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Tras la última reunión, hace ya más de 15 días, de la alcasenadora Nevado con los miembros de la Plataforma “Cáceres con el Cefot”, parece que quedó meridianamente claro que el asunto del cierre de la instalación militar en la ciudad se había solucionado. Una de las principales fuentes de ingresos de esta capital de provincia había quedado a salvo de los recortes del gobierno del PP por la valiente y decidida de Elena Nevado. En realidad, no llegó a tal extremo de rotundidad (al parecer) con los miembros de la Plataforma, pero la inactividad de esta junto con el constante y machacón “argumentario” que el entorno del PP local y regional transmiten es que se trata de un asunto cerrado.
Incluso, durante los fastos de celebración del Primer Año de la Victoria, el asunto ni siquiera se mencionó (y dudo de que algún periodista lo preguntara). Asunto cerrado.
Pues dado que es asunto cerrado, con gran éxito por parte de la alcalsenadora Nevado, deben eliminarse las pancartas que afean las barandas de los pasos elevados sobre rotondas, y que no aportan a los conductores y acompañantes que pasan bajo ellas ninguna información relevante sobre la ciudad.
Y, por supuesto, debe eliminarse la pancarta que, a modo de barricada, se colocó en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, significativamente en la zona donde se encuentra el despacho de la alcaldía. Eliminar la barricada, digo, la pancarta sería la máxima aclaración a que el futuro del Centro militar de formación de nuevos soldados está resuelto y garantizado.
Elíminese la pancarta de su ubicación, que afea la fachada de la casa consistorial y que además perturba el paseo agradable de los cacereños por la Plaza Roja, y que han de contestar a cuantos visitantes miran y se preguntan, los más educados, que a qué se refiere esa pancarta. Y los más ordinarios (turistas de mochila, alpargata y cámara de 59 euros del Carreful) sencillamente preguntan: ¿qué coño es eso del cefot?
Las pancartas, cuando en realidad son barricadas, se eliminan una vez conseguido el objetivo. Y cualquier mindundi, chichinabo, botijero,IBM, traidor y demás allegados al PP local, provincial y regional se encargan de airear el éxito conseguido.
De la mediación implorada a Rajoy, nada se dice. De si Rajoy llegó a ver la carta de Elena Nevado implorando su mediación ante el ministro de Defensa, tampoco. De la carta enviada al Ministro de Defensa, nada se dice. Nada se sabe. Para qué.
Elimínese la pancarta, y el balcón municipal quedará en todo su esplendor, libre de barricadas.
Vale.

A lo largo del mes de agosto, y al hilo de las primarias para la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid, se han venido publicando diversas informaciones en la prensa local cacereña sobre unas posibles primarias para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento local. Muy interesantes las informaciones, ya que en ningún momento se incluía en ellas referencias a los procedimientos fijados por la Comisión Ejecutiva Federal socialista, y, por tanto, orilladas exclusivamente, si fueran veraces las noticias, a intereses individuales. Intereses nada objetables, por otra parte.

Sin embargo, y mientras en los medios de comunicación se había publicado en fechas anteriores que la dirección del PP extremeño había decretado la candidatura de Elena Nevado por el partido de la derecha, sin ningún tipo de debate interno, los dos medios escritos alientan que ese debate se produzca en el partido que gobierna el Ayuntamiento. ¿A que se debe que se aliente ese debate en un partido y no se haga la más mínima crítica cuando en el otro ni se plantea? En estos meses de verano, los estudiantes de periodismo hacen las prácticas. ¿Estarán aprendiendo ya que a la derecha se le permite cualquier cosa y que a la más mínima hay que criticar a la izquierda?

No importan las listas a los medios de comunicación, les importa las personas, más fácilmente criticables. Pero, políticamente, las listas no deberían importar a los partidos democráticos, como no le importan a la derecha. Deberían importar los equipos.

Los equipos políticos que concurren con unas determinadas siglas y con unas determinadas proyecciones ideológicas deben, deberían, ser más importantes para los ciudadanos, y, por ello, más interesantes para los periódicos. Claro, que también hablamos de periódicos y periodistas, y eso, en Cáceres, es una cuestión que deja mucho que desear.

Así, mientras los periodistas locales, más gacetilleros que escritores de prensa, se han interesado por este o aquel nombre que pudiera estar interesado en que hubiera primarias en el partido socialista cacereño, han estado especulando con nombres. Pero esos gacetilleros locales, todos, tienen desde finales de julio una información, contrastada por ellos mismos, de la inclusión más que posible en la lista del partido de la derecha de una persona conocida, profesional militar, que está avalada por un importante sector del PP local y guardan silencio.

