El BOE de hoy, 23 de junio de 2021 publica los Reales Decretos por los que se indulta a los condenados a prisión en el llamado juicio del Procès. Y, como no podía ser de otra manera, la marabunta de la derecha (toda) marcha rugiendo contra estos indultos, sacando eslóganes y gritos que, si no fuera porque el asunto es muy sensible, no se tratarían sino de patochadas de una derechona fuera de cacho.
En primer lugar hay que decir que los indultos son parciales, referidos exclusivamente a las penas de cárcel pendiente de cumplir, manteniéndose en los propios términos de las respectivas sentencias del Tribunal Supremo las condenas a inhabilitación.
En segundo lugar, que los indultos serán efectivos y vigentes en tanto que los indultados no cometan ningún delito grave (al no especificarse, se trata, evidentemente, de cualquier delito con esa calificación) en los próximos cuatro o seis años, según las penas impuestas por el Tribunal Supremo.
En tercer lugar, los Reales Decretos fueron sometidos al Consejo de Ministros de 22 de junio, que los aprobó, y presentados, por el Ministro de Justicia a la firma del jefe del Estado, a quien corresponde, en virtud de la Ley de Indulto de 1870, ejercer el derecho de gracia.
Llegados a este punto, convergen dos cuestiones. La primera es que el indulto no es un derecho de los penados, sino una opción que, agotados todos los trámites procesales, les permite plantear, por sí mismos, o a través de múltiples actores (abogados, asociaciones, sindicatos, etc.), sin que la falta de petición expresa de los penados impida su concesión, como es el caso.
La segunda es que en el indulto solamente existe un derecho, intransferible, que es el derecho de gracia, únicamente reservado al jefe del Estado, en este caso el Rey, y que se ejerce por iniciativa del Gobierno de la Nación, para que aquel (el Rey) lo determine.
Cabría plantearse como hizo falazmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el jefe del Estado se negara a firmar los Reales Decretos, para lo cual, y en virtud de lo estipulado en la Constitución Española, el Rey debería abdicar. No lo hizo, en su momento, el huido Juan Carlos I cuando desde todos los resortes de la derecha se le conminó a que no sancionara la Ley de Divorcio, de la que se cumplen ahora 40 años, y no lo ha hecho Felipe VI con estos RRDD.
La base jurídica en la que se apoyan los indultos, a falta de petición expresa de los afectados, es la utilidad pública. Puede pensarse que el concepto de utilidad pública, en este caso, es meramente político (que también), sino que trasciende al concepto de utilidad pública real y efectivo, como lo son, por poner un ejemplo que aparece continuamente en las expropiaciones para grandes infraestructuras. En el tema de los indultos, la utilidad pública es definida por el Gobierno de la Nación, a quien corresponde activar esta figura jurídica, en base a que las penas accesorias (la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por ejemplo) son suficientes por sí mismas para impedir la reiteración en el delito (añadiéndose, además, la calificación de delito grave que dejaría sin efecto el indulto), por lo que los bienes y derechos que fueron conculcados durante el llamado procès, quedan a salvo y no volverían a ser objeto de alteración por los indultados.
En conjunto, los RRDD, conforme han sido publicados en el BOE, con la firma del Rey y el “visto bueno” del Ministro de Justicia actuando como Notario mayor del Reino, tienen una impecable factura jurídica y administrativa, que los alejan de la aparatosa acusación de ilegalidad y prevaricación lanzada por el dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, Licenciado en Derecho (dice él) y Máster en no se sabe qué. Estas acusaciones de ilegalidad quedarían bien y serían disculpables en un Ingeniero de Caminos o en un Diseñador de Escaparates, pero, desde luego, son risibles cuando las lanza alguien que se dice Licenciado en Derecho. Ayer mismo, Casado hacía gala de su analfabetismo jurídico cuando se planteaba lleva al Código Civil la obligatoriedad de que los hijos cuiden de los padres, como en dicho código no existiera ya el artículo 143.
En plena efervescencia político mediática sobre los indultos anunciados para ser aprobados en Consejo de Ministros de mañana 22 de junio, y ser posteriormente puestos a la firma del jefe del Estado, se me ocurrido pensar en una circunstancia en torno al mismo tema, los indultos, que planteó una situación realmente curiosa, con elementos graves.
El consejo de ministros de 1 de diciembre de 2000, presidido por José María Aznar y con Ángel Acebes como ministros de justicia, aprobó conceder el indulto a 1441 condenados. Indultos totales o parciales, pero 1441. Estos indultos se explicaron en la referencia oficial del consejo, y fueron publicados en el BOE a lo largo de los meses de diciembre de 2000 y enero de 2001.
Aparte de las explicaciones oficiales, que se limitaron a agruparlos por grupos más o menos similares, destacan un indulto, y un muy numeroso grupo.
El indulto prácticamente único fuera de toda casuística fue el que recayó en el juez Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, que había sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Gómez de Liaño cometió en 1997 el delito más grave que puede cometer un juez en el ejercicio de su cargo: prevaricación. O lo que es lo mismo, dictar sentencias a sabiendas de que son injustas. Claro, que los delitos de prevaricación de Gómez de Liaño se cometieron en el llamado caso Sogecable, que enfrentó muy duramente al Grupo Prisa (entonces dirigido por Polanco y Cebrián) con Telefónica, presidida por el compañero de pupitre de Aznar, Juan de Vilallonga. El gobierno había planteado su preferencia hacia la empresa del compañero de pupitre, y el juez Gómez de Liaño se había mostrado claramente aliado con el gobierno, que finalmente le indultó.
