Cuando una empresa australiana, ahora denominada Infinity Lithium se asoció con una del grupo SACYR, Valoriza Minera, para poner en marcha estudios de investigación en la antigua mina de Valdeflores, en Cáceres (denominado por la compañía australiana Proyecto SanJosé), y dieron a conocer los primeros datos favorables a la existencia de una significativa veta de litio, la reacción de los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres fue dubitativa.

            Con el paso del tiempo, a medida que avanzaban las prospecciones de investigación, se fue conformando una corriente de opinión pública en la ciudad, contraria a que, finalmente, pueda activarse la mina y comenzarse la extracción del mineral.

            El “No a la mina” caló entre los dubitativos grupos municipales (PP, PSOE, Ciudadanos y CaceresTú –Podemos), de manera que solamente los ultraliberales de Ciudadanos parece que se muestran favorables a la explotación minera, aunque no den razones convincentes. Algo parecido a cómo los mismos concejales eran los únicos que apoyaban al PP en el parking de Primo de Rivera. Luego se supo que uno de los ediles de Rivera era vendedor de plazas de garaje…

            Ahora, parece que todos los grupos llevarán en su programa electoral el “No a la mina” y es muy probable que Ciudadanos no quiera quedarse solo.

            Hoy, en una entrevista en una gacetilla local, el Presidente de la Junta, Fernández Vara, no manifiesta su posición a favor o en contra, sino “a favor de la legalidad”. El PSOE local ya ha manifestado su posición contraria. Veremos.

            En todo este tiempo, se ha pretendido modificar el PGM para proteger los terrenos donde se encuentra el yacimiento de litio, se ha pretendido (y se ha dicho por el Partido Popular) que la explotación es incompatible con el plan urbanístico.

            En estas estaremos cuando llegue la campaña electoral de 2019. Todavía no estará resuelta, probablemente, la tramitación administrativa que determine si se concede el permiso de explotación o no y el “No a la mina” será una punta de lanza de los discursos.

            Todo ello, en vano.

            Me explico. Si como parece por lo que tiene publicado en su página web la empresa australiana (https://www.infinitylithium.com/project) sobre “San Jose Lithium Project” la veta de litio es lo suficientemente interesante desde el punto de vista económico, seguirá adelante diga lo que diga la corporación municipal que se forme después del último domingo de mayo de 2019.

            Si a la empresa minera le satisfacen los datos económicos para comenzar la extracción de un mineral que se ha vuelto muy atractivo por la demanda de baterías de litio que irá en aumento en el futuro, tendremos mina sí o sí.

            Las negativas administrativas que puedan resolver el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura se solventarán en los tribunales. La empresa minera recurrirá la concesión y seguramente gane.

            Hasta ahora no he visto en ninguna de las gacetillas locales de Extremadura ni en opiniones difundidas por responsables políticos cómo ganar en los tribunales si la minera recurre a ellos. En ese caso, habrá que olvidarse de las competencias que la Comunidad Autónoma tenga en el Estatuto, y habrá que olvidarse de las competencias municipales en el planeamiento urbanístico. Supongo que en la Corporación Municipal, con algunos licenciados en derecho, incluida la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, y en distintos cargos de la Junta de Extremadura, sabrán que en el ordenamiento jurídico español existe una prevalencia del derecho minero sobre otros. Buscar en internet entradas sobre esta prevalencia aclara dudas.

            Valdría más preocuparse por cómo establecer unos principios jurídicos sobre los que no pueda hacer ningún ejercicio de prevalencia la empresa minera. Es complicado, pero seguramente los haya.

            De acuerdo con la legislación de los derechos mineros en España y con una amplia jurisprudencia a favor de estos, el futuro de la Mina de Valdeflores (o de San José) dependerá de si su explotación resulta rentable. La economía manda.

            Vale.

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La reciente buena noticia (esperando que se confirme con hechos en el futuro) sobre el Palacio de Godoy, no evita que la realidad sobre muchos inmuebles cerrados por falta de uso en la ciudad de Cáceres siga siendo la misma.

En un breve paseo en la mañana de hoy, al llegar a la calle Toledo, que une las de Ronda del Carmen y Antonio Reyes Huertas, me he podido fijar que en un tramo tan corto se encuentran dos inmuebles con el mismo denominador común: los dos están cerrados por falta de uso.

