Archivos para CIMOV nº 1

Si algo caracteriza a la administración militar, es su continuo trabajo en estudios, prospecciones y escenarios a corto, medio y largo plazo, lo que permite la toma de decisiones teniendo en cuenta que las mismas, en el momento de adoptarse, pueden conllevar críticas y riesgos.
Así, cuando el gobierno de Aznar decidió la suspensión del servicio militar obligatorio y convertir a toda la tropa en profesional, se decidió también que su formación se llevaría a cabo en las Academias militares. Los argumentos: establecer un esquema que dotaría a la tropa profesional de mejores capacidades. Aquella apuesta suponía el cierre del Acuartelamiento de Santa Ana, sin que por parte del Ejército se estableciera alternativa para su uso posterior, lo que llevaba aparejada la venta de la finca.
El esfuerzo de algunos ciudadanos, el apoyo del PSOE, entonces en la oposición tanto en Cáceres como en Madrid, y de colectivos sociales, mantuvo un pulso a lo largo de tres años (2001-2004) para evitar el cierre del CIMOV nº 1, el desmantelamiento de las instalaciones y la venta de los terrenos.
A partir de 2004, se siguió manteniendo la decisión de que toda la tropa se formaría en las Academias militares, pero varió el futuro de las instalaciones de Santa Ana: el ministro Bono y el presidente Ibarra acordaron que tendrían uso posterior, con la implantación de una unidad de ingenieros, lo que se plasmó en un RD de 2006.
Los estudios, prospecciones y escenarios con los que se trabaja en el ámbito de la administración militar han venido manteniendo, desde 2004, la necesidad de que las instalaciones de Santa Ana en Cáceres habrían de tener uso, al tiempo que se ha seguido optando por la formación de la tropa en las Academias. En este tiempo, la continuidad del CIMOV nº 1 ha estado vinculada a la determinación de qué unidad la sustituirá en el acuartelamiento, y, en esa condición precaria, ha seguido funcionando.
Pero los tiempos cambian, las necesidades, también, y los estudios, prospecciones y escenarios con los que se trabaja, en estos tiempos de crisis económica, pueden forzar a que no sea la formación de tropa en las academias un criterio unívoco, y que la existencia de instalaciones como las cacereñas, concebidas exclusivamente para la formación de tropa (adaptadas poco a poco, y aún falta, a los nuevos tiempos), adquieran valor futuro en ese campo.
No se trata tanto de que la impronta de que la formación de los soldados profesionales en las academias sea un distintivo de mejor nivel, sino de que el modelo de formación, con titulación de formación profesional vinculada, se pueda desarrollar con buenas garantías. Y eso lo cumple el acuartelamiento de Cáceres.
En fechas futuras sabremos si aquella decisión del gobierno de Aznar en el año 2000 es perenne o si, por el contrario, el aprovechamiento de instalaciones existente y adecuadas llevan a la continuidad, por muchos años, de la formación de tropa en Cáceres. O lo que es lo mismo: aquellos estudios y escenarios que propiciaron que en el año 2001 se adoptara la decisión política de cerrar la presencia militar en Cáceres se han mostrado, con el tiempo, inadecuados.
Y el trabajo de quienes se opusieron a la decisión del PP entonces, habrá dado sus frutos. La administración militar trabaja también a largo plazo, el plazo que se ha seguido manteniendo por algunas personas el interés, la lucha y el esfuerzo porque las instalaciones de Santa Ana en Cáceres sigan vinculando a las Fuerzas Armadas con la ciudad.
Vale.

En fechas pasadas, el Ministerio de Defensa anunció que a finales de 2009 se había alcanzado el objetivo legal de contar con 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional en las Fuerzas Armadas. Ese objetivo, según interpretaciones de prensa no alejadas de la realidad, se consigue con la mezcla de una situación económica en crisis que lleva a los jóvenes a buscar trabajo en los ejércitos y con la mejora de las retribuciones y de las condiciones de vida en los cuarteles, iniciada por José Bono y continuada por sus sucesores José Antonio Alonso y Carme Chacón. La situación en la que el peor ministro que haya tenido nunca España (incluidos los de la Dictadura franquista) en materia militar, Federico Trillo, dejó a las FAS no podía ser más calamitosa.

