Cuando la Junta de Extremadura ha anunciado la adjudicación a una empresa no extremeña del servicio de transporte sanitario (ambulancias) se ha montado un buen follón porque parece que se favorece a una empresa de fuera.
En un concurso público, lo primero que hay que ver son los pliegos de condiciones técnicas y las cláusulas administrativas. Si uno no está de acuerdo con esos pliegos, cuando se convoca el concurso, presenta alegaciones, el concurso se paraliza hasta resolver las alegaciones, y después continúa. En el concurso del transporte sanitario de Extremadura ¿se presentaron alegaciones a los pliegos por alguna empresa?
El concurso se resuelve con una adjudicación provisional y una adjudicación definitiva. En ambos casos, se pueden presentar incidentes administrativos, por la vía de los recursos previstos en la Legislación de Contratos, o judiciales, acudiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Se han presentado recursos contra la adjudicación provisional y/o definitiva o se ha llevado la adjudicación a los juzgados de lo contencioso?
El asunto político está en que se ha adjudicado el concurso a “una empresa de fuera” en contra de empresas extremeñas. Si el concurso es legal ¿por qué habría de adjudicarse a una empresa extremeña? ¿Sería legal un concurso público que impidiera a empresas de fuera presentarse?
Una cosa es el asunto político. Y otra la cuestión empresarial.
Ignoro, y por eso lo pregunto, si se han producido alegaciones a los pliegos, si se ha llevado la adjudicación a la jurisdicción contencioso administrativa.
Sí he podido leer que el llamado Consorcio de Transporte sanitario de Extremadura está formado por siete empresas, que llevan adjudicándose el transporte durante treinta años. Siete empresas prestando el mismo servicio. Siete empresas con siete estructuras societarias (Consejeros, Gerentes, Directores Generales…) más la estructura societaria del propio Consorcio.
Estas estructuras societarias, de cargos directivos y ejecutivos en cada una de las empresas, más los del consorcio, suponen un importante coste económico. Unos reinos de taifas (cada empresa una taifa) dentro de un reino dominante (el consorcio).
¿No se han planteado nunca esas siete empresas cambiar la estructura del Consorcio y constituirse en una única empresa, con una única estructura societaria? Lo más seguro es que si durante treinta años les ha ido bien, ¿para qué cambiar? Si durante treinta años han ido cayendo los contratos uno a uno sin mayor competencia, ¿para qué cambiar?
Cuando se habla de la capacidad empresarial extremeña, este caso arroja una luz interesante: empresas pequeñas, minifundios empresariales, que hacen una joint venture (un consorcio) que reparte el negocio sin amenazas externas. ¿Nunca han pensado los directivos de las siete empresas del consorcio que uniendo fuerzas y estructuras podían conseguir ser una empresa potente y, por qué no, aspirar a expandirse como hace la empresa “de fuera” que ha logrado la adjudicación? ¿No aspiran a poder ser adjudicatarios de servicios en Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Portugal…?
Lo que se está produciendo en este caso, con declaraciones públicas de “perjudicados” tienen un tinte xenófobo que echa para atrás. Que esos directivos de las siete empresas del consorcio de transporte sanitario de Extremadura digan que están en peligro los puestos de trabajo de los empleados es una falacia, porque este tipo de concursos lo que hace es garantizar la subrogación por la nueva empresa de los empleados que tuviera la anterior concesionaria.
Lo único que está en juego es la estructura directiva del Consorcio y de cada una de las siete empresas de ambulancias que durante treinta años se han repartido el pastel, pero que nunca se han planteado ser una sola empresa, más fuerte y más competitiva.
Y una pregunta final: ¿por qué se escandalizan de que sea una empresa “de fuera” la ganadora del concurso cuando ninguna de las ambulancias que hay ahora han salido de ninguna fábrica de coches de Extremadura?
Vale.
En una coyuntura convulsa como la actual, en la que la crisis económica sigue golpeando a los más desfavorecidos, mientras que los detentadores del poder económicos y sus voceros de los gobiernos afirman, sin pudor, que ya ha terminado, en tierras como la extremeña no se ven atisbos de mejora.
Y es en una situación convulsa como la actual cuando se aprecia, con absoluta nitidez, la indefensión en la que está sumida Extremadura. Indefensión frente a los golpes económicos, sociales y políticos que llegan desde fuera. E indefensión ante la apatía política y social de los propios extremeños.
Un pueblo adormecido por años de marginación y opresión, llevadas a cabo con la fuerza del poder económico, han convertido al extremeño en un dócil habitante de la tierra que, de prestado, ocupa.
Cuando nos vanagloriamos de ser un tesoro natural, de tener un medio ambiente envidiable, olvidamos, por ejemplo, que en gran parte esa situación de “conservación” del medio natural se debe a la oligarquía ejercida por la nobleza feudal, que dispuso de enormes superficies de tierras por las que discurría un venero de caminos de distintos tamaños, que comunicaban las enormes propiedad. La Mesta y su dominio sobre bienes y haciendas, solamente dejaba pequeñas ganancias en los burgos por los que discurría cañadas, caminos y veredas que eran la red por la que se movían las cabezas de ganado de los señores, yeyés, marqueses y condes.
La Mesta y su pervivencia durante siglos, junto con los grandes conventos que disponían de sus latifundios inmensos, han sido una de las claves del subdesarrollo, de la pobreza secular de esta tierra. Ni siquiera ahora, en pleno siglo XXI podemos hacer de aquellas cicatrices de dominación una oportunidad de negocio. Las cañadas, caminos, veredas, y las enormes dehesas son ahora igualmente indisponibles para la sociedad. Lo que los siglos precedentes era dominación de la nobleza que impedía su utilización en beneficio de los súbditos, ahora está teñido de una capa de verde ecológico que impide que esos enormes recursos sean puestos al beneficio de todos.
