Archivos para mayo 2019

En estos dos meses electorales, y desde la moción de censura que presentó y gano el PSOE de Pedro Sánchez, es recurrente que diversos dirigentes de la derecha (de la derecha de recortables) tilden tanto al líder socialista como a otros (últimamente le ha tocado a Manuela Carmena) de okupas, sí, con k.

El llamar okupa a quien ocupa un espacio de poder al que ha llegado legítimamente, tiene dos connotaciones. Y las dos, negativas. La primera es que la k define al cuestionado como radical, como extremista. Y la segunda, de un profundo pensamiento que señala no solo la ilegitimidad de la okupación con respecto a las leyes, sino que es ilegitimidad es contra el derecho divino del poder y la propiedad.

La derecha, en España, la de los tres cromos recortables, tiene interiorizado que el poder les pertenece por derecho natural cuando no por derecho divino. Y quien no lo entienda así, está actuando en contra de las leyes naturales y divinas que inspiran el ser de ¡España!

Utilizar el sustantivo okupa contra Pedro Sánchez, Manuela Carmena o cualquier otro cargo público legítimo forma parte del argumentario ideológico de Casado, de Rivera… y cuando son subordinados en el escalafón de ellos mismos, el sustantivo pretende convertirse en insulto.

La indigencia ideológica y moral de las tres derechas les lleva a la exageración en cualquier asunto con el que pretenden atacar a los que legítimamente ostentan el poder.

Casado, Rivera, Abascal y sus comepollas mediáticos parece que han desempolvado los viejos libros de formación del espíritu nacional y bucean en su mierda tratando de llevar al subconsciente colectivo aquellas “enseñanzas” que nacían de flechas y pelayos que hicieron una profesión de ellas.

El origen divino del poder es lo que une, como un cordón umbilical, a las derechas con la iglesia más rancia, con la iglesia que bendice las barbaridades que, de momento, solo de palabra cometen sus monaguillos políticos.

El origen natural del poder, el derecho natural a ejercer el poder, les corresponde a ellos, a quienes representan la selección natural de ricos contra pobres. Si buscamos un ejemplar en esta especie en extinción más significativo, lo encontramos en Iván Espinosa de los Monteros. Él, más que ningún otro, representa el pedigrí de quienes acuden al origen natural del poder y de quienes, para avalarlo, muestran sus vínculos con la jerarquía eclesiástica.

Pero el poder político, y lo saben aunque les duele en las entrañas, ya se sabe y se asume por la mayor parte de la ciudadanía, no tiene un origen divino, ni tampoco proviene del derecho natural. Quienes todavía apelan a este origen no están sino diciendo que el poder les pertenece por selección natural, porque son los más fuertes (el poder económico los sustenta), y porque la mayor parte de los ciudadanos somos piezas de caza a los que como los guepardos y leones asestan sus colmillos al acercarnos a la orilla buscando agua, como los ñus.

Vale

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En marzo de 2016 finalizaba la concesión, a la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne, del matadero municipal. Es evidente que el Ayuntamiento conocía ese vencimiento y lo lógico es que con antelación suficiente se hubieran preparado los pliegos técnicos y administrativos y licitada una nueva concesión. Pero… nada. Nada de extrañar, por otra parte, dada la ineficacia, inoperancia e incompetencia del gobierno del Partido Popular, sustentado en los votos de los gorrillas.

Lejos de iniciar un nuevo proceso por el vencimiento del contrato, el Ayuntamiento decidió, unilateralmente, mediante Resolución de la Alcaldía, y sin acuerdo previo con la concesionaria del servicio, la prórroga del contrato. Esta prórroga suponía para todos y cada uno de los miembros de la agrupación (incluido alguno ya fallecido) la imposibilidad de resolver el aval bancario prestado en su día y cuyos importes económicos debían seguir abonando.

Con anterioridad a 2016, la mayoría de los integrantes de la concesionaria original (la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne) habían decidido que todas las acciones, derechos y deberes de la agrupación, en lo concerniente al contrato de concesión, fueran gestionados por uno solo de sus miembros, lo que fue elevado a escritura pública y presentada dicha escritura en el Ayuntamiento.