En la calle Reyes Huertas, nº 9, está la antigua sede de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cerrada a cal y canto y cada vez más deteriorada. En esta serie de entregas sobre “Cáceres, cerrado por falta de uso”, en la primera me refería a este inmueble, allá por agosto de 2012 (https://cercadelasretamas.com/2012/08/12/caceres-cerrado-por-falta-de-uso/).

Con sus 2.027 m2 construidos, si ya hace seis años su apariencia exterior era lamentable, ahora es, obviamente, aún peor.

En 2013, la Junta de Extremadura (pomposamente llamada entonces “Gobierno de Extremadura”), gobernada por el Partido Popular, cedió el inmueble a la congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca, que tienen en la ciudad monumental una residencia para personas con discapacidad. Cesión gratuita, que, aún hoy sigue sin perfeccionarse, porque los cesionarios no han tomado posesión efectiva del inmueble. Para ello, y buscando un mejor aprovechamiento tanto del inmueble como del conjunto de la finca en la que se encuentra, se llevó a cabo una modificación del Plan General Municipal. El resultado de la modificación, ya aprobada y vigente, de 2015, era que se pasaba de una edificabilidad de 2.027 m2 construidos, sobre una parcela catastral de 2.515 m2, a 3.792 m2 construidos.

Para que la congregación religiosa cesionaria pueda hacer ocupación del inmueble, necesita dos tipos de obras constructivas: la rehabilitación del inmueble original, más la obra nueva de más de 1.350 m2/c. Por tanto, necesita una financiación considerable.

Desconozco cómo se encuentran en estos momentos las gestiones de los religiosos para reunir los fondos necesarios, pero una visión de la economía local, no da muchas esperanzas para que puedan alcanzarlos.

Sin embargo, desde el centro de la calle Toledo, mirando hacia la izquierda, se encuentra el mercado de abastos de Ronda del Carmen, en el que el Ayuntamiento de la ciudad (gobernado por el PP) invirtió 965.250 €, donados por el “gobierno de los mejores”, con la finalidad de reformar los puestos de los asentadores en planta baja, y en crear un espacio gastronómico en la planta alta.

Sin embargo, finalizadas las obras, sacada la licitación de los puestos gastronómicos de la planta alta, al día de hoy la planta entera sigue cerrada, porque el Ayuntamiento de la ciudad es incapaz de conseguir su adjudicación.

Se pretendía, al uso de otras ciudades, conseguir una estrecha unión entre los usos de mercado de abastos de la planta baja y una novedosa y moderna oferta gastronómica en la planta alta, al compás de lo que viene sucediendo en otras ciudades.

Pero no se pueden copiar los modelos sin antes conocer por qué en unos sitios funcionan. Y menos aún, cuando se pretendía que las dos áreas funcionaran separadas. El fracaso es total. El cartel con la inversión (el gasto) realizado ya no es visible, ya ha sido retirado, porque sólo servía para que cada persona que lo viera no pudiera por menos que decir que vaya incompetencia e incapacidad la de la alcaldesa y todo su equipo.

Desde el centro de la calle Toledo se ven, por un lado, un inmueble cuyos usuarios futuros, si lo consiguen, esperan que les lleguen los dineros necesarios para ponerlo en marcha. En el otro, un monumento a la incompetencia del Partido Popular de Cáceres.

Vale.

Domingo, 17 h. Cáceres. Plaza Marrón. Dos camareros de un restaurante cercano, de la zona de la Plaza de San Juan llevan unas bolsas de basuras y botellas para arrojar a los contenedores.

Terminan su tarea y uno de ellos enciende un cigarrillo. Yo llegaba en ese momento a pasar junto a los contenedores. Me paré. Observé el paisaje y me dispuse a tomar una fotografía con el móvil. Los dos camareros también se habían fijado en lo mismo que yo iba a atrapar con el objetivo del smartphone.

La cruz, arrumbada contra un contenedor de basura sin duda podría contar una historia. O un cuento. Una historia de alguien que ha perdido la fe, de alguien que ha muerto y sus herederos quieren tirar todo lo viejo de la casa para venderla. O un actor cansado de interpretar siempre el mismo papel de cansado penitente descalzo.

