Archivos para julio 2010

En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, un magistrado, Rodríguez Zapata, formula un voto particular en el que, para argumentar que los conceptos jurídicos no pueden modificarse en modo alguno, acude al Génesis bíblico.
Las leyes se traen ante este Tribunal para que controle su conformidad a la Constitución no para que llame con otros nombres los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado. Sólo Adán pudo tener ante sí todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19).
La conformidad constitucional impide la evolución. Es decir, los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado son, de manera permanente e indeleble como el legislador los creó. No cabe evolución, todo es creacionismo. Cuando la iglesia fecha el Génesis, Adán ya había nombrado a todos los seres vivos. Los descubiertos después por la ciencia, tienen nombres bastardos, porque no están en los conceptos bíblicos.
El magistrado se cuida mucho de esconder su adscripción ideológica al creacionismo, en este caso jurídico, y para ello no se plantea que se cambien principios, derechos, competencias y potestades: ni siquiera se plantea que puedan cambiar sus nombres.
El creacionismo integrista como esencia de un modo de interpretar la realidad, tal como ahora se ha extendido, se traslada, por virtud de este voto particular al ámbito jurídico. Llevado al absurdo, gran parte de la economía, de los derechos y libertades de expresión, opinión, creación artística… no tienen cabida en la Constitución. Son todos aquellos elementos que la evolución social, política y económica han ido creándose, por voluntad de los ciudadanos o por avances técnicos y científicos, desde la aprobación de la Constitución. Las nuevas tecnologías a las que el Adán constitucional no pudo dar nombre porque no existían en 1978, están fuera del marco constitucional.
Sólo el Adán constitucional pudo dar nombre a cada ser viviente. Y ese nombre es inmutable. ¿Qué pasa con los nuevos seres vivos? Cada país, cada estado, cada nación, es un ser vivo que se adapta a los cambios, que evoluciona, que crea nuevas formas de relación, de convivencia, de relaciones jurídicas, nuevos conceptos, nuevas realidades, nuevos derechos, nuevas necesidades. Para el magistrado del TC que configura todo ser vivo al pasaje del Génesis en el que se les da nombre, la evolución no existe, los principios jurídicos son inmutables, los derechos ciudadanos son inmutables.
Trasladar una creencia religiosa, válida para el ámbito privado, faltaría más, a un espacio público como es una sentencia judicial que tiene como sujeto a la ley que regula las relaciones ciudadanas, los derechos, las libertades públicas, es la muestra de falta de argumentos jurídicos asentados en el derecho. La religión, las creencias religiosas, forman parte del ámbito individual y privado, o, como mucho, de los que practican una determinada. El derecho es el instrumento que regula la convivencia de todos, incluidos los que practican cualquier religión.
La Biblia no es un texto jurídico y la incorporación de sus principios dogmáticos al derecho elimina cualquier atisbo de evolución.
Vale.
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La concesión del servicio municipal de autobuses urbanos de Cáceres, en manos de BUSURSA (Autobuses Urbanos del Sur, S.A.) ya comenzó siendo polémica, hasta el punto de que una de las competidoras, Alsa, llevó el asunto a los tribunales… y no ganó por poco.

Las tribulaciones del capo de los empresarios (¿) españoles, que mantiene su cargo al frente de la CEOE por la inestimable ayuda de los sindicatos antes de clase, están llenando de zozobra especialmente a los trabajadores de BUSURSA, por lo que nos afecta en Cáceres. Bueno, de los trabajadores en general, no. De algunos, dado el altísimo grado de enchufismo en la plantilla, no se sabe de verdad cuántos trabajadores, realmente, pueden tener la consideración de tales. Vamos, que muchos no han tenido que hacer muchos esfuerzos por conseguir su puesto de trabajo. Sólo hacer, de manera “valiente”, la pelota, entre otros palos.

El gerente en Cáceres hace más de un mes que no sabe, literalmente, dónde está Díaz Ferrán. Llama por teléfono, le atiende una secretaria, que le dice que no sabe dónde está don Gerardo.