A todo esto, el Partido Popular en el gobierno continuaba sin redactar los pliegos para una nueva licitación, seguramente a la espera de la entrada en vigor de la Reforma del Régimen Local impulsada por dicho partido, y que tenía, entre otras consecuencias, que los municipios dejaban de tener, como en el caso de Cáceres, la competencia de matadero municipal, entre otras.

Por parte de la mayoría de los miembros de la Agrupación concesionaria se intentó en diversas ocasiones la resolución del contrato, sobre todo para la recuperación de unos avales que resultaban cada vez más gravosos. Sin éxito.

Sin embargo, esta situación de puesta a disposición de uno solo de sus miembros por el resto de carniceros de la agrupación, no impidió, por ejemplo, que en su momento, la alcaldesa asistiera a la “reinuaguración” del matadero, de lo que dan testimonio diversas publicaciones en prensa. Para los miembros de la Agrupación de carniceros, la opción de trasladar derechos y obligaciones a solamente uno de sus miembros, era la única salida posible, por cuento el fallecimiento de alguno de los integrantes de la concesionaria original, resultaba un impedimento para su disolución legal.

Desde marzo de 2016, en que la alcaldesa Elena Nevado resolvió la prórroga unilateral del contrato de concesión, en diversos edictos emitidos por la concesionaria del suministro de agua aparecía como morosa a las arcas municipales la Agrupación de carniceros por cuantías de más de 2.000 € en cada ocasión. Cantidades que no eran satisfechas por el único administrador del matadero municipal, y sin que esa condición de deudor a la hacienda pública local tuviera consecuencias. Consecuencias que sí lo fueron para los integrantes de la Agrupación, con un acuerdo del pleno por el que se les prohibía la contratación con el Ayuntamiento en su condición de deudores.

Todo ello, constando en el propio Ayuntamiento el acuerdo suscrito por los carniceros con el único administrador del matadero. Además de la prohibición, siguieron pesando sobre los miembros de la agrupación los avales y sus cuantías correspondientes.

Por fin, ya con la nueva legislación en materia de régimen local en vigor, el PP consiguió resolver que el matadero dejaba de ser una competencia municipal y que podría ser adjudicado mediante un contrato con la tipología de concesión demanial. Y se realizó todo el procedimiento, incluido el depósito de la fianza por parte del nuevo adjudicatario…

Pero… siendo el Ayuntamiento de Cáceres gobernado por el PP cualquier cosa podría esperarse. Y así sucedió.

Cuando el nuevo adjudicatario intentó hacerse cargo de las instalaciones (propiedad municipal) para poner en marcha su contrato de concesión… no pudo. El matadero había sido desmantelado, tal cual.

La respuesta, por el nuevo adjudicatario, resolver el contrato. Y del Ayuntamiento, aceptar esa renuncia y decir, en los periódicos, que reclamarían los daños causados.

En marzo de 2019, el pleno municipal elevó a definitiva la resolución contractual. A día de hoy se desconoce si se ha iniciado alguna acción judicial por parte del Ayuntamiento por los daños causados.

Sin embargo, en las informaciones de prensa se omite (seguramente por ignorancia o por abulia) un detalle: si las instalaciones del matadero objeto de licitación han sido desmanteladas, la responsabilidad no puede atribuirse solo a quien las haya desmantelado, sino al propio ayuntamiento, por cuanto se trata de un bien patrimonial cuyo estado de uso y mantenimiento corresponde al propio municipio constatar cuando sea preciso. Y más cuando se estaba en proceso de licitación.

Lo que se llama “responsabilidad de culpa in vigilando”, que recae exclusivamente en el propietario del bien patrimonial público (Ayuntamiento) con independencia de otras responsabilidades que hubiera. Si el Partido Popular en el Ayuntamiento denunciara a la Agrupación concesionaria hasta 2016 (o antes, cuando se produjo el traspaso de derechos y obligaciones a un único miembro de la agrupación) de los daños causados en las instalaciones, un buen abogado conseguiría culpar de las mismas a quienes incumplieron sus obligaciones e hicieron dejaciones de su responsabilidad in vigilando.

