El relator

cercadelasretamas —  febrero 7, 2019 — Deja un comentario

Dice Alfonso Guerra que para la transición no necesitaron ningún relator. Y se queda más tranquilo que él mismo y que Rafael Guerra Bejarano. No, para la transición y para la Constitución no hizo falta un relator solo, hicieron falta siete, ni más ni menos. Y muchas reuniones secretas.

La figura del relator, que ahora algunos la vinculan a la ONU y sus organismos, no ha sido nunca la del mediador, ni siquiera ahora. Había (no sé si sigue existiendo) la figura del relator en las causas de los santos, del relator en el tribunal del santo oficio, del relator de la corona, enviado a regiones peninsulares o de las posesiones del imperio para informa al rey de la situación… La figura del relator ha ido evolucionando y, si acudimos a la Real Academia, tiene varias acepciones, ninguna de ellas sinónimo de mediador:

 

  1. adj. Que relata(‖ refiere un hecho). U. t. c. s.

  2. m. y f. Persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes

3º.-m. y f. En los tribunales superiores, letrado cuyo oficio es hacer relación de los asuntos o expedientes.

4º.- m. y f. Arg. Y Ur. En la radio, persona que tiene a su cargo la narración de un espectáculo, generalmente deportivo.

5º. m. desus. refrendario.

Es lo que dice la RAE y es lo que el Gobierno plantea para desatascar, por la vía del diálogo la cuestión catalana.

La misma RAE que limpia, fija y da esplendor, tiene también un Diccionario del Español Jurídico, en el que se puede online buscar el término relator, que, en los ámbitos en los que se ha planteado ahora, es lo más conveniente, saber que dice la Academia sobre este término.

Y, oh, sorpresa, buscar el vocablo “relator” nos devuelve lo siguiente:

1.- Relator –ra

2.- Secretario, ria relator ra, y

3.- Relator en las causas de los santos.

Por curiosidad he ido a ver cómo define el tercero de los conceptos.

Can.[Can. Derecho Canónico] Oficio eclesiástico instituido por la Constitución apostólica Divinium Perfectionis Magister (21-5-1983), que colabora con los postuladores en la elaboración de la positio de una causa de canonización.

Los relatores constituyen un colegio presidido por un relator general (Divinium Perfectionis Magister, II, 6) dependiente de la Congregación para las Causas de los Santos.

Pero lo que interesa es saber que dice el Diccionario del Español Jurídico, veamos cómo define “relator o relatora”. Y salta la sorpresa. En www.rae.es si pinchamos sobre “relator, ra” no nos facilita su definición, la cambia por la de “ponente”.

Y aquí sí, el lenguaje asentado por la RAE nos define que un ponente (es decir, el antiguo relator, relatoris) es:

1.- Proc.[Derecho Procesal] Miembro del órgano jurisdiccional al que se le encomienda, según el orden y el turno preestablecido, la elaboración de la moción o propuesta de resolución judicial para la deliberación.

“Por su parte, las recurridas se oponen al recurso porque consideran que no concurren los quebrantamientos de forma que se denuncian, ni respecto del cambio de ponente, ni respecto de la admisión de los medios de prueba” (STS, 3ª, 13-III-2015, rec. 1787/2013).

2.- Cons. [Derecho Constitucional] Parlamentario integrante de una ponencia encargado del estudio e informe de la iniciativa que aquella tiene por objeto.

Reglamento del Congreso de los Diputados, art. 113; Reglamento del Senado arts. 65 y 110.

Y sí, efectivamente, la transición y la elaboración de la Constitución de 1978 no requirió un relator (ponente, hablando con precisión actual), requirió de siete, los conocidos como siete padres.