Para añadir más leña a la situación (que don Gerardo no aparezca hace temer a los empleados por su nómina de julio, asís es que, Lorenzo, no te vayas muy lejos), entre los trabajadores circula un rumor, no desmentido por el gerente (no puede desmentirlo porque no sabe nada de don Gerardo), referido a uno de los créditos de don Gerardo, concedido por Banesto, por un importe de 40 millones de euros. Entre las garantías aportadas como aval para la obtención del crédito estaría el contrato de concesión del servicio de transporte urbano de Cáceres. No sé si legalmente es posible utilizar un contrato de este tipo como garantía para la obtención de créditos para negocios no vinculados directamente a la concesión, y tampoco sé si el ayuntamiento tuvo conocimiento, cuando se formalizó el crédito, de la constitución de esa garantía o la ha conocido después (seguramente, a comienzos de junio, cuando hubo de hacer frente a las nóminas de mayo).

Busursa Cáceres está esperando como agua de mayo (o del mes que sea) la nueva concesión del servicio de suministro de agua, precisamente, que lleva vinculado un canon que servirá al ayuntamiento para pagar deudas, entre ellas la del transporte público urbano.

Los plazos, no obstante, para Busursa Cáceres, se agotan y el vencimiento, al parecer, en 15 de agosto, del crédito de don Gerardo con Banesto, sin que haya hecho frente al mismo, pondrá el servicio de transporte urbano de Cáceres en manos del banco. Eso es bueno, porque servirá para encontrar alguna empresa que se quiera hacer cargo de la concesión, sobre las gestiones que ya viene haciendo el propio ayuntamiento. Y es malo porque el banco querrá ejecutar cuanto antes la deuda contraída por el Ayuntamiento. Ya se verá.

Lo que sí está claro es que el ayuntamiento, si esto se produce, es decir, si el contrato de concesión de Cáceres cae en manos del banco, tiene la oportunidad de rescatarlo, pagando la deuda, pero con un detalle: realizando una auditoria como es debido, incluidas las contrataciones de personal. Porque en esas contrataciones sigue mandando, y mucho, la anterior corporación.

Vale.

Reclama la presidenta del comité español de ICOMOS, dependiente de la UNESCO, que vela porque en los bienes históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, que en el caso del futuro hotel Relais&Châteaux el ayuntamiento de Cáceres vele por la autenticidad, porque no se distorsione el patrimonio heredado.

A la señora Suárez Inclán, como a otros muchos, les han vendido mercancía averiada. El Proyecto en ejecución del hotel promovido por Atrio ha sido supervisado por múltiples organismos, su diseño exterior fue cambiado y, en definitiva, se dieron los permisos urbanísticos y de protección del patrimonio que correspondía otorgar.

Pero no es ahí donde a la presidenta de ICOMOS España le han vendido mercancía averiada. Es en el afán de algunos y algunas en hacer creer que el hotel se está construyendo previa destrucción inmisericorde de edificios de gran valor preexistentes.

¿Sabe la señora Suárez Inclán, que no ha redactado el informe, pero que sí lo firma y, por tanto, lo asume, que si quiere conocer a quien construyó uno de los dos inmuebles sobre los que se asienta el futuro hotel lo puede hacer? Quien construyó un edificio de nueva planta sobre un corral en el que se encerraban los carros y los caballos que tiraban de ellos. Quien construyó un edificio de nueva planta en un corral cuyo único acceso era una puerta de carros. Si quiere, puede hacerlo, preguntar por el constructor en Cáceres.

Pero también puede conocer, si quiere, por ejemplo, al aparejador que dirigió las obras, a quien todavía le faltan algunos años para jubilarse. No conocerá al arquitecto que redactó el proyecto de construcción de vivienda de nueva planta porque falleció hace algunos años, creo. El arquitecto, Lepe para sus íntimos, tenía su estudio en las tres ventanas del rincón que se forma al comienzo de la calle Ancha, desde la plaza de San Mateo. Vigilaba las obras de la casa diariamente… no en vano la proyectó para vivir él mismo.

