En un debate organizado por alumnos de 1º de ESO de un colegio concertado de Cáceres, tres de los cuatro portavoces de los partidos que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo se han pronunciado abiertamente en contra. Se trata de los portavoces del Partido Popular, actualmente en el gobierno municipal, del PSOE y de Cáceres Tú, la marca local de Podemos. El cuarto partido invitado, Ciudadanos, se ha referido al asunto como un proyecto que habrá que estudiar, con todos los informes técnicos, etc.
Mientras que PP, PSOE y CáceresTú se oponen frontalmente al proyecto, por razones de dos tipos, combinadas: por motivos medioambientales (incluida la salubridad de la población, por la proximidad de la mina) y porque la información conocida hasta la fecha no arroja ninguna expectativa clara y contundente de beneficios en materia de empleo.
Las dos posiciones, en contra y “ya se verá”, son las que vienen definiendo el asunto cada vez que salta a los medios. Y ahora, con la cita electoral tan próxima, saldrá a menudo.
La reducción del asunto de la mina de litio en San José de Valdeflores (San Jose Infinity Lithium Project) a términos como el empleo futuro (indefinido, y por tanto, una carta al azar que una ciudad como Cáceres no se puede jugar), a cuestiones medioambientales o, como dice Ciudadanos, a “un estudio más detallado del proyecto” y “a esperar a lo que digan los técnicos”, no desatasca el peligro cierto de una herida en la tierra en un entorno tan cercano a la población.
Y no lo desatasca porque la vigente legislación en materia de minas y en materia medioambiental recoge, como otras muchas normas, la existencia de “medidas correctoras” que, sin duda, los técnicos de la empresa australiana, podrán llevar al papel.
Tampoco es una solución la pretendida declaración de zona especialmente protegida, o de parque periurbano, o cualquiera otra figura medioambiental propuesta que se adoptara, por cuanto no tendría vigencia ya que cuando se iniciaron los trabajos no existía ninguna de ellas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el principio de seguridad jurídica.
Si realmente PP, PSOE y CáceresTú, se posicionan radicalmente en contra del proyecto, no deberían perderse en cuestiones como las enunciadas en el debate, al menos lo conocido a través de los medios, sino en disponer de una herramienta que permita hacer frente a un proyecto cuyo valor económico puede ser muy sustancioso. Esa herramienta será que el Ayuntamiento pueda hacer frente, precisamente, a cualquier demanda que no deje ningún resquicio a la inseguridad jurídica.
En el vigente planeamiento, el PGM aprobado en 2010, y sobre los terrenos en que se asienta el proyecto minero, no prevé la prohibición expresa de actividades extractivas. De hecho, la empresa minera presentó una propuesta de modificación del PGM para que se incluyeran dichas actividades extractivas, lo que fue resuelto en contra por el Ayuntamiento.
El refuerzo de esa decisión municipal de no modificar el PGM ha de ser el punto de partida en el que anclar la seguridad jurídica de que no habrá proyecto minero. Y eso no puede hacerse desde la división política, sino desde el acuerdo entre los partidos que optan al gobierno municipal.
Cambiar las reglas del juego como proponen organizaciones conservacionistas o plataformas ciudadanas no son la más eficaz defensa, aunque sí pueden catalizar una opinión pública favorable a impedir el proyecto minero.
La denegación de la modificación del PGM ya producida, no es suficiente, puesto que los titulares de los derechos mineros pueden tramitar otra propuesta de modificación, en términos no exactamente iguales a la denegada, para forzar a llevar a los tribunales la resolución definitiva. Y esos derechos mineros, en el caso de San José de Valdeflores, son anteriores al derecho urbanístico reflejado en el PGM. Es decir, la empresa no reclamaría la inclusión de las actividades extractivas entre las que puedan llevarse a cabo en los terrenos, sino a incluir en el PGM el reconocimiento expreso de los derechos mineros, existentes con anterioridad a 2010.
