Archivos para funcionarios

Con motivo de la tramitación de la legislación en materia reguladora del aborto, los médicos de los servicios públicos sanitarios han invocado la objeción de conciencia para no aplicar la Ley. Son empleados públicos, que cobran dinero público y que, en el ámbito de su relación laboral con las Administraciones Públicas están sometidos al imperio de la ley, de las leyes que emanan del poder legislativo. Pero, siempre, esa objeción de conciencia, más ideológica que científica, ha terminado por imponerse y esos empleados públicos no han visto mermadas sus retribuciones por incumplir la Ley. Privilegios. Apoyados por toda la caterva reaccionaria, desde la iglesia hasta medios de comunicación al servicio de un modo de entender la realidad según el cual todo aquello que suponga progreso y derechos, ha de condenarse. Religiosamente.
En estas fechas en las que el gobierno del Partido Popular, al servicio de los intereses más espurios de lo que etéreamente se llaman los mercados, pero que en la práctica son los intereses de la patronal, es fácil llegar a una ventanilla de cualquier administración y, tras exponer quejas o situaciones injustas, derivadas de una salvaje demolición del estado del bienestar, algún funcionario termina diciendo aquello de “ya sé que es injusto, pero son las normas”. O “si yo le entiendo, pero son las normas que hay que aplicar”.
¿Por qué los funcionarios que reconocen que las medidas, especialmente en materia social -sanitaria, educativa, laboral- son injustas no ejercen el derecho a la objeción de conciencia? ¿No tienen, no pueden tener los funcionarios el mismo privilegio que los médicos que objetan a la legislación en materia de aborto?
Es seguro que en nuestro país, con un sistema funcionarial de doble medida, el vitalicio y el interino, nadie se ha planteado que los funcionarios puedan decir: esta norma es injusta y no me niego a aplicarla. ¿Por qué los funcionarios solamente se manifiestan por mantener sus privilegios, sus sueldos y no se manifiestan por las injusticias que las normas les impelen a aplicar?
El doble sistema funcionarial, el vitalicio y el interino están en el origen de que los empleados públicos que reconocen ante los ciudadanos la injusticia de las normas que han de aplicar, no se planteen la objeción de conciencia. El funcionario vitalicio porque goza del privilegio de serlo, y que para qué se va a complicar la vida, si lo que pasa del mostrador de atención al público hacia afuera a él ni le va ni le viene, tiene su nómina segura. El interino (ya sea funcionario interino, contratado o laboral) porque lo que pase del mostrador hacia adentro sí le puede afectar a su nómina, hasta perderla.
Cuando un funcionario que atiende a un ciudadano en grave riesgo de exclusión social le dice que comprende su reclamación, pero que la norma es la norma y que no puede tener derecho a aquello que puede solucionarle, como mucho, el dar de comer a su familia el próximo mes, no está teniendo un acto de empatía, sino de hipocresía. Si el funcionario reconoce la injusticia de denegar una petición en el límite del socorro, debería obrar en consecuencia. Pero, cuando el ciudadano indefenso se marcha, sin solucionar su problema, ese funcionario, si es vitalicio, recupera su asiento ante la mesa del ordenador, respira tranquilo y espera al siguiente, sabiendo que ha quedado como un señor consolando, que no resolviendo, a un pobre indefenso. Si no es un interino, o un contratado, regresa a su pantalla del ordenador, sabiendo que ha cumplido con su deber y sabiendo que si sigue así, nunca se verá en la situación de quien acaba de irse.
La demolición del estado del bienestar que un partido político, el Partido Popular, está llevando a cabo por encargo de la patronal, de la gran banca que es quien le sustenta, apoya y mantiene, debería llevar los funcionarios a plantearse el ejercicio de la objeción de conciencia, para no convertirse en hipócritas de ventanilla.
Plantear esta cuestión a los sindicatos no llevaría a ningún sitio, porque no va con ellos. Porque su función sindical en el ámbito de las adminsitraciones públicas se limita a mantener los privilegios de los funcionarios vitalicios y a utilizar a contratados e interinos para que los vitalicios puedan seguir teniendo su nómina fija y su conciencia tranquila.
Vale.  

