Archivos para octubre 2017

Cuando ya se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, por los representantes del 48,7 de los catalanes, y cuando el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Pablo Iglesias, desde su universo, sigue hablando de referéndum pactado, de diálogo y de no sé cuántas vacuidades más.

Y los propios de Pablo en Cataluña siguen defendiendo que Cataluña ya es una República Independiente, sin que el amado líder los desautorice. Y no lo hace porque no puede, porque está atrapado en su misma mismidad.

Lo que nunca ha dicho Pablo es qué clase de referéndum pactado ni cuáles serían los componentes del pacto. Ni para qué.

Porque, para poder plantear su propuesta, debería explicar el objeto del referéndum. Si ese objeto es que pueda votarse la independencia de Cataluña, es decir, la segregación de un territorio del Estado, está claro que debería ser un referéndum en el que toda la población española mayor de edad pudiera votar.

Si lo que plantea es un referéndum que solamente pueda votarse en Cataluña, como mucho, y eso estaría por ver, no podría ser un referéndum, sino una consulta y no tendría carácter vinculante.

También puede plantear, como objeto de ese hipotético referéndum pactado, una modificación previa del artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisolubilidad del territorio nacional. Es decir, que la esencia territorial española que se establece en la CE fuera dinamitada. Y antes de convocar el “referéndum pactado” habría que convocar el de modificación de la Constitución.

Además, no solamente habría que cambiar el art. 2 de la CE. También habría que cambiar el art. 8, que, si se modifica el 2 en el sentido del “referéndum pactado”, quedaría totalmente fuera de lugar, ya que el papel esencia de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial que se consagra en el art. 2, quedaría sin valor.

Otra pata de la que cojea, ostensible y hasta ostentóreamente, la boutade de Pablo Iglesias es por el concepto de pacto. ¿Qué pacto, entre qué actores?

No puede haber un pacto entre el Gobierno de la Nación (en esencia, el poder ejecutivo) y el Gobierno de una Comunidad Autónoma. Puede haber acuerdos, pero no pactos. Los pactos se suscriben entre iguales, y jurídicamente, en la doctrina constitucional, ambos gobiernos no son iguales.

Cuando se estudia el derecho administrativo, se estudia la jerarquía de las leyes, y la Constitución Española lo establece perfectamente. La única Ley Orgánica propia de una Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía. No pueden las CCAA (ni las del 151 CE ni las del 143 CE) promulgar leyes orgánicas ni leyes que afecten a la legislación básica del Estado. Ni sus gobiernos ponerlas en práctica.

Lo que sucede con la producción legislativa (Leyes Orgánicas y legislación básica, que radican en el Estado) sucede con el ejercicio del poder ejecutivo. Y no son iguales, por tanto, jurídicamente, el gobierno de una C.A. y el gobierno central.

Si cuando Pablo Iglesias se refiere a referéndum pactado el que pudieran suscribir los distintos partidos políticos en el ámbito del Congreso de los Diputados, sí podríamos hablar de pacto, porque todos los partidos son iguales entre sí, con independencia del peso de sus respectivos resultados electorales. Pero ese pacto entre partidos nos devuelve a lo dicho para el artículo 2, y nos lleva a un callejón sin salida, porque no todos estarían dispuestos a modificarlo, y a modificar el artículo 8 y los demás que están concatenados, sin saber que pactar políticamente una reforma de la constitución que satisficiera los deseos de una sola parte del territorio sería profundamente insolidario e injusto. El artículo 2 habría que modificarlo para que todos los territorios pudieran hacer uso de la capacidad de segregación, de “autodeterminación”.

Probablemente, Pablo Iglesias se haya inoculado el virus de la teoría política, pero no tiene acceso a la vacuna de la realidad. Pactar un referéndum para la autodeterminación de un territorio (aunque luego el resultado saliera en contra) no es justo. Si se pacta, se pacta para todos los territorios. Pero, claro, a Pablo Iglesias eso le supera.

Y mientras el amado líder elucubra sobre su bálsamo de Fierabrás, sus seguidores con cargos en Cataluña siguen empeñados en que la República Catalana es un hecho, sin que él tenga autoridad política y moral para desautorizarlos. Vamos, que el amado líder no lo es tanto cuando no tiene un micrófono de Roures delante.

Vale.

La Plataforma del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha convocado una manifestación en Madrid el 18 de noviembre. Una manifestación que se pretende que sea una movilización masiva de extremeños, para lo que se ha dispuesto que salgan autobuses gratuitos desde muchas localidades de la región. Se pretende visualizar en la capital del Estado el hartazgo de los extremeños con un más que deficitario servicio ferroviario.

Lo que hacen los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, con la Junta de Extremadura y la Asamblea Regional, es trasladar sus obligaciones a los ciudadanos, de escudarse en los ciudadanos.

