Tenía pensado escribir sobre cómo afrontar la gestión del actual Hospital Virgen de la Montaña, que quedará sin uso cuando se abra la primera fase del Nuevo Hospital de Cáceres, cuando leo que el Ministerio del Interior ofrecerá (futuro) a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres la vieja prisión. Y, claro, en un plazo similar (más o menos un año) nos encontraríamos con dos bocados demasiado grandes y poca chicha para echar el puchero.
En primer lugar, lo que parece que va a hacer el Ministerio del Interior es lo que tenía que haber hecho antes de incluir la cárcel vieja en su listado de inmuebles a enajenar: ofrecerlo a las administraciones local y regional. Y en el caso de que estas hubieran declinado hacerse cargo, entonces, ponerlo a la venta en subasta pública.
En el caso de la cárcel vieja, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que pueden cederse gratuitamente inmuebles siempre que la entidad (Ayuntamiento, gobierno regional…) garantice capacidad económica, presente un proyecto de uso y disponga de los medios económicos para llevarlo a cabo en un plazo corto, unos cinco años. El Ayuntamiento de Cáceres carece de las tres condiciones: ni tiene suficiencia económica, ni tiene proyecto ni tiene capacidad financiera.
Ya veremos cómo respira, si se da el caso, la Junta de Extremadura.
En el caso del Hospital Provincial, no hay cuestión porque pertenece al inventario de la Diputación.
Pero la suma de los dos inmuebles, la suma de los metros cuadrados de los dos inmuebles suponen un bocado demasiado grande. Más de 32.000 m2 que requieren, ante todo, dos cuestiones. La primera, la definición concreta de qué proyectos se pueden llevar a cabo, y la segunda, conocer los costes necesarios.
La cárcel vieja necesita, ya, gastos de mantenimiento y conservación antes de que el deterioro por abandono continúe. Sería el primer gasto, la primera partida a asumir. Lo mismo sucederá con el Hospital Provincial cuando el SES lo abandone y lo entregue a la Diputación. Será necesario destinar dinero para evitar deterioros.
Pero, y esto es lo más difícil, será preciso conocer qué proyectos se podrían realizar en ambos inmuebles. Porque la ciudad es la que es, su conformación social y demográfica es la que es, la capacidad de generar proyectos e ideas es más que limitada.
Un ejempo: hace años, un concejal de IU, creo recordar, dijo que el Hospital Provincial debería dedicarse a Museo de Bellas Artes. La pregunta es: ¿qué cantidad de obras de arte de todos los tiempos serían necesarias para un inmueble de 21.000 m2, teniendo además ya el Museo Provincial de Bellas Artes?
En ambos casos, y para hacer las cosas medianamente bien, habría que saber en el caso de la prisión provincial si Ayuntamiento o Junta se harían cargo del inmueble cumpliendo los requisitos de la Ley de Patrimonio de las AAPP, y en el caso del Hospital Provincial si la Diputación está dispuesta a darle uso en el menor tiempo posible para evitar su deterioro, con los costes que esto conlleva, que al final serían gastos inútiles.
En el supuesto de una respuesta afirmativa a lo anterior, para los dos inmuebles sería necesario preparar un Plan Director, con unos objetivos claros, con un tiempo de preparación inferior a un año. Un Plan Director que debería recoger las propuestas de uso que definieran los proyectos a realizar, el uso al que se destinarán los edificios y una evaluación inicial de costes.
Sin tener las ideas claras (al Ayuntamiento las tiene: no tiene un duro) no es posible determinar el uso futuro, sobre todo porque vaivenes en estos usos supondrían incrementos de costes.
Otro día, si me apetece, podría plantear en qué podrían consistir los planes directores de ambos inmuebles. Pero con pocas ganas.
Vale.
Cuando ya ha pasado una semana de la concentración, el 18 de noviembre, de extremeños en Madrid, y cuando de nuevo el maltrato de Renfe/Adif/Ministerio vuelven a ser noticia, se hace más patente que el comodín del público se ha agotado.
En el diario regional HOY de hoy mismo se incluye un reportaje con las opiniones de varios de los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, y 
una premisa: todo el futuro se fía a los Presupuestos Generales del Estado. Como si eso fuera una novedad.