Esa casa de tan gran valor histórico, la que está señalada en la imagen que acompaña a este post, fue construida en la primera mitad de la década de 1980, sobre un corral sin ninguna edificación.

Esa casa era una falsedad, una impostura, un elemento que violentaba la autenticidad que ICOMOS España, por firma de su presidenta, reclama que se cumpla. No sé si alguien ha informado a la señora Suárez Inclán, pero si quiere sabe cómo era esa casa, de dónde se importaron sus adornos y escudos de fachada, que pregunte en construcciones Abréu, suficientemente conocidos en Cáceres, quien le dará seguramente detalles de las penalidades de los siglos XV y XVI para construir.

Vale.

Imposturas

cercadelasretamas —  julio 17, 2010 — Deja un comentario


Añadir imagenEn la ciudad antigua de Cáceres se cometen muchos desafueros. Y no son aquellos que, como el futuro hotel Relais@Chateaux están sometidos a rigurosos informes. Son aquellos de ciudadanos que mienten en sus fachadas.

Estas rejas me suenan, las he visto en otro sitio, y sin no son las mismas… se parecen mucho. Y como se parecen tanto, puede decirse que no son rejas del siglo XVIII, son rejas del siglo XX, forjadas por encargo y para un edificio de la ciudad.

Vale.



Acabo de ver el Informe ICOMOS sobre las obras del hotel Relais&Chateaux que promueve el Restaurante Atrio, en la plaza de San Mateo, de Cáceres. Informe prolijo, garantista, y muy interesante para conocer cómo funciona esto de la protección de los cascos antiguos.

Después de 10 folios de consideraciones y análisis, el informe termina con dos recomendaciones al Ayuntamiento de Cáceres y la primera es, sencillamente, escandalosa, incompresible. No entiendo cómo un organismo que parece que cuida por la pureza y por la rigurosidad puede instar, en Cáceres, a:

Conservar la autenticidad e integridad del conjunto histórico de la Ciudad Vieja de Cáceres de acuerdo con las directrices de la Convención del Patrimonio Mundial y la normativa estatal, autonómica y local.

Veamos una lista:

Palacio de Las Cigüeñas: la fachada se modificó ostensiblemente a finales de los años 50. Esa fachada es FALSA.

Palacio Episcopal: la fachada posterior tiene una puerta, que no es del Palacio, que fue añadida en los años 60 cuando se demolió el antiguo seminario de la plaza de Galarza, para hacer lo que fue un mercado de abastos y posteriormente, el actual parking. Palacio Episcopal, fachada posterior FALSA.

Demarcación de Carreteras del Estado, en la Plaza de Los Golfines: edificio completamente FALSO, incluida la puerta, que también proviene del antiguo seminario de Galarza.

Foro de los Balbos, al que algunos atribuyen la pureza y la esencia de la ciudad monumental, también es FALSO, incluida la entrada que sobre este asunto hay en la wikipedia. Es incomprensible que se desconozca qué era el Foro de una ciudad y más incomprensible aún que se pretenda ubicar el Foro en el exterior de la muralla.

Archivo Histórico Provincial. FALSO, completamente.

Plaza de Santa María. Escultura de San Pedro de Alcántara, ubicada modificando la esquina de la concatedral, es incomprensible que esté situada en un entorno que le corresponde, FALSEANDO la plaza. Esa escultura, cuyo autor fue Pérez Comendador debería estar en un mejor lugar, eliminándose cualquier elemento perturbador sobre la propia iglesia de Santa María.

Plaza de Santa Maria. Leyenda esculpida en la cantería de la concatedral, dedicada al ideólgo del fascismo en España.

Edificio particular en calle Olmos, con traseras al Adarve, completamente falso, con imposturas en fachadas totalmente inadecuadas.