Junto a este indulto, que apareció camuflado entre otros 1442 más, como si ello fuera posible, por cuanto cada indulto se debía elevar a la categoría de Real Decreto, con las formalidades de rigor, y sometidos a la firma del jefe del Estado. Por ello, el mismo gobierno hubo de agrupar un importante número de indultos en tres subcategorías, en función de las penas impuestas y otros elementos (fecha de comisión del delito, por ejemplo). Fueron los delitos por los que se indultaba a los insumisos al servicio militar, cuyo cumplimiento había sido despojado (temporalmente, y así sigue) del componente de obligatoriedad. Indultar a 442 ciudadanos condenados por el mismo delito, por la misma causa delictiva, se acercó mucho a un incumplimiento constitucional, puesto que la CE prohíbe expresamente el otorgamiento de indultos generales.
Por tanto, el Partido Popular en el gobierno hizo un uso partidario o partidista de la medida de gracia, para aplicarla convenientemente en una sola dirección, bajo la premisa de que el Papa Juan Pablo II lo había pedido, como si la autoridad de un estado extranjero (el Vaticano) tuviera alguna fuerza o capacidad jurídica o política sobre un Estado (España) que no debe, en aplicación de la propia constitución, declararse confesional.
El día grande del fascismo de este año, el de la manifestación de Colón, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, refiriéndose a los indultos y al papel del Rey en el tema, lanzó una pregunta: “¿Qué va a hacer el Rey, los va a firmar [los indultos]?” En realidad no era una pregunta. Viendo las imágenes y escuchando el tono de la pregunta, Ayuso ni siquiera retó al Rey, como publicó El País, que fue el medio generalista más crítico con Miss Ciempozuelos.
El lenguaje, las palabras, los signos de puntuación, todo junto, no son inocentes: Ayuso, sencillamente, lo que hizo fue amenazar al Rey. Si firma los indultos, ya sabe Felipe el camino que le marca la derecha. Si no los firma y se allana a la amenaza de Ayuso, se situará fuera de la Constitución.
No fue un reto lo que planteó Ayuso: fue una amenaza en toda regla.
Hemos estado acostumbrados en todos esto meses anteriores a una diarrea diaria de dirigentes del Partido Popular, con especial fruición a Ayuso, asestar mandobles a siniestra, construyendo frases para las portadas de los medios de comunicación que la llevan un día sí y otro también a primer plano, para que el negocio de la prostitución de la política y el lenguaje no decaiga.
Asustado, Pablo Casado, que ya sabe que la caja B del partido ha concluido su amortización y pasará al cajón de los objetos inservibles mientras que la nueva máquina de confrontar y enfangar es Ayuso, cuyos hilos mueven dos aventajados discípulos de Baco. Ese asustado Casado ha tratado, sin éxito, de poner disculpas como gasas para contener la hemorragia.
Ayuso habla sin cesar, con un fluido flujo de fulgurantes estupideces, con el que ha embaucado de manera muy mayoritaria a los madrileños, que se han sentido atraídos por la nada.
Para esconder su amenaza al Rey, esta discípula aventajada de la verborrea más atrabiliaria, y advertida por sus más allegados asesores que salían de la taberna, dos días después de la amenaza, ha roto a llorar y a sentir pena por la situación en la que según su alto nivel de conocimiento constitucional pone el Gobierno de la Nación al Jefe del Estado, hablando de humillación y otros sustantivos terminados en -ón, menos revolcón, que termina en el catre. Ella, en su locuacidad ha tirado de un concepto que debe haber escuchado (leer es un poco más complicado) y que pronunció en su día Unamuno. A Ayuso le habrá llegado por algún que otro político (Albert Sugar Bown Rivera, por ejemplo), y tras la amenaza a Felipe Sexto, queriendo recoger velas (y las botellas esparcidas por el escenario) ha dicho que le duele el Rey.
Primero lo amenaza con eliminarlo de la Jefatura del Estado (si firma los indultos) o que el Estado lo elimine si no los firma y se salta la Constitución. Después, cuando ya ha visto que la amenaza es el sueño húmedo de muchos de sus correligionarios (Aznar se postula para la presidencia de la república), ahora siente conmiseración, siente dolor por el ofendido Rey, cuando ha sido ella, y solo ella, la autora de las ofensas.
Ayuso habla mucho, dice poco, y sabe menos. De ahí su peligrosidad y de ahí la peligrosidad social (¡hace falta la ley de Paca) que sus palabras encierran, y que caen como bendiciones de libertad en la mayoría de los madrileños, que son, en definitiva, tan peligrosos como ella.
Hoy vuelven las derechas, las tres derechas, a reunirse en la Plaza de Colón de Madrid, esta vez con la excusa de protestar contra los indultos a condenados por el procès en Catalunya. Cambia, poco, la excusa, pero la burra sigue volviendo al trigo.
Ante la convocatoria de 2021, la situación ha variado: las derechas han perdido el relato de cuanto peor mejor (la pandemia va tocando a su fin, la vacunación ha cogido una buena velocidad de crucero, los fondos de la recuperación comenzarán a llegar pronto…), y el Gobierno de coalición, con más aciertos que errores, está bastante afianzado.
Además, las tres derechas se presentan con motivaciones diferentes: los restos del naufragio de Ciudadanos se ven arrastrados por sus fotografías de versiones anteriores, los fascistas porque pretenden hacerse con el discurso aglutinador de todas la derechas, y el PP, ay! el PP.
A diferencia de versiones anteriores, el Partido Popular no tendrá la misma representación de otros años, incluso han sido los primeros en desmarcarse de querer salir en la foto. Ya saben que no les compensa, y, además, será muy llamativos los huecos que no podrán rellenar.