Los camareros, luego de encender el cigarrillo y un leve comentario de “alguien la ha dejado ahí”, se marcharon a su trabajo. Yo seguí mi camino con dos fotografías y con el ánimo de subirlas a twitter por si a alguien se le ocurría qué historia podría contar.

Cáceres es una ciudad de sotanas y cirios, de cruz y penitencia, de vecinos clasificados de toda la vida y los otros. ¿Qué sería el vecino que puso la cruz en la basura? ¿Sería un catovi, un penitente descreído? ¿Qué contarían, si lo hicieron, los camareros al volver al restaurante?

Pasada hora y media, caminé de nuevo, de regreso a casa, tras estar jugando y riendo con mi nieta, y volví a ver la cruz. Ya había luces casi de noche, o pronto en la noche, que diría un personaje de Tres tristes tigres. La cruz ya no estaba arrumbada contra un contenedor.

Probablemente alguien, al pasar, habría sentido el deber de colocarla enhiesta, o, simplemente, la había apartado para poder utilizar el contenedor de restos orgánicos y la había puesto sobre el contenedor de papel y cartón. ¿Para reciclar?

No sé si pudo ser retirada por alguien compadecido de la soledad del símbolo junto a los símbolos de la sobreabundancia que son muchas veces los contenedores de basuras.

Pero cuando volví a pasar la cruz estaba en pie, igual de desnuda que cuando la vi tirada, en una caída simbólica sin ningún nazareno que la sostuviera.

Y si nadie la retiró, ¿qué pensarían los trabajadores del servicio de recogida? ¿Lo mismo que los camareros, “alguien la habrá dejado ahí” con un leve encogimiento de hombros? ¿En qué camión la verterían, en el de residuos orgánicos o esperaron a la recogida de los contenedores azules? ¿La echarían entera al camión o la desmembraría para que ocupara menos? Dilemas teológicos que dejo para otros.

Pero en una ciudad vieja, tradicional, de sotanas y novenas, una cruz en la basura es todo un símbolo.

Vale.

Tras el resultado electoral del 2 de diciembre en Andalucía, han comenzado a surgir iniciativas para frenar a la ultraderecha, para parar a Vox. Esas iniciativas comenzaron en la propia Andalucía al día siguiente de las elecciones con manifestaciones masivas “en contra” de los resultados.

Es meridianamente cierto que la ultraderecha nunca se había ido, que estaba agazapada en la derecha (en el Partido Popular) y aún recuerdo, hace años, cómo se “elogiaba” que fuera el partido creado por exministros de Franco el que servía de dique, el que conseguía que ni Fuerza Nueva ni otros grupos ultramontanos llegaran a los parlamentos.

Eso ha cambiado, y lo mismo que los llamados populismos de izquierdas (Podemos y otros grupos) han fragmentado y en gran medida desmovilizado el voto más progresista, la llegada de Vox al Parlamento andaluz ha fragmentado el voto de la derecha (pero no lo ha desmovilizado), y el reto que se plantea no es convocar manifestaciones contra la llegada de la ultraderecha (más bien, su retorno), sino cómo conseguir, de modo efectivo, que ese retorno no siga aumentando.

Está claro, muy claro, que Pablo Casado, Alberto Rivera y Santiago Abascal han mamado de la misma teta franquista, y los tres tiran de la misma mama para que lo que antes se llamaba “franquismo sociológico” llene sus expectativas de voto.

Es preciso que, cuanto antes, los partidos de izquierda se tomen en serio su papel democrático, constitucional e ideológico: los partidos son los instrumentos que tenemos los ciudadanos para transformar la sociedad. A diferencia del Partido Popular, Ciudadanos, y ahora Vox, que para ellos sus partidos son sus instrumentos de perpetuación en el inconsciente colectivo.

Con el PSOE en el gobierno, Podemos y sus confluencias atornillando las ruedas al asfalto, IU deglutida, la mayor prioridad debería ser la movilización de los ciudadanos progresistas, para que, electoralmente, eso se traduzca en gobiernos de izquierdas en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Estamos asistiendo a un ataque frontal de la derecha utilizando la Constitución como arma (en el sentido bélico del término), la misma a la que Alianza Popular y todos los padres fundadores del Partido Popular, negaron su voto afirmativo, particularmente por el Título VIII, el estado de las autonomías, lo mismo que abandera ahora Santiago Abascal, su deseo de acabar con ellas.

