Cerca de las retamas

Alrededor de la cruz, brazo en alto, cara al sol, y así desde hace 80 años.

La lectura combinada de las actas municipales con lo que se escribía especialmente en el Extremadura, periódico de acción católica, nos va dibujando un paisaje (y sobre todo, un paisanaje) que lleva desde los asesinatos de las navidades de 1937 a comienzos de mayo de 1938.

Así, en las actas municipales, tras una breve referencia a los fusilados, como dando cuenta de un trámite, los esfuerzos de los usurpadores de la alcaldía se centraron en convertirse en recaudadores de dineros de los vecinos, de los delatores, sirviendo así de coartada para justificar los asesinatos de las navidades de 1937.

La comisión gestora municipal la formaban cuatro gestores/concejales y un gestor/alcalde y fueron impuestos por los golpistas. Decían cómo y quieres tenían que constituir esas gestoras. En Cáceres, como en muchos sitios, fueron designados empresarios (las cámaras de comercio) y algunos tenían experiencia como concejales.

Es más que evidente que esos gestores eran de derechas, muy de derechas, aunque unos lo eran más que otros. Sabemos, por tradición oral familiar, que hasta los concejales de derechas, casi todos, tenían buena opinión y buena relación con el Alcalde Antonio Canales. No hay que olvidar que, aunque fue condenado a muerte en 1936, no fue hasta las navidades de 1937 que se ejecutó la sentencia.

El Alcalde Canales, a pesar de intereses en escarmentar a la ciudadanía con su fusilamiento, fue defendido hasta ante Franco por la Iglesia, por los empresarios, por “gentes de orden”, pero todo fue en vano.

Los gestores del ayuntamiento de Cáceres se dedicaron, como ya hemos señalado, a hacer que pareciera que había gobierno, que se hacían obras (sin dinero, porque no había ni un real) y poco más. Eso sí, cuando caía algún decreto, un telegrama, una orden de la superioridad se ponían en primer tiempo de saludo. Brazo en alto, por supuesto.

Los gestores iban aprobando certificaciones de cómo se construía la cruz, y el alcalde encargado decidía (o decidieron por él, tampoco iba a ser tan “libre”) de cómo  serían las letras.

Las letras de bronce de las placas de la calle de Pintores, cuando le pusieron el nombre del dictador, pervivieron, especialmente las situadas en la esquina de la plaza mayor, hasta que por fin se cambió su nombre por el que había tenido siempre, ordenándose a unos operarios municipales que desmontaran la placa que sujetaba las letras y un con cejal del Partido Popular estuviera a pie de la escalera a que los operarios la bajaran. Imaginadlo.

Pues bien, mientras el concejal esperaba, anhelante, a que se produjera el “descendimiento”, se sintió muy frustrado cuando los operarios, tan torpes ellos, perdieron la sujeción y se les cayó la placa al suelo. Hubo risas.

Por cierto, el concejal anhelante de placa de la culona, da nombre a un pabellón deportivo público.

Vale.

La protohistoria de la Lusitania se asienta sobre la leyenda de una delación: Viriato.

Al pastor lusitano le traicionaron Audax, Minuro y Datalco, por encargo del romano Cepión, pero cuando fueron a cobrar lo estipulado les contestaron que aquello de “Roma no paga a traidores”. El giro es que los sublevados sí estaban dispuestos a pagar.

La suscripción bajo el lema de nobleza obliga publicaba casi diariamente los “donativos” recibidos. Se hacía para con lo recaudado poder premiar a los valerosos que terminaron con el complot denunciado en Cáceres. La suscripción se hacía con los nombres de los donantes, ya fueran particulares, ya fueran empresas. Así, nadie escapaba al control policial.