La influencia de la Mesta sigue siendo crucial. Como lo es la imposición en estas tierras del poder económico. Cuando se construyó la Central Nuclear de Almaraz hubo tímidas protestas, que se acrecentaron contra la de Valdecaballeros, que finalmente se paralizó. Hoy en día, ese triunfo social sigue siendo objeto de venganza por el poder económico. La continuidad de la “vida de Almaraz” se va a decidir aunque ello ponga en riesgo la vida de miles de extremeños. El poder económico.
También el poder económico, que había apoyado sin vergüenza alguna, como hizo la Iglesia también, el golpe de estado de Franco recibió sus beneficios a costa de esta tierra. Mirar para otro lado cuando se hace público el dato de que 650.000 extremeños viven fuera de su tierra, es miopía de unos y cobardía de otros. La gran mayoría de esos extremeños fueron objeto de un genocidio económico por el franquismo, bajo la apariencia de un llamado Plan de Estabilización, de 1959, que no era otra cosa que poner los recursos, limitados, del país, al servicio de las burguesías vasca y, sobre todo, catalana. Y de esos recursos, lo único que podía aportar Extremadura era mano de obra barata, hombres y mujeres que, en sus mejores años de vida, fueron “emigrados” y que se convirtieron en mano de obra productora y reproductora.
Hoy nos encontramos con una tierra empobrecida a pesar de no ser pobre. Y con una población adormecida, anestesiada, cuyo único leit motiv vital parece quedar reducido a un “Virgencita, que me quede como estoy”.
Hoy, Extremadura está indefensa ante la potencia de los poderes económicos, dominantes en todas las escalas mundiales, y está indefensa ante una situación política nacional igualmente convulsa, en la que un presidente del gobierno está apoyado por un partido político que es más una banda organizada de ladrones y corruptos que otra cosa. Una situación política convulsa en la que los partidos políticos “emergentes” son incapaces de realizar un diagnóstico de la situación regional, porque están sometidos la vorágine interna de acaparar mínimas parcelas de poder insustancial. Una situación política en la que el partido que gobierna en la región forma parte de un partido que a nivel nacional elige a un inane ideológico sustentado por “ideólogos” que están de vuelta de casi todo y que tienen como único reclamo haber sido los muñidores de un olvidad, por inútil e ineficaz “Programa 2000”, con cuyos restos han armado un caparazón (que no un esqueleto) con el que revestir al rey desnudo. A la primera ráfaga de viento, el endeble caparazón volará y el rey Pedro quedará desnudo en su inanidad.
Y en todo esto, a todo esto, con una historia de sometimientos a nuestras espaldas, los extremeños seguimos indefensos.
Indefensos ante los poderes dominantes que nos atenazan, e indefensos, sobre todo, ante nuestra propia incapacidad de gobernarnos, de alzar la voz (o de hacer propio el himno de Portugal, “as armas, as armas”), de mostrarnos, aunque fuera por una sola vez, fuertes ante el poder y fuertes ante nosotros mismos.
Así, mientras el brazo adormecedor del poder (las televisiones, los medios) se dedican a hacer diatribas contra las migajas que caen en tierras empobrecidas, esconden los manás multimillonarios que caen sobre sus benéficas industrias. Baste recordar el caso del hijo de emigrantes extremeños, Jordi Évole, que monta un demagógico programa contra Extremadura y el PER pero que no se atreve (no tiene agallas) porque no le dejan dar a conocer los miles de millones que el franquismo, y posteriormente la democracia han enterrado en Martorell. Porque la burguesía catalana, que es la que le paga no se lo permite, y él, que es agradecido (servil), no va a morder la mano que le da de comer. Y muy bien, por cierto.
Hacer que “nuestros tesoros naturales” sean de verdad nuestros, que los tesoros artificiales (Almaraz, centrales hidroeléctricas) también sean nuestros, que ya está bien de explotación, que ya está bien de expolio, es, desgraciadamente, una utopía.
Cuando vemos que un ministro del gobierno más corrupto que pueda existir se cachondea de la región y nadie le pone en su sitio, estamos viendo la nula fuerza que tenemos ante el dominio exterior.
Cuando vemos que se pretende alargar la vida de la Central Nuclear de Almaraz a costa de poner en peligro nuestras vidas y no hacemos nada por impedirlo, estamos asumiendo nuestra derrota.
Cuando Extremadura no cuenta ni para los propios extremeños, estamos asumiendo nuestra derrota.
Vale
La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE es incuestionable. Los militantes han decidido. Pero que sea incuestionable no está exenta de análisis crítico.
Para empezar, las primarias han puesto en curso una nueva “forma de gobierno” del partido, con un claro matiz “presidencialista”. Si durante mucho tiempo se ha venido caricaturizando al PSOE eliminando la S de socialista y la O de obrero, ayer, 21 de mayo, el PSOE ha pasado a ser conocido como PS (Pedro Sánchez). Lo demás, sobra. La sobreactuación aduladora de seguidores, fieles, lacayos y vasallos, propios y advenedizos, han colocado al secretario general por encima del partido. Era de lo que se trataba.
A partir de ahora, le toca a PS gestionar la posición del partido en un amplio abanico de frentes abiertos. El primero, poco mediático, será la posición de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso sobre los PGE 2017. Quevedo concurrió a las elecciones generales del 26J bajo el paraguas del PSOE, en un convenio avalado y gestionado por el entonces Secretario General. Ahora, libre de ataduras, Quevedo negocia para “su” territorio dineros que el Partido Popular negará a otros territorios. ¿Avalará Pedro Sánchez la negociación de Quevedo? ¿Podrá impedir, en mor del acuerdo suscrito entre él mismo y Quevedo, que el voto de este apruebe unos PGE claramente antisociales? Personalmente, lo dudo. Aunque ahora Sánchez sea “el Partido”, no tendrá fuerza moral ante Quevedo. Y se producirá que un diputado de las listas del PSOE permitirá al PP la aprobación del PGE.