Que el Gobierno de la Nación quiera y deba fomentar el diálogo, en este caso con Cataluña y su gobierno constitucional (aunque pudiera pesarle a muchos, independentistas incluidos, el actual Govern es plenamente constitucional), no debe obstaculizarse por traer a la figura del relator propuesta, cuyas funciones son las mismas que se definen en las diversas acepciones de la RAE y que, probablemente, venga de una mala traducción del concepto “rapporteur”, que se debe traducir por ponente. El término relator que se utiliza en Naciones Unidas tiene mucho que ver (en cuanto al concepto) con los relatores que los reyes de España enviaban tanto a regiones peninsulares como al “imperio en el que no se ponía el sol” para conocer la situación de los dominios. Otra cosa es cómo se utilizan los términos, pero ya se ve que en los Diccionarios de la RAE, no tienen las connotaciones de “mediador” que se le quiere dar. Y también en el derecho internacional, un relator no tiene nada que ver con un mediador.

Vale

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Ayer, a cuenta del relator para la mesa de partidos, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hizo una intervención que en 10 minutos contenía las gravísimas acusaciones de al Presidente del Gobierno de felonía, ilegitimidad y alta traición, entre las 19 lindezas que soltó. No dijo, en cambio, nada de llevar al Congreso de los Diputados la acusación de alta traición conforme al artículo 102 de la Constitución, a la que tanto ama pero a la que prostituye a diario.

Por otra parte, el presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, complementó la diatriba de Casado diciendo que no presenta una moción de censura porque no le suman los votos, sin haber siquiera contactado con otros grupos de la cámara sobre el particular.

Alberto Rivera y Pablo Casado, que manosean pornográficamente la palabra Constitución pero que dudo que la hayan leído, y si la han leído, no se han enterado de nada, no se atreven a impulsar la aplicación del artículo 102 a pesar de que sí pueden hacerlo porque sí le dan los votos para ese impulso (otra cosa serían los necesarios para la declaración de alta traición del Presidente del Gobierno y su cese inmediato, con exigencia de responsabilidades penales), y no se atreven a presentar la moción de censura porque seguramente no han contado bien los votos. La moción de censura se vota por llamamiento y en urna, y, por tanto, con voto secreto.

Para Alberto Rivera y su gemelo Pablo Casado, votar (eso que tanto reclaman que hagan los españoles cuanto antes) una moción de censura les supone un peligro. Si presentan una moción de censura por causas ideológicas, votarían a favor los suficientes diputados de partidos de derechas para hacerla triunfar:

134 del PP

32 de Ciudadanos

5 del PNV

8 del PdCAT

2 de UPN

1 de FAC

1 de CC

Suma 184, suficientes para ganar la moción.

Si Andy Casado y Lucas Rivera presentan la moción de censura por causa de la situación catalana y de la humillación del Presidente del Gobierno a las exigencias de los separatistas, votarían a favor

134 del PP

32 de Ciudadanos

2 de UPN

1 de FAC

1 de CC

1 de NC

Suma 171, casi suficientes para ganar la moción. Pero el miedo de los hermanos Dalton es que a esos 171 votos se le sumen (votación secreta, en urna) 4 votos del PdCAT y 1 del PNV, sin contar los diputados socialistas que claman vendetta contra Pedro Sánchez y que no son ni uno ni dos.

El vértigo les entra a los Soprano de la política española cuando han echado números y sí les puede salir su moción.

Una moción que sería la excusa perfecta para los separatistas catalanes y volver a la situación de la declaración de independencia, porque podrían justificarla ante la casi mitad de los catalanes que les apoyan.

Por eso, porque no se atreven a hacer en el Congreso lo que la Constitución les permite y, si la situación es tan grave como la dibujan, les obliga, es decir, aplicar el artículo 102 para hacer caer al Gobierno, o presentar la moción de censura con el riesgo de que saliera aprobada (Pedro Sánchez, con 84 diputados de su grupo parlamentario, la presentó y la ganó, y por lo que se ve, no aceptó el cargo con miedo).

Como los hermanos Dalton no se atreven a utilizar la Constitución (no creen en ella si no es para sacar ventaja), elevan sus soflamas, llaman a las revueltas callejeras, acusan al Presidente del Gobierno de alta traición, repitiendo esquemas ya conocidos, y esperando que, como no pueden, no saben y no se atreven a ganar con los votos, sean los tanques los que los lleven al Gobierno.

Y para desgracia (¿momentánea?) de Casado y de toda la mierda de prensa de Madrid (endeuda hasta las cejas), es que los tanques guardan silencio. De momento.