De hecho, faltará en la Plaza de Colón Moreno Bombilla, por problemas de agenda y porque no le interesa a su imagen de presidente de Andalucía. Faltará en la Plaza de Colón Alberto Núñez Feijóo, también por problemas de agenda de su cargo de presidente de Galicia o por alguna fiesta de relumbrón dorado. Faltará también en la Plaza de Colón Alfonso Fernández Mañueco, por problemas de agenda al coincidir actos de su presidencia de la Junta de Castilla y León con las fiestas de Salamanca, que son en septiembre.
Si estarán dos miembros de la intelligentsia del PP, Ida Díaz Ayuso y López Miras, el murciano, que lo mismo aprovecha el viaje para darse una vuelta por First Dates a ver si hay suerte.
Muy llamativa será la presencia de Monago, el antiguo barón rojo del PP, reconvertido en cliente de youtube tras fracasar su negocio de importador-exportador de plátanos. ¿Y por qué Monago sí estará?
Parece sencilla la respuesta, y seguramente lo sea. Están fase de renovación los órganos provinciales y regionales del partido, y ya se sabe que en la provincia de Cáceres el león volverá a rugir (bueno, menos, que al periodista que tituló así la noticia se la hicieron levantar), mientras que en Badajoz se va Fragoso, sin partido, sin alcaldía y probablemente sin concejalía en virtud de los pactos. En estos congresos provinciales se juegan dos líneas de poder, una estable, continuista, y otra continuista pero inestable. Vamos, poco.
Sin embargo, al propio Monago parece que le ha salido un competidor, Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, con una imagen pública estable, conocida, muy poco desgastado, y que ya ha declarado que se presentará a la presidencia regional del PP.
Monago no ha ido a Madrid a apoyar a su partido contra los indultos, ni ha ido a otra cosa que no sea a lo de aquel chiste: – ¿A qué vino Jesús al mundo? – A por dos kilos de patatas.
A eso va Monago a Madrid, a comprar a Casado dos kilos de patatas que le hacen falta para volver a presidir el PP extremeño. Y, a ser posible, que Casado le venda a él todas las patatas que tenga y ninguna a quien se presenta como su contrincante.
Ahora que parecen desembarcar por nuestros contornos los Abogados Cristianos y otras zarandajas, al albur de que saben que los símbolos franquistas, finalmente, terminarán desapareciendo de nuestros paisajes urbanos, al Partido Popular y sus rutilantes grupos carismáticos se le ha ocurrido que la cruz, su cruz, sea inamovible y para ello pretenden que el Ayuntamiento democrático, en un estado no confesional, siga cumpliendo el devoto símbolo, aunque cambiando sus destinatarios.
Pretenden el PP y los alcantarinos varios que en vez de dedicarse a los caídos del bando sublevado contra el orden constitucional republicano, sea dedicado a las víctimas de la pandemia.
Pero, mientras tanto, a las víctimas que los antecedentes familiares de los que procuran esta nueva “dedicatoria” causaron manu militari, y cuyos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes, y cuyas vidas pasaron calvario, humillación y muerte, que les den.
El caso es que el debido reconocimiento a las verdaderas víctimas de la guerra civil causada por un golpe de estado cruento de un militar incompetente, Franco.
Me llama la atención que mientras el PP pretende resignificar el símbolo y el motivo ideológico que lo sustenta, se haya encontrado con que uno de los elementos del NO-DO, inseparable de la figura de Franco, el Azor, vaya a permanecer en Cáceres precisamente resignificado en una instalación artística dentro del Museo Helga de Alvear.
El artista que ha elaborado y planteado la dedicación de la chatarra del Azor a su conexión con el Guernica de Picasso manifestó en el programa Metrópolis, de la 2ª Cadena de RTVE que el lugar elegido para su “desembarco” en Cáceres de su instalación estuviera tan cerca de la fotografía de Franco asomado al balcón del Palacio de los Golfines. Esa instalación, al menos, equilibra la ignominiosa placa que a mayor gloria del Dictador (y de sus correligionarios anfitriones) permanece en la fachada.
Resignificar, que sería el concepto que se plantea para la cruz, el símbolo para su “dedicación” a las víctimas de la pandemia del coronavirus, supondría, por un lado, la definitiva humillación de las víctimas de la guerra causada por Franco, abandonadas en fosas comunes y cunetas, y por otro, darle una significado “nuevo” para las víctimas de la pandemia, que serían acogidas bajo un símbolo religioso, que les guste o no, nos es unánime y, además, contrario a la Constitución.
Elimínese la cruz de la cruz, llévese si se quiere al Cementerio Municipal, que debería tener al menos tres áreas: una católica, otra musulmana (la puerta del cementerio musulmán se instaló en 1938, para acoger a los miembros de la guardia mora de Franco), y, definitivamente, tener un cementerio civil, para todos aquellos ciudadanos no pertenecientes a ninguna doctrina religiosa mayoritaria.
Y si los Populares quieren, incluso contando con la mayoría de los ciudadanos, un monumento, un espacio de recuerdo para las víctimas de la pandemia, hágase. Y se tome, como referencia, el monumento a las víctimas del terrorismo que no es ningún símbolo religioso. Y se elija para ello un espacio céntrico, por el que transcurran muchos caminos de los cacereños y quienes nos visitan.
Pero la cruz debe dejar de llevar encima la cruz de quienes durante tantos años la han utilizado como martillo contra las víctimas abandonadas, escondidas y humilladas de la guerra civil. Así podremos hace historia democrática para todos, y no solo símbolos para holganza de unos pocos.
Me parece muy interesante y digno de alabar el trabajo ciudadano que realiza la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, la Ribera de Cáceres, y por eso, la inquietud que muestran por los daños colaterales que las obras y el trazado final de la Ronda Sureste pudiera haber ocasionado en los caminos de la Ribera.