Durante los últimos días de campaña, Sánchez repetía, mitin tras mitin, que lo primero que haría como secretario general sería pedir la dimisión de Mariano Rajoy. La presentación de la moción de censura por Podemos, con la candidatura alternativa de Pablo Iglesias a la presidencia del Gobierno, borra cualquier petición de dimisión: la mejor y más eficaz dimisión de Rajoy vendría por una moción de censura que lo desalojara de la Moncloa.
Hoy, un día después de que Sánchez haya resultado elegido secretario general de sí mismo, Pablo Echenique, Secretario de Organización de Podemos ha afirmado que están dispuestos a retirar su censura a Rajoy si el PS presenta la suya. Claro, que ya desde el “equipo” del PS se está diciendo que ahora no es el momento, que están ya con lo de su Congreso.
Las opciones que tiene Sánchez pasan por la moción de censura. Suya propia o la de Podemos. Porque pedir la dimisión de Rajoy cuando está en marcha, ya presentada una moción de censura, es de una inconsistencia supina. ¡Qué mejor modo de sacar a Rajoy de la Moncloa que sacando adelante la censura! Por pedir, que no quede.
Pedro Sánchez, secretario general de sí mismo, está a merced de Pablo Iglesias: si no apoya la moción que ha presentado Podemos, le estará dejando todo el espacio de oposición. Cualquier moción de censura pasa por Podemos, pasa por quedar en manos de Pablo Iglesias.
La mayor victoria de las primarias no es el paripé o el mamoneo de ofrecer apoyos al nuevo secretario general. Cualquiera que conozca por dentro lo que era el PSOE, lo que ha sido en los últimos treinta y cinco años, sabe que las navajas están siempre, siempre, afiladas. Lo que ha sucedido ahora es que se han amplificado, se han visibilizado por su retransmisión por las redes sociales.
El lenguaje bélico, insultante, que vemos en las redes no son nada comparadas con la realidad. Convocar una asamblea para aprobar una lista para un congreso o para un ayuntamiento, aprobar la lista con un buen porcentaje de votos favorables (un 70%, por ejemplo), terminar la asamblea a las 11 de la noche y que a la mañana siguiente gente que no es del partido te diga: “pues anda, que anoche, a las tantas, estaban fulanito y menganito rajando bien de la lista que habiáis aprobado”.
Esto pasaba y esto pasa, retransmitido. Con una variable: el lenguaje bélico, soez, despreciativo.
En el PSOE han ido aumentando los militantes con carnet y han ido desapareciendo los socialistas. Y no se olvide, los militantes con carnet (los que buscan trabajo, aunque sea de Secretario General) no lo son, no son socialistas: son conversos. Y en tiempos de la Inquisición, los peores eran los conversos.
Vale.
En marzo de 2017 se colocaron en la Plaza Mayor de Cáceres las letras-imagen de la ciudad. Siete bloques de hormigón, diseñados por la arquitecta Elena Gil, ganadora del concurso convocado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Cáceres. El precio pagado por las siete letras fue de 16.000 euros.
Cuando se colocaron, ya se dijo por las autoridades que asistieron al magnífico evento que habría ocasiones en las que habría que retirarlas por casos de afluencia masiva de público a actos en la Plaza. No se hizo durante la celebración de San Jorge, patrón de la ciudad, ni durante la Semana Santa. No había peligro… aunque hubiera mucha gente.
La celebración del WOMAD sí fue un acontecimiento multitudinario que requería, por precaución, retirar las letras. ¿Qué precaución? Sin duda, aunque ninguna “autoridad” se atreverá a decirlo en voz alta, que los womeros, gente poco limpia, poco educada, podrían dañar las piezas.
Retiradas las letras para que no se dañaran durante el WOMAD, han sido devueltas a su ubicación… hechas un Cristo. ¿Cómo es posible? Si se retiraron, precisamente, para evitar daños.
El conocimiento público del destrozo, amplificado por la difusión en las redes sociales de las fotografías, la reacción municipal, especialmente de la alcaldesa de la ciudad, ha sido acorde: histrionismo político.
La alcaldesa, Elena Nevado, señala directamente a los trabajadores de la brigada municipal de obras, y les pide explicaciones y exigirá responsabilidades hasta el final. ¿Qué responsabilidades?
El Consorcio de la Ciudad Monumental pagó por las letras los 16.000 euros por los que fue adjudicada. Y se colocaron en la Plaza. A partir de ahí, ¿de quién es la responsabilidad de mantenimiento y seguridad de las letras? De entrada, los autores del del diseño podrían (y es para animarles a que lo hagan) pedir indemnización por daños y perjuicios a la propiedad intelectual.
Ahora bien. ¿En qué inventario de bienes, si es que lo hay, se han incorporado las letras? ¿En qué condiciones legales se han incorporado al inventario? ¿Tiene el Consorcio un inventario de bienes propios o al tratarse de una entidad con la finalidad de conservación y promoción de la Ciudad Monumental los bienes se adscriben al Ayuntamiento?
Porque si la alcaldesa de la ciudad y presidenta del Consorcio pide responsabilidades, le corresponde a ella aclarar en qué ámbito de la administración recae la de custodio, conservación y mantenimiento de las letras, que han de tener la consideración de bienes de valor cultural y artístico. Seguramente, la máxima responsable sea… la propia alcaldesa, bien por su cargo como tal, bien como presidenta del Consorcio.
