Archivos para agosto 2009

Durante gran parte del mandato de José María Saponi al frente de la alcaldía de Cáceres (1995-2007), siempre con mayorías absolutas más que holgadas, la mayor parte de sus defensores a ultranza y de quienes, no siendo fieles seguidores se plegaban a sus decisiones, siempre se referían a su gran capacidad como gestor. Esa capacidad, cuando se trata de ciudades, se ve traducida, con el paso del tiempo, en aquellas realizaciones que repercuten en la calidad de vida de los vecinos y en la mejora de la ciudad como espacio de convivencia, esto es, en los equipamientos.
Más de una vez he planteado a muchos defensores de la gestión de Saponi que me señalen qué elementos de su gestión son los que han mejorado la calidad de vida de los cacereños y en qué elementos físicos, en qué equipamientos se ha traducido su gestión. La ciudad ha crecido, se han extendido los barrios, pero estos crecimientos no son sino realizaciones privadas, con la ejecución por las Juntas de Compensación de los distintos sectores de planeamiento. Equipamientos de titularidad pública, planificados, desarrollados y ejecutados por el propio Ayuntaminto, no existen. Quizá una sede de asociación de vecinos y poco más.
Tras 12 años de gobierno con mayoría absoluta, su recuerdo queda más por la enorme deuda en la que sumió al municipio y en la ausencia absoluta de equipamientos. Y alguna cuestión más que demuestra su incompetencia como gestor público. Veamos algún ejemplo.
El Ferial. La Revisión del Plan General Municipal, tramitada en su mayor parte con gobierno del PP, hasta que la Junta de Extremadura decidió que había elementos inasumibles y obligó a modificarlo a un gobierno municipal en minoría socialista, contenía alguna cuestión que habría de ser explicada.
El actual recinto Ferial de la ciudad tiene una superficie de unas 13 Has., y su entorno es el origen de la Revisión, ya que inicialmente se planteó una modificación puntual, redactada por Manuel Herrero (que luego resultaría director de la Revisión), incluyendo la aportación a las arcas municipales, como contrapartida, de 200 millones de pesetas para la construcción de un pabellón ferial. En los diversos documentos de la Revisión, hasta el aprobado el 4 mayo de 2007, 24 días antes de las elecciones municipales, los terrenos del municipio aparecían tramados en los planos de clasificación del suelo (Plano 3), mientras que en los planos de gestión aparecían sin trama, esto es, como suelo urbano. ¿Qué sucedía? Los terrenos se incorporaban al planeamiento urbano, pero a la hora de la gestión y desarrollo, volvían a ser suelo urbano, por lo que el ayuntamiento no podía obtener derechos urbanísticos (que llevan aparejadas obligaciones, obviamente). O lo que es lo mismo, los redactores del Plan, los libérrmos discípulos de Porto Rey, hurtaban al municipio de su participación con terrenos de propiedad pública, en una equivalencia no menor a suelo con capacidad para 500 viviendas.
Esta pérdida de derechos municipales es atribuible a la gestión de José María Saponi como alcalde de la ciudad, que no se preocupó, en modo alguno, de saber en qué condiciones quedaban en el planeamiento este y otros espacios de titularidad pública, no cómo se podían defender mejor los derechos municipales, es decir, los bienes públicos.
Afortunadamente, esta cuestión ha sido resuelta y así aparece en el documento redactado ya con un gobierno socialista, aunque minoritario, y todavía deberá solventar algún escollo, como la alegación presentada por los antaño generosos propietarios de terrenos circundantes y que ahora regatean todo lo regateable. Cuando plantearon la modificación del plan y ofrecían dinero para un pabellón ferial no eran tan generosos, contaban con la anuencia del gestor Saponi, y ahora, bien asesorados, tratan de torpedear que la ciudad pueda disponer de suelo para equipamientos necesarios, incluido el Pabellón Ferial, el Centro de Ocio, y, sobre todo, de la capacidad de generar recursos económicos para ello. Algo que con el gestor Saponi era inviable.
Vale.

El próximo mes de septiembre podrá quedar listo para su aprobación definitiva el nuevo Plan General Municipal de Cáceres. O al menos gran parte de él. Todas las miradas y las polémicas están centradas en asuntos como la recalificación de terrenos de las monjas carmelitas donde se implantará un Corte Inglés de mediano tamaño, o en el número total de viviendas.