El hecho de que ahora las FAS cuenten con los efectivos máximos de tropa marcados por el poder legislativo tiene algún efecto colateral que, en el caso de la ciudad de Cáceres, es necesario analizar.

Existe en esta ciudad un Centro de Formación de tropa del Ejército de Tierra, CIMOV nº 1, que a lo largo de 2010 sufrirá, negativamente, las consecuencias de haberse alcanzado el tope legal. No se sabe, a estas alturas del año, cuántos efectivos pasarán por sus instalaciones ni cuántos ciclos de incorporación se producirán durante el año, ni siquiera cuándo se incorporarán los primeros.

El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha acordado, dentro de las medidas de austeridad necesarias para superar la crisis económica, la disminución de las tasas de reposición, sin excepciones, de empleados públicos. Los militares también lo son. Todavía el Gobierno no ha acordado la oferta de empleo público para 2010, en cuyo marco ha de incluirse la oferta de empleo para las FAS, y de la que se derivará el proceso de incorporación de nuevos soldados, para mantener la cifra de los 86.000. O lo que es lo mismo, si las bajas por cese de contratos son mínimas, la oferta será mínima.

En estas circunstancias, el futuro del Centro de Formación existente en Cáceres, y el de otros situados en otras ciudades, no se olvide, es complicado. La presencia militar en ciudades pequeñas, como es esta, es una fuente de ingresos para la economía local, y el acierto de la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, al gestionar, durante 2008, un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al que se sumó la Junta de Extremadura, garantiza que esa presencia militar tendrá continuidad, aunque el desarrollo del acuerdo de 2008 conllevará nuevas e intensas gestiones políticas.

La realidad actual, que lleva a que la necesidad de Centros de Formación sea menor que en los últimos 10 años, no debe, en modo alguno, plantearse como definitiva en cuanto a que el Ministerio de Defensa pudiera decidir el cierre del mismo, si bien sería deseable que el acuerdo de 2008 se desarrolle y se garantice que una fuente de ingresos para la economía local de tanta importancia, se mantenga.

En lo que se refiere al argumento, siempre manido, de la “histórica relación de la ciudad con el Ejército”, sencillamente no me lo creo. Y mi experiencia me lo dice. En todo caso, esa “histórica relación” lo ha sido (y, desgraciadamente, lo sigue siendo) en aspectos concretos y en intereses (muchas veces económicos) entre “destacados” miembros de la burguesía cateta local y los “altos mandos” (en realidad, no tan altos) del Ejército destinados a Cáceres.

