Archivos para Federico Trillo

Por primera, y creo que única vez, que no volverá a suceder, copio literalmente una información de prensa para colgarla en este modesto blog. La información proviene del Diario HOY y al final colocaré el enlace.

HOMENAJE PÓSTUMO A FELICIANO VEGAS

Moraleja nombra hijo predilecto al cabo fallecido en el Yak-42

El pleno ha acordado también poner su nombre al parque fluvial

26.01.11 – 10:45

La estrategia seguida por la derecha españolista, ahora representada por el Partido Gurtelar, está planificada por un conspicuo franquista de formación y convicción, Federico Trillo. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, de la que de momento sólo conocemos el fallo, la cabeza visible del partido, que no su líder, haya plegado velas: la derrota jurídica ha sido espectacular. La derrota jurídica que se ancla en un recurso basado en los principios fundamentales del movimiento (y si se leen determinados párrafos y se los compara con los discursos de los gobernadores civiles de los años 60 y 70, cantan de plano) que ha sido rebatido en la sentencia aplicando la Constitución de 1978 y la legislación y la doctrina emanada desde entonces por el propio TC.

En el año 1977, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra publicaron una recopilación de aportaciones de varios autores bajo el título “La crisis del Estado Franquista”. Los profesores de Esteban y López Guerra fueron, con el tiempo, magistrados del Tribunal Constitucional. El mayor elemento de crisis del estado franquista fue su ausencia de instituciones representativas, a pesar de aquellas cortes que lo pretendían con “el tercio de cabezas de familia” e inventos similares.

La forma en que desde la derrota electoral de 2004 (y la forma en que ejerció el poder Aznar entre 2000 y 2004, con mayoría absoluta, ignorando dolosamente dos elementos distintivos de la Constitución: las comunidades autónomas al negarse a recibir a sus presidentes, y el papel arbitral de la jefatura del Estado) la derecha se ha lanzado de modo premeditado a desprestigiar a las instituciones: las fuerzas de seguridad que fueron capaces de esclarecer los atentados del 11-M, la justicia, en todos sus estamentos y muy especialmente a la audiencia nacional, la fiscalía, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, donde han forzado emisión de informes que no eran de su competencia… Y un largo etcétera.

Esta estrategia está diseñada y puesta en práctica por el responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 (y en cualquier país con instituciones judiciales no ancladas en la misma raíz sociológica que él, sería sin duda responsable penal).

Federico Trillo es franquista por formación, pero sobre todo, por convicción. Su forma de llevar los asuntos jurídicos que acucian a una derecha reaccionaria y corrupta hasta las cejas, tiene un punto de mira: la destrucción del estado constitucional por la vía del desprestigio y de la manipulación de los derechos que la propia Constitución confiere al partido en función de su representatividad.

Lo que Trillo pone en sus recursos, especialmente en el derrotado sobre el Estatuto de Catalunya, lo verbaliza Aznar en sus comparecencias públicas. Sus referencias a un “estado al límite”, “constitucionalmente fallido” no son excesos, están pensadas, porque son leídas en discursos. En ambos casos, Trillo y Aznar persiguen el desprestigio de las instituciones democráticas y lo van consiguiendo porque la respuesta es tibia. Mientras que Artur Mas amenaza a Zapatero, calla ante la posición de la derecha, que no es la que marca Mariano Camps, sino que es la que diseña Trillo y verbaliza Aznar.

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalaunya, cuando se conozca en sus fundamentos jurídicos debería servir para que se desenmascare, de una vez por todas, los intentos de involución al franquismo que los actos de la derecha plantean.

Los catalanes, especialmente los socialistas que dirigen el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas moderados (derecha, no se olvide), deberían ser los más interesados en poner negro sobre blanco cuál es el interés de la derecha franquista para su tierra.

Vale.

En fechas pasadas, el Ministerio de Defensa anunció que a finales de 2009 se había alcanzado el objetivo legal de contar con 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional en las Fuerzas Armadas. Ese objetivo, según interpretaciones de prensa no alejadas de la realidad, se consigue con la mezcla de una situación económica en crisis que lleva a los jóvenes a buscar trabajo en los ejércitos y con la mejora de las retribuciones y de las condiciones de vida en los cuarteles, iniciada por José Bono y continuada por sus sucesores José Antonio Alonso y Carme Chacón. La situación en la que el peor ministro que haya tenido nunca España (incluidos los de la Dictadura franquista) en materia militar, Federico Trillo, dejó a las FAS no podía ser más calamitosa.