Sin embargo, el plan de urbanismo es un instrumento económico de primer orden, tanto por el volumen de las inversiones necesarias para su ejecución como de sus resultados de futuro. En este ámbito, más importante que El Corte Inglés o que el número total de viviendas sea mayor o menor a las 30.000 para los próximos 15 – 20 años, se encuentran actuaciones concretas que afectan antes de su planeamiento y del comienzo de su ejecución a miles de puestos de trabajo, en torno a los 3.500 – 4.000.
Me refiero a la zona de la Charca Musia, mal llamado “polígono industrial”, porque, en realidad, es un núcleo de chabolismo industrial que necesita una acción decidida por parte de la administración y que ha de contar, cuando menos, con los empresarios más potentes instalados en él. En la práctica, es un conjunto de empresas que en la mayoría de los casos no pasaría determinados tipos de inspecciones técnicas (v. gr.: anchura de calles insuficientes para la actuación de los servicios de emergencias, o coexistencia de viviendas con insdustrias peligrosas, nocivas o insalubres, o coexistencia de industrias incompatibles entre ellas…).
Es una zona muy sensible políticamente, en primer lugar, por el elevado número de puestos de trabajo que existen en las empresas y, en segundo lugar, porque su existencia, en incremento progresivo desde hace más de cuarenta años, ha sido posible por la ineficacia de la administración municipal, tanto en la ordenación urbanística como en la permisividad (o inactividad real) para el asentamiento de industrias de todo tipo.
Para que salga adelante la ordenación planteada en la Revisión del PGM habrá de contarse con los empresarios de mayor capacidad y con la suficiente capacidad para que los pequeños empresarios, los que están en naves de alquiler, o en naves o algo así construidas sobre terrnos alquilados, regulando tanto los títulos de propiedad como los datos catastrales y las licencias de actividades.
Finalmente, será necesario dar una respuesta eficaz para las aproximadamente 140 viviendas que podrían contabilizarse, unas ocupando una pequeña parcela, otras formando parte de naves industriales.
Será necesario que los concejales (y, sobre todo, los ciudadanos que tienen capacidad y opinión) se olviden un poco de las bolsitas del triángulo verde y se fijen en un entorno que necesita atención, sensibilidad y decisión.
Vale.
El pasado 23 de junio, en la prensa local se publicaba la información sobre una rueda de prensa del grupo municipal del PP casi al completo, en la que, entre otras cosas se hacía referencia al protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, y en concreto a la pregunta que se hacía la concejala y portavoz del partido de la derecha, Elena Nevado, sobre qué pasaba con dicho protocolo y expresaba sus dudas, sobre todo cuando criticaba la falta de transparencia de “este gobierno”. (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=451169)
¡Muy bien, Elena, muy bien!Normalmente, al Ministerio de Defensa le interesa dar a conocer cuáles son los puntos esenciales de la política del ministerio y, por ejemplo, le interesa mucho que se conozcan cómo funcionan los mecanismos de reclutamiento. También es cierto que las visitas a dependencias del Ministerio están reguladas y que han de realizarse con la anuencia de lo que comúnmente se llama “la Superioridad”.Cuando las visitas son de carácter político, no es habitual que sean realizadas “bajo cuerda”, sino que se manifiesta el interés ministerial en hacer ver su disposición a que se conozcan esos aspectos a reseñar. En Cáceres, por ejemplo, sería muy conveniente a los intereses del ministerio que los deseos de los políticos por conocer cómo funciona el reclutamiento de tropa tuvieran su repercusión pública.Sin embargo, lo que son las cosas de la transparencia, el mismo día en que Elena Nevado aparecía en la prensa rodeada de casi todos los concejales de su grupo criticando la falta de transparencia de “este gobierno”, ese mismo día giraba una “visita oficial” a la Subdelegación de Defensa de Cáceres, donde fue recibida por el titular de la misma, les fueron presentados todos y cada uno de los funcionarios, civiles y militares, que prestan servicios en ella, y le fueron mostradas las dependencias de la Subdelegación. Iba acompañada por el concejal Domingo Nevado, muy bien relacionado con mandos militares de la ciudad (no es una crítica, es una constatación).
De aquella visita, ni la Subdelegación del Ministerio de Defensa dioeron cuenta, ni la concejala Elena Nevado tampoco informó a los medios de comunicación: falta de transparencia. ¡Mal, Elena, muy mal!