Leyendo el reportaje, da la sensación de que no habría hecho falta, siquiera, de que el periodista hubiera contactado con los representantes de UGT, CCOO, PSOE, PP… para saber cuáles serían sus posiciones. Son de un estándar que echan para atrás.
¿Cómo fiar todo a lo que el gobierno central incluya, voluntariosamente, en unos PGE que de momento ni están ni se esperan porque el PP de Mariano Rajoy es incapaz de negociar, de dialogar y su adn solamente tiene el cromosoma de la imposición?
En el reportaje del diario HOY (http://www.hoy.es/extremadura/despues-20171124192935-nt.html) la posición más clara, más hipócrita y más falsa es la de García del Moral, del PP y ex miembro del “gobierno de los mejores” del muyayo Monago. Afirma que “lo que nos llega de Madrid” es que en los PGE habrá dinero para el tren a Extremadura. No, eso, a día de hoy, es una falsedad de sal gruesa. Lo que les dicen de Madrid es que hagan el paripé, que en los PGE pondrán lo que les parezca (el papel lo aguanta todo) pero que ya verán si de verdad invierten lo que es necesario. Y, además, el señor García del Moral usa el chantaje al PSOE para que se aprueben los PGE. Comportamiento mafioso de la escuela de Génova.
Para reivindicar el tren en Extremadura no será necesario cortar el tráfico ferroviario, porque ya se corta solo. Para reivindicar el tren en Extremadura no será necesario recurrir al comodín del público: será necesario que sea “el público”, que seamos los ciudadanos los que tomemos la iniciativa.
Me gustaría conocer los datos de cuántas reclamaciones se presentan diariamente en las ventanillas de Renfe, en su página web, por usuarios del tren en Extremadura. Y, también, cuántas son atendidas, cuántas son resueltas a satisfacción de los usuarios. Porque nos podemos llevar la sorpresa de que no todos, ni siquiera un porcentaje significativo de los viajeros afectados presentan reclamaciones.
También me gustaría que la Administración regional, en el ejercicio de sus competencias, inspeccionara la calidad de los servicios que presta Renfe. Porque la Junta de Extremadura tiene competencias en materia de usuarios y consumidores. Y que esas inspecciones derivaran en sanciones. No es lo mismo que una manifestación corte una estación y paralice (aún más) el tráfico ferroviario que si un tren es inmovilizado por incumplimientos de Renfe en materia de usuarios y consumidores. La acumulación de sanciones leves, menos graves y graves pueden dar lugar a ilícitos penales.
También me gustaría que la Junta de Extremadura, competente en aplicación de las normas de accesibilidad y en la protección a la discapacidad inspeccionara los trenes. Y si no cumplen las normas, inmovilizarlos. Y si Renfe insiste en incumplimientos en estas normas, aplicar el artículo 510 del Código Penal.
La concentración del 18N no ha servido más que para unas portadas, algún reportaje de tv y nada más. No ha servido para conseguir ningún compromiso ni, dada la indolencia proverbial “del pueblo extremeño”, una concienciación real que movilice a los ciudadanos.
Confiar en que el gobierno del PP dé un trato digno a Extremadura en los PGE y que luego quisiera cumplirlos, es ser demasiado ingenuos. Y los extremeños seguimos siéndolo. Del gobierno central poco se puede esperar, y de un partido como el PP, que siempre nos ha despreciado, menos aún.
El tren digno que nos merecemos (¿y si no nos lo mereciéramos?) solamente llegará cuando nos levantemos, nos pongamos en pie y exijamos.
Vale.
Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.
Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.
Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.
Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.
Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.
También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.
Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.
Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?
No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.
Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.
Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.
Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.
Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.
Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.
Vale.
La Plataforma del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha convocado una manifestación en Madrid el 18 de noviembre. Una manifestación que se pretende que sea una movilización masiva de extremeños, para lo que se ha dispuesto que salgan autobuses gratuitos desde muchas localidades de la región. Se pretende visualizar en la capital del Estado el hartazgo de los extremeños con un más que deficitario servicio ferroviario.
Lo que hacen los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, con la Junta de Extremadura y la Asamblea Regional, es trasladar sus obligaciones a los ciudadanos, de escudarse en los ciudadanos.