El hecho de que ahora las FAS cuenten con los efectivos máximos de tropa marcados por el poder legislativo tiene algún efecto colateral que, en el caso de la ciudad de Cáceres, es necesario analizar.

Existe en esta ciudad un Centro de Formación de tropa del Ejército de Tierra, CIMOV nº 1, que a lo largo de 2010 sufrirá, negativamente, las consecuencias de haberse alcanzado el tope legal. No se sabe, a estas alturas del año, cuántos efectivos pasarán por sus instalaciones ni cuántos ciclos de incorporación se producirán durante el año, ni siquiera cuándo se incorporarán los primeros.

El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha acordado, dentro de las medidas de austeridad necesarias para superar la crisis económica, la disminución de las tasas de reposición, sin excepciones, de empleados públicos. Los militares también lo son. Todavía el Gobierno no ha acordado la oferta de empleo público para 2010, en cuyo marco ha de incluirse la oferta de empleo para las FAS, y de la que se derivará el proceso de incorporación de nuevos soldados, para mantener la cifra de los 86.000. O lo que es lo mismo, si las bajas por cese de contratos son mínimas, la oferta será mínima.

En estas circunstancias, el futuro del Centro de Formación existente en Cáceres, y el de otros situados en otras ciudades, no se olvide, es complicado. La presencia militar en ciudades pequeñas, como es esta, es una fuente de ingresos para la economía local, y el acierto de la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, al gestionar, durante 2008, un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al que se sumó la Junta de Extremadura, garantiza que esa presencia militar tendrá continuidad, aunque el desarrollo del acuerdo de 2008 conllevará nuevas e intensas gestiones políticas.

La realidad actual, que lleva a que la necesidad de Centros de Formación sea menor que en los últimos 10 años, no debe, en modo alguno, plantearse como definitiva en cuanto a que el Ministerio de Defensa pudiera decidir el cierre del mismo, si bien sería deseable que el acuerdo de 2008 se desarrolle y se garantice que una fuente de ingresos para la economía local de tanta importancia, se mantenga.

En lo que se refiere al argumento, siempre manido, de la “histórica relación de la ciudad con el Ejército”, sencillamente no me lo creo. Y mi experiencia me lo dice. En todo caso, esa “histórica relación” lo ha sido (y, desgraciadamente, lo sigue siendo) en aspectos concretos y en intereses (muchas veces económicos) entre “destacados” miembros de la burguesía cateta local y los “altos mandos” (en realidad, no tan altos) del Ejército destinados a Cáceres.

