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En marzo de 2016 finalizaba la concesión, a la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne, del matadero municipal. Es evidente que el Ayuntamiento conocía ese vencimiento y lo lógico es que con antelación suficiente se hubieran preparado los pliegos técnicos y administrativos y licitada una nueva concesión. Pero… nada. Nada de extrañar, por otra parte, dada la ineficacia, inoperancia e incompetencia del gobierno del Partido Popular, sustentado en los votos de los gorrillas.

Lejos de iniciar un nuevo proceso por el vencimiento del contrato, el Ayuntamiento decidió, unilateralmente, mediante Resolución de la Alcaldía, y sin acuerdo previo con la concesionaria del servicio, la prórroga del contrato. Esta prórroga suponía para todos y cada uno de los miembros de la agrupación (incluido alguno ya fallecido) la imposibilidad de resolver el aval bancario prestado en su día y cuyos importes económicos debían seguir abonando.

Con anterioridad a 2016, la mayoría de los integrantes de la concesionaria original (la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne) habían decidido que todas las acciones, derechos y deberes de la agrupación, en lo concerniente al contrato de concesión, fueran gestionados por uno solo de sus miembros, lo que fue elevado a escritura pública y presentada dicha escritura en el Ayuntamiento.

A todo esto, el Partido Popular en el gobierno continuaba sin redactar los pliegos para una nueva licitación, seguramente a la espera de la entrada en vigor de la Reforma del Régimen Local impulsada por dicho partido, y que tenía, entre otras consecuencias, que los municipios dejaban de tener, como en el caso de Cáceres, la competencia de matadero municipal, entre otras.

Por parte de la mayoría de los miembros de la Agrupación concesionaria se intentó en diversas ocasiones la resolución del contrato, sobre todo para la recuperación de unos avales que resultaban cada vez más gravosos. Sin éxito.

Sin embargo, esta situación de puesta a disposición de uno solo de sus miembros por el resto de carniceros de la agrupación, no impidió, por ejemplo, que en su momento, la alcaldesa asistiera a la “reinuaguración” del matadero, de lo que dan testimonio diversas publicaciones en prensa. Para los miembros de la Agrupación de carniceros, la opción de trasladar derechos y obligaciones a solamente uno de sus miembros, era la única salida posible, por cuento el fallecimiento de alguno de los integrantes de la concesionaria original, resultaba un impedimento para su disolución legal.

Desde marzo de 2016, en que la alcaldesa Elena Nevado resolvió la prórroga unilateral del contrato de concesión, en diversos edictos emitidos por la concesionaria del suministro de agua aparecía como morosa a las arcas municipales la Agrupación de carniceros por cuantías de más de 2.000 € en cada ocasión. Cantidades que no eran satisfechas por el único administrador del matadero municipal, y sin que esa condición de deudor a la hacienda pública local tuviera consecuencias. Consecuencias que sí lo fueron para los integrantes de la Agrupación, con un acuerdo del pleno por el que se les prohibía la contratación con el Ayuntamiento en su condición de deudores.

Todo ello, constando en el propio Ayuntamiento el acuerdo suscrito por los carniceros con el único administrador del matadero. Además de la prohibición, siguieron pesando sobre los miembros de la agrupación los avales y sus cuantías correspondientes.

Por fin, ya con la nueva legislación en materia de régimen local en vigor, el PP consiguió resolver que el matadero dejaba de ser una competencia municipal y que podría ser adjudicado mediante un contrato con la tipología de concesión demanial. Y se realizó todo el procedimiento, incluido el depósito de la fianza por parte del nuevo adjudicatario…

Pero… siendo el Ayuntamiento de Cáceres gobernado por el PP cualquier cosa podría esperarse. Y así sucedió.

Cuando el nuevo adjudicatario intentó hacerse cargo de las instalaciones (propiedad municipal) para poner en marcha su contrato de concesión… no pudo. El matadero había sido desmantelado, tal cual.

La respuesta, por el nuevo adjudicatario, resolver el contrato. Y del Ayuntamiento, aceptar esa renuncia y decir, en los periódicos, que reclamarían los daños causados.

En marzo de 2019, el pleno municipal elevó a definitiva la resolución contractual. A día de hoy se desconoce si se ha iniciado alguna acción judicial por parte del Ayuntamiento por los daños causados.

Sin embargo, en las informaciones de prensa se omite (seguramente por ignorancia o por abulia) un detalle: si las instalaciones del matadero objeto de licitación han sido desmanteladas, la responsabilidad no puede atribuirse solo a quien las haya desmantelado, sino al propio ayuntamiento, por cuanto se trata de un bien patrimonial cuyo estado de uso y mantenimiento corresponde al propio municipio constatar cuando sea preciso. Y más cuando se estaba en proceso de licitación.

