televisión Valenciana, tras la anulación del ERE presentado, que obligaba, por sentencia judicial, a la readmisión de los trabajadores despedidos.
La reacción del Partido Popular (Alberto Fabra no toma por sí mismo la decisión de cerrar sin consultarla con el partido, con su presidente y del gobierno Mariano Rajoy) a la sentencia del juzgado de lo social no es una pataleta. Ante una sentencia judicial firme, la decisión es la del cierre patronal.
En múltiples ocasiones, con motivo de huelgas de trabajadores, nos bombardean con lo de huelgas salvajes, sobre todo cuando los dirigentes políticos concernidos se encuentran desbordados, especialmente por su incapacidad y su incompetencia para resolver problemas seguramente creados por ellos mismos. Las huelgas salvajes existen.
Pero también existen los cierres patronales salvajes. Y eso es lo que ha hecho Alberto Fabra: ante un problema creado por su partido, un problema que él es incapaz de resolver, un problema que afecta directamente a sus decisiones políticas, lo que ha hecho es ir al cierre patronal salvaje. Y salvaje es quien, como Alberto Fabra, hace salvajadas.
Cuando un padre deja de pagar la pensión de los hijos y la mujer, fijadas en sentencia judicial, puede ser condenado a penas de cárcel. Cuando Alberto Fabra incumple la sentencia del juzgado y ordena el cierre patronal salvaje ¿no está cometiendo un delito?
En el ordenamiento jurídico español no creo que exista, en materia laboral, la posibilidad de la sentencia de imposible cumplimiento, que sería el caso al que podrían acogerse quienes, sencillamente, como hace Alberto Fabra, pasarse la decisión judicial por el arco del triunfo.
Estos dirigentes del Partido Popular, instalados, de sobra y a base de sobres, en la impunidad más absoluta, conocedores que el sistema judicial es el mismo que heredaron del franquismo (es decir, que los jueces, en su mayoría, “son de los nuestros”, y los que no lo son, no forman parte de los núcleos de decisión judicial o son expulsados), no dudan en no cumplir una sentencia y, además, provocar más daño con el incumplimiento. Así, mientras el ERE devuelto a los corrales por ilegal planteaba el despido de 2/3 de la plantilla, la decisión del cierre patronal salvaje provoca el despido de la totalidad de la plantilla (los más afectos al régimen serán recolocados de modo inmediato) y la liquidación de la sociedad.
El quebranto laboral provocado por la decisión de ir al cierre patronal salvaje, también provocará graves perjuicios económicos a la Comunidad Valenciana, por cuanto, hasta que legalmente la sociedad sea liquidada, habrán de seguir abonándose los sueldos de todos los trabajadores, además de ir al abono de los finiquitos, en directo y en contante y sonante, de todos ellos. A ello, también, hay que añadir que los bienes muebles (maquinaria y equipos) e inmuebles adscritos a la RTVV (los que no puedan recuperarse para uso de las administraciones públicas) sufrirán un notable deterioro por la falta de uso, y una más notable depreciación de su valor.
A la deuda acumulada por la gestión nefasta, propia de dirigentes incompetentes en lo político y ladrones en lo personal, hay que añadir los costes laborales del despido de toda la plantilla y la depreciación de los activos de la sociedad. Y todo ello lo pagarán los valencianos.
Un presidente de comunidad autónoma desbordado por la gestión delictiva de sus predecesores, acusado de cerrar la sociedad de la Tv para ocultar y destruir pruebas de la trama Gürtel, toma la decisión de ir al cierre salvaje patronal, mostrando el camino, a cualquier empresario, de que incumplir las sentencias judiciales no tiene castigo.
Y a todo esto, la mayoría de los valencianos volverán a votar al Partido Popular. Lógico, si tenemos en cuenta que, en esta tesitura, se puede afirmar que la mayoría de los valencianos son corruptos en potencia, o encubridores de delincuentes, de políticos corruptos.
Vale.
En los años 80, tras la primera victoria del PSOE en 1982 con mayoría absoluta, la prensa de la derecha, la que no aceptaba una transición tan light como luego se ha demostrado, no cejó en su empeño de deslegitimar el ejercicio de gobierno de Felipe González. Algunos recordarán aquello del rodillo socialista.
Ese rodillo socialista sirvió, entre otras cosas, para pasar de un Estado que solamente creía en la beneficencia a un Estado que apostó por la solidaridad. Porque la beneficencia es el regalo que el poderoso hace a los débiles para tenerlos callados, y la solidaridad es el reparto de cargas entre todos para que los débiles puedan vivir de pie y no arrodillados.
Ahora, cuando una crisis económica provocada por los propietarios, directos o en la sombra, de los medios de comunicación (no hay que olvidar que la patronal de los medios de comunicación pertenece a la gran patronal, a la CEOE), acucia a un gobierno de incompetentes, de sicarios al servicio del IBEX 35, esos mismos medios, los de la derecha (todos, prácticamente) defienden y ensalzan el ejercicio dictatorial del poder.
Porque una mayoría absoluta no legitima todas las decisiones de un gobierno… salvo que ese gobierno sea “de los nuestros”, el que hemos puesto ahí para que vigile “nuestros” intereses económicos. Ese es el pensamiento, la línea editorial (la del balance de resultados, por supuesto) de todos esos medios.
¿Qué diferencia hay entre la ley habilitante de Maduro, en Venezuela, y la ley de seguridad ciudadana de Rajoy? Ninguna. Porque el gobierno de Rajoy sencillamente quiere tener carta blanca para amordazar a los ciudadanos, para que su policía pueda ejercer con iniquidad cualquier fuerza para reprimir los derechos y libertades.
Cuando leyes como la LOMCE son defendidas con el único argumento del número de los votos, como hizo una diputada, demuestra que los argumentos políticos no cuentan (los ideológicos del PP están detrás del índice de la bolsa, escondidos), que les basta y les sobra disponer de una mayoría absoluta en las cámaras para legislar al antojo de la gran patronal.
Y los medios callan. Porque no hay que morder la mano que les da de comer.
Con esa mayoría absoluta tan desvergonzadamente utilizada, aplaudida por Marhuendas y demás vendidos (o comprados), el Partido Popular no tiene empacho en incumplir las sentencias judiciales (si el ERE de la Televisión Valenciana es revocado por la justicia, aplican el cierre patronal, y a otra cosa), en modelar las leyes a su gusto, a su gusto de usted, señor accionista mayoritario.
Con esa mayoría absoluta y ese desparpajo fascista que anida en La Moncloa y demás centros de poder, legislativo, ejecutivo y judicial, no es extraño que cuando un gobierno extranjero, el argentino, expropia una parte de una empresa privada, Repsol, los ministros salgan en tromba, con las portadas aireando su “valor”, a defender a la pretrolera. Pero cuando esa misma empresa, Repsol, encarga unos buques gaseros a astilleros asiáticos, más baratos, obligando prácticamente al cierre a los astilleros españoles, el gobierno se esconde, cobarde, y los periódicos miran para otro lado.
Con esa mayoría absoluta no les hace falta dar golpes de estado. Porque los 11 millones y medio de votos son sus concertinas para que los ciudadanos sangremos con el austericidio.
Mientras el IBEX 35 y los medios de comunicación sigan alentando y alimentando las políticas fascistas de Mariano Rajoy, la mayoría absoluta será un concepto político de gran valor. No cuando esa mayoría absoluta era el rodillo socialista.
Pero no hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, que hay mas de 11 millones de corruptos en potencia: todos los votantes del PP.
Vale.
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