Vale

En realidad, no son cuatro, son ocho los años en blanco y negro para la ciudad de Cáceres, con un gobierno local del Partido Popular, encabezado por Elena Nevado, que a lo largo de estos ocho años no ha podido y no ha sabido crear ni un atisbo de ilusión en la ciudadanía.

Consiguió, en su primera legislatura (2011-2015) que la Junta de Extremadura (entonces pomposamente llamada Gobierno de Extremadura) le diera dinero para privatizar una calle, la de San Pedro de Alcántara, con el señuelo (falso, como todos los señuelos) de privatizarla, y se ha quedado en una calle privada para acceso a los garajes de varios edificios y con la catetada de que alguien de su equipo dijo que sería como la calle Larios, de Málaga. Catetada. Ahora solamente es una calle privada con terrazas de tres o cuatro tascas.

Consiguió en esa primera legislatura que Monago (la Junta de Extremadura) financiara la reforma del mercado de Ronda del Carmen, con el añadido de un espacio gastronómico que es incapaz, ella y todo el Partido Popular, de ponerlo en funcionamiento y al día de hoy está… tapiado.

Como consiguió el éxito con el mercado de Ronda del Carmen, en el programa electoral para las elecciones de 2015 prometió:

“Recuperación del  Mercado de la Dehesa de los Caballos como espacio cultural y de creación artística para el desarrollo y difusión de proyectos culturales.”

Tal cual. Con la particularidad que el citado mercado es más conocido como el de la Avenida de la Bondad. Cerrado a cal y canto, no ha sido capaz de endosárselo a nadie, ni de cumplir su promesa electoral. Y mientras el dinero público del mercado de Ronda del Carmen está tapiado, el edificio del mercado de la Bondad solamente sirve para que cuando pasa algún vecino diga que está para caerse, que eso es abandono, y, resignados, saben que gobernando la derecha no tendrá solución, porque a la derecha catovi/cateta no le interesan ni los barrios y mucho menos la cultura.

El mercado de La Bondad está abandonado y no hay perspectivas de darle uso, ni se preocupan siquiera cuando algún vecino tuvo que llamar a la concesionaria del agua para avisar de una fuga de agua considerable que llevaba varios días, o cuando los vecinos vieron que se sacaban elementos de las antiguas cámaras frigoríficas del mercado. O cuando algún vecino dice que ha habido alguien interesado pero que nada de nada.

El mercado de La Bondad es la muestra palpable de ocho años pasados en blanco y negro, del abandono que se somete a los barrios de trabajadores que no se tapan con un grafiti de encargo (en el sentido mercantil de la palabra encargo).

El mercado de La Bondad no se cae por… por los pelos. Ahí sigue, siendo una muestra de cómo una ciudad entera se olvida de que existe, se olvida de que una vez tuvo asentadores, un bar, una pescadería en la planta baja…

Habría que saber, aunque fuera redundante porque sabemos la respuesta, qué entienden el Partido Popular y Elena Nevado en particular por un “espacio cultural” y, más aún “creación artística”. No digamos ya de “proyectos culturales” si cuando se presentó el proyecto de hotel para el Palacio de Godoy, alguien del equipo de gobierno dijo que sería muy bueno para Cáceres y que en su entorno se establecería el Montmartre local, otra catetada como lo de la calle Larios o el mercado gastronómico.

En blanco y negro, el mercado de la Bondad debería ser la esquela que la ciudad de Cáceres publique el 26 de mayo, pasando al Partido Popular a mejor vida y recuperando, si queda algo, el resuello para afrontar el futuro.

Vale.

            Cuando una empresa australiana, ahora denominada Infinity Lithium se asoció con una del grupo SACYR, Valoriza Minera, para poner en marcha estudios de investigación en la antigua mina de Valdeflores, en Cáceres (denominado por la compañía australiana Proyecto SanJosé), y dieron a conocer los primeros datos favorables a la existencia de una significativa veta de litio, la reacción de los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres fue dubitativa.

            Con el paso del tiempo, a medida que avanzaban las prospecciones de investigación, se fue conformando una corriente de opinión pública en la ciudad, contraria a que, finalmente, pueda activarse la mina y comenzarse la extracción del mineral.

