En estos días que llevamos de julio, no sé si por las olas sucesivas de calor o porque el exceso de información nos perturba en exceso el intelecto, he podido observar dos cuestiones que han tenido un día, o dos, como máximo de cierto estrellato en algunos medios de comunicación: la intención de Mariano Rajoy de modificar la ley electoral a su gusto y la multa de casi 20 millones de euros que la UE impone a España por el falseamiento de las cuentas de la Comunidad Valenciana.
En ambos casos, estamos ante situaciones que podemos denominar “democracia de baja intensidad”. Que Mariano Rajoy pretenda modificar la ley electoral para que gobierno “la lista más votada” es una previsión que ya tenían en mente sus asesores antes de las elecciones municipales y autonómicas pero que no se atrevieron a plantear abiertamente. Ahora, comprobados los resultados electorales del 24M, es cuando Rajoy cree que ha llegado el momento de plantear la cuestión para conseguir una ley electoral que permita al PP gobernar siempre y en todo lugar. Porque Rajoy y sus secuaces, digo asesores, saben que todo el voto de la derecha lo agrupan y saben que la izquierda está fragmentada y ninguna lista de ningún partido o plataforma podrá superar ni siquiera el suelo electoral del Partido fundado por unos cuantos ministros de Franco.
Rajoy pretende que antes de finalizar la presente legislatura en el ámbito estatal pueda presentar y sacar adelante la ley electoral que le permita en las elecciones locales y autonómicas futuras conseguir que su partido gane, sí o sí. Pretender un cambio electoral en las condiciones en las que la derecha, acuciada por la corrupción, con una mierda que alcanza a todos los despachos del partido, es demostrar que la democracia “de la que disfrutamos” es de baja intensidad. A esta pretensión, los medios de comunicación “convencionales” han dedicado poco o escaso interés o han utilizado su obligación de contrapoder de la política en el sentido de callar o silenciar las pretensiones de Rajoy. Los medios, en una democracia de baja intensidad, están al servicio del poder político y económico. Y su capacidad de ejercicio de la crítica política es nulo si ello contraviene los deseos de quien manda… o puede poner en riesgo la cuenta de resultados.
Otro caso de democracia de baja intensidad es la nula o escasísima respuesta a la decisión de la UE de multar a España con 20.000.000 €. También es cierto que los partidos políticos en la oposición no han hecho el menor esfuerzo en tratar el asunto.
Las cuentas de la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular y sus corruptos, han sido falseadas, como ha demostrado Europa. Y la multa la paga “España”.
¿No debería la Fiscalía Anticorrupción actuar de oficio e iniciar diligencias penales por falsedad en documentos públicos? ¿No es un delito de prevaricación falsificar unas cuentas públicas a sabiendas?
¿Dónde está la Fiscalía? ¿Buscando tuits de hace cuatro años de un concejal en vez de buscar y determinar quiénes son los autores materiales de la falsificación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana?
Que no se actúe contra quienes falsean cuentas, falsean documentos y perjudican, a sabiendas, y en beneficio (aunque sea electoral) propio, es otra muestra de baja intensidad democrática.
Que todavía el gobierno en coalición PSOE-Compromís en la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig no haya presentado una querella criminal contra los autores materiales e intelectuales del falseamiento de las cuentas valencianas, dice muy poco de la intensidad democrática del nuevo gobierno valenciano.
Que como consecuencia de esa “baja intensidad democrática” haya que dedicar 20.000.000 € por los desatinos de un gobierno corrupto, y que los demás partidos hagan declaraciones y no actúen, dice muy poco de los políticos y de nosotros, los ciudadanos (¿o súbditos?), que lo consentimos.
Vale.
El ministro ese de lo Anterior, Fernández Díaz, tiene la extraña cualidad de hacer coincidir a la mayoría de los ciudadanos: es un meapilas con glotis afinada. Su ministerio (en sentido político y como a él le gusta, sacramental) debería ser el de la tranquilidad, el de la solidez democrática.