Los caminos afectados, al menos en el trazado más próximo a la Ribera, entre el antiguo manantío de El Marco hasta la Fuente de Concejo, serían cuatro. De ellos uno hay que contarlo doble, porque justamente en su intersección con la Ronda se bifurca en dos. Otro el camino de la Pábila, otro el camino del Portanchito, y el último, quizás el más importante por soportar las aguas de los anteriores, el camino de los Altos de Fuente Fría.
He visto en la prensa un par de fotografías, si bien solamente he podido recuperar la que ilustra esta entrada, el camino de los Altos de Fuentefría.
No soy ni experto naturalista, ni geólogo, ni hidrogeólogo, ni nada de eso. Sí he caminado por esas sendas muchas veces, tanto en verano como en invierno (procurando en esta estación, hacerlo sin lluvias, pero con precipitaciones recientes).
La única foto que he podido rescatar de la prensa, entiendo que facilitada por la Asociación, es un tramo del camino de los Altos de Fuente Fría, en su punto más próximo a su encuentro con el camino de la llamada trocha, el que se bifurca justo en su intersección con la Ronda. Ese tramo, siempre que ha llovido, se ha inundado, a veces con la cantidad de agua que se observa en la foto, a veces formando solamente grandes charcos. La realización de la Ronda ha canalizado, como no puede ser de otro modo, las correntías de agua que pudieran afectar al trazado final, pero la ladera que vierte hacia el camino de los Altos, incluido el actual camino de bifurcación, seguirá recogiendo agua y vertiéndolas al camino receptor de los altos.
Ese camino, que lleva desde la primera curva de la carretera de la Montaña hasta El Marco, en cuanto llueve, se inunda, como en la foto, o se forman charcos de más o menos tamaño, que algunas veces han sido resuelto con la extensión de zahorra para hacerlo algo transitable.
En mi opinión, no es achacable a las obras de la Ronda la situación que refleja la fotografía, porque esa imagen no es actual y debe corresponder a un período anterior. Y es probable que se pudiera repetir en el futuro, por cuanto la canalización que se pudiera haber hecho del camino de bifurcación no recogerá, por no afectar al trazado de la vía, las aguas que viertan al camino transversal.
El camino de la Pábila, creo que está bien canalizado, al menos por lo que he podido ver, con la situación, además, de que ese camino es tributario de un riachuelo con origen en la falda de la Sierra de la Mosca, que al día de hoy, sigue corriendo, y cuya canalización se ha llevado hasta que el reguero de agua pasa la Ronda y se interna, como siempre ha hecho, en una de las huertas, en concreto una de las que aún conserva una noria de sangre en uso. Ese riachuelo era utilizado para el funcionamiento de la noria de sangre que ha sido rescatada y vallada dentro de las obligaciones arqueológicas de las obras de la Ronda. Además, ese riachuelo pasa por el camino de los Altos de Fuente Fría, al salir de la huerta situada a la izquierda, se interna en otra y debe verter (no se aprecia por la densidad de pastos y zarzas de los márgenes de la Ribera) a la propia Ribera, más abajo de donde se encontraba el molino de La Bula.
Queda, de los tres caminos perpendiculares al de los Altos, el del Portanchito, en gran parte pavimentado o medio pavimentado hasta su intersección con la Ronda. Ese camino vierte, cuando la aguas bajan, en un primer tramo, al Marco, pero en la zona que no forma parte del salidero natural (ahora ya sin manar) de la Fuente del Rey o del Marco. Y otra parte de las aguas que bajan con la lluvia por el camino del Portanchito se vierten hacia la derecha, para formar charcos en el final del camino de los Altos de Fuente Fría.
Ahora, los Amigos de la Ribera reclaman (y seguramente en todo o en parte o en nada tendrán o no razón) los daños que, dicen, han causado las obras de la Ronda. Espero que la asociación no reclame que todas las aguas que recojan las correntías del camino de bifurcación (trocha), el camino de la Pábila, el camino del Portanchito y el camino de los Altos de Fuente Fría sean canalizadas y vertidas a la Ribera, a la que sí llegan las aguas naturales de esos caminos que tienen ya espacios o correntías asentadas en los años.
No hay que olvidar que si se canalizan las aguas de lluvia en momentos de mayores precipitaciones y se vierten directamente a la ribera, se estará produciendo que lleguen a ésta aguas “bravas” que arrastran fangos y tierras que terminarían produciendo daños en el cauce natural cristalino de la propia Ribera.
Anda estos días El Petiso imbuido de un notable furor guerrero con alma de legionario (de lejonario), movido entre Cetmes y Chopos, marcando el paso de 120, por el despacho arriba, el despacho abajo y sin más pausas para la hidratación que las que le obliga la resentida próstata. Está El Petiso en esos días que trata de que El Conejo Santi no le gane la mano en deferencias hacia el jefe del pelotón, y por eso se mueve desaforadamente en halagos y guatacas. Incluso se encarga de dar la comida a la mascota del cuartel.
En sus vueltas y revueltas por los recovecos del cuartel, y sin pararse en mientes de ningún tipo, El Petiso ha escudriñado en todos los rincones para ver qué sacos arrinconados, con arenas de las trincheras de Brunete, hay y si en alguno encuentra ese objeto que haga feliz al sargento de semana para que le pueda conseguir el pase de pernocta (pernocta, del latín pernoctare, que significa dormir fuera del cuartel).
Por fin, tras muchos días de idas y venidas, más idas, muchas más, ha conseguido encontrar lo que buscaba, para envidia de El Conejo, que seguirá una semana más teniendo que cenar la sopa sin fideos del rancho de la segunda comida del día.