Utilizan la Constitución contra el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez lanzando cada día ataques de pureza de sangre constitucional en el asunto de Cataluña. Y es aquí donde hay que pensar que Quim Torra y el PdeCat son derecha pura y dura y no olvidar que Artur Mas aplicó en Cataluña unos recortes más salvajes que los del propio Rajoy. Quim Torra, y Puigdemont, son supremacistas, y se sirven de una ERC que ha perdido cualquier seña política social, cegados por un imposible deseo de independencia.

A la derecha (y ultraderecha) española le viene muy bien que la derecha (y la ultraderecha supremacista) catalana le sirva de coartada (en el sentido policial del término) para repartir carnets de constitucionalismo cuando esa misma derecha no ha creído en ella.

No es una respuesta inteligente convocar manifestaciones antifascistas que lo que consiguen es la reafirmación de quienes son señalados. O, al menos, no es ni mucho menos el mejor método para parar a la derecha (y a la ultraderecha).

El mejor método es una mayor presencia política, una auténtica movilización política, la consecución de que los ciudadanos que no quieren involución (¿alguien se acuerda de esta palabra?) se incorporen a los partidos de izquierda, y que esos partidos (PSOE, Podemos y sus confluencias, IU…) se pongan de acuerdo en que solamente desde la ciudadanía, militante o simpatizante, pero activa, se conseguirá poner ese freno.

Conseguir que la abstención sea la menor posible, porque no hay que olvidar que la abstención siempre favorece a la derecha.

Vale.

El 18 de noviembre de 2018 ha tenido lugar en Cáceres (sí, esa ciudad extremeña entre Madrid y Lisboa, entre Salamanca y Sevilla) una manifestación multitudinaria para pedir, para exigir, un #TrenDignoYa, unos trenes y unas infraestructuras que nos unan con el Sur, con Sevilla, con el Norte, con Salamanca, con el Este, con Madrid y con el Oeste, con Lisboa.

Vale.

Hace ya tiempo, en una de las primeras entregas de la serie “Cáceres, cerrado por falta de uso” me refería al Bloque C, de la Calle Ródano, en la barriada de Aldea Moret (https://cercadelasretamas.com/2012/10/13/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-viii-rechace-imitaciones/) . Era el año 2012, con el gobierno municipal del Partido Popular desde 2011 y que ya se encontró con el bloque desalojado y tapiado. Ahora, 6 años después, parece que por la vía de los “presupuestos participativos” les puede llegar una solución: la Asociación de Vecinos de la zona plantea que sea demolido. No he podido ver si la Asociación plantea un uso alternativo al solar que resulte.

Parece muy interesante que los vecinos del barrio más abandonado de la ciudad prefieran la demolición de un inmueble que es un baldón para su dignidad. Porque los vecinos de Aldea Moret también tienen dignidad y prefieren olvidar lo que significó la corta historia de ese bloque de viviendas sociales.

Claro que la propuesta parece que cojea si no hay una alternativa viable para el solar que resulte. No corresponde a los vecinos plantear la alternativa, corresponde al propietario del solar resultante. Al Ayuntamiento.

También cabría plantearse si en vez de demolerlo, no podría rehabilitarse para otros usos distinto al de viviendas. Por ejemplo, para que se ubiquen allí las diversas asociaciones culturales que carecen de local, que son bastantes. O que el Ayuntamiento lo subaste para que se establezca en esa zona un Hotel, que amplíe la oferta de plazas turísticas ya que parece que la apuesta de futuro de la ciudad pasa por el turismo. (#ironíaON).

Los vecinos prefieren la demolición como un ejemplo de borrar las huellas de unos años turbios transcurridos entre las 36 viviendas y plazas de garaje del “maldito Bloque C”.

Pero volveríamos a lo mismo: ¿qué hacer con el solar resultante? De momento, habría que sanearlo muy bien, rellenar el hueco que dejen las plazas de garaje, igualar y apisonar bien el relleno, vallarlo a conciencia para que no se convierta en nido de nada… Y mientras tanto, en el Ayuntamiento, las iniciativas y las ideas para determinar su uso futuro volverían a ser nubes pasajeras.