Vale

Hace dos semanas, un medio local, al que no volveré a enlazar en este blog ni a citarlo expresamente, publicaba una información sobre la constitución de la Comisión de Seguimiento del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008 entre Ministerio de Defensa, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres. La información, limitada en cuanto a novedades (la novedad era la propia constitución de la Comisión), tuvo su continuidad en un editorial del mismo medio al día siguiente, dando contundencia a una información que carecía de ella y tratando de provocar, sin duda, una polémica política sobre la continuidad del CIMOV nº 1. No hubo tal polémica.
Hoy, dos semanas después, aparecen en el mismo medio dos páginas sobre el mismo asunto que más parecen destinadas a un anuario que a la actualidad inmediata. Vuelta la burra al trigo. ¿Aparecerá mañana otro editorial sobre el mismo tema? La diferencia básica entre el formato de la información de hace dos semanas con la que aparece hoy está en que es otro periodista quien firma.
No se preocupa el director del medio en subsanar los errores de lo que publica, que en materia de Defensa y Fuerzas Armadas son habituales en todos los medios nacionales y que son la base de los medios locales (salvo honrosas excepciones). No voy a señalar cuáles son los errores que contiene lo publicado en el día de hoy. Y junto a los errores, las mentiras. Ya se sabe que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Es el caso de la actuación del ex alcalde Saponi en todo este tema. Indignado no lo estuvo nunca: no tenía redaños para ello, para enfrentarse al ministro del Yak-42.
Sí me preocupa el camino que sigue este medio en esta materia: la ignorancia es la madre de todos los males. En estos momentos, las realidades en torno a la continuidad del uso del Campamento de Santa Ana son diametralmente opuestas a las que hubo entre 2001 y 2004, bajo gobierno del PP y con el minisTrillo al frente de Defensa, y Saponi en la alcaldía de Cáceres.
En estas realidades, algún nubarrón se puede colocar sobre nuestras cabezas. Por una parte, que los intentos de la dirección del medio local al que me refiero de concitar una polémica política cuajen. Y, por otro, que los intentos que por parte del mando del CIMOV nº 1 de “resucitar” la Plataforma que se constituyó en 2001, cuajen, cosa que dudo. Pero sería muy grave que en los próximos días apareciera alguien ligado a esa Plataforma dando carta de naturaleza a la “necesidad” de que se reactive.
Aquí queda escrito, a 6 de diciembre de 2009, Día de la Constitución, que si en los próximos días aparece algún iluminado tratando de resucitar la Plataforma, será un mandado, un vocero del mando del CIMOV nº 1.
Y otra cosa: al día de hoy, la situación futura del Acuartelamiento de Santa Ana está más cerca que hace un año de tener continuidad y por muchos años.
Vale.
En una entrada de agosto de este año, criticaba un error estratégico del PSOE al no tomar en cuenta que las acusaciones sin pruebas (en realidad, falsas acusaciones) de escuchas telefónicas a dirigentes del PP no eran una cuestión política, sino una parte de la estrategia de defensa en el caso Gürtel, para convertirlo en el caso Naseiro 2. Una estrategia de defensa tan basta como basta es la catadura moral de su pergeñador, Federico Trillo.
Hoy, un día después de que Carlos Floriano (¿no tenía la extrema derecha extremeña a otro sujeto para mandar a Madrid?) forzara un incidente sobre el tema con Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha tenido conocimiento de que el Tribunal Supremo avala la constitucionalidad del SITEL. Entre este aval jurídico y el incidente de ayer solamente queda una cosa: Carlos Floriano es El Esmirriao del Congreso. (http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/avala/Sitel/tercera
La estrategia de defensa dibujada con trazos demasiado gruesos por Trillo debería caerse por su peso. Porque hoy, además, se ha conocido que el PP utilizó el SITEL tras los atentados del 11-M. ¿Quién era la Subsecretaria del Ministerio del Interior? Exacto, la marquesa de Cospedal. Claro, dicen que lo hicieron a modo de prueba, sin valor, pero las escuchas y los rastreos telefónicos, realizados en tan poco tiempo (actuación ejemplar de la policía y la guardia civil a las órdenes del PP) fueron determinantes para llegar a los autores y cómplices de los atentados.
El PP va a seguir, no me cabe duda, atacando por ahí, tratando de forzar que se promulgue una Ley Orgánica que ampare el SITEL, cuando la sentencia del Supremo la hace innecesaria. Y la única explicación posible, la única, es la desesperación de Mariano Rajoy.
La estrategia de defensa en el caso Gürtel la ha diseñado Federico Trillo por encargo de Mariano Rajoy (no puede ser de otra manera). Y la desesperación es tanta en el PP que no tiene más que un significado: la financiación ilegal del PP. Quieren a toda costa evitar que se siga investigando.
Vale.
El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.

Los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, según puede leerse en los periódicos de 1919, fueron comprados, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de la ciudad, para que, unidos a una finca municipal, fueran cedidos gratuitamente al Ejército, para construir un Cuartel. Posteriormente, a finales de los años 40, se realizó otra cesión gratuita, de menor superficie, para unirla a los terrenos originales de 1919.
Dado que la cesión de los terrenos se había producido gratuitamente por el municipio, con sacrificio económico de las arcas locales, cabría haber planteado, posiblemente, con motivo de la subasta pública anunciada por el Ministerio dirigido por Trillo, alguna reivindicación de derechos, relativos a una reversión total o parcial, o participación en los recursos obtenidos en la subasta.
Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación pública del entonces alcalde de la ciudad sobre la posibilidad de recuperar al menos parte de los costes que en su día hubo de desembolsar el ayuntamiento, ninguna manifestación pública ni ninguna acción administrativa encaminada a que por los servicios técnicos y jurídicos municipales se elaboraran informes que pudieran avalar la existencia de derechos sobre los terrenos a enajenar.
Con el paso del tiempo, algunos funcionarios de alto nivel del ayuntamiento confirman que plantearon directamente al Alcalde Saponi que debería reclamarse el derecho de reversión sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacaba a la venta en subasta, por una cuantía de 520 millones de pesetas. La respuesta de Saponi era sencilla: “hay que llevarse bien con el Ejército”. Confundía, sin duda por ignorancia, Ejército con Ministerio. Y esa ignorancia, en octubre de 2000 se tradujo, solamente cuatro meses después, en marzo de 2001, en el anuncio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de que el Centro de Instrucción del campamento de Santa Ana tenía los días contados. “Hay que llevarse bien con el Ejército”, tan bien que el Ministerio de Defensa, ante una actitud tan sumisa como la mostrada por el Alcalde Saponi puso el cartel de próximo cierre al Campamento de Santa Ana. El que no se haya cerrado no es mérito posterior de Saponi, como falsamente le atribuyen sus acólitos y él se pavonea en alardear: cuando lo hace, miente descaradamente.
Lo que hizo Saponi en octubre de 2000, al no reclamar el derecho de reversión, total o parcial, sobre los terrenos del Cuartel Infanta Isabel que el gobierno de su propio partido, fue, como alcalde, una clara y contundente, dejación de obligaciones con perjuicio para las arcas municipales. Y como militante del partido de la derecha, una sumisión propia del vasallaje medieval, sumisión impropia de quien, cuando iba a las asociaciones de vecinos, sacaba pecho y valentía y cuando se trataba de reclamar en Madrid (recuérdese la Ronda Este), era un sumiso cachorrito.
Vale.