¿De qué asuntos habló Elena Nevado, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y jefa de la oposición con el Subdelegado de Defensa? ¿Qué asuntos de importancia para la ciudad y para el Ministerio de Defensa se abordaron? Estas y otras preguntas, deberían ser respondidas por Elena Nevado en aras a la transparencia.
Por otra parte, es público que “el régimen de visitas” a las dependencias militares han de tener el visto bueno de “la Superioridad”. Y en este caso, si por los responsables del Ministerio en Madrid se autorizó una visita eminentemente política sin trascendencia de prensa, también tendrán que dar algunas explicaciones, políticas, por supuesto.Hay más preguntas a plantear, quizás en otra entrada las plantee.
Vale.
Las declaraciones de dirigentes del PP acusando al presidente de inquisidor, y acusando al gobierno socialista de haber desatado una conspiración contra el partido de la derecha profunda, han obtenido una respuesta estratégica equivocada por parte del gobierno y del PSOE.
Mariano Rajoy es consciente de que los avances en la investigación del caso Gürtel, y, últimamente, el caso Palma Arena, están llevando a los jueces a aproximarse a lo que podría resultar una financiación ilegal del PP. En esta situación, y con la dirección judicial de Federico Trillo, la estrategia desatada por el PP con la supuesta conspiración ha sido mal entendida por el PSOE. Estas acusaciones de conspiración, las acusaciones de escuchas ilegales (sin pruebas, por supuesto), no van encaminadas a conseguir un desgaste político del partido en el gobierno. Y este es el error del partido socialista.
Al PP no le interesa, de modo directo en estos momentos, tanto el desgaste político de Zapatero, sino soltar a diestro y siniestro falsas acusaciones de ilegalidades que pudieran haber cometido policías, fiscales y jueces en la investigación de los casos de corrupción que trepan por todas las plantas de Génova, 13. Conseguir ese desgaste sería un efecto colateral beneficioso si consiguen su objetivo judicial, el único objetivo judicial que se ha fijado Mariano Rajoy con el trabajo sucio de Trillo. No es otro que conseguir que el caso Gürtel se convierta en un caso Naseiro II.
De ahí el error estratégico del PSOE: ha entrado al trapo de las acusaciones de supuestas y falsas conspiraciones, cuando debería haber puesto negro sobre blanco, cada vez que se haya visto obligado a responder, que es una estrategia de defensa ante las consecuencias penales de las investigaciones que atenazan la garganta de Mariano Rajoy.
El único objetivo político que tiene el partido de la derecha profunda es salvarse de las acciones judiciales. En ese objetivo, las acusaciones de conspiración contra el gobierno y el PSOE son una mínima parte y no son el centro de la estrategia judicial que se han marcado.
El trabajo (bastante sucio, por cierto) jurídico que está desarrollando Federico Trillo es conseguir que las pruebas obtenidas contra el PP por financiación ilegal sean declaradas nulas. Les da igual que ello conlleve atacar a todas las instituciones, a la policía judicial, a la fiscalía, a los jueces. En cualquier país democrático, la estrategia jurídica puesta en marcha por Federico Trillo (que debería estar fuera de la política, si no en la cárcel, por la muerte de 62 servidores públicos) debería ser suficiente para que el colegio de abogados le abriera un expediente de expulsión por mala práctica jurídica.
El PSOE debería, en su estrategia, no caer en la respuesta (fácil, por otra parte) a las acusaciones de conspiraciones, sino centrarse en decir, públicamente, que esas acusaciones son parte de la estrategia de defensa ante la justicia puesta en marcha por el PP para intentar que las investigaciones del caso Gürtel no avancen porque saben que llegarán al corazón económico y político de Génova, 13. Y, por cierto, no hay que olvidar que las investigaciones del caso Gürtel están en el ámbito del Código Penal.
Vale.
El Partido Popular, encabezado por el cobarde Trillo en la estrategia, está intentando por todos los medios (y con todos los medios a su alcance: prensa, patronal, jueces…), reeditar, con algunas variaciones, los resultados del caso Naseiro, aquel en el que el entonces tesorero del PP (el antecesor de Bárcenas) no pudo ser juzgado porque las pruebas fueron declaradas ilegales.
Ahora, se trata de implicar al Gobierno, a la policía y en gran medida al “poder judicial” (que no son los jueces, los jueces, como de la Rúa, “son de los suyos”) en una supuesta conspiración con la finalidad de que algún hilo desprenda un mínimo de irregularidad para, a partir de ahí, anular todos los procesos: el caso Gürtel, con un Diputado en el Congreso y un Senador para los que el Tribunal Supremo ha pedido el suplicatrio, y, sobre todo, impedir que se siga investigando en Baleares, porque se temen lo que es una realidad.