Pero no. Su ministerio se ha impuesto con la Ley Mordaza para acallar cualquier intento de crítica a una gestión, la del gobierno de sociópatas encabezado por Mariano Rajoy. Un ministerio basado en la política de la represión. Le falta poner en marcha una brigada político social y conseguir resucitar el TOP, Tribunal de Orden Público. Lo tiene a dos reales decretos.
Pero no solamente es un sujeto que basa toda su política en transmitir, mediante su iniciativa legislativa, a los ciudadanos un sentimiento de culpa (en intentar que los ciudadanos nos sintamos culpables y terminemos aceptando su anomalía ideológica) más que necesitado de un análisis freudiano.
Ahora, en una entrevista publicada en el Diario La Grapa, no tiene otra ocurrencia que transmitir, tras el atentado en la playa de Susa, en Túnez, su miedo (su incompetencia) para que sea “compartido” por los españoles.
Dice Fernández del Séptimo Díaz que “el riesgo de atentado es alto y la opinión pública debe saberlo”. Españoles, dice aproximadamente el de la Secta del Opus, “vamos a morir todos”. O algo parecido. Eso en el titular.
Este ministro, que parece más amenazar que defender, debería haber añadido a su frase: “… pero el Gobierno garantiza, sin ninguna duda, la seguridad de los españoles”. Pero no, dice que la cosa está muy malita, que “estamos trabajando en ello”, pero que no tenemos ni repajolera idea.
Afortunadamente, los ciudadanos ya sabemos a qué atenernos con individuos que son ministros porque no valen para otra cosa. Claro que sabemos que hay amenaza terrorista, pero más amenazante es que quien tienen la obligación y los medios, que los pagamos con nuestros impuestos, se dedique a ofrecer titulares de portada a panfletos de sus aduladores.
Afortunadamente, los ciudadanos sabemos que los terroristas pueden atentar. O no. Y lo que necesitamos son certezas del gobierno, y no alarmas.
Es tan incompetente el ministro que trata de convencer al periodista que le dora con preguntas de salón, de que no sabemos si el atentado de Túnez contra un hotel de una empresa española buscaba atentar contra derechos españoles en la zona. O lo que es lo mismo, el ministro incompetente trata de hacernos creer que los yihadistas tienen una lógica de actuación comprensible a las mentes occidentales.
¿Cuántas veces hemos escuchado, y con razón, que los atentados terroristas solamente tienen la lógica del atentado en sí mismos y establecer un estado de alarma social? Pues esa es la lógica del atentado terrorista / yihadista de Susa, en Túnez.
Que el ministro se pregunte ante la pregunta mamporrera del escribano de turno si porque el hotel es de una empresa española, los yihadistas buscan atentar contra intereses españoles, es pretender hacernos creer que los terroristas tienen una coherencia en sus atentados (¿y cuándo es un suicida, qué coherencia hay?).
Es ahí, en la ignorancia (aparente) del opusdeísta Fernández Díaz, donde interviene el miedo: como no sabemos si los yihadistas quieren atentar contra intereses españoles, los españoles deben cagarse de miedo. Y la propaganda, la portada de La Grapa (ABC), es el anuncio fiel de la incompetencia ministerial.
Meter miedo no es una función de un ministro de seguridad. Un ministro de seguridad debe transmitir eso, seguridad. Pero cuando su programa máximo es infundir miedo en la población aprovechando un atentado terrorista, y, por otro, acallar por la fuerza coercitiva del Estado cualquier atisbo de crítica (Ley Mordaza) estamos en la espiral maravillosa que desde el poder lleva al fascismo, y desde la ciudadanía a la revolución democrática y a expulsar a los autoritarios del poder.
Los españoles no merecemos un ministro que meta miedo, mientras mete la mano en nuestros derechos y nos los roba en nuestras narices.
Vale.
Cerca de las retamas 