La ciudad de Cáceres nunca fue “de piedra”. Sus fachadas estaban enfoscadas y encaladas, como las de la Preciosa Sangre. La furia por dejar vista la piedra se corresponde con una corriente llamada “fachadista”, que es la que impregna también el Plan Especial de Cáceres y que parece que es la que domina el Informe ICOMOS.

Y de fachadistas ya quedamos hartos con todas las falsedades señaladas, y muchas que seguramente se podrán añadir.

Vale.

Con la entrada en vigor de la ley del aborto, además de mostrar la realidad antidemocrática de la derechona representada por el Partido Gurtelar, los colectivos médicos que se oponen a cumplir la ley se escudan en un inexistente derecho a la objeción de conciencia. Y, como ese derecho no existe, piden que se regule.

Nada que objetar a que, si quieren, se regule el derecho que reclaman a no cumplir con la ley. Por supuesto, siempre que la regulación tenga en cuenta que ellos reclaman un derecho (objetar para no cumplir con una ley), frente a un derecho que la ley confiere a las mujeres que quieren abortar. Por tanto, estamos ante dos derechos. O ante algo más.

Cuando se reguló la objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento del servicio militar obligatorio, se estableció, como alternativa, la prestación social sustitutoria. Se trataba de compensar la exención de una obligación universal (aunque solamente para los varones) con una prestación que conllevara el cumplimiento de alguna obligación que compensara la exención.

En el caso de los médicos de la sanidad pública que quieren ampararse en el derecho a la objeción de conciencia, fundamentada en creencias religiosas, no se trata de una obligación universal como era el servicio militar obligatorio, sino de una obligación contractual, incluida en su puesto de trabajo. Desde el mismo momento en que un médico accede a la sanidad pública está en las mismas condiciones que cuando un médico trabaja para una empresa privada: tiene que cumplir los cometidos que la empresa que le paga le encomienda. Y si no los cumple, es causa de despido. ¿O no?

Pero el Estado es magnánimo: permite a unos empleados que se declaren objetores para no trabajar, para no cumplir el contrato por el cual reciben sus retribuciones. Y se lo permite sabiendo que el fundamento es espurio, y que ese incumplimiento consentido de una obligación laboral perjudica que otros ciudadanos, las mujeres, puedan ejercer un derecho cuando menos del mismo valor constitucional que el que ellos aducen para objetar.

Si finalmente se regula la objeción de conciencia para los médicos perjudicando el derecho de las mujeres a optar por abortar, habrán de tenerse en cuenta todos los factores. En primer lugar, que no es un derecho universal, sin particular, y, por tanto, no cabe una alternativa universal como la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, el derecho que plantean es, objetivamente, un incumplimiento de las obligaciones laborales que tienen contraídas con la sanidad pública. En tercer lugar, el derecho que reclaman supone un perjuicio a la hacienda pública, por cuanto su acogimiento supone que la sanidad pública, la hacienda pública, haya de recurrir a una externalización de un servicio que no puede prestarse por el interés privado de esos médicos.

Los costes reales que haya de asumir la sanidad pública derivando a clínicas privadas a las mujeres que optan por ejercer su derecho a abortar no puede imputarse a la propia hacienda pública, sino a quienes reclaman una exención a sus obligaciones laborales.

La solución que legalmente habrá de plantearse será bastante sencilla: aplicar conceptos económicos. Si una mujer que quiere ejercer su derecho a abortar acude a su área de salud, y desde ésta se le dice que no se le puede atender porque los médicos que podría realizar la intervención se han acogido a la objeción de conciencia, deberá ser derivada a una clínica privada, que realizará la intervención y facturará su importe a la sanidad pública. Pues bien, la sanidad pública, la empresa que paga al médico que por razones de conciencia, que no de ciencia, se ha acogido a un derecho privado, deberá descontar, en la siguiente nómina a la fecha de la intervención el importe de la misma.

Porque lo que no puede hacer la sanidad pública es pagar dos veces por el mismo servicio: el médico que objeta, el empleado de la sanidad pública que objeta, cobra su salario completo aunque no lo trabaje de modo completo. Y, por ese incumplimiento laboral, ha de pagarse un servicio externo.