El lejonario de El Petiso
Ha encontrado una figurita de un soldado, de barro, de un lejonario sin duda porque el gorro que lo cubre es un chapiri. Sabe El Petiso que esa figurita la va a gustar al sargento, y que, incluso, está seguro que se le derramará una lágrima de emoción. Cuando le lleva el papel del pase de pernocta para que se lo firme, sonríe, porque sacando la otra mano derecha de detrás de la espalda, colocará delante de su superior la figura y sin duda la firma la dará por segura.
Efectivamente, el sargento, complacido, le ha firmado el pase de pernocta para que El Petiso pueda ir a ver a su novia, y le ha dicho que mañana, a diana, lo quiere en el cuartel. A diana.
El sargento, guardando el muñequito de barro en el bolsillo derecho del pantalón de faena, le dice: – Quiero este muñeco, pero lo quiero ya, pero no de este tamaño. Lo quiero de 6 metros de altura, para que se vea desde todas las partes del cuartel.
El Veterano Manolito Prevengan
… Y así fue cómo El Petiso se comprometió, pisándole cualquier tentación de idea que tuviera El Conejo, a erigir un menumento con motivo del centenario de la legión. Una figura de un lejonario con su chapiri y su cetme, en actitud de andar con el pie izquierdo (perdón, con el otro pie derecho) adelante.
Lástima que antes, mucho antes, otro Petiso había tenido la misma idea y fuera tan parecida, tan parecida, que solamente se diferenciaba en la gorra.
De entrada, hay que diferenciar entre indulto y amnistía. Indulto es el derecho de gracia ejercido para anular en todo o en parte una condena dictada en firme por un tribunal. Amnistía es el derecho de gracia ejercido para anular el delito o el tipo delictivo y de esa manera quedaría anulada la sentencia y la condena.
Es evidente que una amnistía es mucho más compleja de aplicar, ya que requeriría que la norma, de origen parlamentario, modificada el Código Penal. Y, por otra parte, la Constitución Española prohíbe los indultos generales.
Dicho esto, ahora que el gobierno de la nación, en cuya potestad recae la concesión o no de un indulto (derecho de gracia que, formalmente, ejerce el jefe del Estado a propuesta del Gobierno), se encuentra en la marea de indultar o no a los condenados por el juicio del procés, convendría considerar si el indulto puede ser total o parcial, si se puede ejercer sin petición previa de los condenados, o por petición de otros que lo soliciten para el condenado, si es requisito previo el arrepentimiento o no, si es condición inexcusable que el tribunal sentenciador opine a favor o en contra. Toda esta casuística se resolverá en el correspondiente expediente cuando llegue a la mesa del Consejo de Ministros.
Lo que no entiendo es el revuelo político, debidamente amplificado por los sicarios de los medios de comunicación, por cuanto hasta llegar al juicio mismo, hubo demasiados azotes de “países de nuestro entorno” que negaron extradiciones por no existir en sus ordenamientos jurídicos los tipos delictivos que se podrían aplicar en España (sedición, rebelión…). Esto es, en los países europeos la respuesta de sus gobiernos al posible indulto de los condenados sería la de observar la neutralidad política que se deriva del respeto a las decisiones de cada país.
Lo que no entiendo, siguiendo con lo anterior, es cómo el tribunal sentenciador, presidido por Marchena (no confundir con el antiguo central del Valencia), que ha recibido una tras otra bofetadas jurídicas de la justicia belga, se aviene a firmar un informe contrario al indulto basado en afirmaciones políticas, que en su caso, solamente correspondería adoptar al Tribunal Constitucional. Está claro que Marchena ejerce de alacrán escondido entre los paños y oropeles del Supremo.
Pero de todas las maravillas que no entiendo es la posición oficial del partido popular de que es innegociable que el gobierno no indulte a los condenados del procés. Digo posición oficial por dos razones: la primera, porque hace unos días, con motivo de la “crisis migratoria” de Ceuta supimos, por propia declaración de Pablo Casado, que él había estado reunido con los partidos más nacionalistas de Marruecos que ansían la anexión de Ceuta y Melilla. En épocas, por ejemplo, del dictador Primo de Rivera, al que hubiere realizado una reunión de ese tipo, se le habría aplicado inmediatamente el Código Penal en calidad de traidor. Y sí, no hay que olvidar en el vigente Código Penal, básicamente el mismo que había en los años 20 del siglo pasado, el delito de traición está conectado indisolublemente con los de sedición y rebelión, núcleos fundamentales utilizados por el tribunal supremo para condenar a Junqueras y cía.
¿A quién podría beneficiar más el hecho de que ahora el Gobierno de coalición otorgara el indulto? Evidentemente, a los propios condenados. Pero, como se trataría de mimetizar la medida de gracia con la adjetivación de política (indulto político) los mayores beneficiados serían los dirigentes del Partido Popular, que afrontarían los juicios que tienen pendientes con el alivio de que, si vuelven a gobernar, ya tendrían el aval para indultar, uno tras otros a aquellos compañeros caídos en las garras de la corrupción.
En abril de 1899, Joaquín Castel publicó otro folleto para difundir su propuesta al Ayuntamiento sobre la incidencia del contrato que se pretendía suscribir con la Sociedad de Aguas de Cáceres, y su repercusión sobre los acuíferos del Calerizo, y, en concreto, con la incorporación a los circuitos de distribución de las aguas provenientes del calerizo de las Minas, cuyo hidrotimétrico las hacía no aptas para el consumo humano, por lo que no deberían nunca confundirse ni llevadas a fuentes públicas por el peligro para la salud de la población. Igualmente, Joaquín Castel prevenía sobre la colisión de intereses de las Minas de Fosfato con la propiedad municipal, irrenunciable, de las aguas subterráneas.
