Archivos para objeción de conciencia

Con motivo de la tramitación de la legislación en materia reguladora del aborto, los médicos de los servicios públicos sanitarios han invocado la objeción de conciencia para no aplicar la Ley. Son empleados públicos, que cobran dinero público y que, en el ámbito de su relación laboral con las Administraciones Públicas están sometidos al imperio de la ley, de las leyes que emanan del poder legislativo. Pero, siempre, esa objeción de conciencia, más ideológica que científica, ha terminado por imponerse y esos empleados públicos no han visto mermadas sus retribuciones por incumplir la Ley. Privilegios. Apoyados por toda la caterva reaccionaria, desde la iglesia hasta medios de comunicación al servicio de un modo de entender la realidad según el cual todo aquello que suponga progreso y derechos, ha de condenarse. Religiosamente.
En estas fechas en las que el gobierno del Partido Popular, al servicio de los intereses más espurios de lo que etéreamente se llaman los mercados, pero que en la práctica son los intereses de la patronal, es fácil llegar a una ventanilla de cualquier administración y, tras exponer quejas o situaciones injustas, derivadas de una salvaje demolición del estado del bienestar, algún funcionario termina diciendo aquello de “ya sé que es injusto, pero son las normas”. O “si yo le entiendo, pero son las normas que hay que aplicar”.
¿Por qué los funcionarios que reconocen que las medidas, especialmente en materia social -sanitaria, educativa, laboral- son injustas no ejercen el derecho a la objeción de conciencia? ¿No tienen, no pueden tener los funcionarios el mismo privilegio que los médicos que objetan a la legislación en materia de aborto?
Es seguro que en nuestro país, con un sistema funcionarial de doble medida, el vitalicio y el interino, nadie se ha planteado que los funcionarios puedan decir: esta norma es injusta y no me niego a aplicarla. ¿Por qué los funcionarios solamente se manifiestan por mantener sus privilegios, sus sueldos y no se manifiestan por las injusticias que las normas les impelen a aplicar?
El doble sistema funcionarial, el vitalicio y el interino están en el origen de que los empleados públicos que reconocen ante los ciudadanos la injusticia de las normas que han de aplicar, no se planteen la objeción de conciencia. El funcionario vitalicio porque goza del privilegio de serlo, y que para qué se va a complicar la vida, si lo que pasa del mostrador de atención al público hacia afuera a él ni le va ni le viene, tiene su nómina segura. El interino (ya sea funcionario interino, contratado o laboral) porque lo que pase del mostrador hacia adentro sí le puede afectar a su nómina, hasta perderla.
Cuando un funcionario que atiende a un ciudadano en grave riesgo de exclusión social le dice que comprende su reclamación, pero que la norma es la norma y que no puede tener derecho a aquello que puede solucionarle, como mucho, el dar de comer a su familia el próximo mes, no está teniendo un acto de empatía, sino de hipocresía. Si el funcionario reconoce la injusticia de denegar una petición en el límite del socorro, debería obrar en consecuencia. Pero, cuando el ciudadano indefenso se marcha, sin solucionar su problema, ese funcionario, si es vitalicio, recupera su asiento ante la mesa del ordenador, respira tranquilo y espera al siguiente, sabiendo que ha quedado como un señor consolando, que no resolviendo, a un pobre indefenso. Si no es un interino, o un contratado, regresa a su pantalla del ordenador, sabiendo que ha cumplido con su deber y sabiendo que si sigue así, nunca se verá en la situación de quien acaba de irse.
La demolición del estado del bienestar que un partido político, el Partido Popular, está llevando a cabo por encargo de la patronal, de la gran banca que es quien le sustenta, apoya y mantiene, debería llevar los funcionarios a plantearse el ejercicio de la objeción de conciencia, para no convertirse en hipócritas de ventanilla.
Plantear esta cuestión a los sindicatos no llevaría a ningún sitio, porque no va con ellos. Porque su función sindical en el ámbito de las adminsitraciones públicas se limita a mantener los privilegios de los funcionarios vitalicios y a utilizar a contratados e interinos para que los vitalicios puedan seguir teniendo su nómina fija y su conciencia tranquila.
Vale.  

Con la entrada en vigor de la ley del aborto, además de mostrar la realidad antidemocrática de la derechona representada por el Partido Gurtelar, los colectivos médicos que se oponen a cumplir la ley se escudan en un inexistente derecho a la objeción de conciencia. Y, como ese derecho no existe, piden que se regule.