Otro uso interesante que se podría dar al actual inmueble, sin demolerlo, sería vendérselo a cualquier empresa para que lo convierta en hospital privado en el que podrían recibir asistencia, por ejemplo, los funcionarios municipales que no quieren pertenecer a la Seguridad Social. No sería un mal uso.

Vale.

Tenía pensado escribir sobre cómo afrontar la gestión del actual Hospital Virgen de la Montaña, que quedará sin uso cuando se abra la primera fase del Nuevo Hospital de Cáceres, cuando leo que el Ministerio del Interior ofrecerá (futuro) a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres la vieja prisión. Y, claro, en un plazo similar (más o menos un año) nos encontraríamos con dos bocados demasiado grandes y poca chicha para echar el puchero.

En primer lugar, lo que parece que va a hacer el Ministerio del Interior es lo que tenía que haber hecho antes de incluir la cárcel vieja en su listado de inmuebles a enajenar: ofrecerlo a las administraciones local y regional. Y en el caso de que estas hubieran declinado hacerse cargo, entonces, ponerlo a la venta en subasta pública.

En el caso de la cárcel vieja, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que pueden cederse gratuitamente inmuebles siempre que la entidad (Ayuntamiento, gobierno regional…) garantice capacidad económica, presente un proyecto de uso y disponga de los medios económicos para llevarlo a cabo en un plazo corto, unos cinco años. El Ayuntamiento de Cáceres carece de las tres condiciones: ni tiene suficiencia económica, ni tiene proyecto ni tiene capacidad financiera.

Ya veremos cómo respira, si se da el caso, la Junta de Extremadura.

En el caso del Hospital Provincial, no hay cuestión porque pertenece al inventario de la Diputación.

Pero la suma de los dos inmuebles, la suma de los metros cuadrados de los dos inmuebles suponen un bocado demasiado grande. Más de 32.000 m2 que requieren, ante todo, dos cuestiones. La primera, la definición concreta de qué proyectos se pueden llevar a cabo, y la segunda, conocer los costes necesarios.

La cárcel vieja necesita, ya, gastos de mantenimiento y conservación antes de que el deterioro por abandono continúe. Sería el primer gasto, la primera partida a asumir. Lo mismo sucederá con el Hospital Provincial cuando el SES lo abandone y lo entregue a la Diputación. Será necesario destinar dinero para evitar deterioros.

Pero, y esto es lo más difícil, será preciso conocer qué proyectos se podrían realizar en ambos inmuebles. Porque la ciudad es la que es, su conformación social y demográfica es la que es, la capacidad de generar proyectos e ideas es más que limitada.

Un ejempo: hace años, un concejal de IU, creo recordar, dijo que el Hospital Provincial debería dedicarse a Museo de Bellas Artes. La pregunta es: ¿qué cantidad de obras de arte de todos los tiempos serían necesarias para un inmueble de 21.000 m2, teniendo además ya el Museo Provincial de Bellas Artes?

En ambos casos, y para hacer las cosas medianamente bien, habría que saber en el caso de la prisión provincial si Ayuntamiento o Junta se harían cargo del inmueble cumpliendo los requisitos de la Ley de Patrimonio de las AAPP, y en el caso del Hospital Provincial si la Diputación está dispuesta a darle uso en el menor tiempo posible para evitar su deterioro, con los costes que esto conlleva, que al final serían gastos inútiles.

En el supuesto de una respuesta afirmativa a lo anterior, para los dos inmuebles sería necesario preparar un Plan Director, con unos objetivos claros, con un tiempo de preparación inferior a un año. Un Plan Director que debería recoger las propuestas de uso que definieran los proyectos a realizar, el uso al que se destinarán los edificios y una evaluación inicial de costes.

Sin tener las ideas claras (al Ayuntamiento las tiene: no tiene un duro) no es posible determinar el uso futuro, sobre todo porque vaivenes en estos usos supondrían incrementos de costes.

Otro día, si me apetece, podría plantear en qué podrían consistir los planes directores de ambos inmuebles. Pero con pocas ganas.

Vale.

Cuando ya ha pasado una semana de la concentración, el 18 de noviembre, de extremeños en Madrid, y cuando de nuevo el maltrato de Renfe/Adif/Ministerio vuelven a ser noticia, se hace más patente que el comodín del público se ha agotado.

En el diario regional HOY de hoy mismo se incluye un reportaje con las opiniones de varios de los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, y una premisa: todo el futuro se fía a los Presupuestos Generales del Estado. Como si eso fuera una novedad.