Mientras la suscripción crecía, crecía también la cruz que la gestora municipal promovía para hacer la pelota al criminal. Cuando ya se sabía quién inauguraría la cruz, aunque no exactamente cuándo, llegó el momento de dar por finalizada la suscripción, dejando un pico de unas 600 pesetas para donar en auxilio de Madrid, y de otras 14.000 para la guardia civil a disposición de la Superioridad. El resto, unas 43.000 pesetas para pagar a los patriotas que habían hecho de la delación un modo de conseguir algo de dinero. Ya los patriotas de hasta el más bajo pelaje sabían que la patria estaba en la pasta.

Llegada la segunda quincena de marzo, y cumplidos los deseos sanguinarios de Rada (hijo adoptivo de la comisión gestora) llegó el momento del reparto. Para ello se convocó un acto en el salón de sesiones del Ayuntamiento, que se celebró en domingo.

Entrega de premios en metálico en el Ayuntamiento.

A los patriotas que descubrieron el complot.

El domingo, a las doce horas de la mañana, tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento el solemne acto de la entrega de los premios en metálico concedidos a los que intervinieron en el descubrimiento del complot tramado en la capital.

Mediada la mañana comenzó a llegar público al edificio municipal y poco antes de la hora señalada las representaciones oficiales eclesiásticas, militares y civiles invitadas.

Comenzado el acto, el Alcalde que presidía, explicó con palabra justa y elocuente el motivo de la suscripción y el agradecimiento de Cáceres a los patriotas beneméritos que libraron a la provincia de horas de angustia y dolor, sentimiento que ha buscado esta forma de manifestarse.

Seguidamente y entre grandes aplausos, fueron acercándose a la mesa presidencial los premiados para recibir el sobre con la cantidad correspondiente. Los miembros de la Guardia civil que figuraban entre los agraciados, se limitaron a recoger las manifestaciones de agradecimiento de sus convecinos ya que el Reglamento del Cuerpo no permite aceptar premios de ninguna clase. Las cantidades que les correspondían han quedado depositadas para darlas el destino que acuerde la Superioridad.

Como la recaudación líquida total ascendía a 43.607’87 pesetas y se distribuyeron 43.000, el resto de 607’87, con 107’55 que se anuncian por giro y cuantas otras se reciban con el mismo fin, se acordó unánimemente y a propuesta del Alcalde, que se entregue con el nombre de “nobleza obliga” a la suscripción abierta en auxilio de Madrid y poblaciones que se liberen.

Los premios fueron los siguientes: tres de 5.000 pesetas, uno de 3.000, dos de 2.000; dos de 1.000, dos de 750, y uno de 500 y ocho de 250.

Esto es: el número de delatores fue de 19, bastante alto para el tamaño de la población, y aunque nunca se ha conocido, de momento, la identidad de los premiados (alguno sí se tiene constancia popular), seguramente en algunos primaría más la necesidad que el presunto patriotismo, por cuanto los sublevados, los golpistas contra el orden constitucional, perdieron cuando empuñaron las armas contra el pueblo ese patriotismo. Como ahora.

Vale.

Montaraces para largar en los periódicos y quejicas cuando les responden.

Desde finales de 1937 y comienzos de 1938, los miembros de la comisión gestora de Cáceres, que usurparon los cargos municipales de los concejales que habían sido elegidos por los ciudadanos en unas elecciones democráticas, continuaron tomando decisiones apoyadas en las armas que unos militares traidores blandían y disparaban contra hombres y mujeres indefensos.

Siguieron felicitando al criminal Rada, al que habían hecho hijo adoptivo cuyo mérito fue pasar por las armas a cientos de cacereños en las navidades de 1937.

Con la visita que ya se anunciaba para unos días después giraría la jefa de la falange, se celebraron en Cáceres unas jornadas de acción católica, que dejaron impresas en su periódico (el Extremadura, por aclarar) frases propias de mujeres que probablemente hubieran vivido en Maltravieso. Una de ellas, una tal María de Madariaga, dijo: “Tanta culpa tienen de que no acabe la guerra las mujeres que cruzan las piernas como los cobardes camuflados en la retaguardia”.