Las declaraciones de dirigentes del PP acusando al presidente de inquisidor, y acusando al gobierno socialista de haber desatado una conspiración contra el partido de la derecha profunda, han obtenido una respuesta estratégica equivocada por parte del gobierno y del PSOE.
Mariano Rajoy es consciente de que los avances en la investigación del caso Gürtel, y, últimamente, el caso Palma Arena, están llevando a los jueces a aproximarse a lo que podría resultar una financiación ilegal del PP. En esta situación, y con la dirección judicial de Federico Trillo, la estrategia desatada por el PP con la supuesta conspiración ha sido mal entendida por el PSOE. Estas acusaciones de conspiración, las acusaciones de escuchas ilegales (sin pruebas, por supuesto), no van encaminadas a conseguir un desgaste político del partido en el gobierno. Y este es el error del partido socialista.
Al PP no le interesa, de modo directo en estos momentos, tanto el desgaste político de Zapatero, sino soltar a diestro y siniestro falsas acusaciones de ilegalidades que pudieran haber cometido policías, fiscales y jueces en la investigación de los casos de corrupción que trepan por todas las plantas de Génova, 13. Conseguir ese desgaste sería un efecto colateral beneficioso si consiguen su objetivo judicial, el único objetivo judicial que se ha fijado Mariano Rajoy con el trabajo sucio de Trillo. No es otro que conseguir que el caso Gürtel se convierta en un caso Naseiro II.
De ahí el error estratégico del PSOE: ha entrado al trapo de las acusaciones de supuestas y falsas conspiraciones, cuando debería haber puesto negro sobre blanco, cada vez que se haya visto obligado a responder, que es una estrategia de defensa ante las consecuencias penales de las investigaciones que atenazan la garganta de Mariano Rajoy.
El único objetivo político que tiene el partido de la derecha profunda es salvarse de las acciones judiciales. En ese objetivo, las acusaciones de conspiración contra el gobierno y el PSOE son una mínima parte y no son el centro de la estrategia judicial que se han marcado.
El trabajo (bastante sucio, por cierto) jurídico que está desarrollando Federico Trillo es conseguir que las pruebas obtenidas contra el PP por financiación ilegal sean declaradas nulas. Les da igual que ello conlleve atacar a todas las instituciones, a la policía judicial, a la fiscalía, a los jueces. En cualquier país democrático, la estrategia jurídica puesta en marcha por Federico Trillo (que debería estar fuera de la política, si no en la cárcel, por la muerte de 62 servidores públicos) debería ser suficiente para que el colegio de abogados le abriera un expediente de expulsión por mala práctica jurídica.
El PSOE debería, en su estrategia, no caer en la respuesta (fácil, por otra parte) a las acusaciones de conspiraciones, sino centrarse en decir, públicamente, que esas acusaciones son parte de la estrategia de defensa ante la justicia puesta en marcha por el PP para intentar que las investigaciones del caso Gürtel no avancen porque saben que llegarán al corazón económico y político de Génova, 13. Y, por cierto, no hay que olvidar que las investigaciones del caso Gürtel están en el ámbito del Código Penal.
Vale.