Tras el resultado electoral del 2 de diciembre en Andalucía, han comenzado a surgir iniciativas para frenar a la ultraderecha, para parar a Vox. Esas iniciativas comenzaron en la propia Andalucía al día siguiente de las elecciones con manifestaciones masivas “en contra” de los resultados.
Es meridianamente cierto que la ultraderecha nunca se había ido, que estaba agazapada en la derecha (en el Partido Popular) y aún recuerdo, hace años, cómo se “elogiaba” que fuera el partido creado por exministros de Franco el que servía de dique, el que conseguía que ni Fuerza Nueva ni otros grupos ultramontanos llegaran a los parlamentos.
Eso ha cambiado, y lo mismo que los llamados populismos de izquierdas (Podemos y otros grupos) han fragmentado y en gran medida desmovilizado el voto más progresista, la llegada de Vox al Parlamento andaluz ha fragmentado el voto de la derecha (pero no lo ha desmovilizado), y el reto que se plantea no es convocar manifestaciones contra la llegada de la ultraderecha (más bien, su retorno), sino cómo conseguir, de modo efectivo, que ese retorno no siga aumentando.
Está claro, muy claro, que Pablo Casado, Alberto Rivera y Santiago Abascal han mamado de la misma teta franquista, y los tres tiran de la misma mama para que lo que antes se llamaba “franquismo sociológico” llene sus expectativas de voto.
Es preciso que, cuanto antes, los partidos de izquierda se tomen en serio su papel democrático, constitucional e ideológico: los partidos son los instrumentos que tenemos los ciudadanos para transformar la sociedad. A diferencia del Partido Popular, Ciudadanos, y ahora Vox, que para ellos sus partidos son sus instrumentos de perpetuación en el inconsciente colectivo.
Con el PSOE en el gobierno, Podemos y sus confluencias atornillando las ruedas al asfalto, IU deglutida, la mayor prioridad debería ser la movilización de los ciudadanos progresistas, para que, electoralmente, eso se traduzca en gobiernos de izquierdas en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Estamos asistiendo a un ataque frontal de la derecha utilizando la Constitución como arma (en el sentido bélico del término), la misma a la que Alianza Popular y todos los padres fundadores del Partido Popular, negaron su voto afirmativo, particularmente por el Título VIII, el estado de las autonomías, lo mismo que abandera ahora Santiago Abascal, su deseo de acabar con ellas.
Utilizan la Constitución contra el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez lanzando cada día ataques de pureza de sangre constitucional en el asunto de Cataluña. Y es aquí donde hay que pensar que Quim Torra y el PdeCat son derecha pura y dura y no olvidar que Artur Mas aplicó en Cataluña unos recortes más salvajes que los del propio Rajoy. Quim Torra, y Puigdemont, son supremacistas, y se sirven de una ERC que ha perdido cualquier seña política social, cegados por un imposible deseo de independencia.
A la derecha (y ultraderecha) española le viene muy bien que la derecha (y la ultraderecha supremacista) catalana le sirva de coartada (en el sentido policial del término) para repartir carnets de constitucionalismo cuando esa misma derecha no ha creído en ella.
No es una respuesta inteligente convocar manifestaciones antifascistas que lo que consiguen es la reafirmación de quienes son señalados. O, al menos, no es ni mucho menos el mejor método para parar a la derecha (y a la ultraderecha).
El mejor método es una mayor presencia política, una auténtica movilización política, la consecución de que los ciudadanos que no quieren involución (¿alguien se acuerda de esta palabra?) se incorporen a los partidos de izquierda, y que esos partidos (PSOE, Podemos y sus confluencias, IU…) se pongan de acuerdo en que solamente desde la ciudadanía, militante o simpatizante, pero activa, se conseguirá poner ese freno.
Conseguir que la abstención sea la menor posible, porque no hay que olvidar que la abstención siempre favorece a la derecha.
Vale.
El 18 de noviembre de 2018 ha tenido lugar en Cáceres (sí, esa ciudad extremeña entre Madrid y Lisboa, entre Salamanca y Sevilla) una manifestación multitudinaria para pedir, para exigir, un #TrenDignoYa, unos trenes y unas infraestructuras que nos unan con el Sur, con Sevilla, con el Norte, con Salamanca, con el Este, con Madrid y con el Oeste, con Lisboa.
Vale.
Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.
Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.
Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.
Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.
Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.
También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.
Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.
Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?
No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.
Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.
Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.
Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.
Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.
Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.
Vale.