            El “No a la mina” caló entre los dubitativos grupos municipales (PP, PSOE, Ciudadanos y CaceresTú –Podemos), de manera que solamente los ultraliberales de Ciudadanos parece que se muestran favorables a la explotación minera, aunque no den razones convincentes. Algo parecido a cómo los mismos concejales eran los únicos que apoyaban al PP en el parking de Primo de Rivera. Luego se supo que uno de los ediles de Rivera era vendedor de plazas de garaje…

            Ahora, parece que todos los grupos llevarán en su programa electoral el “No a la mina” y es muy probable que Ciudadanos no quiera quedarse solo.

            Hoy, en una entrevista en una gacetilla local, el Presidente de la Junta, Fernández Vara, no manifiesta su posición a favor o en contra, sino “a favor de la legalidad”. El PSOE local ya ha manifestado su posición contraria. Veremos.

            En todo este tiempo, se ha pretendido modificar el PGM para proteger los terrenos donde se encuentra el yacimiento de litio, se ha pretendido (y se ha dicho por el Partido Popular) que la explotación es incompatible con el plan urbanístico.

            En estas estaremos cuando llegue la campaña electoral de 2019. Todavía no estará resuelta, probablemente, la tramitación administrativa que determine si se concede el permiso de explotación o no y el “No a la mina” será una punta de lanza de los discursos.

            Todo ello, en vano.

            Me explico. Si como parece por lo que tiene publicado en su página web la empresa australiana (https://www.infinitylithium.com/project) sobre “San Jose Lithium Project” la veta de litio es lo suficientemente interesante desde el punto de vista económico, seguirá adelante diga lo que diga la corporación municipal que se forme después del último domingo de mayo de 2019.

            Si a la empresa minera le satisfacen los datos económicos para comenzar la extracción de un mineral que se ha vuelto muy atractivo por la demanda de baterías de litio que irá en aumento en el futuro, tendremos mina sí o sí.

            Las negativas administrativas que puedan resolver el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura se solventarán en los tribunales. La empresa minera recurrirá la concesión y seguramente gane.

            Hasta ahora no he visto en ninguna de las gacetillas locales de Extremadura ni en opiniones difundidas por responsables políticos cómo ganar en los tribunales si la minera recurre a ellos. En ese caso, habrá que olvidarse de las competencias que la Comunidad Autónoma tenga en el Estatuto, y habrá que olvidarse de las competencias municipales en el planeamiento urbanístico. Supongo que en la Corporación Municipal, con algunos licenciados en derecho, incluida la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, y en distintos cargos de la Junta de Extremadura, sabrán que en el ordenamiento jurídico español existe una prevalencia del derecho minero sobre otros. Buscar en internet entradas sobre esta prevalencia aclara dudas.

            Valdría más preocuparse por cómo establecer unos principios jurídicos sobre los que no pueda hacer ningún ejercicio de prevalencia la empresa minera. Es complicado, pero seguramente los haya.

            De acuerdo con la legislación de los derechos mineros en España y con una amplia jurisprudencia a favor de estos, el futuro de la Mina de Valdeflores (o de San José) dependerá de si su explotación resulta rentable. La economía manda.

            Vale.

La reciente buena noticia (esperando que se confirme con hechos en el futuro) sobre el Palacio de Godoy, no evita que la realidad sobre muchos inmuebles cerrados por falta de uso en la ciudad de Cáceres siga siendo la misma.

En un breve paseo en la mañana de hoy, al llegar a la calle Toledo, que une las de Ronda del Carmen y Antonio Reyes Huertas, me he podido fijar que en un tramo tan corto se encuentran dos inmuebles con el mismo denominador común: los dos están cerrados por falta de uso.

En la calle Reyes Huertas, nº 9, está la antigua sede de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cerrada a cal y canto y cada vez más deteriorada. En esta serie de entregas sobre “Cáceres, cerrado por falta de uso”, en la primera me refería a este inmueble, allá por agosto de 2012 (https://cercadelasretamas.com/2012/08/12/caceres-cerrado-por-falta-de-uso/).