Cuando las letras se colocaron en la Plaza ya se sabía que podrían ser puntualmente retiradas. Al tratase de bienes que han de tener la consideración de bienes culturales, es obligación de los responsables establecer, por ejemplo, los protocolos a seguir para su retirada y devolución. ¿Alguien cree que en el Museo del Prado se le puede decir a cuatro trabajadores de mantenimiento que cojan el cuadro de Las Meninas y lo lleven al hotel Ritz, sin explicarles cómo han de hacer el traslado? Pues aquí parece que ha pasado.
A los trabajadores de la brigada de obras les dicen que retiren las letras y ellos las retiran. Nadie parece haberles dicho cómo y, lo que es más grave, nadie ha tenido la precaución de establecer los procedimientos. ¿Para qué?
¿No sabía la alcaldesa y presidenta del Consorcio que las letras, tras el concurso de ideas, son bienes con valor cultural que requieren mantenimiento y conservación y que están protegidas por la propiedad intelectual?
¿En qué inventario y en qué condiciones figuran los datos de las letras? Que se haga público.
¿Qué normas de mantenimiento y conservación se han establecido por los órganos de dirección responsables, Ayuntamiento y Consorcio? Que se hagan públicas.
¿Quién ordenó la retirada de las letras y el motivo de esa retirada? Que se haga pública la resolución correspondiente. O que se diga quién, con competencia de dirección, ordenó la retirada de las letras.
¿Qué instrucciones, y por qué cargo, político o técnico, se dieron a los trabajadores de la brigada de obras para proceder a la retirada de las letras? Que se hagan públicas las instrucciones y el nombre del responsable político o técnico.
Hacer recaer en los trabajadores el daño causado, (irreparable como dice la propia autora, ya que los parches se notarán siempre), como hace la alcaldesa, es un ejercicio de sobreactuación, de histrionismo político.
Que comience, la máxima autoridad municipal, por hacer creíbles las responsabilidades en cada ámbito de actuación.
Que el Consorcio de la Ciudad Monumental, formado también por Diputación Provincial y Junta de Extremadura, y a cuyo cargo se abonaron los 16.000 euros que costaron las letras, sean los que determinen qué responsabilidades han de exigirse, incluidas las que hubiere por no haberse previsto los mecanismos de mantenimiento y conservación.
Pero que dejen en paz a los trabajadores.
Vale.
Tras el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE (debate que no pude ver, obviamente, por razones de trabajo), y tras hacerme una composición de lugar atendiendo a lo que dicen los medios convencionales y los no tanto y las redes sociales, creo que parece claro que cada uno de los candidatos representó un modelo de partido distinto. Y lo siguen representando.
Un modelo claramente ortodoxo, unificador y unitario, representado por Patxi López. Un modelo de claro corte electoral (el partido como maquinaria electoral), representado por Susana Díaz y un modelo pudiéramos decir (para entendernos) “presidencialista”, el de Pedro Sánchez.
Así, mientras Patxi López se esfuerza en hacer entender que la primera tarea, ahora mismo, es la de recomponer las estructuras y los modos de gobernar el partido. Más adelante, como segunda prioridad, hacer del partido un instrumento para ganar al PP las elecciones. Pero, como plantea el propio López, la primera tarea es ardua, puede ser larga y no permite entrever cuándo podría decirse que el PSOE estaría en condiciones de disputar, de nuevo, el poder a la derecha.
Para Susana Díaz, las primarias supondrán, en caso de su triunfo, el punto de partida electoral, sin mayor necesidad de recomposición interna, ya que el mero hecho de celebrarse las primarias serán como el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura. Para la candidatura de Susana Díaz, ganar las primarias supondrá poner al partido ya, sin más, en la pista de salida electoral, como si nada hubiera ocurrido a lo largo de 2016 y 2017, especialmente entre el 1 de octubre de 2016 y el 21 de mayo de 2017.
El tercer modelo de partido lo representa Pedro Sánchez, que compareció el 1 de octubre para dimitir como Secretario General tras ser derrotado democráticamente, al perder la votación que planteó. Esta es la realidad del 1 de octubre. Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda de varios dirigentes de segundo nivel (orgánico e ideológico), y con algunos medios especialmente interesados, consiguió convertirse primero en mártir y luego en Dios. Mártir, porque como él mismo ha reconocido en el debate, perder la votación del Comité Federal de 1 de octubre lo dejó en el paro, y, ahora, convertido en el dios de los suyos, pretende ganar la Secretaría General para dejar la cola del INEM.
Se está dando el caso de que los proyectos de Patxi López y Susana Díaz tienen en común el elemento de lo colectivo (el partido o el partido maquinaria electoral), el de Pedro Sánchez es la presentación de un modelo personalista, basado en sí mismo, en el carisma del “líder”, copiando modelos, estrategias (incluidas las hordas de seguidores o vasallos en las redes sociales) y marketing no de Podemos, sino de Pablo Iglesias. Las “apariciones” públicas de Sánchez copian, plano a plano, las de Iglesias. Pedro Sánchez es Pablo Iglesias sin coleta. Lo demás son lo mismo.
Los modelos políticos expresados por Patxi López y Susana Díaz responden a la ortodoxia del partido. El modelo presentado por Pedro Sánchez, redactado por Manu Escudero y José Félix Tezanos, a partir de recortes y desechos del Programa 2000 (un tremendo fracaso político e ideológico del partido), para hacerlos pasar por “nueva socialdemocracia”.
El líder único, Dios Sánchez, seguramente tendrá dificultades para debatir fundamentos ideológicos más allá de cuatro eslóganes, porque todavía está por saber cuál es el poso ideológico de Sánchez. El poso ideológico de Patxi López y Susana Diaz (sin muchas formulaciones teóricas) está marcado por sus experiencias de gobierno, de manera que los hechos llevados a los boletines oficiales son sus cartas de presentación.