A los periodistas locales no les interesan las listas de los partidos a las elecciones, mucho menos los equipos de personas que conformen esas listas. A los periodistas, gacetilleros locales, les interesan las personas, los individuos, sobre los que pueden influir porque salir en los papeles en una ciudad pequeña y pacata puede ser determinante para las aspiraciones, cortas, de algunos: una foto en el periódico es un éxito.

Sin embargo, esos mismos periodistas callan cuando, teniendo una información contrastada, que afecta a la derecha, se les pide que no la hagan pública todavía, porque no interesa, porque puede ser contraproducente o porque esperan el mejor momento para que tenga el mayor y más beneficioso impacto electoral. Vamos, que se pliegan los gacetilleros a la estrategia militar.

Vale.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de abril, se refirió a la existencia de un stock de 700.000 viviendas, a finales de 2009, cuando a finales de 2008 el stock alcanzaba las 613.000. Se trata de viviendas nuevas, sin vender.
Si consideramos el referente de que por cada vivienda en construcción el número de puestos de trabajo necesarios para ello es de 4, tenemos un stock de parados de 2.800.000. Este dato, que no es neto por la influencia del Plan E, sí es suficiente para explicar cuál es la causa básica de que en España el paro alcance prácticamente el doble que en Europa. No hay que olvidad que la capacidad de absorción del mercado español de vivienda está en 200.000 unidades al año, tardaremos 4 años en eliminar el stock existente, pero en ningún caso, si no se cambia de modelo económico, podríamos recuperar el impacto de los 2.800.000 de parados generados por el sector inmobiliario.
Una fórmula, ensayada en varias CC.AA., para disminuir el stock de viviendas nuevas sin vender ha sido su conversión a viviendas a precios tasados. Fórmula claramente insuficiente porque no se tiene en cuenta los factores que intervienen en el precio de la vivienda. El promotor o el constructor pueden disminuir el precio en los elementos que han podido controlar, en la producción. Pero no pueden disminuir el peso del precio del suelo en el final de la vivienda si no quieren incurrir en pérdidas irreparable.
Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, el precio del suelo se disparó hasta límites insospechados, de manera que puede considerarse en muchas promociones una incidencia del 50% del precio final de la vivienda. Este hecho, debido exclusivamente a las decisiones políticas del gobierno de Aznar, pesan como una losa sobre el sector inmobiliario español. Por una lado, porque el stock de viviendas terminadas sin vender se asienta sobre precios del suelo ya pagados y que impiden a los promotores rebajar el producto final, y, por otro, porque muchas operaciones de suelo realizadas en tanto estuvo vigente la Ley 6/1998, hasta la entrada en vigor del la Ley del Suelo de 2007, se asentaron sobre expectativas de precios que garantizaban a sus propietarios unos beneficios desorbitados. Las empresas que se convirtieron en cautivas de una política ultraliberal en materia de suelo, ahora son cautivas de su propia ambición, cuando no víctimas, y extienden su falta de rigor sobre las pequeñas empresas que ven que teniendo suelo en propiedad, prácticamente amortizado por ejercicios económicos solventes anteriores, no pueden obtener financiación para proyectos futuros ni siquiera a precios iguales a la VPO porque las entidades bancarias también son culpables de haber financiado, sin rigor, con la alegría propia de la legislación que se lo permitía y lo aleccionaba, y tienen un índice de morosidad muy elevado en el sector.
Cada vez que en los medios de comunicación de la ultraderecha, o cada vez que algún vocero del PP se refiera con desparpajo al número de parados, hay que recordarles que 2.800.000 parados deben su situación a la política de la derecha, a su interés en hacer ricos a los terratenientes (¿verdad, Esperanza Aguirre?) aún a costa de un modelo económico puramente especulativo.
Vale.

Mientras escribo este post, se debaten en el Congreso las medidas del “palacio de Zurbano”, en las que tienen una importancia básica el desembolso de fondos públicos. También en estas fechas los Ayuntamientos de toda España están licitando las obras aprobadas dentro de la segunda fase del Plan E. Y los empresarios del automóvil reclaman la prolongación de las ayudas para adquisición de coches. En realidad, todo un gran plan E, que no es otra cosa que un PER a gran escala. Ya lo dijo hace poco Rodríguez Ibarra en “Salvados”: ¿qué es el Plan E si no un PER?

La derecha, encabezada por la dirección del PP, critica estas acciones del Gobierno, mientras los ayuntamientos gobernados por sus conmilitones se echan de hoz y coz a pedir financiación para proyectos con fondos del Plan E.