Porque, en esta tesitura, llegaremos al 18 de noviembre, con las fuerzas políticas, sindicales y patronales llevando a los ciudadanos a la capital del Estado como ariete para hacer que desde el Gobierno de la nación se atiendan las reivindicaciones justas de la región.
La pregunta, antes de que se produzca la manifestación y la movilización en Madrid, es ¿qué hacer el día 19?
Porque la situación, le guste o no a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril, va a seguir siendo la misma. El 18 de noviembre no cambiará nada. Ni el 19. Los cambios solamente se producirán siempre que los representantes políticos extremeños, los que ejercen los poderes ejecutivos en la región (Junta y Asamblea), los diputados y senadores tengan la suficiente capacidad de influir en el Gobierno de la nación a la hora de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan todas las partidas necesarias, tanto para el desarrollo de las infraestructuras nuevas necesarias para la Alta Velocidad como, y esto es muy importante, para mejorar las infraestructuras actuales para mejorar los servicios de tren convencional.
Pero no se trata solo de incluir partidas presupuestarias en los PGE, sino de obligar al Gobierno central a ejecutarlas, que no pase como en la actualidad, que ADIF invierte lo que se le pone en los… railes.
Claro, que en este año de 2017, terminando ya, existe un problema añadido, nada halagüeño para que Extremadura (1.100.000 habitantes) consiga un buen trato presupuestario. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha podido aprobar aún en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque no cuenta con los apoyos. O lo que es lo mismo, el Gobierno está incumpliendo, a sabiendas, la Ley General presupuestaria: su obligación es presentar los PGE en el Congreso antes del 30 de septiembre. Luego será el Congreso el que los tramite, con las alianzas políticas que hubiera. O que, el propio Congreso, si es incapaz de llegar a acuerdos, declare la prórroga de los PGE de 2017.
A esa falta de proyecto para 2018, que tampoco lo habrá el 19 de noviembre, y que, cuando pudieran tramitarse (Montoro, el ministro que se parece al Sr. Burns, de Los Simpsons), va a hacerlo lastrados por la “situación catalana”, se cual sea, y que van a suponer un lastre económico (o lo que es lo mismo, más recortes), que para una región como Extremadura (tan extensa como poco poblada) van a ser nuevo mazazo.
Así, aunque el 18 de noviembre de 2017 se consiga una gran movilización en Madrid, el 19 de noviembre volveremos a la situación actual: inacción política, inacción sindical y cuestiones sin resolver
Entre las cuestiones sin resolver:
1.- Trazado de la “Alta Velocidad” hasta Badajoz, sobre el que se quiere implementar su paso por Toledo capital, algo no previsto y que alargará en el tiempo la conclusión completa.
2.- Saber, de modo inequívoco, si los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, apuestan por la recuperación del Tren Ruta de la Plata, en concreto, con la recuperación del trazado Plasencia – Astorga. El 29 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de Izquierda Unidad, aprobó una iniciativa para exigir al Gobierno la reapertura de la línea Ruta de la Plata. A día de hoy, la Junta de Extremadura mantiene un convenio con ADIF para levantar las vías del tramo Plasencia – Límite provincia de Salamanca, aportando dinero público extremeño a esa finalidad.
3.- Conocer que acciones concretas se plantean, con suficientes estudios y análisis, para que el tren convencional en Extremadura deje de ser una especie de laboratorio en el que Renfe ensaya todo tipo de maltrato a los usuarios.
4.- Conocer hasta qué punto la Junta de Extremadura, competente según el Estatuto de Autonomía, en materia de usuarios y consumidores y en materia de protección de la discapacidad, está en disposición de ejercer esas competencias para inspeccionar y, en su caso, sancionar a Renfe por todo tipo de incumplimientos (y no solo en retrasos horarios). La Junta de Extremadura debe, de una vez por todas, abandonar la dejación de obligaciones en estas materias.
Cuando el 19 de noviembre pase, cuando los dos periódicos de tirada regional saquen en sus portadas fotos de la movilización del 18, seguiremos igual, porque los mismos que llevan a los ciudadanos a la manifestación (partidos, sindicatos, patronal…) volverán a sus despachos, satisfechos por el trabajo que le harán los ciudadanos, cuando si ellos hicieran el suyo, no harían falta las movilizaciones.
Vale.
Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, comprobamos que el WC adaptado se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y para decirle que un tren con un trayecto previsto de casi 5 horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues si, porque a él se lo han ordenado y sale.
Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los “servicios” que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: “Presente una reclamación”.
Con el revisor (ahora los llaman supervisores) me sucede lo mismo: “Presente una reclamación”. Tras un intercambio de opiniones, en el que le hago saber que está muy bien enseñado por la empresa, y que defenderla es algo indigno, le pido que me facilite impresos de reclamación. Anoto su nombre, por si fuera necesario citarlo cuando la presente.
Por supuesto, el tren inicia su viaje, como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi 5 horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa del “producto agotado”. Se traga cuatro euros.
Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presento la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.
La respuesta que recibo no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de “Renfe Viajeros”, quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras, como corresponde a unos buenos sicarios.
A los mamporreros de Atendo (un negocio que deja mucho que desear) no les hemos reclamado nada ni nunca nos hemos dirigido a ellos. Porque sabemos que son el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, de modo delictivo, la Ley de Discapacidad.
Que nos conteste Atendo es una sinvegonzoneria más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un “servicio” que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad.
De hecho, en el mismo tren que tenía el WC precintado, hay unas plataformas que, teóricamente, se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias.
De ese incumplimiento son cómplices el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las “normas” sobre atención a la discapacidad de Renfe, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que lo consiente (en el sentido quevedesco del término) y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma.
El artículo 510 del Código Penal es claro. Y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito.
A los de Atendo, mamporreros (¿a cambio de cuánto?) de Renfe, nada que decirles. El dinero es un buen bálsamo, una buena vaselina que suaviza todas las dignidades.
Vale.
Asistiendo al espectáculo de enseñar quién es más nacionalista, si los independentistas catalanes o los españolistas de cualquier parte, no me queda ninguna duda: las víctimas, los trabajadores. Ni siquiera los ciudadanos.
Cuando la supremacía se lanza a las banderas, los ciudadanos desaparecemos, y nos convertimos en súbditos. Ahora, en este triste espectáculo de intentar ser más nacionalista que nadie (ya sea en Catalunya, en Zaragoza, en Málaga…o en Botija, por un poner), los individuos hemos desaparecido. No se cuentan personas, ni ciudadanos, se cuentan banderas.
¿A quién beneficia este crimen sociopático? Como decía Séneca, aunque sea escrito con cierto estilo de latín macarrónico: “cui prodest scelus, is fecit”, (Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido).
Porque la situación, la ubicación del “sentimiento” nacionalista ha cambiado de bando. Ahora, las pantallas de las televisiones adormecen a la población con una exhibición nunca conocida de banderas nacionales, mientras que las esteladas van arrinconándose a la ventanita de abajo a la derecha de la pantalla hasta que desaparezcan.
Pero la realidad política es otra. La realidad política es que dos partidos de derechas (el Partido Popular, lleno de mierda hasta las cejas de Rajoy, y la vieja Convergencia y Unió, ahora PDCat, enfangada en la ambición monetaria de sus jefes) se han enfrentado exhibiendo las banderas que no les pertenecen. El que alrededor de uno y otro partidos hayan aparecido satélites haciendo de gorrillas (Ciudadanos, la CUP o ERC) no es más que un adorno que será descosido cuando les haga falta.
La realidad es que el enfrentamiento de dos partidos de derechas, iguales en corrupción, no es más que un enfrentamiento entre familias mafiosas. Y, cuando las banderas se arrumben porque ya nos les hagan falta, veremos cómo quienes hemos desaparecidos somos los ciudadanos, en realidad, los trabajadores.
Si Ciudadanos (ese partido impulsado desde esferas empresariales catalanas, con el presidente de Banco de Sabadell a la cabeza) aspira a que el gobierno de Tancredo Rajoy aplique el art. 155 CE solo (y solo es solamente) para convocar elecciones en Catalunya, en el PSOE el liderazgo de Pedro Sánchez no ofrece ninguna garantía de solidez, y en Podemos, su ambigüedad mal calculada (por ignorancia, ingenuidad o infantilismo) les está llevando a dar unos bandazos que no presagian ningún futuro favorable políticamente.
Y en este panorama, ¿a quién beneficia el crimen político que se está cometiendo en Catalunya? Sin duda, a sus autores: el Partido Popular y el PDCat.