Vale

El pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Defensa emitió una nota de prensa tras la reunión de Carme Chacón con la cúpula militar en la que se puede leer: “entre los temas tratados se encuentra la evolución de las plantillas a lo largo del año que termina, en el que se ha alcanzado la cifra de 86.000 efectivos profesionales de tropa y marinería.”
Algún medio de comunicación, p. ej. El País, se refería en este tema a que los dos factores fundamentales de haber alcanzado la cifra de 86.000 efectivos se debía a la situación económica y a la mejora en los sueldos. Este volumen de efectivos se planteó en 2006 que podría alcanzarse en 9 años.
La consecuencia inmediata será que la oferta de empleo público en lo que respecta a tropa y marinería, para 2010, será que disminuirá considerablemente respecto a 2009, y se circunscribirá a la reposición de bajas, bien por aquellos que no desean renovar el compromiso o aquellos que los Ejércitos no considere que deben ser renovados. Para la incidencia sobre el empleo en general, no creo que se fije una tasa de reposición superior al 15%, alrededor de 13.000, a distribuir entre Ejército, Armada y Aire, y en 11 ciclos de incorporación. Linealmente, se convocarían 1.200 plazas por ciclo.
Para los intereses de Cáceres, donde la existencia de un centro de formación, el CIMOV nº 1, es una fuente económica de primer orden, la disminución de los efectivos a formar para su incorporación tendría efectos negativos inmediatos, ya que cada una de las Academias Militares tiene su propio centro de formación y parecen suficientes para asumir las necesidades que se derivarán de haber alcanzado el techo de 86.000, número marcado en los presupuestos generales del Estado.
Tendría, no tendrá, ya que si bien no han podido aún cumplirse las previsiones recogidas en el R.D 416/2006, las gestiones realizadas a lo largo de 2008 por la alcaldesa Carmen Heras dieron lugar a la firma de un Protocolo General de intenciones, con participación del Ministerio, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento, a finales de 2008, y cuya vigencia de un año para firmar un Convenio que amplíe los terrenos del actual Campamento de Santa Ana ha sido prorrogada. Ese protocolo garantiza la continuidad del uso militar de Santa Ana, que, ampliado, deberá ser el Ejército de Tierra el que determine qué unidad militar será la que se instale. Y mientras tanto, el CIMOV nº 1 continuará ejerciendo sus funciones, aunque sean disminuidas.
Vale.
Hace dos semanas, un medio local, al que no volveré a enlazar en este blog ni a citarlo expresamente, publicaba una información sobre la constitución de la Comisión de Seguimiento del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008 entre Ministerio de Defensa, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres. La información, limitada en cuanto a novedades (la novedad era la propia constitución de la Comisión), tuvo su continuidad en un editorial del mismo medio al día siguiente, dando contundencia a una información que carecía de ella y tratando de provocar, sin duda, una polémica política sobre la continuidad del CIMOV nº 1. No hubo tal polémica.
Hoy, dos semanas después, aparecen en el mismo medio dos páginas sobre el mismo asunto que más parecen destinadas a un anuario que a la actualidad inmediata. Vuelta la burra al trigo. ¿Aparecerá mañana otro editorial sobre el mismo tema? La diferencia básica entre el formato de la información de hace dos semanas con la que aparece hoy está en que es otro periodista quien firma.
No se preocupa el director del medio en subsanar los errores de lo que publica, que en materia de Defensa y Fuerzas Armadas son habituales en todos los medios nacionales y que son la base de los medios locales (salvo honrosas excepciones). No voy a señalar cuáles son los errores que contiene lo publicado en el día de hoy. Y junto a los errores, las mentiras. Ya se sabe que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Es el caso de la actuación del ex alcalde Saponi en todo este tema. Indignado no lo estuvo nunca: no tenía redaños para ello, para enfrentarse al ministro del Yak-42.
Sí me preocupa el camino que sigue este medio en esta materia: la ignorancia es la madre de todos los males. En estos momentos, las realidades en torno a la continuidad del uso del Campamento de Santa Ana son diametralmente opuestas a las que hubo entre 2001 y 2004, bajo gobierno del PP y con el minisTrillo al frente de Defensa, y Saponi en la alcaldía de Cáceres.
En estas realidades, algún nubarrón se puede colocar sobre nuestras cabezas. Por una parte, que los intentos de la dirección del medio local al que me refiero de concitar una polémica política cuajen. Y, por otro, que los intentos que por parte del mando del CIMOV nº 1 de “resucitar” la Plataforma que se constituyó en 2001, cuajen, cosa que dudo. Pero sería muy grave que en los próximos días apareciera alguien ligado a esa Plataforma dando carta de naturaleza a la “necesidad” de que se reactive.
Aquí queda escrito, a 6 de diciembre de 2009, Día de la Constitución, que si en los próximos días aparece algún iluminado tratando de resucitar la Plataforma, será un mandado, un vocero del mando del CIMOV nº 1.
Y otra cosa: al día de hoy, la situación futura del Acuartelamiento de Santa Ana está más cerca que hace un año de tener continuidad y por muchos años.
Vale.