Porque, en esta tesitura, llegaremos al 18 de noviembre, con las fuerzas políticas, sindicales y patronales llevando a los ciudadanos a la capital del Estado como ariete para hacer que desde el Gobierno de la nación se atiendan las reivindicaciones justas de la región.

La pregunta, antes de que se produzca la manifestación y la movilización en Madrid, es ¿qué hacer el día 19?

Porque la situación, le guste o no a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril, va a seguir siendo la misma. El 18 de noviembre no cambiará nada. Ni el 19. Los cambios solamente se producirán siempre que los representantes políticos extremeños, los que ejercen los poderes ejecutivos en la región (Junta y Asamblea), los diputados y senadores tengan la suficiente capacidad de influir en el Gobierno de la nación a la hora de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan todas las partidas necesarias, tanto para el desarrollo de las infraestructuras nuevas necesarias para la Alta Velocidad como, y esto es muy importante, para mejorar las infraestructuras actuales para mejorar los servicios de tren convencional.

Pero no se trata solo de incluir partidas presupuestarias en los PGE, sino de obligar al Gobierno central a ejecutarlas, que no pase como en la actualidad, que ADIF invierte lo que se le pone en los… railes.

Claro, que en este año de 2017, terminando ya, existe un problema añadido, nada halagüeño para que Extremadura (1.100.000 habitantes) consiga un buen trato presupuestario. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha podido aprobar aún en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque no cuenta con los apoyos. O lo que es lo mismo, el Gobierno está incumpliendo, a sabiendas, la Ley General presupuestaria: su obligación es presentar los PGE en el Congreso antes del 30 de septiembre. Luego será el Congreso el que los tramite, con las alianzas políticas que hubiera. O que, el propio Congreso, si es incapaz de llegar a acuerdos, declare la prórroga de los PGE de 2017.

A esa falta de proyecto para 2018, que tampoco lo habrá el 19 de noviembre, y que, cuando pudieran tramitarse (Montoro, el ministro que se parece al Sr. Burns, de Los Simpsons), va a hacerlo lastrados por la “situación catalana”, se cual sea, y que van a suponer un lastre económico (o lo que es lo mismo, más recortes), que para una región como Extremadura (tan extensa como poco poblada) van a ser nuevo mazazo.

Así, aunque el 18 de noviembre de 2017 se consiga una gran movilización en Madrid, el 19 de noviembre volveremos a la situación actual: inacción política, inacción sindical y cuestiones sin resolver

Entre las cuestiones sin resolver:

1.- Trazado de la “Alta Velocidad” hasta Badajoz, sobre el que se quiere implementar su paso por Toledo capital, algo no previsto y que alargará en el tiempo la conclusión completa.

2.- Saber, de modo inequívoco, si los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, apuestan por la recuperación del Tren Ruta de la Plata, en concreto, con la recuperación del trazado Plasencia – Astorga. El 29 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de Izquierda Unidad, aprobó una iniciativa para exigir al Gobierno la reapertura de la línea Ruta de la Plata. A día de hoy, la Junta de Extremadura mantiene un convenio con ADIF para levantar las vías del tramo Plasencia – Límite provincia de Salamanca, aportando dinero público extremeño a esa finalidad.

3.- Conocer que acciones concretas se plantean, con suficientes estudios y análisis, para que el tren convencional en Extremadura deje de ser una especie de laboratorio en el que Renfe ensaya todo tipo de maltrato a los usuarios.

4.- Conocer hasta qué punto la Junta de Extremadura, competente según el Estatuto de Autonomía, en materia de usuarios y consumidores y en materia de protección de la discapacidad, está en disposición de ejercer esas competencias para inspeccionar y, en su caso, sancionar a Renfe por todo tipo de incumplimientos (y no solo en retrasos horarios). La Junta de Extremadura debe, de una vez por todas, abandonar la dejación de obligaciones en estas materias.

Cuando el 19 de noviembre pase, cuando los dos periódicos de tirada regional saquen en sus portadas fotos de la movilización del 18, seguiremos igual, porque los mismos que llevan a los ciudadanos a la manifestación (partidos, sindicatos, patronal…) volverán a sus despachos, satisfechos por el trabajo que le harán los ciudadanos, cuando si ellos hicieran el suyo, no harían falta las movilizaciones.

Vale.

Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, comprobamos que el WC adaptado se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y para decirle que un tren con un trayecto previsto de casi 5 horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues si, porque a él se lo han ordenado y sale.

Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los “servicios” que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: “Presente una reclamación”.

Con el revisor (ahora los llaman supervisores) me sucede lo mismo: “Presente una reclamación”. Tras un intercambio de opiniones, en el que le hago saber que está muy bien enseñado por la empresa, y que defenderla es algo indigno, le pido que me facilite impresos de reclamación. Anoto su nombre, por si fuera necesario citarlo cuando la presente.

Por supuesto, el tren inicia su viaje, como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi 5 horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa del “producto agotado”. Se traga cuatro euros.

Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presento la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.