Si quieren objeción de conciencia, de acuerdo, pero que la paguen de sus nóminas. Y es perfectamente legal que la empresa que paga un salario a un profesional, le exija el cumplimiento de las obligaciones legales. La objeción de conciencia, en la práctica laboral, sería un contrato parcial, incompleto, que debe tener su contrapartida en una nómina parcial, incompleta.

Vale.

Según el diccionario de la RAE, en su primera acepción, líder es la “persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora”. Viene del inglés leader, que significa guía.
En estos días venimos asistiendo a las informaciones referidas a que el senador por la Comunidad Autónoma, José Antonio Monago, se encuentra de crucero, cuando la cámara legislativa a la que pertenece tiene abiertas sesiones de trabajo. En esas informaciones se refieren a él como el “líder de los populares extremeños”. Si utilizamos la traducción de leader, la expresión sería “guía de los populares extremeños”. Y, claro, si el guía, si el líder, si el orientador se toma vacaciones cuando la función que ejerce no lo está, el ejemplo es cuando menos, llamativo.
A nivel nacional, al líder de los populares, al guía de los populares, Mariano Rajoy, también conocido como Mariano Camps por su indisoluble fusión con el presidente de la Comunidad Valenciana, se le representa como un indolente inactivo que no toma decisiones (véase las viñetas de Peridis en El País). La imagen es certera. La falta de capacidad de trabajo del guía, del orientador, del líder de los populares tiene un ejemplo definitivo: afirma que no presenta una moción censura contra el Presidente del Gobierno porque no tiene los votos para que prospere. En realidad, lo que no quiere es trabajar, presentar una alternativa. Si lo hiciera, no tendría más remedio que decir qué haría. Y eso es mucho esfuerzo.
Si el líder nacional es trasunto de indolencia, ¿qué no harán los líderes locales? Pues eso, irse de crucero.
Pero, en realidad, estamos ante otra cosas. A cualquier cosa llaman líder. El ejercicio del liderazgo sería, según la Wikipedia: El liderazgo se puede decir que es toda capacidad que un individuo pueda tener para influir en un colectivo de personas, haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización).
Como puede apreciarse, al liderazgo se le asocia el término trabajo, algo que es incompatible con la actitud efectiva y real de esas cosas que los medios de comunicación, en su afán por clasificar y economizar esfuerzos, llaman líderes. Si al concepto de trabajo le añadimos los de iniciativa, gestión, convocatoria, promoción, incentivos y motivación del grupo al que los presuntos líderes guían, entendemos que cuando el líder, presunto líder, abandona sus obligaciones para irse de crucero o cuando el líder, presunto líder, no ejerce las atribuciones que por sus obligaciones tiene, estamos hablando de otra cosa.
La derecha, en este país no tiene líderes. Tiene guías, pero no están en sus estructuras visibles. Los guías están en las empresas editoriales que les marcan la ruta que han de seguir, que son los que les hacen el trabajo para el que esos líderes no están capacitados, a cambio de conseguir posicionar sus productos (periódicos, radios, cadenas de televisión) entre quienes deberían ser los guiados, los orientados.
Así, mientras la basura sigue subiendo por las fachadas de Génova, 13, los presuntos líderes nacionales tratan de escabullirse de sus obligaciones. Así, mientras el único esfuerzo al que el presunto líder local de los populares extremeños se entrega es al de imitar de mala manera al Presidente de la Junta de Extremadura (el último ejemplo es el twitteado de Monago, que es motivo de escarnio en todos los foros tecnológicos), noes de extrañar que su crucero de placer sea tapado vergonzosamente por el mismo medio que lo publicó impidiendo comentarios en la edición digital.
Vale.






Se están realizando obras para remodelar la Plaza Mayor de Cáceres a través del Proyecto Intramuros, que pretende dotar de mejores atractivos al conjunto de la ciudad monumental, comenzando por su puerta de acceso principal, la Plaza.