En ese año de 1899, Joaquín Castel publicó una certificación del Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde La Riva, bajo el título
A LOS CACEREÑOS
CUESTIÓN DE ACTUALIDAD
Los folletos publicados por mí en los años 1895, 96 y 98, sobre las reformas de Cáceres basándolas en los recursos naturales de que dispone con la corriente de la Ribera y su posible aumento, el tesón con el que he venido defendiendo mis teorías, en los folletos y en el Municipìo, adonde fui en hora desdichada persiguiendo las soluciones que acariciaba en provecho de este pueblo, la arraigada convicción que tengo de la certeza de todas mis aseveraciones publicadas, las cuales no han podido traducirse aún en totalidad de un proyecto de validez legal ya por las resistencias del Ayuntamiento para hacerlo estudiar como debiera, ya porque tratándose de un asunto de interés público en el que yo no he buscado ventaja personal alguna y sí sólo el bien de esta población en que vivo, no he querido gastarme algunos miles de pesetas, me obligan á dar á conocer á los cacereños en los días presente, en que se discute un proyecto tan trascendental como el del abastecimiento de aguas de la ciudad, la actitud que he mantenido y mantengo en frente del mismo, que está condensada en la siguiente certificación que en previsión de lo que suceda y como salvaguarda de la corrección de mis actos he querido recoger y que en lo más sustancial dice:
“D. Fernando Álvarez Becerra, Abogado del Ilte. Colegio de esta Audiencia Territorial y Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad:
Certifico: Que en el libro de actas de las sesiones que celebra esta Excma. Corporación y en la que tuvo lugar el día 2 del corriente, entre otros aparece el particular que á la letra copiado es como sigue:
Particular
Terminada su lectura y antes de procederse á su discusión, el Sr. Castel en uso de las facultades que el Reglamento le concede, presentó á la Presidencia la siguiente proposición, pidiendo se inserte íntegra en este acta y se le deduzca certificación de este particular, previo pago.
El Concejal que suscribe, vistas las proposiciones de la Sociedad de Aguas de Cáceres, en la que figura como Director Gerente ó con semejante el Ilmo. Sr. D. Francisco Galán y Castillo, propietario, al parecer, de las Minas de Fosfatos, sita en el Calerizo, próximo á esta Ciudad, tiene el honor de someter á la aprobación de la Excma. Corporación Municipal la siguiente
PROPOSICIÓN
AGUAS DE LAS MINAS DE FOSFATOS
Teniendo en cuenta que el Calerizo de las Minas, por su excesiva porosidad, da paso á las aguas subterráneas hasta uniformarse el nivel de toda la masa de calizas, y que por esta circunstancia, si se procura desagüe en cualquier punto del mismo, á él acudirán siempre todas las aguas, si el pozo ó galería que practique está por bajo del nivel superior de la capa de agua subterránea.
Considerando que el art. 18 de la Ley de Aguas vigente dice textualmente: “Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medio de pozos ordinarios” y el 19 que en su primer período [párrafo] dice: Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ello resultasen amenguados las de sus vecinos”, y habidas en cuenta la letra y el espíritu de los artículos 21, 22, 23 y siguientes de la misma ley:
Edificio Embarcadero
Considerando que el Calerizo de las Minas es un predio de los baldío de Cáceres, y que por lo tanto pertenece su superficie á esta Ciudad, así como sus aguas subterráneas, excepción hecha de la parte proporcional que pueda pertenecer á las demarcaciones mineras, las cuales no ocupan ni la tercera parte del predio del citado Calerizo, y que, por lo mismo, más de las dos terceras partes del agua subterránea es de la propiedad de Cáceres, por las razones indicadas:
Considerando que la extracción del agua de dicho Calerizo si á ella sigue, como fuera de desear, la explotación formal de las Minas y con sus trabajos llegasen á contar la incomunicación natural existente con el Calerizo del Marco, podrían llevarse las aguas subterráneas de este último alterando el régimen natural de desagües y arruinando la Ribera de Cáceres con el agotamiento del prodigioso manantial que la da la vida.
Al otorgar el Excmo. Ayuntamiento el permiso para elevar y conducir parte de las aguas de las Minas á Cáceres, debe concederse con las condiciones siguientes:
Primera. Se declara que el agua subterránea de las Minas no es potable, según dictamen emitido á instancia del Excelentísimo Ayuntamiento por el Director del Laboratorio municipal de Sevilla, que obra en la Secretaría del Ayuntamiento, y por lo tanto le queda prohibida á la Empresa establecer dentro de la Ciudad de Cáceres otra clase de fuentes que pilones, abrevaderos de donde el vecindario tome el agua para usos secundarios, en la misma forma que hoy la toma de los pilares adosados al puente de San Francisco y huerta enfrente de éste.
Segunda. El Municipio de Cáceres, al conceder el permiso para la traída de dichas aguas, no se compromete al uso de candidad alguna de las mismas, reservándose el derecho de utilizar y pagar la parte que pueda convenirle para uso de vía pública y jardines, sin limitación de tiempo ni fijación de cantidad de agua y por precio máximo de 25 céntimos de peseta el metro cúbico.
Tercera. La Empresa podrá ocupar gratuitamente para la conducción y distribución, sí la faja de terreno de los baldíos que atraviese, como la vía pública de la Ciudad y establecer las derivaciones que los particulares le compren, si notro requisito, que cumplir con lo que previenen las Ordenanzas municipales y someterse á la voluntad del Municipio para la situación de los pilones y boca de riego, pero sin que el permiso para canalizar las calles pueda jamás constituir un privilegio á favor de la Empresa, pues que si otra cualquiera pudiera trajese algún día aguas potables, podrá ocupar la vía pública siempre á voluntad del municipio.