Ha tenido lugar en la Sala Clavellinas, de Caja de Extremadura, la mesa redonda que sobre los “20 años de la mujer en las Fuerzas Armadas” estaba programada dentro de las actividades de la XVII Edición del Aula de Cultura CIMOV nº 1.
Las ponencias han abarcado tres conjuntos de temas que conforman un espectro de lo que significó la incorporación de las primeras mujeres a las Fuerzas Armadas, en el año 1988, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Ana Bibiana Moreno, que ha sido recordado como el inicio del cambio sustancial que la incorporación de la mujer ha tenido en las Fuerzas Armadas.
La Capitán Psicólogo Dª Pilar Bardera Mora ha trazado un retrato sobre los aspectos psicosociales en cuanto a la presencia de la mujer. Los conocimientos de la Capitán Bardera Mora, reciente premio “Fidel Pagés Miravé”, el máximo dentro de la Sanidad Militar, se han trasladado a los asistentes en aspectos como el papel histórico de la mujer en los conflictos armados, en los que históricamente ha sido no combatiente, salvo excepciones, entre las que citó a mujeres rusas o a mujeres republicanas en España, las causas de la exclusión de la mujer de los conflictos bélicos (la mujer-madre, la mayor de esas causas). Posteriormente se ha referido a los diversos aspectos normativos, tanto internaciones como nacionales, haciendo especial referencia a la Resolución 1325/2000 de las Naciones Unidas y al I Plan de Igualdad de Oportunidades 1988-1990, en nuestro país.
Se ha referido a motivos de exclusión con factores militares, sociales, culturales, etc., hasta que la suspensión del servicio militar obligatorio y la caída demográfica han sido determinantes para que la incorporación a las fuerzas armadas de las mujeres fuera mayor.
Finalmente, ha hecho referencia a estereotipos tradiciones, biológicos, etc., sin que en la práctica estos sean especialmente significativos en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
La Teniente de Navío Dª Mónica Cuervo de la Calle ha hecho una exposición de cuáles son las funciones del Observatorio de la Mujer, creado en 2005, cuáles son sus capacidades de actuación dentro del ámbito militar, en cuestiones esenciales como la conciliación de la vida familiar y laboral, los informes de impacto de género, los asesoramientos a mandos y a personal directamente, habiendo llegado a ser objeto incluso de consulta por algunas universidades en lo que respecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Ha hecho un repaso de cuáles son las cifras de mujeres en las Fuerzas Armadas actualmente, con 16.000 mujeres, y su distribución por ejércitos (Tierra y Aire) y la Armada. También ha destacado la presencia de mujeres extranjeras, especialmente de Colombia y Ecuador y el hecho, significativo, que entre los reservistas voluntarios el porcentaje de mujeres es mayor (un 25%) que las propias fuerzas.
Los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, Jurídico, Intervención, Sanidad y Músicas militares son un exponente de la incorporación de titulados universitarios (Derecho, Administración de Empresas, Económicas, Medicina, Veterinaria…) a las FAS.
Finalmente, la Comandante DEM Dª María Gracia Cañadas García-Baquero se ha referido a la vida operativa, a cómo ha sido y cómo es el desenvolvimiento de las mujeres en las unidades operativas. Cómo las primeras incorporaciones eran un problema para los mandos, que no sabían qué hacer, sobre todo en cuestiones de infraestructura (dormitorios, duchas…). Los primeros destinos siempre como auxiliares, las dificultades sanitarias en los campos de maniobras (igual de negativas para hombres que para mujeres).
Ha referido la vida operativa de las mujeres en las FAS como subordinadas y como jefas. Su experiencia la lleva a considerar que tuvo menos dificultades cuando se incorporó a sus primeros destinos con suboficiales mayores que ella que con sus mandos superiores. Cree que una característica definitoria de la mujer es su mayor capacidad de amor propio.
En cuanto a la disciplina, son menos propensas a cometer faltas en ese sentido, a riñas o a otro tipo de acciones que pueden ser sancionadas y la mayor parte de las veces en que se sanciona a mujeres es por distracciones o por errores en la ejecución de órdenes.
La mujer jefa, en los ejércitos, no plantea más cuestión, si bien tiene la característica de que es más conciliadora.
En cuanto a los debates actuales destaca las pruebas físicas (diferentes en cuanto a exigencias, salvo en algunas unidades, que son las mismas), las diferencias culturales en las misiones internaciones (países islámicos), la conciliación de la vida familiar y laboral, la capacidad bélica de la mujer. El futuro, afirma la Comandante Cañadas, tiene buena pinta.
Ha recordado a las primeras mujeres que fueron a misiones internacionales (Yugoslavia, 1993), a la soldado Idoia Martínez Buján (primera mujer fallecida en misiones internacionales), si bien alguna mujer había fallecido antes en el curso de sus actividades dentro del Ejército.
Las perspectivas de una mujer general, cifradas en 2017, según la Comandante no debería ser un referente, ya que un general no deja de ser como un Director General de la administración. Lo importante será cuando una mujer general mande una gran unidad, o una mujer teniente coronel mande un batallón de una unidad operativa.
Tras su intervención, muy aplaudida, como las de las otras dos ponentes, se abrió un turno de preguntas del público asistente, que llenaba la sala Calvellinas. Entre las personas asistentes a la mesa redonda estuvo María José Pulido, Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura.