Ahora que las obras ya han comenzado, un grupo de ciudadanos pretender parar las obras (IU va a lo suyo, a demostrar su inutilidad), y ponen el grito en el cielo con la remodelación que se ha iniciado en el denominado Foro de Los Balbos, invento de los años 1970, cuando el Ayuntamiento contrató a Construcciones Abréu para que hiciera las obras, al tiempo que trasladaba y adosaba a un lienzo de la Muralla, Monumento Nacional desde 1930, un abrevadero de ganado que estaba situado en las afueras.

El Foro de los Balbos es un invento de un alcalde franquista, preocupado por el fachadismo, ideología política consistente en que las apariencias lo son todo, y que tiene su trasunto en los comportamientos sociológicos de los cacereños (iba a decir ciudadanos, pero algunos se empeñan en seguir siendo súbditos).

Es muy probable, bastante, que algunos de los que impulsan con sus críticas las obras, tengan, vamos a poner 60 años. Y algunos más. Ninguno de esos, ninguno, se opuso a que en la puerta del Ayuntamiento se colocara un abrevadero de ganado. Ese es el concepto que tenían de sí mismos. Era la dictadura, y no cabía oposición. Además, cómo oponerse si quienes decidían eran de los nuestros.

Los más jóvenes, los que impulsan plataformas vía redes sociales, no valoran que defienden lo que fue un abrevadero de ganado, un abrevadero donde bebían las vacas y los burros que llegaban desde el sur, desde la comarca de Mérida y Montánchez y sus pastores tenían que pagar el correspondiente pósito.

Hoy, por decisión de un gobierno municipal de derechas, los jóvenes de la ciudad abrevan en las afueras, donde debía estar colocado el abrevadero que tan orgullosos algunos creen defender.

Que yo sepa, ese abrevadero va a permanecer en ese lugar, que no es su sitio, con la remodelación que se va a hacer del conjunto de la Plaza que muchos, la mayoría de los que se oponen a las obras, quisieran que recuperara el nombre que tuvo cuando el alcalde era designado por la gracia de Dios.

Con este post, y para aquellos que se reclamen puristas de la ciudad (que algunos utilizan ese “criterio”) dejo unas fotografías, por si reconocer la Plaza, por si reconocen el Foro de Los Balbos. Fotografías, algunas, que tienen unas letras en determinados lienzos. Supongo que sabrán a qué se refieren esas letras y sabrán quién fue el autor de las fotos y cual fue el motivo por el que se hicieron.

Quizá alguno bucee por ahí y lo encuentre. Pero tendrá que buscar bastante. Esas fotos, en papel, no se encuentran fácilmente.

Vale.

La estrategia seguida por la derecha españolista, ahora representada por el Partido Gurtelar, está planificada por un conspicuo franquista de formación y convicción, Federico Trillo. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, de la que de momento sólo conocemos el fallo, la cabeza visible del partido, que no su líder, haya plegado velas: la derrota jurídica ha sido espectacular. La derrota jurídica que se ancla en un recurso basado en los principios fundamentales del movimiento (y si se leen determinados párrafos y se los compara con los discursos de los gobernadores civiles de los años 60 y 70, cantan de plano) que ha sido rebatido en la sentencia aplicando la Constitución de 1978 y la legislación y la doctrina emanada desde entonces por el propio TC.

En el año 1977, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra publicaron una recopilación de aportaciones de varios autores bajo el título “La crisis del Estado Franquista”. Los profesores de Esteban y López Guerra fueron, con el tiempo, magistrados del Tribunal Constitucional. El mayor elemento de crisis del estado franquista fue su ausencia de instituciones representativas, a pesar de aquellas cortes que lo pretendían con “el tercio de cabezas de familia” e inventos similares.