Con sus 2.027 m2 construidos, si ya hace seis años su apariencia exterior era lamentable, ahora es, obviamente, aún peor.

En 2013, la Junta de Extremadura (pomposamente llamada entonces “Gobierno de Extremadura”), gobernada por el Partido Popular, cedió el inmueble a la congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca, que tienen en la ciudad monumental una residencia para personas con discapacidad. Cesión gratuita, que, aún hoy sigue sin perfeccionarse, porque los cesionarios no han tomado posesión efectiva del inmueble. Para ello, y buscando un mejor aprovechamiento tanto del inmueble como del conjunto de la finca en la que se encuentra, se llevó a cabo una modificación del Plan General Municipal. El resultado de la modificación, ya aprobada y vigente, de 2015, era que se pasaba de una edificabilidad de 2.027 m2 construidos, sobre una parcela catastral de 2.515 m2, a 3.792 m2 construidos.

Para que la congregación religiosa cesionaria pueda hacer ocupación del inmueble, necesita dos tipos de obras constructivas: la rehabilitación del inmueble original, más la obra nueva de más de 1.350 m2/c. Por tanto, necesita una financiación considerable.

Desconozco cómo se encuentran en estos momentos las gestiones de los religiosos para reunir los fondos necesarios, pero una visión de la economía local, no da muchas esperanzas para que puedan alcanzarlos.

Sin embargo, desde el centro de la calle Toledo, mirando hacia la izquierda, se encuentra el mercado de abastos de Ronda del Carmen, en el que el Ayuntamiento de la ciudad (gobernado por el PP) invirtió 965.250 €, donados por el “gobierno de los mejores”, con la finalidad de reformar los puestos de los asentadores en planta baja, y en crear un espacio gastronómico en la planta alta.

Sin embargo, finalizadas las obras, sacada la licitación de los puestos gastronómicos de la planta alta, al día de hoy la planta entera sigue cerrada, porque el Ayuntamiento de la ciudad es incapaz de conseguir su adjudicación.

Se pretendía, al uso de otras ciudades, conseguir una estrecha unión entre los usos de mercado de abastos de la planta baja y una novedosa y moderna oferta gastronómica en la planta alta, al compás de lo que viene sucediendo en otras ciudades.

Pero no se pueden copiar los modelos sin antes conocer por qué en unos sitios funcionan. Y menos aún, cuando se pretendía que las dos áreas funcionaran separadas. El fracaso es total. El cartel con la inversión (el gasto) realizado ya no es visible, ya ha sido retirado, porque sólo servía para que cada persona que lo viera no pudiera por menos que decir que vaya incompetencia e incapacidad la de la alcaldesa y todo su equipo.

Desde el centro de la calle Toledo se ven, por un lado, un inmueble cuyos usuarios futuros, si lo consiguen, esperan que les lleguen los dineros necesarios para ponerlo en marcha. En el otro, un monumento a la incompetencia del Partido Popular de Cáceres.

Vale.

Domingo, 17 h. Cáceres. Plaza Marrón. Dos camareros de un restaurante cercano, de la zona de la Plaza de San Juan llevan unas bolsas de basuras y botellas para arrojar a los contenedores.

Terminan su tarea y uno de ellos enciende un cigarrillo. Yo llegaba en ese momento a pasar junto a los contenedores. Me paré. Observé el paisaje y me dispuse a tomar una fotografía con el móvil. Los dos camareros también se habían fijado en lo mismo que yo iba a atrapar con el objetivo del smartphone.

La cruz, arrumbada contra un contenedor de basura sin duda podría contar una historia. O un cuento. Una historia de alguien que ha perdido la fe, de alguien que ha muerto y sus herederos quieren tirar todo lo viejo de la casa para venderla. O un actor cansado de interpretar siempre el mismo papel de cansado penitente descalzo.

Los camareros, luego de encender el cigarrillo y un leve comentario de “alguien la ha dejado ahí”, se marcharon a su trabajo. Yo seguí mi camino con dos fotografías y con el ánimo de subirlas a twitter por si a alguien se le ocurría qué historia podría contar.