Si, como parece, todo lleva a la aplicación del art. 155 CE en Catalunya, y si el PSOE duda en un apoyo ciego a los deseos de Rajoy, el Partido Popular intentará matar dos pájaros de un tiro: convocará elecciones en Catalunya y anticipará las elecciones generales. El chantaje sobre el PSOE de Sánchez será el mismo que el que aplicó sobre el PSOE de la Gestora hace un año. Y ahora Sánchez no podrá decir No es No.
Cuando se blanden las banderas como armas contra el enemigo (catalán ahora), debajo de esas banderas desaparecen las capacidades de las personas para discernir si esas banderas llevan fuego amigo o son puñales que se clavan en los adversarios políticos.
Esta “crisis de Catalunya” beneficia al Partido Popular, el partido compuesto por ladrones que se diluyen entre los colores de las banderas que los ilusos ciudadanos, fanáticos de los colores, blanden para convertirse, unos conscientemente, otros no, en cómplices de los ladrones que les gobiernan.
Y en estas circunstancias, con un previsible adelanto electoral, en Catalunya vía art. 155 CE y en el ámbito estatal vía la ambición política de los ladrones del PP, estoy convencido de que en la sede central de la mafia genovesa cuentan las banderas nacionales como votos, multiplicados por los que les hagan falta para conseguir la mayoría absoluta.
Vale.
La esperanza alimenta los espíritus de cuerpos sin futuro.
La esperanza, sigilosa, camina hacia la nada, y sigues sus pasos, ignorante del futuro.
La esperanza no existe. Es la ausencia de futuro.
La esperanza y el futuro, de la mano, huían despavoridos.
Me interesa el futuro porque es el sitio donde podría pasar el resto de mi vida.
El futuro no existe, es la ausencia de presente.
El futuro está al acecho, detrás de los hombres que lo añoran.
El futuro siempre camina más deprisa.
El futuro y la esperanza huyen de la mano.
El futuro, si llegas, ya es pasado.
El futuro llega a traición.
El futuro siempre nos lleva ventaja.
El futuro siempre ha huido.
El futuro parece que nos espera, y cuando creemos llegar, vuelve a escapar.
El futuro nunca llega cuando se espera.
El futuro siempre consigue escapar.
El futuro será si lo alcanzas.
El futuro ya no es lo que fue.
El futuro, sin presente, no tiene sentido.
El futuro, depredador insaciable de sueños y deseos.
El futuro nunca llega, solo pasa de largo.
El futuro, irremediablemente, nunca llega.
El futuro nunca nos alcanza, porque nunca va detrás.
El futuro es la ilusión por lo que nunca será.
El futuro pasa de largo, pero lo destruye todo, como un huracán.
El futuro nunca es gratuito.
El futuro acaba con el presente que no existe.
El futuro no existe, es la ausencia de pasado.
El futuro es la esperanza del desesperado.
El futuro se acaba cuando ae acaba el presente.
El futuro es la proyección geométrica de los fracasos acumulados del pasado.
El futuro es la derrota de los deseos y el cementerio de las ilusiones.
El futuro solamente es un cruel espejismo.
El futuro es, siempre, un punto final. El Futuro, el final del viaje.
El futuro es la paz de los muertos.
El futuro, en cuanto llega, asesina al presente.
El futuro es arrollado por el presente.
El futuro es la locomotora que arrolla el presente para convertirlo en pasado.
El futuro es lo que nos gustaría tanto alcanzar que no deseamos que llegue.
Vale.
Ayer, 14 de julio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres anunciaba la apertura de un expediente a una concejala del grupo de gobierno, Montaña Jiménez, por vulneración de la Ley de Transparencia. Curioso, muy curioso, cuando la vulneración, la ilegalidad cometida por la concejala ha sido por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Ocurrió que en una comisión se estudiaba un asunto urbanístico (qué si no, el urbanismo) que afectaba a terrenos propiedad del padre de la concejala. Por supuesto, todo esto con el Partido Popular.
La concejala en cuestión voto a favor de que la propuesta de que en los terrenos propiedad, entre otros, de su padre, se convierta en un parque de medianas superficies comerciales. La vulneración de la ley es clara y flagrante y no cabía otra solución que la de la dimisión de la concejala y de la anulación del acuerdo.