Cuarta. El Excmo. Ayuntamiento, aunque desde el punto de vista de la Ley no la necesita, hace expresa reserva de su derecho, para practicar una galería de comunicación entre las calizas del Marco y Minas, al objeto de que las aguas subterráneas de este último, por su nivel natural, superior á las del Marco, puedan verter en éste aumentando la corriente de la Ribera de Cáceres, sin que llegado el caso de ejecutar tal obra le sea dado á la Empresa hacer la menor oposición, ni mucho menos exigir perjuicios si con ello resultase amenguado el caudal que ésta tuviese en el punto de toma y elevación.
Quinta. La Empresa se compromete solemnemente á que si llegase el caso de explotarse las Minas de Fosfato, siendo necesario extraer el agua de mayor profundad que la que tiene el agua subterránea ahora al nivel de su desagüe, toda el agua que se extrae de las minas será encauzada por la Empresa hasta la Cañada y punto de bifurcación de las líneas férreas de Mérida y Arroyo, obligándose el Excmo. Ayuntamiento á encauzarla desde dicho punto hasta la vega de Maltravieso, ya de su propia cuenta, ya con ayuda de los propietarios de la Ribera de Cáceres.
Sexto. Si las Minas no llegan á explotarse en el plazo de dos años, á contar desde esta fecha, hasta la profundidad máxima á que fueron trabajadas por la Sociedad de Fosfatos, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres podrá ejecutar cuando quiera, pasado este plazo, el cierre de la galería de desagüe de la “Esmeralda” y otras que unieren al valle del Alcoz, con objeto de volver á establecer el régimen natural de desagüe del Calerizo de las Minas por los Caños de Santa Ana, que dichas galerías variaron por la diferencia de nivel; quedándole prohibido á cualquier empresa que fuese explotadora de las Minas, abrir otro desagüe á mayor profundidad que el nivel de los citados Caños de Santa Ana.
El Sr. Castel pide la palabra para defender la proposición de que es autor, considerándola íntimamente ligada á la presentada por los señores Catalán y Compañía, de que acaba darse lectura y de la que ya extraoficialmente tenía conocimiento, rogando al Ayuntamiento que la toma en consideración por la importancia que reviste el asunto á que se contrae, para el pueblo de Cáceres.
Y para que conste y por orden del Sr. Alcalde, expido la presente visada por el mismo y con la debida referencia en Cáceres, á 14 de marzo de 1899.- Fernando Álvarez.- VºBº La Riva.
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Del contenido del precedente documento, se desprende:
1º Que la tan decantada propiedad del agua de las Minas no tan absoluta como pretende el propietario de las misma, por cuento siendo en su mayor parte subterránea de un predio de los baldíos de Cáceres, esta ciudad puede ejercer iguales derechos que el dueño de las minas, para la extracción ó elevación en sus respectivas propiedades, sin que el último pueda oponerse.
2º Que dada la mayor altura de nivel que todavía tiene la capa de agua del calerizo de las minas respecto de la del Marco, el Ayuntamiento de Cáceres puede ejecutar cuando quiera la galería de comunicación que una ambas cuencas subterráneas en un solo desagüe que sería el del Marco, y cuya galería costaría una suma poco superior á la suscrita por el Ayuntamiento á la Sociedad de Aguas del Sr. Galán.
3º. Que si la explotación futura de las Minas llega hasta el dique natural de las pizarras (que formando un semicírculo desde Peña Agua ´Cabezarrubia, separa las vertientes de ambos calerizos) rompiendo dicho dique á mayor profundidad que el nivel de desagüe del Marco, este manantial quedará agotado (de la misma manera que los Caños de Santa Ana fueron agotados por la galería de la Esmeralda, que está ocho metros más baja que aquellos) dejando sin corriente la Ribera de Cáceres, que es la basi y casi único elemento natural de existencia de esta ciudad.
4º. Que si tan fatal eventualidad es probable, ahora que el dueño de las Minas solicita del Municipio de Cáceres permiso y concesiones para hacer un negocio, con las aguas de aquel calerizo (según se ve en los folletos y circulares que ha repartido, y á mí han llegado), la ocasión no podrá ser más oportuna, para recaba á cambio del permiso para tal negocio, la reivindicación de derechos hasta aquí abandonados por Cáceres y prevenir las contingencias del porvenir que pueden ser tan funestas para este pueblo.
5º. Que habiendo resultados el agua de las Minas de un grado hidrotimétrico á 40º en los tres análisis efectuados con aguas tomadas y remitidas á los laboratorios con las formalidades legales, de cuyos análisis constan los resultados en la Secretaría del Ayuntamiento, no deben declarárselas potables ni distribuirlas dentro de la población en fuentes como si fuera potable para evitar que el público ignorante las emplee en los primeros usos de la vida en perjuicio de su salud, por la cual tienen que velar las autoridades, en particular los Ayuntamientos.
6º. Que la posibilidad de abastecer la población de Cáceres de buenas aguas potable, cosa relativamente tan fácil, y que ya sufrió el primer golpe adverso con el poco meditado contrato de la Eléctrica, será ya económicamente imposible, si por desgracia llegan á traerse las malas aguas de las Minas, para imponerlas aunque de modo indirecto al vecindario, y se consumará por fin este desgraciado negocio que desde 1882 se cierne sobre los cacereños, atisbando ocasión propicia para pasar ya que en aquella fecha y aún después no se consiguió.
7º. Que si bien la proposición mía ha sido desestimada al fin por el Ayuntamiento, por creerla demasiado dura, como en tiempos lo fueron mis indicaciones sobre el contrato de la Eléctrica y sus efectos, espero tranquilamente que mis predicciones de ahora resultarán tan plenamente confirmadas como lo fueron aquella.
El pasado 12 de mayo, el BOE publicó el Real Decreto 325/2021, referido a ayudas a los soldados de reemplazo españoles que participaron en la llamada guerra de Marruecos o más propiamente, Guerra de IFNI (https://boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7841.pdf).