“Tampoco hace falta que recuerde como luchó la ciudad de Cáceres por la continuidad del centro en la base de Santa Ana en el año 2004. Ese sentimiento y ese apoyo que vi en los cacereños no lo voy a olvidar jamás, pues podía desaparecer algo que forma parte de la historia moderna de Cáceres. Ese agradecimiento lo resaltó el coronel Domínguez Valor el día de la Inmaculada Concepción, patrona del centro de instrucción, en ese triste año.” (Juan Carlos Fdez. El Periódico Extremadura. 21/11/2009).

El párrafo que precede, incluido en un artículo sobre el nombramiento del CIMOV nº 1 como hermano mayor de la cofradía de la virgen de la montaña, puede deberse a un error involuntario del autor quizás para adaptar el tamaño del texto al espacio otorgado por el medio de comunicación. Pero es claramente erróneo.

El triste año, para el Centro de Instrucción y Movilización nº 1 es el de 2001, cuando el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Pardo de Santayana, visitó el 8 de marzo el Acuartelamiento de Santa Ana y, en declaraciones a los medios dejaba entrever el principio del fin. Al día siguiente, en la Base General Menacho apuntalaba lo que era una decisión: la desaparición del CIMOV nº 1 y la finalización de la presencia militar en la ciudad de Cáceres, al no existir alternativa ninguna.

Desde ese marzo de 2001 hasta el 31 de mayo de 2004, con gobierno del Partido Popular hasta abril de 2004, la decisión de disolver el CIMOV nº 1 estaba tomada, y no existía alternativa alguna, por mucho que el entonces alcalde de la ciudad tratara de confundir, cuando no engañar directamente, a la opinión pública.

El 31 de mayo de 2004, por la tarde, el ministro de Defensa, José Bono, acompañado por el Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Alejandre Sintes, y por el General García González, que le sustituiría al poco tiempo al frente del Ejército, informaron primero a los mandos del CIMOV nº 1y al alcalde de la ciudad, José María Saponi, y luego a una representación del personal destinado en el CIMOV nº 1, de la decisión de que se ubicaría en el Acuartelamiento de Santa Ana una Unidad de Ingenieros y una Unidad de Servicios.

El autor del artículo del que se cita un párrafo al comienzo de este seguro estuvo presente tanto en la reunión previa como en la abierta al personal y a los medios de comunicación.