La comisión gestora cumplía su papel a plena satisfacción de los armados, despachando los asuntos de trámite, al mismo tiempo que decidían sobre la “pureza de sangre” de funcionarios y empleados municipales que reclamaban, tras meses en el purgatorio de represaliados o en el frente (nacional, por supuesto), volver a sus puestos de trabajo o, también, alguno que sabían que estaba “vacante”.

Esos mismos miembros de la gestora, serviles a los sublevados, eran los que ordenaban el pago de las certificaciones que pasaba el contratista de las obras de la cruz y los que decidieron que las letras de las proclamas para resaltar en la misma fueran de bronce, en lugar de grabarlas en la piedra, y los que ejercieron de cajeros de las aportaciones “voluntarias” bajo el lema de “nobleza obliga” con las que pagar las delaciones de unos vecinos contra otros.

La “vida” municipal transcurría tal y como deseaban los militares traidores a la Constitución.

A mediados de abril, con la construcción de la cruz casi finalizada, ya sabían quién se iba a encargar de su inauguración y preparaban los honores que habría de rendírsele, con un programa de actos que incluían funciones de teatro.

Extracto del acta de la comisión gestora del ayuntamiento de Cáceres de 4 de mayo de 1938.

Pero como en una reunión de mediados de marzo dijo el alcalde encargado, todavía faltaba un acto público con el que hacer escarnio de las familias de los fusilados y enterrados en la fosa común del cementerio: entregar a los delatores los cuantiosos premios a los que se habían hecho acreedores por sus servicios prestados.

El 22 de marzo, el periódico de acción católica, portavoz de los asesinos, publicaba una reseña de la entrega de recompensas a los delatores, eso sí, sin decir quiénes eran, no eran tan valientes, ni ellos, ni los miembros de la gestora que pagaron con dinero de todos los cacereños a unos cuantos que señalaron a los que luego fusilaron los valientes militares y guardias civiles.

Vale.

La que nos ha caído a los demócratas y antifascistas con las derechas, muy de derechas, que nos gobiernan.

El 2 de febrero de 1938, la comisión gestora del Ayuntamiento de Cáceres (los peleles impuestos por los golpistas) acordó cambiar el nombre a la calle de la Libertad por el de Hermandad. El 15 de mayo de 2026, los causahabientes de aquellos miembros de la gestora y de los golpistas que los pusieron, presentaron un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de la Nación de retirar la “cruz de los caídos” de Cáceres. Los peleles de 2026, herederos de los ilegítimos de 1938, consideran que sus “argumentos” son válidos para proteger un símbolo fascista. ¿Podrían, de buen grado, los recurrentes con lo de la cruz, admitir que la calle Libertad vuelva a formar parte del callejero local?

Conviene, por contextualizar, transcribir el texto completo de 1938:

“Continúa la Presidencia proponiendo se sustituya el nombre de la Libertad, con que se designa la calle que existe entre las de Gómez Becerra y Gil Cordero, por la de la Hermandad, agregando que esta propuesta no es por que sea enemigo de la libertad, por que en la nueva España se ha de admitir, pero no en el concepto que antes se tenía de la libertad política que implicaba una tiranía hacía la voluntad del que mandaba, en cambio el concepto de Hermandad representa el espíritu que ha de orientar hoy en la nueva España”.

Los rejuvenecidos peleles consideran en su recurso de mano alzada al frente que la “cruz de los caídos ha consolidado la categoría de bien histórico ¿desposeído de su componente ideológico fascista a cuya mayor gloria se promovió?

En uno de los “argumentos” contra la resolución ministerial se señala que esa cruz forma parte de la “identidad” cacereña.

Si quieren hablar de identidad podemos hacerlo. De la identidad de quienes promovieron erigirla.

Vayamos por partes. El proyecto que redactó el arquitecto municipal es inequívoco, como se aprecia en los planos, y que se trata de una exaltación del sanguinario dictador. Los cacereños, en nuestra identidad, no podemos ni debemos consentir (ya han sido muchos los años) que un supuesto monumento erigido a mayor gloria del dictador forme parte de nuestra identidad.