La forma en que desde la derrota electoral de 2004 (y la forma en que ejerció el poder Aznar entre 2000 y 2004, con mayoría absoluta, ignorando dolosamente dos elementos distintivos de la Constitución: las comunidades autónomas al negarse a recibir a sus presidentes, y el papel arbitral de la jefatura del Estado) la derecha se ha lanzado de modo premeditado a desprestigiar a las instituciones: las fuerzas de seguridad que fueron capaces de esclarecer los atentados del 11-M, la justicia, en todos sus estamentos y muy especialmente a la audiencia nacional, la fiscalía, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, donde han forzado emisión de informes que no eran de su competencia… Y un largo etcétera.

Esta estrategia está diseñada y puesta en práctica por el responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 (y en cualquier país con instituciones judiciales no ancladas en la misma raíz sociológica que él, sería sin duda responsable penal).

Federico Trillo es franquista por formación, pero sobre todo, por convicción. Su forma de llevar los asuntos jurídicos que acucian a una derecha reaccionaria y corrupta hasta las cejas, tiene un punto de mira: la destrucción del estado constitucional por la vía del desprestigio y de la manipulación de los derechos que la propia Constitución confiere al partido en función de su representatividad.

Lo que Trillo pone en sus recursos, especialmente en el derrotado sobre el Estatuto de Catalunya, lo verbaliza Aznar en sus comparecencias públicas. Sus referencias a un “estado al límite”, “constitucionalmente fallido” no son excesos, están pensadas, porque son leídas en discursos. En ambos casos, Trillo y Aznar persiguen el desprestigio de las instituciones democráticas y lo van consiguiendo porque la respuesta es tibia. Mientras que Artur Mas amenaza a Zapatero, calla ante la posición de la derecha, que no es la que marca Mariano Camps, sino que es la que diseña Trillo y verbaliza Aznar.

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalaunya, cuando se conozca en sus fundamentos jurídicos debería servir para que se desenmascare, de una vez por todas, los intentos de involución al franquismo que los actos de la derecha plantean.

Los catalanes, especialmente los socialistas que dirigen el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas moderados (derecha, no se olvide), deberían ser los más interesados en poner negro sobre blanco cuál es el interés de la derecha franquista para su tierra.

Vale.