Fue, precisamente, en esa fecha, 31 de mayo de 2004, cuando se estableció una decisión política de dar continuidad a la presencia militar en la ciudad de Cáceres, continuidad reafirmada en el Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008 entre la ministra de Defensa, el Presidente de la Junta y la Alcaldesa de Cáceres. Solamente las circunstancias han impedido hasta la fecha llevar a cabo sus previsiones.

Pero, en modo alguno, el 2004 fue un año triste para la presencia militar en la ciudad de Cáceres, que es un gran activo económico y social al que no puede ni debe renunciarse. Tristes, muy tristes, duros fue los años del trienio anterior, y solamente gracias a los esfuerzos de algunas personas, y, especialmente, de la Plataforma que se constituyó para defender esa continuidad en la presencia militar en Cáceres, se consiguieron primero el compromiso de 2004 y el Protocolo de 2008.

Materializar ese compromiso y el Protocolo está cada vez más cerca, aunque no hay que caer en la ansiedad por ello, por cuanto los planes de la administración militar tienen sus tiempos, que, desafortunadamente, no son los que desearíamos.

Pero no hay que olvidar hechos: en marzo de 2004, con un gobierno del PP, el CIMOV nº 1 estaba condenado al cierre. Desde mayo de 2004, el CIMOV nº 1 ha tenido continuidad apoyado en el compromiso entre José Bono y Rodríguez Ibarra y en el acuerdo, posterior, entre Carme Chacón, Guillermo Fernández Vara y Carmen Heras. Estos son hechos, hechos. La tristeza del año 2004 a que se refiere el autor del artículo quizás tenga otro origen.

Fernando Manzano (www.regiondigital.com)
En el diario de ultraderecha ABC, aparecen unas declaraciones a agencias de un sujeto que dice ser Secretario General del PP de Extremadura (el simétrico geográfico de Ricardo Costa). El tal individuo se llama Fernando Manzano (“el placer está en tus manos”), y viendo su foto, tiene lo que siempre se ha dicho: cara de bollo.
Dice el tal Manzano (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=172132) que el “PP critica el ‘silencio corrupto’ de Heras ante las promesas ‘incumplidas'”. Aquí podemos hablar de la corrupción política (en el mismo sentido que parece ser que un arrebato de alta filosofía emplea el declarante) cuando el secretario general de los peperos incluye en esas promesas incumplidas el Protocolo firmado entre la Junta de Extremadura, Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Cáceres, cuya alcaldesa es Carmen Heras, la tildada por el derechista de mantener un “silencio corrupto”.
Aunque sobre silencios corruptos con carácter general podríamos preguntar al político derechista Manzano que calla cuando un dirigente de una confesión religiosa trata de chantajear a los representantes de la soberanía popular, en uno de los asuntos que señala, el del CIMOV nº 1, el tal Manzano habla sin saber (lo que en un dirigente político es una forma de corrupción).
La ignorancia en una materia como la relacionada con asuntos de las Fuerzas Armadas suele ser habitual, porque es un asunto árido, completo, técnico. Por ello, estos asuntos se tratan con cuidado, con solvencia, y no haciendo declaraciones.
Por muchas declaraciones que sobre este asunto hiciera la alcaldesa de Cáceres, estoy completamente seguro que el ¿dirigente? del PP Manzano tardaría en aprender. Entre otras cosas porque cuando se es indocumentado se suele estar en la inopia.
Hoy es 12 de noviembre de 2009. El trabajo de Carmen Heras en el asunto de la presencia, tradicional y socialmente aceptada por la ciudadanía por su aportación económica a los intereses de la ciudad, del Ejército viene siendo constante y su transformación en hechos, atendiendo a los tiempos propios de una institución como son las Fuerzas Armadas, comenzará a estar próxima.
El señor Manzano debería documentarse antes de hablar.
Vale.