La respuesta que recibo no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de “Renfe Viajeros”, quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras, como corresponde a unos buenos sicarios.

A los mamporreros de Atendo (un negocio que deja mucho que desear) no les hemos reclamado nada ni nunca nos hemos dirigido a ellos. Porque sabemos que son el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, de modo delictivo, la Ley de Discapacidad.

Que nos conteste Atendo es una sinvegonzoneria más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un “servicio” que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad.

De hecho, en el mismo tren que tenía el WC precintado, hay unas plataformas que, teóricamente, se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias.

De ese incumplimiento son cómplices el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las “normas” sobre atención a la discapacidad de Renfe, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que lo consiente (en el sentido quevedesco del término) y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma.

El artículo 510 del Código Penal es claro. Y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito.

A los de Atendo, mamporreros (¿a cambio de cuánto?) de Renfe, nada que decirles. El dinero es un buen bálsamo, una buena vaselina que suaviza todas las dignidades.

Vale.

Asistiendo al espectáculo de enseñar quién es más nacionalista, si los independentistas catalanes o los españolistas de cualquier parte, no me queda ninguna duda: las víctimas, los trabajadores. Ni siquiera los ciudadanos.

Cuando la supremacía se lanza a las banderas, los ciudadanos desaparecemos, y nos convertimos en súbditos. Ahora, en este triste espectáculo de intentar ser más nacionalista que nadie (ya sea en Catalunya, en Zaragoza, en Málaga…o en Botija, por un poner), los individuos hemos desaparecido. No se cuentan personas, ni ciudadanos, se cuentan banderas.

¿A quién beneficia este crimen sociopático? Como decía Séneca, aunque sea escrito con cierto estilo de latín macarrónico: “cui prodest scelus, is fecit”, (Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido).

Porque la situación, la ubicación del “sentimiento” nacionalista ha cambiado de bando. Ahora, las pantallas de las televisiones adormecen a la población con una exhibición nunca conocida de banderas nacionales, mientras que las esteladas van arrinconándose a la ventanita de abajo a la derecha de la pantalla hasta que desaparezcan.

Pero la realidad política es otra. La realidad política es que dos partidos de derechas (el Partido Popular, lleno de mierda hasta las cejas de Rajoy, y la vieja Convergencia y Unió, ahora PDCat, enfangada en la ambición monetaria de sus jefes) se han enfrentado exhibiendo las banderas que no les pertenecen. El que alrededor de uno y otro partidos hayan aparecido satélites haciendo de gorrillas (Ciudadanos, la CUP o ERC) no es más que un adorno que será descosido cuando les haga falta.

La realidad es que el enfrentamiento de dos partidos de derechas, iguales en corrupción, no es más que un enfrentamiento entre familias mafiosas. Y, cuando las banderas se arrumben porque ya nos les hagan falta, veremos cómo quienes hemos desaparecidos somos los ciudadanos, en realidad, los trabajadores.

Si Ciudadanos (ese partido impulsado desde esferas empresariales catalanas, con el presidente de Banco de Sabadell a la cabeza) aspira a que el gobierno de Tancredo Rajoy aplique el art. 155 CE solo (y solo es solamente) para convocar elecciones en Catalunya, en el PSOE el liderazgo de Pedro Sánchez no ofrece ninguna garantía de solidez, y en Podemos, su ambigüedad mal calculada (por ignorancia, ingenuidad o infantilismo) les está llevando a dar unos bandazos que no presagian ningún futuro favorable políticamente.

Y en este panorama, ¿a quién beneficia el crimen político que se está cometiendo en Catalunya? Sin duda, a sus autores: el Partido Popular y el PDCat.

Si, como parece, todo lleva a la aplicación del art. 155 CE en Catalunya, y si el PSOE duda en un apoyo ciego a los deseos de Rajoy, el Partido Popular intentará matar dos pájaros de un tiro: convocará elecciones en Catalunya y anticipará las elecciones generales. El chantaje sobre el PSOE de Sánchez será el mismo que el que aplicó sobre el PSOE de la Gestora hace un año. Y ahora Sánchez no podrá decir No es No.

Cuando se blanden las banderas como armas contra el enemigo (catalán ahora), debajo de esas banderas desaparecen las capacidades de las personas para discernir si esas banderas llevan fuego amigo o son puñales que se clavan en los adversarios políticos.

Esta “crisis de Catalunya” beneficia al Partido Popular, el partido compuesto por ladrones que se diluyen entre los colores de las banderas que los ilusos ciudadanos, fanáticos de los colores, blanden para convertirse, unos conscientemente, otros no, en cómplices de los ladrones que les gobiernan.

Y en estas circunstancias, con un previsible adelanto electoral, en Catalunya vía art. 155 CE y en el ámbito estatal vía la ambición política de los ladrones del PP, estoy convencido de que en la sede central de la mafia genovesa cuentan las banderas nacionales como votos, multiplicados por los que les hagan falta para conseguir la mayoría absoluta.

Vale.