Leyendo el reportaje, da la sensación de que no habría hecho falta, siquiera, de que el periodista hubiera contactado con los representantes de UGT, CCOO, PSOE, PP… para saber cuáles serían sus posiciones. Son de un estándar que echan para atrás.

¿Cómo fiar todo a lo que el gobierno central incluya, voluntariosamente, en unos PGE que de momento ni están ni se esperan porque el PP de Mariano Rajoy es incapaz de negociar, de dialogar y su adn solamente tiene el cromosoma de la imposición?

 

En el reportaje del diario HOY (http://www.hoy.es/extremadura/despues-20171124192935-nt.html) la posición más clara, más hipócrita y más falsa es la de García del Moral, del PP y ex miembro del “gobierno de los mejores” del muyayo Monago. Afirma que “lo que nos llega de Madrid” es que en los PGE habrá dinero para el tren a Extremadura. No, eso, a día de hoy, es una falsedad de sal gruesa. Lo que les dicen de Madrid es que hagan el paripé, que en los PGE pondrán lo que les parezca (el papel lo aguanta todo) pero que ya verán si de verdad invierten lo que es necesario. Y, además, el señor García del Moral usa el chantaje al PSOE para que se aprueben los PGE. Comportamiento mafioso de la escuela de Génova.

Para reivindicar el tren en Extremadura no será necesario cortar el tráfico ferroviario, porque ya se corta solo. Para reivindicar el tren en Extremadura no será necesario recurrir al comodín del público: será necesario que sea “el público”, que seamos los ciudadanos los que tomemos la iniciativa.

Me gustaría conocer los datos de cuántas reclamaciones se presentan diariamente en las ventanillas de Renfe, en su página web, por usuarios del tren en Extremadura. Y, también, cuántas son atendidas, cuántas son resueltas a satisfacción de los usuarios. Porque nos podemos llevar la sorpresa de que no todos, ni siquiera un porcentaje significativo de los viajeros afectados presentan reclamaciones.

También me gustaría que la Administración regional, en el ejercicio de sus competencias, inspeccionara la calidad de los servicios que presta Renfe. Porque la Junta de Extremadura tiene competencias en materia de usuarios y consumidores. Y que esas inspecciones derivaran en sanciones. No es lo mismo que una manifestación corte una estación y paralice (aún más) el tráfico ferroviario que si un tren es inmovilizado por incumplimientos de Renfe en materia de usuarios y consumidores. La acumulación de sanciones leves, menos graves y graves pueden dar lugar a ilícitos penales.

También me gustaría que la Junta de Extremadura, competente en aplicación de las normas de accesibilidad y en la protección a la discapacidad inspeccionara los trenes. Y si no cumplen las normas, inmovilizarlos. Y si Renfe insiste en incumplimientos en estas normas, aplicar el artículo 510 del Código Penal.

La concentración del 18N no ha servido más que para unas portadas, algún reportaje de tv y nada más. No ha servido para conseguir ningún compromiso ni, dada la indolencia proverbial “del pueblo extremeño”, una concienciación real que movilice a los ciudadanos.

Confiar en que el gobierno del PP dé un trato digno a Extremadura en los PGE y que luego quisiera cumplirlos, es ser demasiado ingenuos. Y los extremeños seguimos siéndolo. Del gobierno central poco se puede esperar, y de un partido como el PP, que siempre nos ha despreciado, menos aún.

El tren digno que nos merecemos (¿y si no nos lo mereciéramos?) solamente llegará cuando nos levantemos, nos pongamos en pie y exijamos.

Vale.

 

Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.

Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.

Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.

Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.

Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.

También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.

Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.

Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?

No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.

Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.

Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.

Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.

Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.

Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.

Vale.

La Plataforma del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha convocado una manifestación en Madrid el 18 de noviembre. Una manifestación que se pretende que sea una movilización masiva de extremeños, para lo que se ha dispuesto que salgan autobuses gratuitos desde muchas localidades de la región. Se pretende visualizar en la capital del Estado el hartazgo de los extremeños con un más que deficitario servicio ferroviario.

Lo que hacen los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, con la Junta de Extremadura y la Asamblea Regional, es trasladar sus obligaciones a los ciudadanos, de escudarse en los ciudadanos.