El mayor fundamento ideológico que puede presentar Pedro Sánchez es el reconocimiento de que aprobar la reforma, con nocturnidad y alevosía, del artículo 135 de la Constitución fue un error. Claro que reconocerlo ahora demuestra que cuando tuvo ocasión de apretar el botón en el escaño no tenía algo tan importante en un referente ideológico y político: capacidad crítica.
Vale.
En junio de 2016 apareció una terraza de una tasca colocada en el Arco de la Estrella, puerta de entrada a la ciudad monumental de Cáceres, imagen de la ciudad que, dicen, es Patrimonio de la Humanidad.
Las explicaciones que dieron los miembros del equipo de gobierno municipal, del Partido Popular (auxiliado por los gorrillas), son un monumento a la incompetencia. Y de aquella incompetencia resulta que la terraza continúa colocada en tan emblemático lugar.
Resulta que primero dijeron que la ubicación era provisional, ya que el sitio en el que se encontraba ubicada tenía problemas de estabilidad. La provisionalidad va camino de un año. Un año de incompetentes, de inútiles.
Resulta que luego dijeron que iban a hacer un informe técnico y un proyecto para que el espacio, sobre un local al que se accede desde la Plaza Mayor, no produjera problemas de seguridad. Del informe técnico y del proyecto nunca más se supo. Y los incompetentes siguen cobrando todos los meses. La incompetencia va dando paso a la inutilidad. ¿De qué sirven una alcaldesa y unos cuantos concejales con dedicación exclusiva si no tienen ni puñetera idea de lo que pasa a la puerta del Ayuntamiento?
Resulta que luego esos sabios concejales tan incompetentes y tan bien pagados dijeron que además habría que hacer un informe jurídico puesto que no sabían quiénes eran los titulares del espacio donde se ubicaba la terraza, ni si correspondía al Ayuntamiento hacer las obras de consolidación. Y así casi un año de incompetencia.
Al día de hoy, la terraza ocupa un espacio inadmisible, sin saber si el espacio sobre el que el Ayuntamiento había concedido la licencia es municipal o no, a quien corresponde la consolidación. Sin saber nada de nada.
Lo que sí es cierto es que los concejales responsables de gobernar el municipio cobran todos los meses sus dedicaciones exclusivas, con la alcaldesa a la cabeza, y no, no son retribuciones provisionales.
Que el Ayuntamiento de Cáceres esté autorizando que una terraza de una tasca produzca un daño visual tan importante de la ciudad monumental, a 5 metros de la placa que recuerda tal honor, debería hacer intervenir a ICOMOS, el organismo de la UNESCO encargado de velar por el cumplimiento de los deberes que se adquieren al recibir el nombramiento.
Cáceres no se merece tamaña vergüenza, no se merece que unos concejales, incompetentes, pongan en riesgo el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad.
La falta de competencia de los concejales del Partido Popular solamente es equiparable a la indolencia de una ciudad, de unos súbditos que votan la incompetencia y la inutilidad porque se ven reflejados en ellos.
Vale.
Cuando llega el 1º de Mayo, aparecen estudios, informaciones, “radiografías”, de cómo está “el mundo del trabajo”. Críticas a los sindicatos de clase (por defecto, elogio a los sindicatos corporativos, amarillos), estudios sobre salarios medios (pocos estudios sobre medios salarios…).
En Extremadura sucede lo mismo. Un periódico informa que los sindicatos han perdido casi medio millón de afiliados y 56.000 delegados. El medio, del grupo Vocento, achaca esos datos a la crisis y a la corrupción. No es coña, los mismos elementos, crisis y corrupción, que hacen subir al Partido Popular y seguir ganando elecciones. Algo no funciona.
Y en Extremadura, funciona menos.
El otro periódico regional, del grupo catalán Zeta, hace una radiografía que, en primera página titula: “Las cotizaciones sociales caen cien millones pese a subir la afiliciación”. Eso, algo no funciona.
De entrada, no funciona una reforma laboral salvaje, digna de sociópatas y no de políticos electos. Bueno, en nuestro país, sí es digna, digna de la salvaje corrupción del Partido Popular, que debería ser ilegalizado por organización criminal.
En Extremadura gozamos de los salarios medios más bajos del país. Y si a eso añadimos los contratos por hora (si es que merecen el nombre de contratos) o por días, las bonificaciones a los empresarios (dadivoso el partido popular con sus votantes) no es extraño que las cotizaciones sociales (cuota obrera, cuota patronal) estén bajo mínimos. No es cierto que los trabajadores extremeños cobren los sueldos más bajos, la realidad, y así deberían ser los titulares de prensa (si hubiera de esto en la región), “los empresarios extremeños pagan los sueldos más bajos del país.
Algo no funciona. Y en Extremadura, menos.
Cada cierto tiempo, además, aparecen los datos mensuales de pensiones, que dicen ¡sorpresa! que las extremeñas son las más bajas del país. Algo obvio. Si los sueldos lo son, si las cuotas sociales lo son, la consecuencia “natural” es que las pensiones sean raquíticas.
Todo ello una consecuencia de una historia demográfica (la demografía es diacrónica, no sincrónica) cuyo episodio más dramático es el expolio que el franquismo, con el Plan de Estabilización de 1959, cometió con la población extremeña, llevando a la emigración a los más jóvenes, para cubrir los puestos de trabajo que las burguesías catalana y vasca (como hoy) reclamaban en pago a sus servicios al golpe de estado de Franco, y hoy reclaman con el chantaje de la separación. La misma burguesía.
Extremadura fue expoliada en su población, con la emigración de los más jóvenes, con la pérdida de la población joven, de la mano de obra productora y de la juventud reproductora. Por eso, hoy nuestra región está despoblada y envejecida, gracias a servir los intereses de las burguesías financieras.
En el 1º de mayo, en Extremadura no hay nada que celebrar. No se puede celebrar el trabajo, porque no hay. Y las perspectivas no son nada halagüeñas.