Nada que objetar a que, si quieren, se regule el derecho que reclaman a no cumplir con la ley. Por supuesto, siempre que la regulación tenga en cuenta que ellos reclaman un derecho (objetar para no cumplir con una ley), frente a un derecho que la ley confiere a las mujeres que quieren abortar. Por tanto, estamos ante dos derechos. O ante algo más.

Cuando se reguló la objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento del servicio militar obligatorio, se estableció, como alternativa, la prestación social sustitutoria. Se trataba de compensar la exención de una obligación universal (aunque solamente para los varones) con una prestación que conllevara el cumplimiento de alguna obligación que compensara la exención.

En el caso de los médicos de la sanidad pública que quieren ampararse en el derecho a la objeción de conciencia, fundamentada en creencias religiosas, no se trata de una obligación universal como era el servicio militar obligatorio, sino de una obligación contractual, incluida en su puesto de trabajo. Desde el mismo momento en que un médico accede a la sanidad pública está en las mismas condiciones que cuando un médico trabaja para una empresa privada: tiene que cumplir los cometidos que la empresa que le paga le encomienda. Y si no los cumple, es causa de despido. ¿O no?

Pero el Estado es magnánimo: permite a unos empleados que se declaren objetores para no trabajar, para no cumplir el contrato por el cual reciben sus retribuciones. Y se lo permite sabiendo que el fundamento es espurio, y que ese incumplimiento consentido de una obligación laboral perjudica que otros ciudadanos, las mujeres, puedan ejercer un derecho cuando menos del mismo valor constitucional que el que ellos aducen para objetar.

Si finalmente se regula la objeción de conciencia para los médicos perjudicando el derecho de las mujeres a optar por abortar, habrán de tenerse en cuenta todos los factores. En primer lugar, que no es un derecho universal, sin particular, y, por tanto, no cabe una alternativa universal como la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, el derecho que plantean es, objetivamente, un incumplimiento de las obligaciones laborales que tienen contraídas con la sanidad pública. En tercer lugar, el derecho que reclaman supone un perjuicio a la hacienda pública, por cuanto su acogimiento supone que la sanidad pública, la hacienda pública, haya de recurrir a una externalización de un servicio que no puede prestarse por el interés privado de esos médicos.

Los costes reales que haya de asumir la sanidad pública derivando a clínicas privadas a las mujeres que optan por ejercer su derecho a abortar no puede imputarse a la propia hacienda pública, sino a quienes reclaman una exención a sus obligaciones laborales.

La solución que legalmente habrá de plantearse será bastante sencilla: aplicar conceptos económicos. Si una mujer que quiere ejercer su derecho a abortar acude a su área de salud, y desde ésta se le dice que no se le puede atender porque los médicos que podría realizar la intervención se han acogido a la objeción de conciencia, deberá ser derivada a una clínica privada, que realizará la intervención y facturará su importe a la sanidad pública. Pues bien, la sanidad pública, la empresa que paga al médico que por razones de conciencia, que no de ciencia, se ha acogido a un derecho privado, deberá descontar, en la siguiente nómina a la fecha de la intervención el importe de la misma.

Porque lo que no puede hacer la sanidad pública es pagar dos veces por el mismo servicio: el médico que objeta, el empleado de la sanidad pública que objeta, cobra su salario completo aunque no lo trabaje de modo completo. Y, por ese incumplimiento laboral, ha de pagarse un servicio externo.

Si quieren objeción de conciencia, de acuerdo, pero que la paguen de sus nóminas. Y es perfectamente legal que la empresa que paga un salario a un profesional, le exija el cumplimiento de las obligaciones legales. La objeción de conciencia, en la práctica laboral, sería un contrato parcial, incompleto, que debe tener su contrapartida en una nómina parcial, incompleta.

Vale.

El Gobierno ha decidido que la llamada “píldora del día después” pueda venderse sin receta, y, automáticamente, el reaccionario foro de la familia ha comenzado a soltar lindezas científicas, jurídicas y técnicas que, mezcladas con el catecismo del padre Ripalda, nos recuerdan imágenes de antaño, imágenes y discursos añejos.
El objetivo del Gobierno es disminuir el número de embarazos no deseados. Ya con el asunto de la supresión del consentimiento paterno para abortar a partir de los 16 años, estos coros reaccionarios afirmaron sin pudor ninguno que si para una intervención de amígdalas era necesario ese consentimiento, más para un aborto. Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente (creo que se llama así) que impulsó el Gobierno de Aznar no decía eso, sino lo contrario. El ejemplo, la comparación, muy celebrada al principio se desmoronó al leer la ley.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas “oficinas de farmacia” son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.