Conseguir un acuerdo político y fundamentarlo jurídicamente sería un paso. Ciudadanos quedaría como el único partido que juega a dos bandas, a saber por qué, y ese acuerdo político y jurídico debería ser el primer asunto a asumir, en el primer pleno municipal tras el 26 de mayo, por los tres partidos que se oponen al proyecto minero.
Vale.
La dura campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, ha supuesto un revés importante para la derecha, que se presentaba con tres vestidos diferentes, pero con un único muestrario de argumentos, simples, falsos y endebles. El mayor damnificado ha sido el PP, liderado por el sinsorgo Casado, que ha perdido 71 escaños y ha quedado, como segunda fuerza política en el Congreso con 66, uno menos de la mitad de los que ha obtenido el PSOE encabezado por Pedro Sánchez.
La debacle de la derecha ha obligado a los tres muñecos que representaban cada uno de los vestidos a fijar posiciones: Albert Rivera se ha autoproclamado, a lo Guaidó, como jefe de la oposición, cuando por matemática parlamentaria ese honor le corresponde al PP. Santiago Abascal, con unos resultados mucho más cortos de los que sus sirenas le zumbaban en los oídos, ha apostado, en principio, por mantenerse inmóvil en su caballo.
Pero todo se vino abajo cuando Pablo Casado, empujado por su corte (de la que ha expulsado al lanzador de pipos de aceituna y a Javier Maroto), decidió cometer dos errores: el primero, desplazar hacia la izquierda a Ciudadanos, a los que calificó de socialdemócratas, y dejar a Vox como única ultraderecha. Además, de paso, recordó a Pelayo Abascal sus miles de euros en mamandurrias gracias a que estaba en el PP.
La campaña electoral que se jugaban los tres monigotes de la derecha parecía que se habían dedicado a arrojarse unos contra otros, aplicándose entre ellos la misma política de tierra quemada que los tres han aplicado, a su vez, contra Pedro Sánchez (“cordón sanitario”).
Lo que el domingo 28 de abril por la noche parecía una situación de tierra quemada contra el PSOE, se ha vuelto por obra y gracia de los mismos tres petimetres, en una durísima batalla que puede resultar cruenta. De momento, Casado “libera” a los candidatos de su partido a hacer campaña sin el paraguas de las siglas. Seguramente, muchos ya han entendido que las siglas PP están agotadas.
Afirmar que Vox es la ultraderecha única y verdadera (y de paso, llamar pancista a Santiago Abascal durante sus años de mamandurria y chiringuito populares) ha tenido el efecto de hacer temblar la silla de Juanma Moreno, que no sabe si la amenaza de quien le dio el gobierno andaluz va en serio o no, pero que tiene la virtualidad de que nos hará pasar un mes de mayo, hasta la noche del 26, subidos en un tobogán de amenazas y recados mafiosos sobrevolando San Telmo.
Rivera, autoproclamado jefe de la oposición, podría, aunque es más que improbable, esperar como los guepardos de La 2 antes de atacar a su presa cuando se acerque a beber el día que se constituyan el Congreso y el Senado. Entonces, volverá a blandir su gran y superfluo ego.
Y seguimos en campaña, y volveremos a encontrarnos, en cada municipio, en cada comunidad autónoma, con los mismos mensajes de la derecha, lanzados por los tres muñecos que la encabeza y volverán a ahondar tajos entre ellos, porque con las animaladas que dicen parecen perros marcando territorio.
De todas formas, los supuestos navajazos entre las tres derechas pueden saltar por los aires si antes del 26 de mayo algún juez determina, informe de la UCO en ristre, que la reina de las ranas debe pasar por sede judicial a deponer como investigada. Entonces, la derecha (incluido Ciudadanos, que ha engordado sus listas con ratas huidas del PP) entrará en shock. Los tres muñecos aparecerán manchados con mamandurrias y chiringuitos.
Y la tierra quemada los sepultará.
Vale.