La derecha mediática, todas esas emisoras de radio y televisión adjudicadas (¿gratuitamente?) por el gobierno de Esperanza Aguirre critica sin parar el Plan E.

Pero hoy en los medios de comunicación aparecen los primeros, tímidos, intentos de un grupo de empresas (en toda Europa) que ante el desastre ocasionado por la nube de cenizas del volcán islandés, ya están pidiendo ayudas públicas. Son las compañías aéreas, a las que seguirán las empresas hoteleras que han visto canceladas miles de reservas, los chiringuitos de playa que no venderán miles de raciones de paella…

Lo de las ayudas a empresas aéreas es una sinvergonzonería sin tasa, que será secundada por la derecha política y la derecha mediática: son empresas que cotizan en bolsa, que tienen accionistas que cuando reciben dividendos los guardan bien guardados y no se los ofrecen al Estado.

El neoliberalismo económico que tanto le gusta a Montoro y sus estudiosos discípulos y seguidores se demuestra como lo que es: hipócrita y sinvergüenza.

Las cenizas del volcán islandés son las cenizas del capitalismo salvaje y de la hipocresía política de los neoliberales, a los que no les importa, cuando están llenando los bolsillos de dividendos y beneficios sin control, hacer todo lo posible por destruir y desprestigiar al Estado, y cuando una ráfaga de viento les voltea una esquina de la cartera acuden llorando, cobardes, a que papá Estado les socorra.

Vale.

El diario El País publica un reportaje en el que varios generales hablan de las Fuerzas Armadas. Y eso está muy bien.

http://www.elpais.com/articulo/portada/Hablan/generales/elpepusoceps/20100228elpepspor_7/Tes

Está muy bien que los militares, en este caso, los generales expongan sus opiniones. Hasta ahora, las opiniones de los militares sobre los conceptos básico de la defensa nacional y el papel de las fuerzas armadas se han venido reduciendo a artículos en prensa (normalmente en medios conservadores) de algún ex alto mando. Últimamente son prolíficos en sus artículos los generales Alejandre y Pitarch, con mayor o menor nivel crítico con la política militar y/o de defensa del gobierno, según el asunto sobre el que escriben.

Está muy bien que los generales hablen y digan cosas que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluida la denominada “clase política” desconocen.

El general Villamía dice: “la mayor adaptación de la sociedad española en los últimos 30 años la hemos hecho nosotros. Hemos sido un modelo. Y sí, ¡estamos orgullosos! ¿Por qué no decirlo? Representamos lo que son los ciudadanos y somos una buena representación”. ¿Para cuándo una adaptación semejante en la Justicia? digo yo.

El general Varela Salas, jefe de la brigada de La Legión: “Somos una herramienta de la política exterior del Gobierno”.

El general Asarta, jefe de la FINUL en Líbano: “Yo, de uniforme, soy el general Asarta; el fiel de la balanza, y no puedo ni debo decantarme. Cuando me quito el uniforme soy un ciudadano y expreso mis ideas, pero nunca como general”.

El general Rodríguez, Jemad, dijo en un discurso en noviembre: “Nuestra transformación estará realizada cuando al encontrarse con un periodista, un general perciba una oportunidad más que una amenaza”.

Estas opiniones de generales, extractadas del artículo de El País, demuestran una evolución social (al final, evolución política en el sentido griego del término, no en el sentido rosadiez) de cómo son las FAS constitucionales y cuáles son los conceptos que manejan en su trabajo.

Está muy bien que hablen los generales, y que cuando un general se encuentre con un periodista entienda que es una oportunidad, no una amenaza.

Pero estaría mejor, mucho mejor, que los líderes sociales y políticos, a todas las escalas entendieran cuál ha sido la evolución de la forma de entender su función que han tenido los miembros de las fuerzas armadas españolas. Porque, todavía hoy, cuando sale el tema militar en cualquier conversación, termina siendo reducido a anécdotas de la mili. Y nada más.

Es inaudito que desde el reportaje de El País se pueda apreciar una visión de conjunto tan completa de cómo han evolucionado las FAS y que todavía el conjunto de la sociedad civil se limite a recordar anécdotas de la mili.

Si difícil y largo ha sido el recorrido que han tenido que seguir los periodistas del medio madrileño para llevar adelante el reportaje, más largo y más difícil sigue siendo el camino para que la sociedad en general aprenda conceptos básicos en materia de defensa y seguridad.