Del proyecto del Arquitecto municipal para construir la cruz

Recogíamos al comienzo de este artículo una breve alusión al cambio de denominación de una calle, calle de la Libertad, porque en opinión de los gestores municipales tenía un componente político. Pues claro, ¿qué si no?

Los mismos gestores que no habían sido elegidos por los ciudadanos, si no designados por los militares sublevados contra el orden constitucional, debían sus puestos al dictador, y a su credo obedecían.

Además, en poco más de un meses antes habían mostrado no solo su adhesión al golpe militar, sino que habían asistido impasibles el ademán al fusilamiento de Antonio Canales, alcalde al que habían usurpado sus puestos, habían hecho hijo adoptivo al criminal Rada, responsable del terror desatado en nuestra ciudad en las navidades de 1937, habían convertido a los vecinos en delatores de sus propios vecinos a cambio de dinero, abriendo una suscripción pública, lo que en sí mismo ya era un acto de delación…

En un ambiente de terror se desarrolló el proceso de construcción de la cruz. El cambio de denominación de la calle de la libertad formaba parte del borrado de identidad del alcalde Canales, porque los gestores sabían y conocían que en el número 2 de la calle, se encontraba su casa, de una planta baja, su puerta de color rojo inglés desvaído, con un lateral fijo y doble hoja, arriba y abajo, por la que se accedía a un patio, con su parra…

Algo erigido en aquel ambiente no puede ser considerado sino una imposición y nunca formar parte de la identidad cacereña.

Vale.

En estos días se está hablando y escribiendo mucho sobre una «invasión» de coches chinos en España, sobre todo como plataforma de acceso al mercado europeo y sortear en parte los aranceles y restricciones que desde la Comisión Europea se colocan frente a los fabricantes chinos.

De hecho, se publican informaciones sobre cómo es esa invasión: aprovechan huecos dejados por algún fabricante, o instalaciones dejadas de utilizar hace poco. Incluso, coinversiones con fabricantes actuales. Nombres como Nissan, Santana, Figueruelas, Stellantis, Vigo, Valladolid… son los que sobrevuelan lo que parece inminente.

Por eso, en estos días recordamos la impactante información colocada por la prensa local y regional de fechas como la presente, pero del año pasado, cuando de la mano de un lobby representado por un abogado polaco y de un gobierno regional (los mejores, siempre son los mejores cuando «ellos» gobiernan) nos quisieron vender la «amoto» de un fabricante chino que buscaba por nuestras latitudes un sitio para asentar una fábrica de coches chinos. Incluso vendieron la moto de qué modelo sería, de que sería muy barato…

Aquella inversión de un país comunista en Extremadura no solo contaba con las bendiciones del gobierno regional, sino que el consejero más avezado en cuestiones tecnológicas, el consejero telefónico llegó a infiltrarse en el «our team» de la empresa china, posando ufano con directivos de la misma.

Ha pasado un año sin más noticias de aquellos maravillosos orientales que venían a motorizarnos. No se ha vuelto a saber nada de aquellos directivos chinos de la China comunista, ni de aquellos coches chinos pequeños, de aquellos cochinos, ni de motos ni tractores.

De aquellos chinos nunca más se supo.

Vale.

Mientras que los gobernantes de la ciudad entretienen a los vecinos con artificios globos que pretenden engañarlos, la realidad es que esos mismos gobernantes ocultan su desmemoria y su barbarie.

La barbarie es utilizar dinero público para pagar festejos en los que se maltratan y matan con saña animales a mayor gloria de quienes creen que una «tradición» bendice sus gustos. En los circos ya prácticamente no se utilizan animales para entretener a quienes pagan una entrada, con la diferencia es que en el circo el entretenimiento no termina con la muerte del animal en un baño de sangre.