Además, los sucesivos gobiernos desde 1978 han ido disminuyendo progresivamente su interés por favorecer, siquiera un ápice, a la región, llegando a los últimos cinco años, en los que a la crisis económica se ha unido un partido, el Partido Popular, que yace sumiso a los pies de la economía en una coyunda pornográfica, robando, a manos llenas, sin vergüenza ni recato. Y de todo lo que roban, que es mucho, mucho es lo que roban a Extremadura. Y si Monago o cualquiera de sus compinches lee esto, que lo desmienta.
Hoy, Extremadura sigue sumida en la pobreza laboral y salarial, sin que nada podamos esperar de un Estado, el español, que nos abandona. Nos abandona a conciencia, a sangre y fuego.
Algo no funciona en Extremadura, y algo no funciona en las relaciones entre Extremadura y el resto del Estado. Hora es ya de decir basta. Por la ley o por los hechos. Pero ya.
No podemos seguir celebrando un vergonzante 1º de mayo perteneciendo a un Estado cruel, que ni siquiera tiene interés en que nuestras comunicaciones sean decentes, no ya digna, solo decentes.
No podemos.
Vale.
Venimos viendo desde hace un tiempo en los medios de comunicación regionales una aparente reivindicación sobre la necesidad de la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura. Aparente.
Quienes somos sufridores del inicuo servicio público que Renfe presta entre Cáceres y Sevilla, pensamos que esa apariencia de reivindicación tiene más que ver con un postureo social (“para que veáis lo que me interesan las cosas de Extremadura, reivindico el tren, aunque yo no lo use para nada ni tenga pensado usarlo”) que con una auténtica reivindicación.
Así, hemos visto como el ministro de Fomento visitó Extremadura, se reunió con la “plataforma” que reivindica un “tren digno”, largó su discurso preparado en un despacho de Madrid, se fue y listo.
En esa reunión estuvo presente el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien tras el discurso del ministro y conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado manifestó que “nos han engañado”.
Claro que os han engañado. Sobre todo si confían en la palabra de alguien que, seguramente, lo que hizo fue repasar durante el viaje Madrid-Garrovillas de Alconétar en coche oficial el discurso que algún asesor le había escrito.
Porque de lo que hablamos es de la competencia en materia de transporte ferroviario y de responsabilidad política en que esa competencia se ejerza.
La Junta de Extremadura no tiene competencias estatutarias en materia de ferrocarriles, pero sí tiene responsabilidades ante los súbditos extremeños para exigir el cumplimiento de obligaciones del Estado para con la región. También tienen esas responsabilidades los partidos políticos, todos, menos el Partido Popular, cuyo jefe debería estar fuera de política por sus devaneos canarios.
Hablamos de competencia y de responsabilidad. Cuando no se tiene la competencia sí cabe la responsabilidad. Y con el presidente de la Junta a la cabeza, todos los que dicen que se han sentido engañados por el ministro de Fomento tienen la responsabilidad de aclarar por qué, cuando hubo ocasión, cuando ministro engañó no le exigieron. ¿Por qué no son más avisados cuando el ministro discursea y se hacen los ofendidos cuando comprueban que el ministro les estaba engañando?
Un día sí y otro también tenemos conocimiento de incidencias de mayor o menor calado en los trenes que mal circulan por Extremadura. Incidencias que afectan a los derechos de usuarios y consumidores. ¿Por qué la Consejería competente, sí, competente, no actúa de oficio contra Renfe?
Un día sí y otro también tenemos conocimiento que usuarios con discapacidad, en el grado que sea, se ven afectados por el mal servicio que Renfe presta en Extremadura. ¿Por qué la Consejería competente en materia de discapacidad no actúa de oficio contra Renfe?
Las competencias ferroviarias no radican en la Comunidad Autónoma, pero la defensa de los súbditos extremeños, sí. La responsabilidad de los dirigentes autonómicos, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo está en defender los pocos, escasos, derechos que los súbditos extremeños tenemos. Si no la ejercen, están sobrando.
Si quienes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los servicios a usuarios y consumidores no la ejercen, ¿por qué siguen cobrando sueldos por algo que no cumplen?
Si quienes tienen la responsabilidad de hacer valer lo que dicen las tarjetas de discapacidad que llevan el nombre de Extremadura y están avaladas por informes profesionales de la Comunidad, no la ejercen, ¿qué valor dan al trabajo de médicos y otros profesionales de la propia región?
La competencia del desastre ferroviario en Extremadura es de Renfe, del Gobierno. La responsabilidad de consentir ese desastre es nuestra, empezando por la máxima ¿autoridad? regional, el Presidente de la Junta de Extremadura.
Vale.
El título de esta entrada es un agradecimiento al canal oficial en twitter de atención a los viajeros de Renfe, @inforenfe (el canal oficial de Renfe no puedo verlo porque me tienen bloqueado después de otra de sus fechorías).
El sábado, 15 de abril, teníamos mi esposa y yo que volver a Cáceres desde Sevilla y pregunté a @inforenfe que si estaba previsto que el tren circularía o si pasaría como el 11 de abril, cuando ni siquiera pudo salir de la estación de Cáceres.
La respuesta que dieron pertenecería a la antología del disparate si no fuera porque lo hace un canal oficial de una empresa pública y porque llueve sobre mojado: “hola, el tren que haces referencia, tiene previsto circular. La avería del día 11 de abril no estaba prevista. Un saludo”.
Uno, que aprendió a leer entre líneas en los últimos años de Franco (que no del franquismo, que continúa en plena forma) a periodistas que tenían, también, que escribir entre líneas, no puede menos que sorprenderse. Aparte de una mala redacción, el que desde la empresa responsable del servicio ferroviario en España se diga que “la avería del día 11 de abril no estaba prevista”, no hace sino llevar su redacción y su sentido a la realidad: que Renfe tiene previstas las averías.