Inmediatamente la respuesta pública fue que el voto de la concejala no era determinante y que el asunto se iba a aprobar de todas maneras. Y en los dos medios escritos que se cuelgan en los quioscos de Cáceres aparecieron opiniones de juristas avalando la nimiedad del asunto. Con un par.
Si el asunto no era tal y ya parecía hasta amortizado, ¿a qué viene ahora que la alcaldesa del PP, Elena Nevado, impulse la incoación de un expediente por vulneración de la Ley de Transparencia?
Y a todo esto, ¿dónde carajos se esconde el PSOE, en una oposición que cada vez parece más que merecida?
Veamos.
La primera pregunta que surge no es si los terrenos son propiedad del padre de la concejala, que está confirmado, si no saber si sobre dichos terrenos tiene algún derecho familiar la concejala. Cuestión de herencias. ¿Ha preguntado alguien algo sobre esta posibilidad? ¿Y si dentro de unos meses, con todo el asunto ya aprobado definitivamente, el negocio ya formalizado, resulta que a concejala hereda las plusvalías?
Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…
La segunda pregunta que surge es si la concejala sabía los pasos que su padre estaba dando para mejorar y desarrollar la condición urbanística de los terrenos. Lo mismo se trata de una familia desestructurada, en la que padres hijos y hermanos no se hablan y eso podría justificar desconocimiento. O no, o en la familia se habla de los intereses de todos.
Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…
La tercera cuestión es, siguiendo el hilo de la segunda, si la concejala se enteró de momento de que el asunto de los terrenos de su padre se iba a ver en la comisión y no le dio tiempo a cumplir la ley y abstenerse.
Menos mal que era una cosa sin importancia…
La cuarta cuestión es si los propietarios de los terrenos, incluido el padre de la concejala del PP, habían mantenido reuniones con técnicos municipales o habían realizado consultas con ellos para preparar la documentación a presentar, algo que es habitual en la tramitación de documentos urbanísticos, que suelen ser complejos y que requieren de puntos de vista previos por técnicos municipales. Si las ha habido, como es seguro, a la oposición le cabe la obligación de conocer de esos técnicos las reuniones habidas, las cuestiones planteadas, la opinión que ellos han dado a los propietarios.
Porque, ¿seguro que la concejala del PP e hija de uno de los propietarios de los terrenos no ha asistido a esas reuniones, no se ha interesado personalmente por el asunto? Yo, no me lo creo, y sostengo que la oposición debería hacer que los técnicos afirmen o desmientan si la concejala ha participado en alguna reunión previa, si ha asistido a alguna toma de contacto entre propietarios y técnicos municipales, si se ha interesado personalmente por el asunto.
Menos mal que era una cuestión sin importancia…
Además, lo que se ha vulnerado por la concejala, del PP, por supuesto, es la legislación de régimen jurídico de las AAPP, y todo el asunto debería haberse anulado. Porque la ley no distingue entre un asunto menor o mayor, o un asunto en el que un voto sea o no decisorio. La ley es taxativa y la concejala debería haberse abstenido de participar en la reunión y de votar el asunto. No se trata de un asunto banal: es OBLIGACIÓN de la persona incursa en incompatibilidad la de abstenerse. Y si no lo hace y después se conocen las causas de esa incompatibilidad, deben anularse todas las actuaciones, todas.
Menos mal que era una cuestión sin importancia…
La oposición debe exigir la anulación de las actuaciones, la dimisión de la concejala del PP e investigar cuál ha sido su nivel de intervención en el asunto, si ha pedido a los técnicos municipales información interesada, si ha participado en reuniones previas a la presentación de la documentación, si después de presentada esta se ha interesado por su tramitación y por los sucesivos informes que se han emitido.
La actuación de la alcaldesa parece más un escudo por si luego suceden otras cosas. O es que alguien se puede creer que la concejala del PP no ha, al menos, comentado con la alcaldesa que estaba en tramitación un propuesta sobre terrenos de su familia. Increíble.
Vale.
El 23 de junio de 2012, José Antonio Monago, a la sazón presidente de la Junta de Extremadura, me hizo el honor de bloquearme en twitter por algo tan común a nuestros políticos de derechas: no soportan la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.