A esa barbarie «de los toros» el Ayuntamiento destina sus buenos dineros, para mantener un espectáculo de tortura. ¡Ay si pudieran!

Esos mismos bárbaros que escudan sus aficiones bajo algo que llaman «tradición» son los que, casualidad, hacen un ejercicio consciente de mala memoria, y se visten con ropajes de civilizados para vender no se sabe qué cultura en no sé qué año.

Esa misma gente, hipócrita, es la que defiende que en el centro de la ciudad exista un «monumento» a mayor gloria de quienes en 1936 dieron un golpe de estado y sembraron de muerte y destrucción el país. Una cosa que se llama cruz de los caídos ¡una cruz! que sustituyó una fuente que se llamó fuente del lápiz. Un lápiz, un elemento tan sencillo, tan humilde, que simbolizaba la educación, la cultura. Ahora dicen esos sujetos que esa cruz ya no representa lo que representaba, un golpe de estado fascista, y que no les importaría afirmar, sin caérsele la cara de vergüenza, que una corrida de toros es una clase práctica de acupuntura.

Una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031 y que sigue gastando dinero público en espectáculos sangrientos y que mantiene un «monumento» honrando al sangriento golpe de estado de Paca (a) La Culona no merece el honor de representar nada en Europa, y cultural, menos.

Además, y esto va también al debe de más gente de la misma ciudad, más hipócritas, que no puso objeción, obstáculo alguno cuando una propietaria terrateniente y mucho terrateniente promovió la conversión de una finca y su cortijo en un hotel de 5 estrellas. Una finca y su cortijo que durante los años del terror que siguieron al golpe de estado fascista fue utilizado como campo de prisioneros. Prisioneros rojos, por supuesto. ¿Alguien se imagina que Auschwitz o Dachau se convirtieran en hoteles de lujo?

Eso sucedió en la misma ciudad en la que se pretende mantener un monumento honrando el golpe de estado, en contra de la legislación de Memoria Histórica y Democrática.

Eso sucedió en la misma ciudad que gasta dinero público en espectáculos de tortura y sangre en los que se asesina a los animales.

Eso sucedió en la misma ciudad que permitió y concedió licencia de obras para que un campo de prisioneros de la barbarie franquista se convirtiera en hotel de lujo.

Vale.

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El pacto, vergonzoso, que el Partido Popular ha firmado con Vox en Extremadura nos ha traído la llegada del fascismo a la región. Ha llegado el fascismo esperemos que no sea para quedarse. Y María Guardiola y el PP se han arrojado jubilosos a sus zarpas.

Hoy, Extremadura, se ha convertido en una región sin más alegría que llevarse al espíritu que la de esperar y luchar para que el fascismo se vaya cuanto antes. Porque hoy el Partido Popular se ha abandonado en brazos del peor de los ismos de la historia.

A partir de hoy nos debemos dirigir a María Guardiola señalándola como lo que es, una fascista. ¿En qué momento los extremeños perdimos la dignidad y la vergüenza para llegar a ser gobernados por una jauría de analfabetos y fascistas?

Que haya firmado la defensa del mantenimiento de la llamada cruz de los caídos y que la quiera ensalzar como bien de interés cultural no es sino la muestra de su incultura y de su carácter dañino.

Seguramente muchos cacereños, incluida la inane Guardiola, desconozcan que para construir la cruz de los caídos hubo que demoler una fuente que se había construido tres o cuatro años antes, y que se denominaba la Fuente del Lápiz (no hay herramienta más iniciática para aprender que un lápiz), y que por la silueta que tenía la fuente también se la conocía como La Palmatoria, esa que servía para colocar las velas, las que daban luz en las casas de los más humildes

Seguramente muchos cacereños, incluida la inane Guardiola, desconozcan los epítetos laudatorios que se vertieron en el Ayuntamiento de Cáceres desde septiembre de 1937 y la inauguración de semejante mamotreto referidos a las heroicidades de los asesinos que jaleaban a Paca (a) La Culona, y las barbaridades que cometían aquellos asesinos con hombres y mujeres que no querían someterse a su yugo.