Catalunya

cercadelasretamas —  julio 1, 2010 — Deja un comentario
El Tribunal Constitucional, después de varios intentos sin lograr acuerdos mayoritarios entre sus miembros, ha conseguido dictar una Sentencia sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña, en concreto, contra 124 de sus artículos.
Solamente se conoce el fallo, y es previsible que en la segunda semana de julio se conozca la Sentencia en su integridad, que al parecer tendrá unos 1.000 folios. Conocido el fallo, pero no los argumentos jurídicos, se ha convenido en todos los medios que el 95% del texto normativo catalán es constitucional.
Las reacciones, como era previsible, no se han hecho esperar, y tienen su vértice en la inmediata cita electoral catalana a celebrar en el próximo otoño. El 5% q ue no ha sido considerado constitucional por quienes tienen la última palabra en la interpretación de la norma suprema, ha desatado iras y puesto sordina, según los casos.
Estas reacciones son sincrónicas. Nacionalistas catalanes, incluidos algunos conversos, han montado en cólera. El Partido Popular ha puesto sordina y trata de hacer mutis por el foro.
No he visto interpretaciones diacrónicas. Me refiero a que el texto estatutario fue aprobado hace cuatro años, en un contexto diferente, totalmente, del actual. Contexto económico, social y político. La crisis económica se ha llevado por delante la política, y algunos, como el gobierno socialista presidido por Zapatero y algunos gobiernos socialistas autonómicos, están lentamente recuperando la prevalencia de la política sobre la economía, porque será la política la que tenga que tomar las decisiones que terminen con la crisis. Los mercados (el terrorismo financiero) han creado la crisis para su mejor beneficio, y no pueden ni deben ser ellos los que nos saquen de ella, porque lo harían preparando la siguiente.
La situación económica hace cuatro años era muy diferente a la actual. La política parecía dirigir la orientación de la convivencia, ajena a lo que se fraguaba en los mercados. En aquel contexto, seguramente la sentencia, cuyo fallo conocemos ahora, no habría tenido la respuesta, en muchos casos histérica, que ha tenido ahora.
A los catalanes, a los ciudadanos catalanes les preocupa su estatuto, claro, pero más les preocupa la situación económica y sus derivadas. En una balanza maniquea, los catalanes decidirían que hay que salir antes de la crisis que “resolver” la cuestión estatutaria. Porque no hay solución, no hay otra solución que acatar lo que dice el TC, guste o no. Otra cosa es que se pueda criticar o que, cuando se conozcan los fundamentos jurídicos de la sentencia, se plantee la fórmula para, siguiendo la interpretación que sólo al alto tribunal compete, se puedan recomponer aquellos aspectos en los que ahora, en un pírrico 5%, se ha incumplido la Constitución.
Mal hace el autoproclamado socialista José Montilla poniendo por delante un nacionalismo converso (ya se sabe, los peores son los conversos) de unos problemas económicos, sociales y laborales que la mera aplicación del Estatuto no pueden solucionar. Ahora, cuando Felipe González reclama, con toda la razón, que es la hora de la política, no se puede utilizar la simbología, por muy respetable que sea, que lo es, para quemar fuerzas necesarias, quemar energías que han de aplicarse a resolver problemas reales, de hoy y de mañana, y que afectan a los que debería, por ideología e historia, atender el socialismo.
Pero si para la posición política de José Montilla los cambios económicos producidos en los últimos cuatro años (que nos abocan incluso a un cambio de modelo económico y productivo) deberían hacerle reflexionar, la situación de fracaso e incuria en la que ha quedado el partido que presentó el recurso contra 124 artículos, no es menor. Pero, a diferencia de Montilla, ese partido, entonces llamado Partido Popular y hoy llamado Partido Gurtelar, enfangado de mierda y corrupción hasta las cejas de Mariano, ha tomado una dirección: la de poner sordina a su ridículo. Saben, porque también se presentan a las elecciones en Cataluña, que alimentar polémicas estatutarias les perjudica. No asumen el fracaso, porque la derecha siempre ha sido y será soberbia (no hay más que ver al muñidor del recurso, Federico Trillo), pero aprenden rápido.
En estos cuatro años, el gobierno de Cataluña, impulsor del Estatuto, debería estar aplicando todas sus energías a salir de la crisis económica, a atender a los más perjudicados, los trabajadores. El PSC debería pensar más, ahora, en socialdemocracia y menos en banderas y símbolos. Ya habrá tiempo de retomar esos símbolos, pero poniéndolos por delante, no van a terminar con los EREs de las multinacionales, ni con los despidos de trabajadores en empresas que quieren hacer caja, ni con concursos de acreedores como el de Sacresa.
En estos cuatro años, la derecha más reaccionaria y zángana de Europa ha hecho un gran ridículo con su recurso, y en estos cuatro años ha visto cómo un día sí y otro también los trajes de sus líderes, los coches de sus esposas, la financiación de sus campañas, está subiendo los niveles de hedor por las fachadas de Génova, 13. En estos cuatro años, además, hemos conocido la falta de voluntad de trabajo del presunto líder. Cuando hay que trabajar, el presunto líder de la derecha se borra, se esconde en la esquina de la plaza, a la sombra, no vaya a ser que le vean y le digan que tiene que arrimar el hombro.
En estos cuatro años, mientras que el Tribunal Constitucional era sometido a una presión indecente, asumida por sus miembros, a costa de un recurso de corte franquista de la concepción del Estado, el líder de la derecha ha ido aumentando sus capacidades de indolencia. Hoy ya puede ser considerado el VMR.
Los socialistas catalanes tienen la oportunidad de, acatando el fallo de la sentencia, preparar un programa electoral de futuro para los trabajadores, a los que debería ser capaz de ilusionar por la política y a los que debería ser capaz de ofrecer soluciones reales a una situación, la crisis económica, creada por el capitalismo salvaje, por el terrorismo financiero, y en ningún caso, por decisión del Tribunal Constitucional.
Vale.