Archivos para Junta de Extremadura

Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, comprobamos que el WC adaptado se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y para decirle que un tren con un trayecto previsto de casi 5 horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues si, porque a él se lo han ordenado y sale.

Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los “servicios” que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: “Presente una reclamación”.

Con el revisor (ahora los llaman supervisores) me sucede lo mismo: “Presente una reclamación”. Tras un intercambio de opiniones, en el que le hago saber que está muy bien enseñado por la empresa, y que defenderla es algo indigno, le pido que me facilite impresos de reclamación. Anoto su nombre, por si fuera necesario citarlo cuando la presente.

Por supuesto, el tren inicia su viaje, como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi 5 horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa del “producto agotado”. Se traga cuatro euros.

Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presento la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.

La respuesta que recibo no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de “Renfe Viajeros”, quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras, como corresponde a unos buenos sicarios.

A los mamporreros de Atendo (un negocio que deja mucho que desear) no les hemos reclamado nada ni nunca nos hemos dirigido a ellos. Porque sabemos que son el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, de modo delictivo, la Ley de Discapacidad.

Que nos conteste Atendo es una sinvegonzoneria más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un “servicio” que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad.

De hecho, en el mismo tren que tenía el WC precintado, hay unas plataformas que, teóricamente, se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias.

De ese incumplimiento son cómplices el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las “normas” sobre atención a la discapacidad de Renfe, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que lo consiente (en el sentido quevedesco del término) y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma.

El artículo 510 del Código Penal es claro. Y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito.

A los de Atendo, mamporreros (¿a cambio de cuánto?) de Renfe, nada que decirles. El dinero es un buen bálsamo, una buena vaselina que suaviza todas las dignidades.

Vale.

El 23 de junio de 2012, José Antonio Monago, a la sazón presidente de la Junta de Extremadura, me hizo el honor de bloquearme en twitter por algo tan común a nuestros políticos de derechas: no soportan la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Ahora, mi honor tuitero se ve agrandado porque uno de los consejeros de la Junta de Extremadura, un tal Vergeles, me ha bloqueado por lo mismo, exactamente por lo mismo. Porque no soporta la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Malos políticos y pésimos gestores.

En Estatuto de Autonomía de Extremadura se asignan competencias como la gestión de la sanidad, la defensa de usuarios y consumidores o la protección a la discapacidad. Estas tres competencias las debería ejercer el tal Vergeles.

Malos políticos y pésimos gestores.

En materia de sanidad, hace ahora un año, el tal Vergeles hablaba (eso sí, eso le encanta, hablar, el discurso vacío, vacuo, inane) de que había que implementar de una vez la interoperabilidad de la receta electrónica porque era inconconcebible que los muchos extremeños que veranean en Matalascañas no dispusieran de las facilidades que se derivan de la interoperabilidad.

Malos políticos y pésimos gestores.

¿Qué ha hecho el tal Vergeles para conseguir la interoperabilidad de la receta electrónica entre Extremadura y Andalucía? Nada, absolutamente nada.

Malos políticos y pésimos gestores.

Porque le he preguntado en muchas ocasiones sobre este asunto, le he remitido públicamente tuits recordándole su competencia en la materia, me ha bloqueado, porque no soporta la crítica y porque es incapaz de contestar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Seguramente cansado de que se le recuerde su incompetencia (su verborrea no tiene límites) el tal Vergeles me ha bloqueado en twitter, donde presume de su cargo público y seguramente (esto no lo sé, quizás él lo aclare) utilice un móvil corporativo para tuitear, haciendo un uso privado de un bien público. Y en todo caso, si el móvil fuera particular, su ostentórea ostentación de cargo público resulta histriónica ante la realidad de su falta de respuesta.

Malos políticos y pésimos gestores.