El pasado día 16 de enero, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó en sesión plenaria una moción presentada por el PP en relación con la continuidad del CIMOV nº 1 en la ciudad. La moción contó con el apoyo unánime, incluida IU, de todos los grupos municipales. El contenido de la moción, por otra parte, es una muestra de la ignorancia más completa en materia de asuntos de Defensa, y su redacción, sencillamente vergonzante.
La finalidad de la moción presentada por el PP no era apoyar la continuidad de la unidad militar en la ciudad, sino atacar directamente a la alcaldesa de la ciudad, que había firmado junto con el Presidente de la Junta y la Ministra de Defensa un Protocolo de Intenciones sobre la reordenación de inmuebles del ministerio en la ciudad entre otras cosas. El portavoz del PP, autor confeso de la moción perpetrada, estuvo presente en la firma del Protocolo y pasó un mal trago, sus gestos y su actitud durante todo el acto protocolario debieron ser dignos de una grabación para verlos.
En ese uso de la continuidad de la instalación militar, el portavoz del PP jugaba con la pretensión de que la moción fuera rechazada, para así tener argumentos (quiero decir, artillería política) con los que seguir atacando al gobierno municipal. Pero la aprobación de su propuesta desarmó su estrategia.
Por otra parte, y ante el desconocimiento profundo de los temas de militares y de Defensa en general, alguien debió aleccionarle y en una rueda de prensa convocada para asuntos de participación ciudadana volvió a cargar contra la alcaldesa, llegando a pedir su dimisión con una frase: «no puede estar ni un día más al frente de la ciudad», porque según el portavoz popular, “nos están robando el regimiento de ingenieros”.
Agotada en sí misma la finalidad de la esperpéntica moción aprobada por el pleno, la estrategia continúa como si esa aprobación no hubiera tenido lugar, y se suma alegremente el presidente regional del PP, con la misma finalidad, pero en este caso, para atacar al Presidente de la Junta de Extremadura.
A Monago y a Castellano les da exactamente igual que el CIMOV nº 1 continúe o no en la ciudad, les da exactamente igual que el compromiso del ministerio de ampliar los terrenos del acuartelamiento para mejorar las condiciones de formación de soldados siga adelante, a ellos les da exactamente igual. Es más, desearían con todas sus fuerzas que finalmente la decisión fuera la que el PP adoptó en la legislatura del peor ministro de Defensa de la historia de España, un tal Trillo. Esa decisión les vendría como… de perlas.
A Monago y a Castellano, cuando hablan, se les nota una profunda carencia en materia de Defensa, que no es una carencia debida a que hayan o no tenido experiencia militar, sino a una profunda falta de capacidad de conocer cómo funciona el Estado, ya que los asuntos de la Defensa Nacional son, constitucionalmente, el Estado puro y duro, y eso, a cargos (iba a poner dirigente o líderes, pero sería elevarlos a una categoría a la que nunca podrán llegar por incompetencia) políticos tan limitados, les sobrepasa.
Las comunicaciones recibidas por la Alcaldesa de Cáceres y el Presidente de la Junta, en contestación a las peticiones de información, y alguna que ha sido remitida desde el ministerio sin petición previa, son argumentos, no artillería política, que desmontan la estrategia que ha iniciado el PP de cuanto peor, mejor.
Castellano y Monago, pero sobre todo el primero, están deseando que el CIMOV nº 1 se cierre, y su forma de actuar no ofrece dudas. Y no las ofrece porque su incultura no le permite discernir entre deseos y realidades.
Construido a principios de los años 20 del siglo pasado, el Cuartel Infanta Isabel suponía, para la ciudad de Cáceres, la consolidación de que la ciudad tendría guarnición permanente, lo que en aquellas fechas suponía un gran avance institucional y económico. Su uso militar fue primero como sede del Regimiento Segovia 75 y después con el Regimiento Argel 27, para pasar a mediados de los 70 a conformar primero el C.I.R. nº 3, luego llamado C.I.R. Centro, compartiendo sede con el Campamento de Santa Ana.