Cáceres es una ciudad de sotanas y cirios, de cruz y penitencia, de vecinos clasificados de toda la vida y los otros. ¿Qué sería el vecino que puso la cruz en la basura? ¿Sería un catovi, un penitente descreído? ¿Qué contarían, si lo hicieron, los camareros al volver al restaurante?

Pasada hora y media, caminé de nuevo, de regreso a casa, tras estar jugando y riendo con mi nieta, y volví a ver la cruz. Ya había luces casi de noche, o pronto en la noche, que diría un personaje de Tres tristes tigres. La cruz ya no estaba arrumbada contra un contenedor.

Probablemente alguien, al pasar, habría sentido el deber de colocarla enhiesta, o, simplemente, la había apartado para poder utilizar el contenedor de restos orgánicos y la había puesto sobre el contenedor de papel y cartón. ¿Para reciclar?

No sé si pudo ser retirada por alguien compadecido de la soledad del símbolo junto a los símbolos de la sobreabundancia que son muchas veces los contenedores de basuras.

Pero cuando volví a pasar la cruz estaba en pie, igual de desnuda que cuando la vi tirada, en una caída simbólica sin ningún nazareno que la sostuviera.

Y si nadie la retiró, ¿qué pensarían los trabajadores del servicio de recogida? ¿Lo mismo que los camareros, “alguien la habrá dejado ahí” con un leve encogimiento de hombros? ¿En qué camión la verterían, en el de residuos orgánicos o esperaron a la recogida de los contenedores azules? ¿La echarían entera al camión o la desmembraría para que ocupara menos? Dilemas teológicos que dejo para otros.

Pero en una ciudad vieja, tradicional, de sotanas y novenas, una cruz en la basura es todo un símbolo.

Vale.

Tras el resultado electoral del 2 de diciembre en Andalucía, han comenzado a surgir iniciativas para frenar a la ultraderecha, para parar a Vox. Esas iniciativas comenzaron en la propia Andalucía al día siguiente de las elecciones con manifestaciones masivas “en contra” de los resultados.

Es meridianamente cierto que la ultraderecha nunca se había ido, que estaba agazapada en la derecha (en el Partido Popular) y aún recuerdo, hace años, cómo se “elogiaba” que fuera el partido creado por exministros de Franco el que servía de dique, el que conseguía que ni Fuerza Nueva ni otros grupos ultramontanos llegaran a los parlamentos.

Eso ha cambiado, y lo mismo que los llamados populismos de izquierdas (Podemos y otros grupos) han fragmentado y en gran medida desmovilizado el voto más progresista, la llegada de Vox al Parlamento andaluz ha fragmentado el voto de la derecha (pero no lo ha desmovilizado), y el reto que se plantea no es convocar manifestaciones contra la llegada de la ultraderecha (más bien, su retorno), sino cómo conseguir, de modo efectivo, que ese retorno no siga aumentando.

Está claro, muy claro, que Pablo Casado, Alberto Rivera y Santiago Abascal han mamado de la misma teta franquista, y los tres tiran de la misma mama para que lo que antes se llamaba “franquismo sociológico” llene sus expectativas de voto.

Es preciso que, cuanto antes, los partidos de izquierda se tomen en serio su papel democrático, constitucional e ideológico: los partidos son los instrumentos que tenemos los ciudadanos para transformar la sociedad. A diferencia del Partido Popular, Ciudadanos, y ahora Vox, que para ellos sus partidos son sus instrumentos de perpetuación en el inconsciente colectivo.

Con el PSOE en el gobierno, Podemos y sus confluencias atornillando las ruedas al asfalto, IU deglutida, la mayor prioridad debería ser la movilización de los ciudadanos progresistas, para que, electoralmente, eso se traduzca en gobiernos de izquierdas en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Estamos asistiendo a un ataque frontal de la derecha utilizando la Constitución como arma (en el sentido bélico del término), la misma a la que Alianza Popular y todos los padres fundadores del Partido Popular, negaron su voto afirmativo, particularmente por el Título VIII, el estado de las autonomías, lo mismo que abandera ahora Santiago Abascal, su deseo de acabar con ellas.

