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La Plataforma del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha convocado una manifestación en Madrid el 18 de noviembre. Una manifestación que se pretende que sea una movilización masiva de extremeños, para lo que se ha dispuesto que salgan autobuses gratuitos desde muchas localidades de la región. Se pretende visualizar en la capital del Estado el hartazgo de los extremeños con un más que deficitario servicio ferroviario.

Lo que hacen los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, con la Junta de Extremadura y la Asamblea Regional, es trasladar sus obligaciones a los ciudadanos, de escudarse en los ciudadanos.

Porque, en esta tesitura, llegaremos al 18 de noviembre, con las fuerzas políticas, sindicales y patronales llevando a los ciudadanos a la capital del Estado como ariete para hacer que desde el Gobierno de la nación se atiendan las reivindicaciones justas de la región.

La pregunta, antes de que se produzca la manifestación y la movilización en Madrid, es ¿qué hacer el día 19?

Porque la situación, le guste o no a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril, va a seguir siendo la misma. El 18 de noviembre no cambiará nada. Ni el 19. Los cambios solamente se producirán siempre que los representantes políticos extremeños, los que ejercen los poderes ejecutivos en la región (Junta y Asamblea), los diputados y senadores tengan la suficiente capacidad de influir en el Gobierno de la nación a la hora de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan todas las partidas necesarias, tanto para el desarrollo de las infraestructuras nuevas necesarias para la Alta Velocidad como, y esto es muy importante, para mejorar las infraestructuras actuales para mejorar los servicios de tren convencional.

Pero no se trata solo de incluir partidas presupuestarias en los PGE, sino de obligar al Gobierno central a ejecutarlas, que no pase como en la actualidad, que ADIF invierte lo que se le pone en los… railes.

Claro, que en este año de 2017, terminando ya, existe un problema añadido, nada halagüeño para que Extremadura (1.100.000 habitantes) consiga un buen trato presupuestario. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha podido aprobar aún en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque no cuenta con los apoyos. O lo que es lo mismo, el Gobierno está incumpliendo, a sabiendas, la Ley General presupuestaria: su obligación es presentar los PGE en el Congreso antes del 30 de septiembre. Luego será el Congreso el que los tramite, con las alianzas políticas que hubiera. O que, el propio Congreso, si es incapaz de llegar a acuerdos, declare la prórroga de los PGE de 2017.

A esa falta de proyecto para 2018, que tampoco lo habrá el 19 de noviembre, y que, cuando pudieran tramitarse (Montoro, el ministro que se parece al Sr. Burns, de Los Simpsons), va a hacerlo lastrados por la “situación catalana”, se cual sea, y que van a suponer un lastre económico (o lo que es lo mismo, más recortes), que para una región como Extremadura (tan extensa como poco poblada) van a ser nuevo mazazo.

Así, aunque el 18 de noviembre de 2017 se consiga una gran movilización en Madrid, el 19 de noviembre volveremos a la situación actual: inacción política, inacción sindical y cuestiones sin resolver

Entre las cuestiones sin resolver:

1.- Trazado de la “Alta Velocidad” hasta Badajoz, sobre el que se quiere implementar su paso por Toledo capital, algo no previsto y que alargará en el tiempo la conclusión completa.

2.- Saber, de modo inequívoco, si los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, apuestan por la recuperación del Tren Ruta de la Plata, en concreto, con la recuperación del trazado Plasencia – Astorga. El 29 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de Izquierda Unidad, aprobó una iniciativa para exigir al Gobierno la reapertura de la línea Ruta de la Plata. A día de hoy, la Junta de Extremadura mantiene un convenio con ADIF para levantar las vías del tramo Plasencia – Límite provincia de Salamanca, aportando dinero público extremeño a esa finalidad.

3.- Conocer que acciones concretas se plantean, con suficientes estudios y análisis, para que el tren convencional en Extremadura deje de ser una especie de laboratorio en el que Renfe ensaya todo tipo de maltrato a los usuarios.

4.- Conocer hasta qué punto la Junta de Extremadura, competente según el Estatuto de Autonomía, en materia de usuarios y consumidores y en materia de protección de la discapacidad, está en disposición de ejercer esas competencias para inspeccionar y, en su caso, sancionar a Renfe por todo tipo de incumplimientos (y no solo en retrasos horarios). La Junta de Extremadura debe, de una vez por todas, abandonar la dejación de obligaciones en estas materias.

Cuando el 19 de noviembre pase, cuando los dos periódicos de tirada regional saquen en sus portadas fotos de la movilización del 18, seguiremos igual, porque los mismos que llevan a los ciudadanos a la manifestación (partidos, sindicatos, patronal…) volverán a sus despachos, satisfechos por el trabajo que le harán los ciudadanos, cuando si ellos hicieran el suyo, no harían falta las movilizaciones.

Vale.