Fue a finales de los años 80 cuando el mayor peso de la presencia militar en la ciudad se fue trasladando a Santa Ana, y dejando el Cuartel en gran parte sin uso, lo que llevó a su inclusión dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 con dos áreas de reparto. Una, formada por el llamado Edificio de Mando, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrado. La otra, junto con los talleres municipales y otras pequeñas propiedades conforma hoy el Residencial Infanta Isabel.
En el año 2000, los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa de la Unidad de Ejecución CII-1 fueron vendidos en subasta pública, por una cantidad en torno a los 1.500 millones de pesetas, incluido el IVA. El precio de salida fue de poco más de 500 millones. O lo que es lo mismo, las ofertas de las empresas que concurrieron a la subasta triplicaron el precio de salida: el mercado actuó conforme a sus reglas.
En la fecha en que los terrenos fueron vendidos, gobernaba en Madrid el PP, y el ministro de Defensa era Federico Trillo. El Ayuntamiento de Cáceres obtuvo, de los terrenos de la unidad de ejecución, los derechos del 10%, los expresamente tasados en la legislación urbanística. No obtuvo ningún beneficio extra. Tampoco los reclamó.
Sobre el Cuartel Infanta Isabel siempre surgen las voces que, sin conocimiento de los datos, ya históricos por otra parte, reclaman que el Ayuntamiento fuerce la reversión. Efectivamente, los terrenos sobre los que se construyó el Cuartel fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ejército. Sin embargo, hay que tener en cuenta algún detalle legislativo sobre este tipo de cesiones. La legislación aplicable (que actualmente ha cambiado bastante) establecía que si un municipio cedía gratuitamente al Estado un inmueble para un fin concreto, el Estado disponía de un plazo de cinco años para realizar las obras necesarias al fin para el que se cedió, y debería mantener el uso durante los treinta años siguientes. El Ejército cumplió los dos extremos.
Pero hay un dato, que sin duda obra en los archivos municipales, y fue que en los años 50 el Ayuntamiento de Cáceres reclamó del Ministerio del Ejército la reversión del denominado Cuartel Viejo (donde después estuvo el mercado de abastos y ahora está el parking de Galarza, y cuya puerta fue trasladada a la trasera del palacio episcopal, en otra muestra más del falseamiento de la ciudad monumental). Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, y el Ministerio del Ejército devolvió al municipio el Cuartel Viejo.
Aquello dio lugar a que, en las mismas fechas, y, sin duda, para evitar cualquier reclamación de reversión, se diera la instrucción de formalizar la escritura de declaración de obra nueva del Cuartel Infanta Isabel, de manera que además de haber cumplido las previsiones de ser construido en los cinco años siguientes a la cesión de los terrenos y haber mantenido el uso en los treinta siguientes, se daba cumplimiento al requisito formal de elevarlo a escritura pública.
En definitiva, sobre el Cuartel Infanta Isabel no cabe, desde el Ayuntamiento, ningún derecho a reclamar reversión alguna… pero.
Pero lo que debió hacerse en el año 2000, cuando se sabía que Defensa sacaría a subasta su parte en la Unidad de Ejecución CII-1, fue negociar compensaciones para la ciudad. Gobernaba el Ayuntamiento el PP con mayoría absoluta. Acababa de ganar el PP las elecciones generales con mayoría absoluta. ¿Qué hizo entonces el gobierno municipal presidido por el magnífico gestor José María Saponi? Nada, nada de nada. Fue el primer ayuntamiento de España que ante una situación similar, el primero y el único, que no obtuvo nada a cambio, porque el 10% de las cesiones son obligación legal.
Lo grave de todo ello no fue que no obtuviera ningún tipo de compensación, sino que un año después, en 2001, comenzó el calvario por el que ha pasado no sólo el CIMOV nº 1, sino la propia presencia de guarnición militar en Cáceres.
El período 2000-2004, en asuntos relacionados con el Ejército, está marcado por la toma de decisiones en Madrid por el ministro Trillo, y la tota incapacidad política y de gestión del Partido Popular en Cáceres ante las situaciones planteadas.
Vale.