Utilizan la Constitución contra el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez lanzando cada día ataques de pureza de sangre constitucional en el asunto de Cataluña. Y es aquí donde hay que pensar que Quim Torra y el PdeCat son derecha pura y dura y no olvidar que Artur Mas aplicó en Cataluña unos recortes más salvajes que los del propio Rajoy. Quim Torra, y Puigdemont, son supremacistas, y se sirven de una ERC que ha perdido cualquier seña política social, cegados por un imposible deseo de independencia.

A la derecha (y ultraderecha) española le viene muy bien que la derecha (y la ultraderecha supremacista) catalana le sirva de coartada (en el sentido policial del término) para repartir carnets de constitucionalismo cuando esa misma derecha no ha creído en ella.

No es una respuesta inteligente convocar manifestaciones antifascistas que lo que consiguen es la reafirmación de quienes son señalados. O, al menos, no es ni mucho menos el mejor método para parar a la derecha (y a la ultraderecha).

El mejor método es una mayor presencia política, una auténtica movilización política, la consecución de que los ciudadanos que no quieren involución (¿alguien se acuerda de esta palabra?) se incorporen a los partidos de izquierda, y que esos partidos (PSOE, Podemos y sus confluencias, IU…) se pongan de acuerdo en que solamente desde la ciudadanía, militante o simpatizante, pero activa, se conseguirá poner ese freno.

Conseguir que la abstención sea la menor posible, porque no hay que olvidar que la abstención siempre favorece a la derecha.

Vale.

El 18 de noviembre de 2018 ha tenido lugar en Cáceres (sí, esa ciudad extremeña entre Madrid y Lisboa, entre Salamanca y Sevilla) una manifestación multitudinaria para pedir, para exigir, un #TrenDignoYa, unos trenes y unas infraestructuras que nos unan con el Sur, con Sevilla, con el Norte, con Salamanca, con el Este, con Madrid y con el Oeste, con Lisboa.

Vale.

Hace ya tiempo, en una de las primeras entregas de la serie “Cáceres, cerrado por falta de uso” me refería al Bloque C, de la Calle Ródano, en la barriada de Aldea Moret (https://cercadelasretamas.com/2012/10/13/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-viii-rechace-imitaciones/) . Era el año 2012, con el gobierno municipal del Partido Popular desde 2011 y que ya se encontró con el bloque desalojado y tapiado. Ahora, 6 años después, parece que por la vía de los “presupuestos participativos” les puede llegar una solución: la Asociación de Vecinos de la zona plantea que sea demolido. No he podido ver si la Asociación plantea un uso alternativo al solar que resulte.

Parece muy interesante que los vecinos del barrio más abandonado de la ciudad prefieran la demolición de un inmueble que es un baldón para su dignidad. Porque los vecinos de Aldea Moret también tienen dignidad y prefieren olvidar lo que significó la corta historia de ese bloque de viviendas sociales.

Claro que la propuesta parece que cojea si no hay una alternativa viable para el solar que resulte. No corresponde a los vecinos plantear la alternativa, corresponde al propietario del solar resultante. Al Ayuntamiento.

También cabría plantearse si en vez de demolerlo, no podría rehabilitarse para otros usos distinto al de viviendas. Por ejemplo, para que se ubiquen allí las diversas asociaciones culturales que carecen de local, que son bastantes. O que el Ayuntamiento lo subaste para que se establezca en esa zona un Hotel, que amplíe la oferta de plazas turísticas ya que parece que la apuesta de futuro de la ciudad pasa por el turismo. (#ironíaON).

Los vecinos prefieren la demolición como un ejemplo de borrar las huellas de unos años turbios transcurridos entre las 36 viviendas y plazas de garaje del “maldito Bloque C”.

Pero volveríamos a lo mismo: ¿qué hacer con el solar resultante? De momento, habría que sanearlo muy bien, rellenar el hueco que dejen las plazas de garaje, igualar y apisonar bien el relleno, vallarlo a conciencia para que no se convierta en nido de nada… Y mientras tanto, en el Ayuntamiento, las iniciativas y las ideas para determinar su uso futuro volverían a ser nubes pasajeras.