El 11 de abril, tras subir los pasajeros al tren 18773, con destino a Sevilla, y salida a las 6:50 horas, tuvimos que ver (y no ver) cómo todo el sistema eléctrico del tren se apagaban, cómo dos o tres personas, se supone que de la empresa, recordaban a Luis Moya: “trata de arrancarlo, Carlos, por Dios, trata de arrancarlo”. Con la mitad del sistema de luces interiores del convoy apagadas, el tren, con retraso, emprendió la marcha, pero no llegó ni al puente que cruza las vías y da acceso a Aldea Moret. Marcha atrás, de nuevo a la estación y nuevos e infructuosos intentos de arrancarlos. A las 6 y cuarto de dice a los pasajeros que bajen y que irán viendo qué solución dan.
A alguna persona con necesidad de hacer transbordo en Mérida con destino a Alcázar de San Juan, se le dispone un taxi hasta la capital autonómica. A los demás, una de dos: o autobús o devolución del dinero. No hay más ni están a por ello.
Hacemos saber al interventor del tren (al revisor, término más acorde con la antigualla del servicio que prestan) que mi esposa no puede viajar en autobús, y nos dice que entonces la única solución es devolvernos el dinero. Cuando le decimos que tenemos hotel reservado en Sevilla, al revisor, capataz a la antigua usanza de los privilegios de sus amos, le da igual. Con él no va el asunto. Es más, llega a decirle a mi esposa que si no puede viajar en autobús, que no viaje. Un dechado de empatía el fulano. Más o menos dice que si no puede viajar que no tiene derecho a hacerlo. Estará orgulloso.
En taquillas lo mismo. Hacemos saber la imposibilidad de que mi esposa viaje en autobús, llaman (eso nos dijo otro empleado del mes de Renfe, custodio de los privilegios de estar detrás de una ventanilla blindada) a “Madrid” y no dan solución alguna. Lo de perder la reserva de hotel les trae sin cuidado. Si mi esposa no puede viajar, que no viaje. Malnacidos esclavos de una empresa que debería estar liquidada, y ellos en el paro, sin derecho a prestación.
Presentamos una reclamación en ventanilla. Una reclamación que seguramente termine en la oficina de Gestión del Servicio Público de Santa Justa donde lo que menos hacen es servicio público y cuyas contestaciones a reclamaciones no llevan nunca el nombre del fulano/a que cobra seguramente un buen sueldo. Seguramente porque les da vergüenza que se sepa quiénes son. Al menos, como los delincuentes, podrían poner sus iniciales.
Vemos el autobús, que conocemos al conductor, que anima a mi esposa a subir al autobús. Un pasajero nos cede un asiento en el que ella podría ir algo menos incómoda. Y comienza un viaje que hasta Mérida y Almendralejo se hace por la A-66. Pasado Villafranca hay que entrar en Zafra y desde ahí, hasta Sevilla, con paradas en Llerena y Pedroso, por carreteras secundarias, llenas de curvas, y la A-66 a pocos kilómetros. Además de tener que utilizar un autobús, medio de transporte infinitamente más incómodo que el tren, y más para personas con dificultades físicas, la tortura de no utilizar una Autovía por la que los movimientos del vehículo, las curvas, los zigzags son mucho menores.
Una tortura que se acrecienta para personas con problemas de movilidad, como mi esposa, a quien utilizar el reducido aseo del autobús, con una escalera imposible. A eso Renfe no tiene respuesta. Porque a los “bien pagaos” directivos de la empresa pública les da igual. Son sociópatas.
Llegamos a Sevilla a las 13 horas menos un minuto. Esto es, una hora y media después del horario previsto. Y claro, dan 24 horas para reclamar. Después de someternos a una tortura que seguramente Torquemada tendría entre sus preferidas, no está el cuerpo pasar otro rato en las ventanillas de Santa Justa para reclamar el retraso.
Y todo ello, porque la avería no estaba prevista. Aconsejo, previo pago de la idea, por supuesto, y espero que Renfe acepte llegar a un acuerdo económico, que con la venta de los billetes adjunten el papelito que diga si está previsto que el tren tenga avería. Más que nada para que la tortura no coja a los usuarios desprevenidos.
Desgraciadamente, las averías en los trenes son cada vez más frecuentes, debidas, sin duda a que los directivos de la empresa pública (¿hay transparencia para conocer sus sueldos?) aplican con saña las instrucciones recortadoras de Montoro, del gobierno de Rajoy. Si les piden que recorten 10, ellos, sabios siervos de quien los nombra, aplican 20, para demostrar que saben, “mejor que nadie”, de Gestión del Servicio Público.
Solamente en esta política austericida está la explicación de que, cuando se produce un accidente ferroviario con muertos, la primera pregunta sea si el maquinista ha muerto. Si el maquinista ha muerto, los directivos de Renfe respiran tranquilos. Todavía no he leído en ninguna información sobre accidentes ferroviarios con víctimas, si el tren estaba en condiciones, si se había sometido a reparaciones, y, mucho menos, si el libro de incidencias y de revisiones está disponible. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el accidente del Metro de Valencia, el libro de revisiones del convoy siniestrado no aparecía.
Los usuarios de Renfe agradecemos, mucho, que nos informen, al vendernos los billetes, si están previstas o no averías. Saber que Renfe tiene averías previstas ayuda mucho. Ayuda mucho a saber qué clase de sociópatas dirigen la empresa.