El Ministerio de Defensa del actual gobierno de la coalición liderada por el PSOE trata así de reparar, más de 60 años después, las pesadillas y la crueldad de una guerra a la que fueron enviados soldados de reemplazo, soldados de las levas del Servicio Militar Obligatorio.
Es curioso que el MINISDEF haya recurrido a la inscripción de aquellos que fueron enviados forzosamente a la guerra, cuando debería ser el propio ministerio el que tuviera disponibles los listados de quienes fueron enviados al desierto. Pero…
Esta guerra, de la que nadie habla (y menos desde las tribunas de los partidos fascistas que campan a sus anchas en las calles provocando disturbios o manifestándose violentamente contra miembros del gobierno), esta guerra desconocida por sujetos tan despreciables como Santiago Abascal o Pablo Casado, que un día sí y otro también utilizan las tribunas parlamentarias del Congreso y el Senado para llamar indigno al Gobierno de España, esta guerra no existió, ni existe.
Si nos fiamos de la Wikipedia, en ella participaron 9.000 soldados españoles y 5.000 franceses frente a unos 20.000 marroquíes. ¿Desconoce el Ministerio de Defensa español el número exacto y real de los soldados españoles que combatieron contra “los moros”? No, no lo desconoce, pero no puede utilizar sus archivos para ofrecer a los 9.000 soldados forzosos las ayudas que ahora se publicitan.
Y no puede (o no quiere) reconocer con sus propios archivos a esos soldados porque toda la documentación de esta guerra está velada por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, y su modificación de 1978. Levántese el velo de los secretos oficiales, y así podremos honrar a nuestros compatriotas. Siguiendo la Wikipedia, en esos combates murieron: 200 españoles en la invasión inicial, 128 resultaron heridos y unos 100 desaparecidos; en la Batalla de Edchera, 37 muertos y 50 heridos y en la ¿Reconquista del Sahara Español? 55 españoles muertos, 74 resultaron heridos y uno desaparecido.
Oficialmente, la guerra fue ganada por España con la intervención de Francia, frente a Marruecos. Sin embargo, la evolución de la distribución de las tierras objeto de la guerra fue una victoria real marroquí, como se aprecia en los mapas.
Levántese el tapiz de los secretos oficiales, dispóngase de toda la documentación de esa guerra y no solo conoceremos el coste en vidas de compatriotas, el coste en heridos, el coste en desaparecidos, sino, seguramente, que la guerra supuso un triunfo para quienes explotaban recursos marroquíes, que los siguieron administrando después (¿alguien no ha oído hablar de los superfosfatos del Sahara?). Si fue tal el triunfo, cómo es posible que el Ejército vencedor sea el que cubre con el velo de los secretos oficiales, y no quiera que conozcamos la vergüenza de cómo fue la salida de España de los territorios del Sahara y por qué se producen episodios como las periódicas “crisis migratorias”.
1956
1958
Y siguiendo la Wikipedia, un detallito nada más: las fuerzas marroquíes las mandaba, durante la invasión inicial Ben Hammu, siendo desconocidos los comandantes marroquíes al frente de sus tropas. Un dato que nos lleva a otra entrada de la Wikipedia, a la referida al sanguinario jefe de la guardia mora de Franco, y nombrado por este capitán general de Galicia, en cuyo palacio de capitanía de Atocha mandó construir una mezquita, y después capitán general de Canarias: Mohamed ben Mizzian. Para conocer algo de este sujeto (y entender cómo Franco le dejó a sus anchas, pues compartían el mismo sanguinario virus del poder) reproducimos una parte de la entrada que la enciclopedia le dedica:
Mizzian en 1924
En 1956, al obtener Marruecos la independencia, el rey Mohammed V le pidió que se encargara de la organización del nuevo ejército marroquí, por lo que solicitó su baja en el ejército español, siéndole ésta concedida con fecha 22 de marzo de 1957.
En Marruecos ocupó primero el puesto de inspector de las Fuerzas Armadas Reales y en 1957-58, junto con el futuro rey Hassan II, protagonizó la despiadada represión de la sublevación del Rif, cuyos habitantes rebeldes fueron bombardeados con napalm.
En 1964 fue nombrado ministro de Defensa y el 22 de febrero de 1966, Hassan II lo envió como embajador de Marruecos a Madrid, según se dijo, en “un gesto de buena voluntad de acercamiento a España”. En 1970 volvió a formar parte del gobierno como ministro de Estado y el 17 de noviembre de ese año fue ascendido a mariscal, convirtiéndose en el militar de más alta graduación del ejército marroquí.
Casado en 1925 con Fidela Amor, tuvo siete hijos, seis niñas y un varón, Mustafá que estudió en la Academia de Artillería de Segovia y que murió en un accidente. Dos de sus seis hijas se casaron con militares. El marido de una de ellas fue ejecutado en 1971 por encabezar un intento de atentado contra Hassan II. La otra se casó en secreto con un militar español, sobrino del que fuera ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín-Artajo. Esta boda provocó las iras de Mizzian, musulmán convencido, ya que para llevarla a cabo la hija había de convertirse a la fe católica. Para impedirlo planeó secuestrar a su hija, que se hallaba refugiada en Valladolid. Con tal fin, convenció a la pareja para que viajara a Tetuán y reconciliarse. No obstante, en el mismo aeropuerto un oficial, siguiendo instrucciones suyas, retuvo a la hija y expulsó al marido. Este incidente provocó hondo malestar en la oficialidad española, pero Franco hizo oídos sordos a la protesta y al escrito que le dirigió el marido. En cambio sí intervino para impedir que prosperara la propuesta, formulada por el Consejo Supremo del Ejército, de que le fuese retirada la paga española que Mizzian aún percibía tras pasar a las órdenes de Mohamed V.