El gobierno de Matas, ese sujeto con pinta de pitiminí y ademanes de bufón de corte, dilapidó mucho dinero en obras inútiles, como el Palma Arena, un velódromo que ha multiplicado su presupuesto por más de dos veces y que no es homologado por la Unión Ciclista Internacional. De ese dinero, se están planteando indicios de que una parte ha ido a financiar al propio Partido Popular.
Ahora se quejan, en la dirección del PP de Baleares y el propio Rajoy, del trato, dizque vejatorio, dispensado a los detenidos. Dicen que han sido tratados como delincuentes. ¿Y qué son? Cuando la policía, después de tiempo de investigación, los detiene, es como cuando detiene a cualquier delincuente: son esposados, conducidos a los calabozos e interrogados, hasta que, cumpliendo el plazo legal de 72 horas, son puestos a disposición judicial. Ante el juez, los delincuentes detenidos por la policía son conducidos en vehículos celulares y presentados esposados, como cualquier delincuente.
Las declaraciones de la dirección del PP balear y del propio Rajoy quejándose de que sus correliginarios, que, según informaciones de prensa, pudieran haber desviado dinero público para financiar al partido, han sido tratados como delincuentes, pueden entenderse, sensu contrario, como la complicidad de Rajoy con ellos, cómplice de delincuentes (presuntos, presunto cómplice).
Vale.
Cuando escucho a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hablar de escuchas ilegales a dirigentes de su partido, acusando sin pruebas a diversas instituciones del Estado, gobierno incluido, por supuesto, no puedo si no recordar la trayectoria de mentiras de destrucción masiva que el gobierno del PP en la legislatura 2000-2004 perpetró y de las que no solamente no se ha recuperado, sino que convierte en eje de su estrategia.
María Dolores de Cospedal era la Subsecretaria del Ministerio del Interior, con Ángel Acebes, cuando su jefe político de entonces y de ahora, José María Aznar, decía, sin rubor alguno, aquello de “creánme ustedes, en Iraq hay armas de destrucción masiva”. Ahora, la alumna aventajada afirma “creánme ustedes, a los dirigentes del PP nos han pinchado los teléfonos”.
María Dolores de Cospedal era la Subsecretaría del Ministerio del Interior, o Ángel Acebes, cuando en la misma mañana de los atentados del 11-M, en el gabinete de crisis (de partido) presidido por Aznar y al que asistió Acebes y también asistió Arriola, que era el asesor electoral del partido, pero no miembro de la administración, se afirmó: “si ha sido ETA, ganamos las elecciones de calle”. Y la mentira hizo mella y Acebes, en contra del magnífico trabajo policial, siguió abundando en ella, y hasta Mariano Rajoy la aprovechó en una entrevista de propaganda política que le regaló Pedrojota el mismo día de las elecciones.
Pero… claro, qué se puede esperar de María Dolores de Cospedal: aprendió de su jefe de entonces y de ahora, Aznar, el valor político de las mentiras de destrucción masiva. Y también aprendió, de su antecesor en la secretaría general del partido, Ángel Acebes, que la mentira es el único instrumento ideológico que la derecha, la extrema derecha, tiene para conseguir el poder.
La señora Cospedal debería aprendido la lección. Pero, no, vuelve a su libro de cabecera, a su único bagaje político.
Vale.
Se dice, en nuestro ordenamiento jurídico, que todos tenemos derecho a nuestro juez natural, excepto los aforados, que en razón del cargo que les otorga el aforamiento, son juzgados por instancias superiores.
En el caso de El Curita Camps, sin embargo, no se ha cumplido lo de que en razón de su aforamiento su caso haya sido visto por instancias superiores, sino que ha sido visto por el juez natural.
Es natural que el caso de los trajes (¿sólo los trajes? ¿y los regalos a su esposa, a su hijo?) lo haya visto el juez natural que corresponde: un amigo tan íntimo, tan amigo, que habría que buscar una nueva palabra para definir su amistad.
Yo quiero, para mí, un juez tan natural y tan amigo como el que ha tenido Camps… pero nunca lo tendré, porque (¡qué desgracia!) no soy ni de derechas ni meapilas ni amigo de Trillo.
Vale.