Lo que se llama “responsabilidad de culpa in vigilando”, que recae exclusivamente en el propietario del bien patrimonial público (Ayuntamiento) con independencia de otras responsabilidades que hubiera. Si el Partido Popular en el Ayuntamiento denunciara a la Agrupación concesionaria hasta 2016 (o antes, cuando se produjo el traspaso de derechos y obligaciones a un único miembro de la agrupación) de los daños causados en las instalaciones, un buen abogado conseguiría culpar de las mismas a quienes incumplieron sus obligaciones e hicieron dejaciones de su responsabilidad in vigilando.

Vale.

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Ahora que el Canal de Isabel II quiere desprenderse de sus filiales en América Latina, también entran en el mismo saco Lanzarote y Cáceres. ¿Tan lejos nos ven desde Madrid?

El Canal, epicentro de la operación Lezo ha sido un nido de ladrones que ahora preside el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Cristina Cifuentes. La aparición de la noticia en los medios de comunicación ha hecho saltar todas las dotes de histrionismo de la Alcaldesa de Un Pueblo Con Rotondas. Ha dicho que de ninguna manera se puede hacer lo que quiere el Canal (vender la concesión) sin que ella lo sepa, que hay que vigilar todo lo que el Canal tiene que hacer en Cáceres… Vamos, que parece (solo parece, eh, no vayáis a creer otra cosa) que Elena Nevado se ha puesto hecha un obelisco.

Porque, como decía Jack El Destripador, vayamos por partes. La primera, muy curiosa, mucho, es saber si el PP de Madrid, a través de Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la CAM y del Canal, había informado a Elena Nevado antes de la Junta de Accionistas en la que se trató el asunto. O si Cristina Cifuentes llamó por teléfono a Elena Nevado para darle alguna noticia. Porque, no hay que olvidar que Elena, cada vez que puede, dice que ella es muy importante en su partido. Tanto como para que quienes toman decisiones sobre la ciudad de la que es alcaldesa la ignoren.

La segunda cuestión está en saber si antes de aparece como un histriónico actor secundario ante los medios para decir que bajo ningún concepto y sin pasar antes por las arcas caudinas municipales, Elena Nevado descolgó el teléfono para hablar con Ángel Garrido o Cristina Cifuentes para pedirles explicaciones. Y, en el caso hipotético (lo dudo) de que efectivamente hubiera llamado por teléfono, saber si se lo cogieron.

Vamos, que Cáceres no pinta nada para el Canal de Isabel II (salvo algún dinerillo que caiga cuando vendan la concesión) ni Elena Nevado pinta nada, pero nada, en el PP.

¿Qué relación tiene lo del Canal y su desprecio a la ciudad de Cáceres con el Matadero? Pues uno muy sencillo: la legislación de contratos de las administraciones públicas. En ambos casos, son concesiones administrativas (al Matadero todavía lo es) y en ambos casos habría de aplicarse la misma vara de medir.

¿Por qué Elena Nevado exige, más bien de boquilla, creo, que si el Canal quiere deshacerse o traspasar su concesión ha de pasar por los correspondientes acuerdos municipales y no exigió lo mismo cuando la Asociación de Carniceros de Cáceres traspasó, a uno de sus socios, bajo la apariencia de una gerencia totalmente ficticia, la concesión del Matadero?

Sería interesante que, en caso de que hubiera oposición municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, alguien le pidiera a la alcaldesa los papeles sobre cómo se hizo la transferencia de la concesión administrativa del matadero? Por ejemplo, para saber si tuvo conocimiento previo, si pidió informes sobre cómo se iba a hacer esa transferencia.

Claro que en el Ayuntamiento no hay oposición. Los de Cáceres Tú van a la máxima (remunicipalización del servicio, por ejemplo) pero se olvidan de la realidad que no les concierne. Los de Ciudadanos no son oposición, son los gorrillas que utiliza Elena cuando quiere aparcar algún asunto. Y la oposición que pudiera hacer el PSOE desaparece en dos segundos.

Porque la transferencia de la concesión del matadero, que yo sepa y he rebuscado hemerotecas para ver si algún plumilla servicial hubiera escrito algo, no pasó por ningún órgano municipal.

Sería interesante que alguien buscara en los documentos municipales cómo se hizo la transferencia de la concesión del matadero, si fue conocida por los órganos municipales, si alguien firmó el correspondiente placet municipal… Porque de boquilla, entre amigos y amigas no va eso de la ley de contratos.

Y porque el Canal de Isabel II venderá, al mejor postor que encuentre (¿Acciona, por ejemplo?) la concesión y el Ayuntamiento, encabezado por la actual alcaldesa dirá amén. Y si intenta alguna ligera oposición a la venta, entonces sí, entonces será cuando Cristina Cifuentes descuelgue el teléfono. Para darle las órdenes oportunas.

Vale.