Baste señalar como muestra de los valores humanos a que se hicieron acreedores aquellos fascistas, a cuyo árbol genealógico pertenecen Guardiola y sus sicarios, que hasta tuvieron el cuajo de escribir, en papel oficial, con sellos y todo, y bajo el lema del año triunfal condenas a muerte como esta, sobre una mujer que vivía a escasos 150 metros de la Fuente del Lápiz:

Los herederos de los asesinos que firmaban estas sentencias son los mismos que se sentarán junto a Guardiola y son los mismos a los que Guardiola rendirá pleitesía y les dedicará arrumacos. Porque ya serán lo mismo: fascistas.

Vale.

Parecía que sobre el CFOT Nº 1, de Cáceres se había extendido un manto de tranquilidad y de seguridad. Un tiempo de bonanza que ya parecía intocable. Pero un sobresalto parece acechar.

Ahora se tramita un permiso de investigación minera que vistos los trámites seguidos va en la buena dirección (para los promotores) y que se aprobará en breve, si no se remedia.

El Permiso de Investigación “El Trasquilón”, que no está en El Trasquilón, sino en Matamoros, se encuentra en una fase avanzada, incluso los promotores ya se han reunido con propietarios de algunas fincas (la Arropecilla, por ejemplo) para señalar los puntos en los que se harán calicatas y sondeos, una especie de acta de replanteo.

Los promotores, inicialmente Grabat, se encuentran, no sé si ya han terminado, en una cruenta guerra judicial con acusaciones cruzadas de estafas y otras maniobras procesales en la oscuridad, muy propia del sector de la pira…, digo de la minería. Actualmente figura como promotor una empresa denominada OMEGA REAL ESTATE, S.L., con un administrador único proveniente de los escombros de GRABAT.

Como es normal (la tramitación de la mina de Valdeflores), los incumplimientos, el abordaje pirata de las leyes, y sobre todo los olvidos vuelven a estar presentes en la solicitud y tramitación del Permiso de Investigación.

No me refiero a las maniobras de los promotores (allá las administraciones si se las consienten), sino a ese pasar por encima, o de puntillas sobre algunos aspectos.

En concreto, me refiero a una clara violación de las normas urbanísticas, que para algo están, para algo más que regular los apartamentos turísticos. La Junta de Extremadura remitió la documentación del Permiso de Investigación al Ayuntamiento de Cáceres, que en su respuesta pasó de puntillas sobre el P.G.M. El Ayuntamiento se refirió, en el informe urbanístico que incluyó en su respuesta a la Junta que parte importante de los terrenos, de las cuadrículas mineras objeto del Permiso están dentro de las Zonas de Seguridad Próxima y Lejana de la finca Alcor del Roble, donde está aposentado el CENTRO DE FORMACIÓN DE TROPA Nº 1. Esta particularidad, la denominación de los terrenos como Zona de Reserva Militar, además de incluirse destacadamente en los planos del P.G.M.

Está claro que la Junta de Extremadura desconoce el Plano nº 2 del Plan General Municipal de Cáceres, y la correspondiente memoria en la que se explica qué es el suelo de “Reserva Militar” y las normas por las que se rige.

Así, una vez que el Permiso de Investigación sea firme, y los promotores obtengan buenos resultados, el paso siguiente, el paso siguiente será la apertura de una mina, a cielo abierto o subterránea, da igual. Con todos los efectos negativos que ello conlleva… y el CEFOT Nº 1 , de Cáceres, a hacer las maletas y a aposentarse en aquel lugar donde sea bien acogido y no se tomen acuerdos por administraciones que le perjudiquen.

