Por primera, y creo que única vez, que no volverá a suceder, copio literalmente una información de prensa para colgarla en este modesto blog. La información proviene del Diario HOY y al final colocaré el enlace.
La estrategia seguida por la derecha españolista, ahora representada por el Partido Gurtelar, está planificada por un conspicuo franquista de formación y convicción, Federico Trillo. De ahí que cuando el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, de la que de momento sólo conocemos el fallo, la cabeza visible del partido, que no su líder, haya plegado velas: la derrota jurídica ha sido espectacular. La derrota jurídica que se ancla en un recurso basado en los principios fundamentales del movimiento (y si se leen determinados párrafos y se los compara con los discursos de los gobernadores civiles de los años 60 y 70, cantan de plano) que ha sido rebatido en la sentencia aplicando la Constitución de 1978 y la legislación y la doctrina emanada desde entonces por el propio TC.
En el año 1977, los profesores Jorge de Esteban y Luis López Guerra publicaron una recopilación de aportaciones de varios autores bajo el título “La crisis del Estado Franquista”. Los profesores de Esteban y López Guerra fueron, con el tiempo, magistrados del Tribunal Constitucional. El mayor elemento de crisis del estado franquista fue su ausencia de instituciones representativas, a pesar de aquellas cortes que lo pretendían con “el tercio de cabezas de familia” e inventos similares.
La forma en que desde la derrota electoral de 2004 (y la forma en que ejerció el poder Aznar entre 2000 y 2004, con mayoría absoluta, ignorando dolosamente dos elementos distintivos de la Constitución: las comunidades autónomas al negarse a recibir a sus presidentes, y el papel arbitral de la jefatura del Estado) la derecha se ha lanzado de modo premeditado a desprestigiar a las instituciones: las fuerzas de seguridad que fueron capaces de esclarecer los atentados del 11-M, la justicia, en todos sus estamentos y muy especialmente a la audiencia nacional, la fiscalía, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, donde han forzado emisión de informes que no eran de su competencia… Y un largo etcétera.
Esta estrategia está diseñada y puesta en práctica por el responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 (y en cualquier país con instituciones judiciales no ancladas en la misma raíz sociológica que él, sería sin duda responsable penal).
Federico Trillo es franquista por formación, pero sobre todo, por convicción. Su forma de llevar los asuntos jurídicos que acucian a una derecha reaccionaria y corrupta hasta las cejas, tiene un punto de mira: la destrucción del estado constitucional por la vía del desprestigio y de la manipulación de los derechos que la propia Constitución confiere al partido en función de su representatividad.
Lo que Trillo pone en sus recursos, especialmente en el derrotado sobre el Estatuto de Catalunya, lo verbaliza Aznar en sus comparecencias públicas. Sus referencias a un “estado al límite”, “constitucionalmente fallido” no son excesos, están pensadas, porque son leídas en discursos. En ambos casos, Trillo y Aznar persiguen el desprestigio de las instituciones democráticas y lo van consiguiendo porque la respuesta es tibia. Mientras que Artur Mas amenaza a Zapatero, calla ante la posición de la derecha, que no es la que marca Mariano Camps, sino que es la que diseña Trillo y verbaliza Aznar.
La sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalaunya, cuando se conozca en sus fundamentos jurídicos debería servir para que se desenmascare, de una vez por todas, los intentos de involución al franquismo que los actos de la derecha plantean.
Los catalanes, especialmente los socialistas que dirigen el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas moderados (derecha, no se olvide), deberían ser los más interesados en poner negro sobre blanco cuál es el interés de la derecha franquista para su tierra.
Vale.
En fechas pasadas, el Ministerio de Defensa anunció que a finales de 2009 se había alcanzado el objetivo legal de contar con 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional en las Fuerzas Armadas. Ese objetivo, según interpretaciones de prensa no alejadas de la realidad, se consigue con la mezcla de una situación económica en crisis que lleva a los jóvenes a buscar trabajo en los ejércitos y con la mejora de las retribuciones y de las condiciones de vida en los cuarteles, iniciada por José Bono y continuada por sus sucesores José Antonio Alonso y Carme Chacón. La situación en la que el peor ministro que haya tenido nunca España (incluidos los de la Dictadura franquista) en materia militar, Federico Trillo, dejó a las FAS no podía ser más calamitosa.
El hecho de que ahora las FAS cuenten con los efectivos máximos de tropa marcados por el poder legislativo tiene algún efecto colateral que, en el caso de la ciudad de Cáceres, es necesario analizar.
Existe en esta ciudad un Centro de Formación de tropa del Ejército de Tierra, CIMOV nº 1, que a lo largo de 2010 sufrirá, negativamente, las consecuencias de haberse alcanzado el tope legal. No se sabe, a estas alturas del año, cuántos efectivos pasarán por sus instalaciones ni cuántos ciclos de incorporación se producirán durante el año, ni siquiera cuándo se incorporarán los primeros.
El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha acordado, dentro de las medidas de austeridad necesarias para superar la crisis económica, la disminución de las tasas de reposición, sin excepciones, de empleados públicos. Los militares también lo son. Todavía el Gobierno no ha acordado la oferta de empleo público para 2010, en cuyo marco ha de incluirse la oferta de empleo para las FAS, y de la que se derivará el proceso de incorporación de nuevos soldados, para mantener la cifra de los 86.000. O lo que es lo mismo, si las bajas por cese de contratos son mínimas, la oferta será mínima.
En estas circunstancias, el futuro del Centro de Formación existente en Cáceres, y el de otros situados en otras ciudades, no se olvide, es complicado. La presencia militar en ciudades pequeñas, como es esta, es una fuente de ingresos para la economía local, y el acierto de la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, al gestionar, durante 2008, un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al que se sumó la Junta de Extremadura, garantiza que esa presencia militar tendrá continuidad, aunque el desarrollo del acuerdo de 2008 conllevará nuevas e intensas gestiones políticas.
La realidad actual, que lleva a que la necesidad de Centros de Formación sea menor que en los últimos 10 años, no debe, en modo alguno, plantearse como definitiva en cuanto a que el Ministerio de Defensa pudiera decidir el cierre del mismo, si bien sería deseable que el acuerdo de 2008 se desarrolle y se garantice que una fuente de ingresos para la economía local de tanta importancia, se mantenga.
En lo que se refiere al argumento, siempre manido, de la “histórica relación de la ciudad con el Ejército”, sencillamente no me lo creo. Y mi experiencia me lo dice. En todo caso, esa “histórica relación” lo ha sido (y, desgraciadamente, lo sigue siendo) en aspectos concretos y en intereses (muchas veces económicos) entre “destacados” miembros de la burguesía cateta local y los “altos mandos” (en realidad, no tan altos) del Ejército destinados a Cáceres.
Vale
El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.
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