Otro uso interesante que se podría dar al actual inmueble, sin demolerlo, sería vendérselo a cualquier empresa para que lo convierta en hospital privado en el que podrían recibir asistencia, por ejemplo, los funcionarios municipales que no quieren pertenecer a la Seguridad Social. No sería un mal uso.

Vale.

Tenía pensado escribir sobre cómo afrontar la gestión del actual Hospital Virgen de la Montaña, que quedará sin uso cuando se abra la primera fase del Nuevo Hospital de Cáceres, cuando leo que el Ministerio del Interior ofrecerá (futuro) a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres la vieja prisión. Y, claro, en un plazo similar (más o menos un año) nos encontraríamos con dos bocados demasiado grandes y poca chicha para echar el puchero.

En primer lugar, lo que parece que va a hacer el Ministerio del Interior es lo que tenía que haber hecho antes de incluir la cárcel vieja en su listado de inmuebles a enajenar: ofrecerlo a las administraciones local y regional. Y en el caso de que estas hubieran declinado hacerse cargo, entonces, ponerlo a la venta en subasta pública.

En el caso de la cárcel vieja, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que pueden cederse gratuitamente inmuebles siempre que la entidad (Ayuntamiento, gobierno regional…) garantice capacidad económica, presente un proyecto de uso y disponga de los medios económicos para llevarlo a cabo en un plazo corto, unos cinco años. El Ayuntamiento de Cáceres carece de las tres condiciones: ni tiene suficiencia económica, ni tiene proyecto ni tiene capacidad financiera.

Ya veremos cómo respira, si se da el caso, la Junta de Extremadura.

En el caso del Hospital Provincial, no hay cuestión porque pertenece al inventario de la Diputación.

Pero la suma de los dos inmuebles, la suma de los metros cuadrados de los dos inmuebles suponen un bocado demasiado grande. Más de 32.000 m2 que requieren, ante todo, dos cuestiones. La primera, la definición concreta de qué proyectos se pueden llevar a cabo, y la segunda, conocer los costes necesarios.

La cárcel vieja necesita, ya, gastos de mantenimiento y conservación antes de que el deterioro por abandono continúe. Sería el primer gasto, la primera partida a asumir. Lo mismo sucederá con el Hospital Provincial cuando el SES lo abandone y lo entregue a la Diputación. Será necesario destinar dinero para evitar deterioros.

Pero, y esto es lo más difícil, será preciso conocer qué proyectos se podrían realizar en ambos inmuebles. Porque la ciudad es la que es, su conformación social y demográfica es la que es, la capacidad de generar proyectos e ideas es más que limitada.

Un ejempo: hace años, un concejal de IU, creo recordar, dijo que el Hospital Provincial debería dedicarse a Museo de Bellas Artes. La pregunta es: ¿qué cantidad de obras de arte de todos los tiempos serían necesarias para un inmueble de 21.000 m2, teniendo además ya el Museo Provincial de Bellas Artes?

En ambos casos, y para hacer las cosas medianamente bien, habría que saber en el caso de la prisión provincial si Ayuntamiento o Junta se harían cargo del inmueble cumpliendo los requisitos de la Ley de Patrimonio de las AAPP, y en el caso del Hospital Provincial si la Diputación está dispuesta a darle uso en el menor tiempo posible para evitar su deterioro, con los costes que esto conlleva, que al final serían gastos inútiles.

En el supuesto de una respuesta afirmativa a lo anterior, para los dos inmuebles sería necesario preparar un Plan Director, con unos objetivos claros, con un tiempo de preparación inferior a un año. Un Plan Director que debería recoger las propuestas de uso que definieran los proyectos a realizar, el uso al que se destinarán los edificios y una evaluación inicial de costes.

Sin tener las ideas claras (al Ayuntamiento las tiene: no tiene un duro) no es posible determinar el uso futuro, sobre todo porque vaivenes en estos usos supondrían incrementos de costes.

Otro día, si me apetece, podría plantear en qué podrían consistir los planes directores de ambos inmuebles. Pero con pocas ganas.

Vale.