Porque, en esta tesitura, llegaremos al 18 de noviembre, con las fuerzas políticas, sindicales y patronales llevando a los ciudadanos a la capital del Estado como ariete para hacer que desde el Gobierno de la nación se atiendan las reivindicaciones justas de la región.

La pregunta, antes de que se produzca la manifestación y la movilización en Madrid, es ¿qué hacer el día 19?

Porque la situación, le guste o no a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril, va a seguir siendo la misma. El 18 de noviembre no cambiará nada. Ni el 19. Los cambios solamente se producirán siempre que los representantes políticos extremeños, los que ejercen los poderes ejecutivos en la región (Junta y Asamblea), los diputados y senadores tengan la suficiente capacidad de influir en el Gobierno de la nación a la hora de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan todas las partidas necesarias, tanto para el desarrollo de las infraestructuras nuevas necesarias para la Alta Velocidad como, y esto es muy importante, para mejorar las infraestructuras actuales para mejorar los servicios de tren convencional.

Pero no se trata solo de incluir partidas presupuestarias en los PGE, sino de obligar al Gobierno central a ejecutarlas, que no pase como en la actualidad, que ADIF invierte lo que se le pone en los… railes.

Claro, que en este año de 2017, terminando ya, existe un problema añadido, nada halagüeño para que Extremadura (1.100.000 habitantes) consiga un buen trato presupuestario. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha podido aprobar aún en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque no cuenta con los apoyos. O lo que es lo mismo, el Gobierno está incumpliendo, a sabiendas, la Ley General presupuestaria: su obligación es presentar los PGE en el Congreso antes del 30 de septiembre. Luego será el Congreso el que los tramite, con las alianzas políticas que hubiera. O que, el propio Congreso, si es incapaz de llegar a acuerdos, declare la prórroga de los PGE de 2017.

A esa falta de proyecto para 2018, que tampoco lo habrá el 19 de noviembre, y que, cuando pudieran tramitarse (Montoro, el ministro que se parece al Sr. Burns, de Los Simpsons), va a hacerlo lastrados por la “situación catalana”, se cual sea, y que van a suponer un lastre económico (o lo que es lo mismo, más recortes), que para una región como Extremadura (tan extensa como poco poblada) van a ser nuevo mazazo.

Así, aunque el 18 de noviembre de 2017 se consiga una gran movilización en Madrid, el 19 de noviembre volveremos a la situación actual: inacción política, inacción sindical y cuestiones sin resolver

Entre las cuestiones sin resolver:

1.- Trazado de la “Alta Velocidad” hasta Badajoz, sobre el que se quiere implementar su paso por Toledo capital, algo no previsto y que alargará en el tiempo la conclusión completa.

2.- Saber, de modo inequívoco, si los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, apuestan por la recuperación del Tren Ruta de la Plata, en concreto, con la recuperación del trazado Plasencia – Astorga. El 29 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de Izquierda Unidad, aprobó una iniciativa para exigir al Gobierno la reapertura de la línea Ruta de la Plata. A día de hoy, la Junta de Extremadura mantiene un convenio con ADIF para levantar las vías del tramo Plasencia – Límite provincia de Salamanca, aportando dinero público extremeño a esa finalidad.

3.- Conocer que acciones concretas se plantean, con suficientes estudios y análisis, para que el tren convencional en Extremadura deje de ser una especie de laboratorio en el que Renfe ensaya todo tipo de maltrato a los usuarios.

4.- Conocer hasta qué punto la Junta de Extremadura, competente según el Estatuto de Autonomía, en materia de usuarios y consumidores y en materia de protección de la discapacidad, está en disposición de ejercer esas competencias para inspeccionar y, en su caso, sancionar a Renfe por todo tipo de incumplimientos (y no solo en retrasos horarios). La Junta de Extremadura debe, de una vez por todas, abandonar la dejación de obligaciones en estas materias.

Cuando el 19 de noviembre pase, cuando los dos periódicos de tirada regional saquen en sus portadas fotos de la movilización del 18, seguiremos igual, porque los mismos que llevan a los ciudadanos a la manifestación (partidos, sindicatos, patronal…) volverán a sus despachos, satisfechos por el trabajo que le harán los ciudadanos, cuando si ellos hicieran el suyo, no harían falta las movilizaciones.

Vale.