Vale.

En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.

Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.

Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.

La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.

Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.

Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.

Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.

En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.

El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.

Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.

La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.

Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.

Vale.

La dura campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, ha supuesto un revés importante para la derecha, que se presentaba con tres vestidos diferentes, pero con un único muestrario de argumentos, simples, falsos y endebles. El mayor damnificado ha sido el PP, liderado por el sinsorgo Casado, que ha perdido 71 escaños y ha quedado, como segunda fuerza política en el Congreso con 66, uno menos de la mitad de los que ha obtenido el PSOE encabezado por Pedro Sánchez.

La debacle de la derecha ha obligado a los tres muñecos que representaban cada uno de los vestidos a fijar posiciones: Albert Rivera se ha autoproclamado, a lo Guaidó, como jefe de la oposición, cuando por matemática parlamentaria ese honor le corresponde al PP. Santiago Abascal, con unos resultados mucho más cortos de los que sus sirenas le zumbaban en los oídos, ha apostado, en principio, por mantenerse inmóvil en su caballo.

Pero todo se vino abajo cuando Pablo Casado, empujado por su corte (de la que ha expulsado al lanzador de pipos de aceituna y a Javier Maroto), decidió cometer dos errores: el primero, desplazar hacia la izquierda a Ciudadanos, a los que calificó de socialdemócratas, y dejar a Vox como única ultraderecha. Además, de paso, recordó a Pelayo Abascal sus miles de euros en mamandurrias gracias a que estaba en el PP.

La campaña electoral que se jugaban los tres monigotes de la derecha parecía que se habían dedicado a arrojarse unos contra otros, aplicándose entre ellos la misma política de tierra quemada que los tres han aplicado, a su vez, contra Pedro Sánchez (“cordón sanitario”).

Lo que el domingo 28 de abril por la noche parecía una situación de tierra quemada contra el PSOE, se ha vuelto por obra y gracia de los mismos tres petimetres, en una durísima batalla que puede resultar cruenta. De momento, Casado “libera” a los candidatos de su partido a hacer campaña sin el paraguas de las siglas. Seguramente, muchos ya han entendido que las siglas PP están agotadas.

Afirmar que Vox es la ultraderecha única y verdadera (y de paso, llamar pancista a Santiago Abascal durante sus años de mamandurria y chiringuito populares) ha tenido el efecto de hacer temblar la silla de Juanma Moreno, que no sabe si la amenaza de quien le dio el gobierno andaluz va en serio o no, pero que tiene la virtualidad de que nos hará pasar un mes de mayo, hasta la noche del 26, subidos en un tobogán de amenazas y recados mafiosos sobrevolando San Telmo.

Rivera, autoproclamado jefe de la oposición, podría, aunque es más que improbable, esperar como los guepardos de La 2 antes de atacar a su presa cuando se acerque a beber el día que se constituyan el Congreso y el Senado. Entonces, volverá a blandir su gran y superfluo ego.

Y seguimos en campaña, y volveremos a encontrarnos, en cada municipio, en cada comunidad autónoma, con los mismos mensajes de la derecha, lanzados por los tres muñecos que la encabeza y volverán a ahondar tajos entre ellos, porque con las animaladas que dicen parecen perros marcando territorio.

De todas formas, los supuestos navajazos entre las tres derechas pueden saltar por los aires si antes del 26 de mayo algún juez determina, informe de la UCO en ristre, que la reina de las ranas debe pasar por sede judicial a deponer como investigada. Entonces, la derecha (incluido Ciudadanos, que ha engordado sus listas con ratas huidas del PP) entrará en shock. Los tres muñecos aparecerán manchados con mamandurrias y chiringuitos.

Y la tierra quemada los sepultará.

Vale.