Hace poco leía, en el blog de Luis Solana, que está bien que los generales hablen de los asuntos de defensa y seguridad (se refería a los que ya han pasado a la reserva y publican artículos regularmente), pero que sería mucho mejor que sobre esos temas se expresaran también civiles. Pero esto va a tardar. Los líderes políticos y sociales desconocen cómo moverse en esos conceptos, aunque hay muchos instrumentos para formarse en estos asuntos. De momento, no interesan. Y si no, vean en las webs de los dos principales partidos los espacios dedicados al asunto. Vale que el PSOE está gobernando y su dedicación política a estos asuntos se hace desde el propio gobierno, pero no estaría de más que la web tuviera al menos enlaces con documentos de trabajo adecuados. Y el PP se limita a poner un pequeño listado de lo que harían (referido al programa electoral con el que perdió las última elecciones) si gobernaran.

Vale.

Las declaraciones de dirigentes del PP acusando al presidente de inquisidor, y acusando al gobierno socialista de haber desatado una conspiración contra el partido de la derecha profunda, han obtenido una respuesta estratégica equivocada por parte del gobierno y del PSOE.
Mariano Rajoy es consciente de que los avances en la investigación del caso Gürtel, y, últimamente, el caso Palma Arena, están llevando a los jueces a aproximarse a lo que podría resultar una financiación ilegal del PP. En esta situación, y con la dirección judicial de Federico Trillo, la estrategia desatada por el PP con la supuesta conspiración ha sido mal entendida por el PSOE. Estas acusaciones de conspiración, las acusaciones de escuchas ilegales (sin pruebas, por supuesto), no van encaminadas a conseguir un desgaste político del partido en el gobierno. Y este es el error del partido socialista.
Al PP no le interesa, de modo directo en estos momentos, tanto el desgaste político de Zapatero, sino soltar a diestro y siniestro falsas acusaciones de ilegalidades que pudieran haber cometido policías, fiscales y jueces en la investigación de los casos de corrupción que trepan por todas las plantas de Génova, 13. Conseguir ese desgaste sería un efecto colateral beneficioso si consiguen su objetivo judicial, el único objetivo judicial que se ha fijado Mariano Rajoy con el trabajo sucio de Trillo. No es otro que conseguir que el caso Gürtel se convierta en un caso Naseiro II.
De ahí el error estratégico del PSOE: ha entrado al trapo de las acusaciones de supuestas y falsas conspiraciones, cuando debería haber puesto negro sobre blanco, cada vez que se haya visto obligado a responder, que es una estrategia de defensa ante las consecuencias penales de las investigaciones que atenazan la garganta de Mariano Rajoy.
El único objetivo político que tiene el partido de la derecha profunda es salvarse de las acciones judiciales. En ese objetivo, las acusaciones de conspiración contra el gobierno y el PSOE son una mínima parte y no son el centro de la estrategia judicial que se han marcado.
El trabajo (bastante sucio, por cierto) jurídico que está desarrollando Federico Trillo es conseguir que las pruebas obtenidas contra el PP por financiación ilegal sean declaradas nulas. Les da igual que ello conlleve atacar a todas las instituciones, a la policía judicial, a la fiscalía, a los jueces. En cualquier país democrático, la estrategia jurídica puesta en marcha por Federico Trillo (que debería estar fuera de la política, si no en la cárcel, por la muerte de 62 servidores públicos) debería ser suficiente para que el colegio de abogados le abriera un expediente de expulsión por mala práctica jurídica.
El PSOE debería, en su estrategia, no caer en la respuesta (fácil, por otra parte) a las acusaciones de conspiraciones, sino centrarse en decir, públicamente, que esas acusaciones son parte de la estrategia de defensa ante la justicia puesta en marcha por el PP para intentar que las investigaciones del caso Gürtel no avancen porque saben que llegarán al corazón económico y político de Génova, 13. Y, por cierto, no hay que olvidar que las investigaciones del caso Gürtel están en el ámbito del Código Penal.
Vale.
Cuando escucho a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hablar de escuchas ilegales a dirigentes de su partido, acusando sin pruebas a diversas instituciones del Estado, gobierno incluido, por supuesto, no puedo si no recordar la trayectoria de mentiras de destrucción masiva que el gobierno del PP en la legislatura 2000-2004 perpetró y de las que no solamente no se ha recuperado, sino que convierte en eje de su estrategia.
María Dolores de Cospedal era la Subsecretaria del Ministerio del Interior, con Ángel Acebes, cuando su jefe político de entonces y de ahora, José María Aznar, decía, sin rubor alguno, aquello de “creánme ustedes, en Iraq hay armas de destrucción masiva”. Ahora, la alumna aventajada afirma “creánme ustedes, a los dirigentes del PP nos han pinchado los teléfonos”.