Ahora, mi honor tuitero se ve agrandado porque uno de los consejeros de la Junta de Extremadura, un tal Vergeles, me ha bloqueado por lo mismo, exactamente por lo mismo. Porque no soporta la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.
Malos políticos y pésimos gestores.
En Estatuto de Autonomía de Extremadura se asignan competencias como la gestión de la sanidad, la defensa de usuarios y consumidores o la protección a la discapacidad. Estas tres competencias las debería ejercer el tal Vergeles.
Malos políticos y pésimos gestores.
En materia de sanidad, hace ahora un año, el tal Vergeles hablaba (eso sí, eso le encanta, hablar, el discurso vacío, vacuo, inane) de que había que implementar de una vez la interoperabilidad de la receta electrónica porque era inconconcebible que los muchos extremeños que veranean en Matalascañas no dispusieran de las facilidades que se derivan de la interoperabilidad.
Malos políticos y pésimos gestores.
¿Qué ha hecho el tal Vergeles para conseguir la interoperabilidad de la receta electrónica entre Extremadura y Andalucía? Nada, absolutamente nada.
Malos políticos y pésimos gestores.
Porque le he preguntado en muchas ocasiones sobre este asunto, le he remitido públicamente tuits recordándole su competencia en la materia, me ha bloqueado, porque no soporta la crítica y porque es incapaz de contestar.
Malos políticos y pésimos gestores.
Seguramente cansado de que se le recuerde su incompetencia (su verborrea no tiene límites) el tal Vergeles me ha bloqueado en twitter, donde presume de su cargo público y seguramente (esto no lo sé, quizás él lo aclare) utilice un móvil corporativo para tuitear, haciendo un uso privado de un bien público. Y en todo caso, si el móvil fuera particular, su ostentórea ostentación de cargo público resulta histriónica ante la realidad de su falta de respuesta.
Malos políticos y pésimos gestores.
En el área de competencias de la consejería que el tal Vergeles dirige (?) está la defensa de usuarios y consumidores. En más de una ocasión me he dirigido a él y a personal de “su” Consejería para demostrarles el maltrato que Renfe dispensa diariamente a los usuarios extremeños del ferrocarril, sin obtener respuesta. Bueno, una, del Instituto de Consumo de Extremadura… dando la razón a Renfe.
Malos políticos y pésimos gestores.
Cuando vemos a diario informaciones sobre ese maltrato de Renfe a los usuarios extremeños, el tal Vergeles, consejero del ramo, calla, se esconde, no da la cara por los que le pagamos un sueldo que está demostrando, un día sí y otro también, que no merece, que no se lo gana.
Malos políticos y pésimos gestores.
Cuando Renfe, además, incumple sistemáticamente sus obligaciones en materia de discapacidad, siendo más que frecuente que, por ejemplo, el aseo de uso por personas con algún tipo de discapacidad esté fuera de uso incluso antes de comenzar el trayecto, y este hecho se haya puesto en conocimiento de la Consejería, el tal Vergeles calla, se esconde y no da la cara por los extremeños que, desgraciadamente para nosotros, le tenemos que pagar el sueldo.
Malos políticos y pésimos gestores.
Cuando Renfe desprecia el valor de la tarjeta de discapacidad que lleva el nombre de “Junta de Extremadura”, cabría esperar que la consejería del tal Vergeles hiciera algo al respecto, aunque solamente fuera por respeto a los profesionales que con sus valoraciones técnicas, diagnósticos e informes determinan el grado de discapacidad de una persona. Pero el silencio del tal Vergeles no solamente deja indefensa a la persona con discapacidad, sino que desprecia el trabajo de sus compañeros de profesión médica.
Malos políticos y pésimos gestores.
Cuando en junio de 2012 el viajero Monago me bloqueó en twitter, era habitual ver a diario tuits del tal Vergeles criticando la política sanitaria del PP, y terminando todos sus tuits con una frase que ahora le viene al pelo: “Malos políticos y pésimos gestores”.
Al tal Vergeles no le deseo ningún mal, pero me gustaría verle en un tren averiado, tener que montar en un autobús y cruzar de Extremadura a Andalucía por carreteras secundarias, con una gastroenteritis fuerte y un esguince de rodilla, y tener que usar el aseo de un autobús en marcha por esas carreteras de la sierra norte de Sevilla. Se iba a cagar.
Malos políticos y pésimos gestores.