Es verdad que si el Ayuntamiento de Cáceres hubiera estado más atento, o si, como se dice ahora, hubiera sido proactivo con los intereses del CEFOT 1, que son muchos, o simplemente hubiera sido cortés, podría haber dado traslado del Permiso de Investigación a Defensa, o al menos hubiera puesto en su conocimiento el asunto, y no estaríamos en un punto en el que la Junta de Extremadura puede haber adoptado una decisión (aprobando el permiso) cuya solución solamente podría ser judicial.

Pero el minuto y resultado ahora es el que es, y entre que la Junta de Extremadura no sabe, y el Ayuntamiento al que se le ha olvidado, parece que de prosperar la minería, el CEFOT Nº 1 se encontrará compuesto y sin finca.

Vale.

La designación de Rada como hijo adoptivo de la ciudad de Cáceres más se parece a un capricho de la comisión gestora municipal, y en concreto de quien ejercía de alcalde, Narciso Peral. Actualmente, la concesión de este tipo de distintivos se realiza con un procedimiento reglado, con la apertura de un expediente informativo, en el que se recogen los méritos de la persona o institución que vaya a ser distinguida.

La concesión del título de honor como, por ejemplo, ser acreedor a la medalla de la ciudad, o ser acreedor al título de hijo adoptivo o hijo predilecto, solía tener la apariencia de un expediente sosegado en el que el proponente, ya fuera el acalde o el concejal de turno, hacía una glosa de los méritos que recaían en el distinguido, para después recogerse el parecer de los demás miembros de la corporación, que solían ser exegesis laudatorias, pero siempre guardando una distancia de cortesía que los propios textos administrativos, las actas redactadas por el secretario de turno, daban un hálito de pomposidad.

El acta ofrece dos elementos a considerar: es precipitada, de manera que no obedece a un procedimiento ordinario, y que esa precipitación puede considerarse como causa de nulidad.

En otras actas que premian a mandos militares, el relato del proponente (concejal o alcalde) responden a un relato argumentativo, más ordenado. En el acta de Rada, el relato es especialmente impulsivo, solamente tamizado por el redactor, por el “lenguaje forense” del secretario municipal.

El hecho, además, de que la “corporación municipal” solamente estuviera compuesta por los cinco miembros de la comisión gestora, reviste de falta de legitimidad la designación.

Concurren, pues, dos causas de nulidad del acta: la precipitación y la falta de legitimidad. Además, la propia precipitación excluye que no se cumpliera un trámite no obligatorio, pero sí preceptivo, de que se hubiera recabado, bien por el propio Rada o por la comisión gestora municipal, la anuencia de la autoridad militar superior a la del propio Rada.

Por los motivos reseñados, debería resolverse, previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, la anulación del acta y la consiguiente del nombramiento de Rada como hijo adoptivo.

Además, ya que la mayor parte de fusilados en as fechas de la navidad de 1937 fueron hombres y mujeres vecinos de la ciudad de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres deberá instar ante la Justicia Militar la anulación de las sentencias dictadas por un tribunal militar en consejos de guerra que, al amparo del artículo 5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El Ayuntamiento deberá arrogarse la representación, a petición de los familiares de quienes fueron represaliados en aquellas fechas concretas, suscribiendo un escrito, que, asumido por el pleno del municipio, se dirija a la justicia militar para hacer ejecutivo el artículo 5 de la ley de Memoria Democrática.

La intervención del ejército de tierra y de la guardia civil en las detenciones de aquellas fechas, fueron acompañadas por la actividad de delatores y chivatos, que, al mismo tiempo que la comisión gestora municipal “premiaba” con los honores de hijo adoptivo al sanguinario general Rada, esa misma gestora recaudaba fondos para retribuir las delaciones y señalamientos. Los fondos recaudados se entregaban a Rada, como autoridad militar, para su distribución entre los cómplices.

La implicación activa de la comisión gestora municipal en el desarrollo de los acontecimientos elimina cualquier atisbo de mantenerse al margen de los sucesos, y al ser los resultados de su participación la muerte de hombres y mujeres vecinos de la ciudad, elimina la legitimidad de dicha gestora, como ya hemos señalado con anterioridad, para otorgar honores y distinciones a los responsables directos, como el cruel general Rada, de dichas muertes.