María Dolores de Cospedal era la Subsecretaría del Ministerio del Interior, o Ángel Acebes, cuando en la misma mañana de los atentados del 11-M, en el gabinete de crisis (de partido) presidido por Aznar y al que asistió Acebes y también asistió Arriola, que era el asesor electoral del partido, pero no miembro de la administración, se afirmó: “si ha sido ETA, ganamos las elecciones de calle”. Y la mentira hizo mella y Acebes, en contra del magnífico trabajo policial, siguió abundando en ella, y hasta Mariano Rajoy la aprovechó en una entrevista de propaganda política que le regaló Pedrojota el mismo día de las elecciones.
Pero… claro, qué se puede esperar de María Dolores de Cospedal: aprendió de su jefe de entonces y de ahora, Aznar, el valor político de las mentiras de destrucción masiva. Y también aprendió, de su antecesor en la secretaría general del partido, Ángel Acebes, que la mentira es el único instrumento ideológico que la derecha, la extrema derecha, tiene para conseguir el poder.
La señora Cospedal debería aprendido la lección. Pero, no, vuelve a su libro de cabecera, a su único bagaje político.
Vale.
“El sistema es poco transparente y muy complejo, como resultado de una negociación en la que se ha pretendido contentar a todos, creando una gran incertidumbre respecto a los efectos de su aplicación que sólo se resolverá en 2012 con la primera liquidación del modelo”.
Este párrafo es la sexta y última conclusión del comunicado de prensa del PP tras la reunión de Javier Arenas y Cristóbal Montoro con los consejeros de Hacienda de las CCAA gobernadas por la derecha.
Es el resumen de una constatación que recuerda el momento glorioso de Mariano Cuchara Rajoy, cuando en el Congreso de los Diputados acusó a los socialistas de que saben leer.
El PP, comenzando por su teórico de la economía, Montoro, descalifica el Plan de Financiación de las CCAA de una forma clara y evidente. Después de cinco conclusiones de orden político, la sexta y definitiva demuestra que Montoro y sus consejeros de Hacienda no saben matemáticas a un nivel adecuado.
El Plan consta de unas 75 páginas, de las cuales, unas 30 se resuelven con complejos cálculos matemáticos, fórmulas financieras (¿Excel? ¿Open Office? ¿Math Lab? ¿SPSS?) que los economistas manejan habitualmente. Pero los economistas del PP siguen con el papel de estraza y el lápiz de carpintero.
Por ello, la conclusión sexta del comunicado del PP demuestra que desde Montoro a sus consejeros de Hacienda de las CCAA que gobiernan no tienen ni idea de matemáticas financieras o económicas y tienen la pereza suficiente (vagancia, más bien) para utilizar las fórmulas incluidas en el plan de financiación y simular los posibles escenarios de 2012 y adoptar el más adecuado y el más inadecuado.
Lejos de estudiarse el Plan, lo que hacen es decir que es muy complejo, que tienen ganas de irse de vacaciones y que ya estudiarán en septiembre… otra vez.
Vale.
Como era de esperar, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha tardado mucho en contestar al disparate de Rita Barberá, pretendiendo que el presidente del gobierno, Zapatero, habría cometido el mismo delito que se imputa a Francisco Camps y por el que es muy probable, más que probable, que tenga que sentarse en el banquillo.
El delito, tipificado como “cohecho impropio”, que habría cometido Zapatero sería el haber recibido dádivas (anchoas) ofrecidas por Miguel Ángel Revilla. En el presunto razonamiento (¿tan desesperados están que razonan tan mal?) de Rita Barberá, recibir anchoas de regalo del presidente cántabro es un delito igual que el que se le imputa a Francisco Camps. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Tras las declaraciones de Revilla (“en las antípodas de la corrupción y del señor de los trajes”, afirma), y con la “doctrina Barberá”, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia puede añadir un nuevo delito por el que investigar y, seguramente, juzgar, a Francisco El Curita Camps: “cohecho impropio cometido con un bote de anchoas de la marca Revilla”.
La desesperación es mucha en el PP, y más en el PP de Valencia, que a costa (nunca mejor dicho) de Costa, Campos, Betoret y Camps y a costa de una defensa tan cerrada por unos trajes de José Tomás, parece que, en realidad, están tratando de que los trajes taponen lo que parece cada vez una madeja mayor.
Vale.
El apresamiento de dos grupos de piratas por el buque de la Armada española “Marqués de la Ensanada” y la orden de su puesta en libertad dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Andréu, pone de manifiesto la importancia que el derecho tiene en un Estado, como el español, en el que las garantías son el fundamento primordial de su ordenamiento jurídico.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.
Vale.