La vuelta de Sevilla, el 15 de abril, no estuvo exente de anomalías. En nuestro caso, el billete estaba consignado al tren 18773. Cuando llegamos a Santa Justa, en los paneles aparecía que sería el MD 18779. Sin embargo, con la salida prevista a las 17:20 h, no fue hasta las 17:15 cuando pusieron la vía, la 10. Al llegar al andén, vimos que el tren no era el 79 que aparecía en los paneles, sino el 73, el averiado del 11 de abril. Mientras subíamos, ya en los vagones, buscando nuestros asientos… el tren se para y todo el sistema eléctrico también. ¿Volveríamos a las andadas? ¿Estaba prevista una nueva avería? Finamente, el tren arrancó. Me imagino que el jefe de estación de Santa Justa, que puso en los paneles el 18779, se vería obligado a cambiarlo porque no tiraba, por el 18773, que tiraba… pero poco.
El tren en marcha y busco agua en la máquina de a bordo. Pero no hay, “no disponible”. Se lo hago saber al interventor del tren, que nos dice que por lo menos hasta Mérida (a las 21 h) no sería posible bajar del tren a comprar agua. Al decirle que mi esposa necesita tomar algún medicamento, el interventor da muestras de su contrariedad. Llega el tren a la estación de Villanueva del Río y Minas, para, baja el revisor, y vuelve a escasos tres minutos con una botella de agua. Nos dice que es la que tenía el jefe de estación (no hay cantina) en su frigorífico. A él si le cabe perfectamente ser considerado interventor del tren, y debe sentirse orgulloso de su trabajo, facilitando, en lo que está en su mano, el viaje a los usuarios. Que conste. Y al jefe de estación que le facilitó el agua, también. Gestos como estos, son siempre de agradecer, pero que desgraciadamente no son ni habituales ni pueden tapar una desvergonzada gestión de un servicio público.
Que más adelante observáramos que el maquinista salía de su cabina y se dirigiera a la puerta del coche 1 para ajustarla, dándole un “golpecito” cariñoso con la pierna, no deja de ser un regalo humorístico sin duda obsequio de Renfe. Arreglar la puerta como se arreglaban los televisores en los años 60 no deja de ser un servicio público.
Vale.
La denominación Ruta de la Plata se asimila con la C.N. 630, transformada actualmente en la Autovía A-66, “Autovía de la Plata”. La CN 630, Gijón al Puerto de Sevilla, discurría, como la A-66 (esta con las variaciones propias de un trazado “más moderno”) siguiendo el eje de la Calzada Romana “Vía de la Plata”, que unía Mérida con Astorga, si bien la propia Emerita Augusta tenía calza de conexión hacia el Sur.
Hubo un tiempo en el que, además de la CN 630, la Ruta de la Plata contaba con ferrocarril. La conexión entre el Puerto de Gijón con el Puerto de Sevilla tenía su trazado ferroviario. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, el tramo ferroviario Plasencia-Astorga cercenó la conexión Norte-Sur sin pasar por Madrid. La justificación, la falta de rentabilidad económica. La realidad, que dejó de apostarse por un sistema de transporte, el ferroviario, en beneficio del transporte por carretera.
De aquel trazado ferroviario ya solamente queda un hilito, que ha tenido algún que otro susto de desaparición: la conexión entre Cáceres y Sevilla. Una conexión abandonada por el gobierno central y por la sociedad extremeña, por una sociedad que solamente mira a Madrid esperando que lleguen migajas y subvenciones.
Cuando desapareció el tramo Plasencia-Astorga de los mapas ferroviarios, ya comenzaban los estudios para la “alta velocidad”. Cuando la economía era la causa del cierre de un tramo ferroviario, la economía era la excusa para abrir las altas velocidades. El AVE Madrid-Sevilla, inaugurado en 1992 no se improvisó, llevó años de estudio.
Ahora, el gobierno central quiere invertir en convertir el antiguo trazado Plasencia-Astorga en una vía verde, aunque, tímidamente se intenta que se reabra al tráfico de trenes. Sin mucho éxito.
Mientras que los dirigentes políticos extremeños fíen todo su capital a conectar Badajoz con Madrid en alta velocidad, nublan su vista sin pensar en otros mejores planes.
Los 817 kilómetros entre Gijón y Sevilla por la antigua C.N. 630 serían la razón perfecta para reivindicar un eje Norte-Sur sin pasar por Madrid. Claro, que eso puede ser un sacrilegio. Que Extremadura tenga una conexión ferroviaria (pasajeros y mercancías) con el Norte no parece interesante. Seguramente por falta de información o por falta de ganas. Que Extremadura se conecte con el Sur (mercancías y pasajeros) tiene todavía menos explicación, si no fuera esta la falta de capacidad de la clase dirigente (política, económica, social, sindical).
Es evidente que los presupuestos del Estado se hacen en Madrid, y es en la capital donde se decide qué ingresos y qué inversiones llegan (si es que llegan) a la región. Por eso, hay que estar cerca en tiempo de la teta del Estado.
Es evidente que los programas de subvenciones se deciden en Madrid, y los emprendedores quieren que haya un tren de alta velocidad para llegar cuanto ante al reparto, a la caída de las migajas con las que el poder económico tapa sus verdaderos negocios.
Ahora mismo, la única conexión entre Cáceres y Sevilla, con menos de 300 kilómetros, la cubre un solo tren que tarda casi cinco horas. La conexión entre Gijón y Sevilla cuenta con una media de 5 trayectos diarios, combinando AVE y Larga Distancia, y una duración, incluyendo tiempo de espera en Madrid, que no pasa de las 9 horas y medias. Para una distancia en kms (Gijón-Madrid-Sevilla) que supera en casi cuatro veces la de Cáceres a Sevilla, el tiempo del viaje no llega al doble.
Cuando uno mira la web de Renfe y observa que los trayectos entre Gijón y Sevilla aparecen con previsiones de “tren completo” para una semana o dos de antelación, no deja sino de sentir la rabia de que quienes desde Extremadura reclaman un tren rápido para llegar rápidamente a la teta del Estado, no analizan los beneficios que la Ruta de la Plata encierra para esta región.
Vale.
