Archivos para November 30, 1999
A lo largo del mes de agosto, y al hilo de las primarias para la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid, se han venido publicando diversas informaciones en la prensa local cacereña sobre unas posibles primarias para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento local. Muy interesantes las informaciones, ya que en ningún momento se incluía en ellas referencias a los procedimientos fijados por la Comisión Ejecutiva Federal socialista, y, por tanto, orilladas exclusivamente, si fueran veraces las noticias, a intereses individuales. Intereses nada objetables, por otra parte.
Sin embargo, y mientras en los medios de comunicación se había publicado en fechas anteriores que la dirección del PP extremeño había decretado la candidatura de Elena Nevado por el partido de la derecha, sin ningún tipo de debate interno, los dos medios escritos alientan que ese debate se produzca en el partido que gobierna el Ayuntamiento. ¿A que se debe que se aliente ese debate en un partido y no se haga la más mínima crítica cuando en el otro ni se plantea? En estos meses de verano, los estudiantes de periodismo hacen las prácticas. ¿Estarán aprendiendo ya que a la derecha se le permite cualquier cosa y que a la más mínima hay que criticar a la izquierda?
No importan las listas a los medios de comunicación, les importa las personas, más fácilmente criticables. Pero, políticamente, las listas no deberían importar a los partidos democráticos, como no le importan a la derecha. Deberían importar los equipos.
Los equipos políticos que concurren con unas determinadas siglas y con unas determinadas proyecciones ideológicas deben, deberían, ser más importantes para los ciudadanos, y, por ello, más interesantes para los periódicos. Claro, que también hablamos de periódicos y periodistas, y eso, en Cáceres, es una cuestión que deja mucho que desear.
Así, mientras los periodistas locales, más gacetilleros que escritores de prensa, se han interesado por este o aquel nombre que pudiera estar interesado en que hubiera primarias en el partido socialista cacereño, han estado especulando con nombres. Pero esos gacetilleros locales, todos, tienen desde finales de julio una información, contrastada por ellos mismos, de la inclusión más que posible en la lista del partido de la derecha de una persona conocida, profesional militar, que está avalada por un importante sector del PP local y guardan silencio.
A los periodistas locales no les interesan las listas de los partidos a las elecciones, mucho menos los equipos de personas que conformen esas listas. A los periodistas, gacetilleros locales, les interesan las personas, los individuos, sobre los que pueden influir porque salir en los papeles en una ciudad pequeña y pacata puede ser determinante para las aspiraciones, cortas, de algunos: una foto en el periódico es un éxito.
Sin embargo, esos mismos periodistas callan cuando, teniendo una información contrastada, que afecta a la derecha, se les pide que no la hagan pública todavía, porque no interesa, porque puede ser contraproducente o porque esperan el mejor momento para que tenga el mayor y más beneficioso impacto electoral. Vamos, que se pliegan los gacetilleros a la estrategia militar.
Vale.
Mientras escribo este post, se debaten en el Congreso las medidas del “palacio de Zurbano”, en las que tienen una importancia básica el desembolso de fondos públicos. También en estas fechas los Ayuntamientos de toda España están licitando las obras aprobadas dentro de la segunda fase del Plan E. Y los empresarios del automóvil reclaman la prolongación de las ayudas para adquisición de coches. En realidad, todo un gran plan E, que no es otra cosa que un PER a gran escala. Ya lo dijo hace poco Rodríguez Ibarra en “Salvados”: ¿qué es el Plan E si no un PER?
La derecha, encabezada por la dirección del PP, critica estas acciones del Gobierno, mientras los ayuntamientos gobernados por sus conmilitones se echan de hoz y coz a pedir financiación para proyectos con fondos del Plan E.
La derecha mediática, todas esas emisoras de radio y televisión adjudicadas (¿gratuitamente?) por el gobierno de Esperanza Aguirre critica sin parar el Plan E.
Pero hoy en los medios de comunicación aparecen los primeros, tímidos, intentos de un grupo de empresas (en toda Europa) que ante el desastre ocasionado por la nube de cenizas del volcán islandés, ya están pidiendo ayudas públicas. Son las compañías aéreas, a las que seguirán las empresas hoteleras que han visto canceladas miles de reservas, los chiringuitos de playa que no venderán miles de raciones de paella…
Lo de las ayudas a empresas aéreas es una sinvergonzonería sin tasa, que será secundada por la derecha política y la derecha mediática: son empresas que cotizan en bolsa, que tienen accionistas que cuando reciben dividendos los guardan bien guardados y no se los ofrecen al Estado.
El neoliberalismo económico que tanto le gusta a Montoro y sus estudiosos discípulos y seguidores se demuestra como lo que es: hipócrita y sinvergüenza.
Las cenizas del volcán islandés son las cenizas del capitalismo salvaje y de la hipocresía política de los neoliberales, a los que no les importa, cuando están llenando los bolsillos de dividendos y beneficios sin control, hacer todo lo posible por destruir y desprestigiar al Estado, y cuando una ráfaga de viento les voltea una esquina de la cartera acuden llorando, cobardes, a que papá Estado les socorra.
Vale.