Vale.

En las tres entradas anteriores he señalado cómo se produjo la designación del represor Rada y Peral como hijo adoptivo de Cáceres, en los mismos días en los que el golpe de estado franquista supuso un dolorosísimo castigo para muchos y muchas cacereños y cacereñas.

La excusa de un complot, denominación que se dio a las escaramuzas que, al parecer, lideraba Máximo Calvo fue el asidero que sirvió para que en las navidades de 1937 fueran pasados por las armas y arrojados a una fosa común del cementerio de la ciudad 237 hombres y mujeres.

El ayuntamiento lo regía una comisión gestora, compuesta por cinco individuos nombrados a dedo por los propios militares sublevados, los mismos que corrieron, en cuanto tuvieron ocasión, a rendir pleitesía al máximo exponente de la represión.

Esos cinco individuos, puestos ahí para simular un gobierno municipal, no tenían, obviamente, ninguna seña representativa de los vecinos de la ciudad, que entonces contaba con unos 29.000 habitantes. Ni que decir tiene que fueron elegidos por la mayor afinidad o docilidad para con los militares golpistas.

Además, el día 27 de diciembre fusilaron a Antonio Canales, que fue el último alcalde elegido democráticamente, en unas elecciones en las que ninguno de los miembros de la comisión gestora hubiera podido hacerle sombra.

Antonio Canales hizo entrega del Ayuntamiento a Manuel Plasencia, según consta en acta de 21 de julio de 1936, transcrita en otra acta municipal de 24 de julio. Es curiosa la manera de colaboración de las derechas, la CEDA, con los golpistas, porque según el acta de 21 de julio, la personación de autoridad militar en el Ayuntamiento se hace acompañado ya del que era concejal por la CEDA, Manuel Plasencia. Se produce la destitución de Canales, señalando este dos cuestiones: que era alcalde por elección democrática y que no tiene más remedio que ceder la alcaldía, que se hace por la fuerza.

Por otra parte, según se establecía en el bando militar, en los ayuntamientos debían establecerse comisiones gestoras, por supuesto a complacencia de los golpistas, pero que, sin embargo, carecían de directrices de competencias y capacidades jurídicas y administrativas, por lo que la inmensa mayoría asumían gestionar los ayuntamientos sin garantías de ningún tipo para los administrados.

Esto último, que parece una obviedad tal y como se sucedieron los hechos y tal y como se sucederían a continuación, no lo es, por cuanto los militares se reservaron, en el caso de Cáceres, algunos cargos importantes, gobernador civil, por ejemplo, y permitieron que sus correligionarios civiles (de la CEDA y similares) ejercieran las competencias municipales, pero estrechamente vigilados.

De hecho, la impunidad con la que actuaron en contra de los vecinos de la ciudad, palmariamente demostrada en los fusilamientos de las navidades de 1937, fue una muestra. Ninguno de los concejales/gestores abrió la boca ni siquiera para preguntar, y en las actas municipales no hay rastro de los fusilamientos.

Las comisiones gestoras acogieron a los concejales de derechas, sumisos, cuando no alborozados, con el golpe de estado. La comisión gestora de Cáceres estaba formada por quien detentaba la alcaldía robada con las armas y la fuerza de las armas y cuatro concejales de derechas que no sintieron ninguna duda en sumarse gozosos al golpe de estado.

Este gobierno (¿?) municipal fue el que adoptó el acuerdo de nombrar al criminal Rada como hijo adoptivo de la ciudad, sin tomar en consideración a los vecinos y vecinas pasados por las armas y arrojados a la fosa común abierta junto al muro del cementerio.

Un acuerdo que debe ser anulado por ser ilegal a todos los efectos, como demostraremos en la próxima entrada de esta serie.

Vale.