Vale.
Ahora que el Canal de Isabel II quiere desprenderse de sus filiales en América Latina, también entran en el mismo saco Lanzarote y Cáceres. ¿Tan lejos nos ven desde Madrid?
El Canal, epicentro de la operación Lezo ha sido un nido de ladrones que ahora preside el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Cristina Cifuentes. La aparición de la noticia en los medios de comunicación ha hecho saltar todas las dotes de histrionismo de la Alcaldesa de Un Pueblo Con Rotondas. Ha dicho que de ninguna manera se puede hacer lo que quiere el Canal (vender la concesión) sin que ella lo sepa, que hay que vigilar todo lo que el Canal tiene que hacer en Cáceres… Vamos, que parece (solo parece, eh, no vayáis a creer otra cosa) que Elena Nevado se ha puesto hecha un obelisco.
Porque, como decía Jack El Destripador, vayamos por partes. La primera, muy curiosa, mucho, es saber si el PP de Madrid, a través de Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la CAM y del Canal, había informado a Elena Nevado antes de la Junta de Accionistas en la que se trató el asunto. O si Cristina Cifuentes llamó por teléfono a Elena Nevado para darle alguna noticia. Porque, no hay que olvidar que Elena, cada vez que puede, dice que ella es muy importante en su partido. Tanto como para que quienes toman decisiones sobre la ciudad de la que es alcaldesa la ignoren.
La segunda cuestión está en saber si antes de aparece como un histriónico actor secundario ante los medios para decir que bajo ningún concepto y sin pasar antes por las arcas caudinas municipales, Elena Nevado descolgó el teléfono para hablar con Ángel Garrido o Cristina Cifuentes para pedirles explicaciones. Y, en el caso hipotético (lo dudo) de que efectivamente hubiera llamado por teléfono, saber si se lo cogieron.
Vamos, que Cáceres no pinta nada para el Canal de Isabel II (salvo algún dinerillo que caiga cuando vendan la concesión) ni Elena Nevado pinta nada, pero nada, en el PP.
¿Qué relación tiene lo del Canal y su desprecio a la ciudad de Cáceres con el Matadero? Pues uno muy sencillo: la legislación de contratos de las administraciones públicas. En ambos casos, son concesiones administrativas (al Matadero todavía lo es) y en ambos casos habría de aplicarse la misma vara de medir.
¿Por qué Elena Nevado exige, más bien de boquilla, creo, que si el Canal quiere deshacerse o traspasar su concesión ha de pasar por los correspondientes acuerdos municipales y no exigió lo mismo cuando la Asociación de Carniceros de Cáceres traspasó, a uno de sus socios, bajo la apariencia de una gerencia totalmente ficticia, la concesión del Matadero?
Sería interesante que, en caso de que hubiera oposición municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, alguien le pidiera a la alcaldesa los papeles sobre cómo se hizo la transferencia de la concesión administrativa del matadero? Por ejemplo, para saber si tuvo conocimiento previo, si pidió informes sobre cómo se iba a hacer esa transferencia.
Claro que en el Ayuntamiento no hay oposición. Los de Cáceres Tú van a la máxima (remunicipalización del servicio, por ejemplo) pero se olvidan de la realidad que no les concierne. Los de Ciudadanos no son oposición, son los gorrillas que utiliza Elena cuando quiere aparcar algún asunto. Y la oposición que pudiera hacer el PSOE desaparece en dos segundos.
Porque la transferencia de la concesión del matadero, que yo sepa y he rebuscado hemerotecas para ver si algún plumilla servicial hubiera escrito algo, no pasó por ningún órgano municipal.
Sería interesante que alguien buscara en los documentos municipales cómo se hizo la transferencia de la concesión del matadero, si fue conocida por los órganos municipales, si alguien firmó el correspondiente placet municipal… Porque de boquilla, entre amigos y amigas no va eso de la ley de contratos.
Y porque el Canal de Isabel II venderá, al mejor postor que encuentre (¿Acciona, por ejemplo?) la concesión y el Ayuntamiento, encabezado por la actual alcaldesa dirá amén. Y si intenta alguna ligera oposición a la venta, entonces sí, entonces será cuando Cristina Cifuentes descuelgue el teléfono. Para darle las órdenes oportunas.
Vale.