Retuits

cercadelasretamas —  diciembre 28, 2012 — Deja un comentario

Si algo tiene de efectivo el uso de twitter es que permite en muy poco espacio, 140 caracteres, expresar una idea, formular un pensamiento. Y, también, permite conocer a quién tiene capacidad para con tan pocos caracteres formular ideas y pensamientos capaces de transmitir estados de opinión, estados de ánimo.
Si uno se fija, por ejemplo en mi caso, sobre la situación política de Extremadura, que es donde vivo, y la mira desde una perspectiva política, unidireccional, termina conociendo que los supuestos líderes de un partido, el PSOE de Extremadura, se dedican todo el tiempo a patrocinar sus blogs, los dos o tres que los tienen, a retuitearse unos a otros como si estuvieran escribiendo las greguerías de El Capital.
Pero cuando se ahonda un poco en esos tuits, en esa “presencia en las redes sociales” lo único que queda es un deseo irrefrenable por salir en la foto, da igual que la fotografía sea laudatoria o sea para ponerlos a caer de un burro. Pero salen en la foto.
El PSOE de Extremadura es el primer partido de la oposición en esta legislatura, comenzada en el ámbito autonómico a mediados de 2011. Desde entonces, las heridas de la derrota electoral y la querencia que la “verdadera izquierda” hizo por arrimarse a la extrema derecha, siguen sin cicatrizar, siguen doliendo como el primer día.
El dolor por las heridas nubla la vista de un día más que mañana, perturba el buen fluir de las ideas y termina en una bolsa de socorros mutuos en las redes sociales.
Por ello, cuando los dirigentes del PSOE de Extremadura toman decisiones como la de hacer seguidismo de Monago en su boutade de burlar una ley estatal (injusta, pero ley), lo hacen sin dar explicaciones. Y si un militante se las pide, la callada por respuesta. La vergüenza por respuesta.
Se trata de hacer seguidismo de un populista que se mueve por eslóganes que un especialista en marketing le hace a diario. Por ejemplo, en pagar una extra a los funcionarios cuando la ha eliminado el gobierno de la Nación. En vez de hacer pedagogía (aquello que se pedía antiguamente a los socialistas) del cumplimiento de las leyes (si son injustas, cuando se ganan las elecciones se cambian, mientras tanto hay que cumplirlas), se hace seguidismo de un populista analfabeto político.
Claro, que se trata de complacer a los funcionarios de la administración que hasta 2011 gobernaba el PSOE y a la que aspira, si no se transmuta en PASOK, que es lo probable al paso que va, a gobernar. Recuerdo hace años cuando se decía que si querías trabajar en la Junta de Extremadura tenías que tener el carnet del PSOE y luego las elecciones sindicales las ganaba un sindicato amarillo. Ahora, el mismo sindicato amarillo arrastra a los que en su día fueron sindicatos de clase, CCOO y UGT a negociar acuerdos insolidarios que benefician solamente a una parte de los funcionarios existentes en la Comunidad Autónoma. Y los dirigentes del PSOE aplauden con los tuits como si fueran orejas de elefantes.
¿Qué miedo tienen esos dirigentes políticos a decirle a los funcionarios que las leyes hay que cumplirlas y que los pagos anticipados hay que devolverlos y que los adelantos sobre devengos no cumplidos no pueden abonarse? Tienen todo el miedo del mundo y por eso siguen, como patos maneados, al populista analfabeto político. 
Dime a quién sigues y te diré de qué corral eres.
Vale.

El pasado jueves, 22 de noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario, implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que collons!
Nada más conocerse la Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja autonómica… aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido. Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón, ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado, como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales, a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de fácil… Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y, sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses. Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC, determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les venga en gana.
O lo que al final viene siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así sucesivamente.
Monago no puede gastar lo que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del dinero.
Lo más probable que suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además, con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como obsoleto.
En esta procedimiento que se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se sabe si finalmente se tendrá.
Vale.