El diario El País publica un reportaje en el que varios generales hablan de las Fuerzas Armadas. Y eso está muy bien.
http://www.elpais.com/articulo/portada/Hablan/generales/elpepusoceps/20100228elpepspor_7/Tes
Está muy bien que los militares, en este caso, los generales expongan sus opiniones. Hasta ahora, las opiniones de los militares sobre los conceptos básico de la defensa nacional y el papel de las fuerzas armadas se han venido reduciendo a artículos en prensa (normalmente en medios conservadores) de algún ex alto mando. Últimamente son prolíficos en sus artículos los generales Alejandre y Pitarch, con mayor o menor nivel crítico con la política militar y/o de defensa del gobierno, según el asunto sobre el que escriben.
Está muy bien que los generales hablen y digan cosas que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluida la denominada “clase política” desconocen.
El general Villamía dice: «la mayor adaptación de la sociedad española en los últimos 30 años la hemos hecho nosotros. Hemos sido un modelo. Y sí, ¡estamos orgullosos! ¿Por qué no decirlo? Representamos lo que son los ciudadanos y somos una buena representación». ¿Para cuándo una adaptación semejante en la Justicia? digo yo.
El general Varela Salas, jefe de la brigada de La Legión: «Somos una herramienta de la política exterior del Gobierno».
El general Asarta, jefe de la FINUL en Líbano: «Yo, de uniforme, soy el general Asarta; el fiel de la balanza, y no puedo ni debo decantarme. Cuando me quito el uniforme soy un ciudadano y expreso mis ideas, pero nunca como general».
El general Rodríguez, Jemad, dijo en un discurso en noviembre: «Nuestra transformación estará realizada cuando al encontrarse con un periodista, un general perciba una oportunidad más que una amenaza».
Estas opiniones de generales, extractadas del artículo de El País, demuestran una evolución social (al final, evolución política en el sentido griego del término, no en el sentido rosadiez) de cómo son las FAS constitucionales y cuáles son los conceptos que manejan en su trabajo.
Está muy bien que hablen los generales, y que cuando un general se encuentre con un periodista entienda que es una oportunidad, no una amenaza.
Pero estaría mejor, mucho mejor, que los líderes sociales y políticos, a todas las escalas entendieran cuál ha sido la evolución de la forma de entender su función que han tenido los miembros de las fuerzas armadas españolas. Porque, todavía hoy, cuando sale el tema militar en cualquier conversación, termina siendo reducido a anécdotas de la mili. Y nada más.
Es inaudito que desde el reportaje de El País se pueda apreciar una visión de conjunto tan completa de cómo han evolucionado las FAS y que todavía el conjunto de la sociedad civil se limite a recordar anécdotas de la mili.
Si difícil y largo ha sido el recorrido que han tenido que seguir los periodistas del medio madrileño para llevar adelante el reportaje, más largo y más difícil sigue siendo el camino para que la sociedad en general aprenda conceptos básicos en materia de defensa y seguridad.
Hace poco leía, en el blog de Luis Solana, que está bien que los generales hablen de los asuntos de defensa y seguridad (se refería a los que ya han pasado a la reserva y publican artículos regularmente), pero que sería mucho mejor que sobre esos temas se expresaran también civiles. Pero esto va a tardar. Los líderes políticos y sociales desconocen cómo moverse en esos conceptos, aunque hay muchos instrumentos para formarse en estos asuntos. De momento, no interesan. Y si no, vean en las webs de los dos principales partidos los espacios dedicados al asunto. Vale que el PSOE está gobernando y su dedicación política a estos asuntos se hace desde el propio gobierno, pero no estaría de más que la web tuviera al menos enlaces con documentos de trabajo adecuados. Y el PP se limita a poner un pequeño listado de lo que harían (referido al programa electoral con el que perdió las última elecciones) si gobernaran.
Vale.
Este párrafo es la sexta y última conclusión del comunicado de prensa del PP tras la reunión de Javier Arenas y Cristóbal Montoro con los consejeros de Hacienda de las CCAA gobernadas por la derecha.
Es el resumen de una constatación que recuerda el momento glorioso de Mariano Cuchara Rajoy, cuando en el Congreso de los Diputados acusó a los socialistas de que saben leer.
El PP, comenzando por su teórico de la economía, Montoro, descalifica el Plan de Financiación de las CCAA de una forma clara y evidente. Después de cinco conclusiones de orden político, la sexta y definitiva demuestra que Montoro y sus consejeros de Hacienda no saben matemáticas a un nivel adecuado.
El Plan consta de unas 75 páginas, de las cuales, unas 30 se resuelven con complejos cálculos matemáticos, fórmulas financieras (¿Excel? ¿Open Office? ¿Math Lab? ¿SPSS?) que los economistas manejan habitualmente. Pero los economistas del PP siguen con el papel de estraza y el lápiz de carpintero.
Por ello, la conclusión sexta del comunicado del PP demuestra que desde Montoro a sus consejeros de Hacienda de las CCAA que gobiernan no tienen ni idea de matemáticas financieras o económicas y tienen la pereza suficiente (vagancia, más bien) para utilizar las fórmulas incluidas en el plan de financiación y simular los posibles escenarios de 2012 y adoptar el más adecuado y el más inadecuado.
Lejos de estudiarse el Plan, lo que hacen es decir que es muy complejo, que tienen ganas de irse de vacaciones y que ya estudiarán en septiembre… otra vez.
Vale.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.