En el área de competencias de la consejería que el tal Vergeles dirige (?) está la defensa de usuarios y consumidores. En más de una ocasión me he dirigido a él y a personal de “su” Consejería para demostrarles el maltrato que Renfe dispensa diariamente a los usuarios extremeños del ferrocarril, sin obtener respuesta. Bueno, una, del Instituto de Consumo de Extremadura… dando la razón a Renfe.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando vemos a diario informaciones sobre ese maltrato de Renfe a los usuarios extremeños, el tal Vergeles, consejero del ramo, calla, se esconde, no da la cara por los que le pagamos un sueldo que está demostrando, un día sí y otro también, que no merece, que no se lo gana.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe, además, incumple sistemáticamente sus obligaciones en materia de discapacidad, siendo más que frecuente que, por ejemplo, el aseo de uso por personas con algún tipo de discapacidad esté fuera de uso incluso antes de comenzar el trayecto, y este hecho se haya puesto en conocimiento de la Consejería, el tal Vergeles calla, se esconde y no da la cara por los extremeños que, desgraciadamente para nosotros, le tenemos que pagar el sueldo.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe desprecia el valor de la tarjeta de discapacidad que lleva el nombre de “Junta de Extremadura”, cabría esperar que la consejería del tal Vergeles hiciera algo al respecto, aunque solamente fuera por respeto a los profesionales que con sus valoraciones técnicas, diagnósticos e informes determinan el grado de discapacidad de una persona. Pero el silencio del tal Vergeles no solamente deja indefensa a la persona con discapacidad, sino que desprecia el trabajo de sus compañeros de profesión médica.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando en junio de 2012 el viajero Monago me bloqueó en twitter, era habitual ver a diario tuits del tal Vergeles criticando la política sanitaria del PP, y terminando todos sus tuits con una frase que ahora le viene al pelo: “Malos políticos y pésimos gestores”.

Al tal Vergeles no le deseo ningún mal, pero me gustaría verle en un tren averiado, tener que montar en un autobús y cruzar de Extremadura a Andalucía por carreteras secundarias, con una gastroenteritis fuerte y un esguince de rodilla, y tener que usar el aseo de un autobús en marcha por esas carreteras de la sierra norte de Sevilla. Se iba a cagar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Vale.

Venimos viendo desde hace un tiempo en los medios de comunicación regionales una aparente reivindicación sobre la necesidad de la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura. Aparente.

Quienes somos sufridores del inicuo servicio público que Renfe presta entre Cáceres y Sevilla, pensamos que esa apariencia de reivindicación tiene más que ver con un postureo social (“para que veáis lo que me interesan las cosas de Extremadura, reivindico el tren, aunque yo no lo use para nada ni tenga pensado usarlo”) que con una auténtica reivindicación.

Así, hemos visto como el ministro de Fomento visitó Extremadura, se reunió con la “plataforma” que reivindica un “tren digno”, largó su discurso preparado en un despacho de Madrid, se fue y listo.

En esa reunión estuvo presente el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien tras el discurso del ministro y conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado manifestó que “nos han engañado”.

Claro que os han engañado. Sobre todo si confían en la palabra de alguien que, seguramente, lo que hizo fue repasar durante el viaje Madrid-Garrovillas de Alconétar en coche oficial el discurso que algún asesor le había escrito.

Porque de lo que hablamos es de la competencia en materia de transporte ferroviario y de responsabilidad política en que esa competencia se ejerza.

La Junta de Extremadura no tiene competencias estatutarias en materia de ferrocarriles, pero sí tiene responsabilidades ante los súbditos extremeños para exigir el cumplimiento de obligaciones del Estado para con la región. También tienen esas responsabilidades los partidos políticos, todos, menos el Partido Popular, cuyo jefe debería estar fuera de política por sus devaneos canarios.

Hablamos de competencia y de responsabilidad. Cuando no se tiene la competencia sí cabe la responsabilidad. Y con el presidente de la Junta a la cabeza, todos los que dicen que se han sentido engañados por el ministro de Fomento tienen la responsabilidad de aclarar por qué, cuando hubo ocasión, cuando ministro engañó no le exigieron. ¿Por qué no son más avisados cuando el ministro discursea y se hacen los ofendidos cuando comprueban que el ministro les estaba engañando?

Un día sí y otro también tenemos conocimiento de incidencias de mayor o menor calado en los trenes que mal circulan por Extremadura. Incidencias que afectan a los derechos de usuarios y consumidores. ¿Por qué la Consejería competente, sí, competente, no actúa de oficio contra Renfe?

Un día sí y otro también tenemos conocimiento que usuarios con discapacidad, en el grado que sea, se ven afectados por el mal servicio que Renfe presta en Extremadura. ¿Por qué la Consejería competente en materia de discapacidad no actúa de oficio contra Renfe?

Las competencias ferroviarias no radican en la Comunidad Autónoma, pero la defensa de los súbditos extremeños, sí. La responsabilidad de los dirigentes autonómicos, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo está en defender los pocos, escasos, derechos que los súbditos extremeños tenemos. Si no la ejercen, están sobrando.

Si quienes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los servicios a usuarios y consumidores no la ejercen, ¿por qué siguen cobrando sueldos por algo que no cumplen?

Si quienes tienen la responsabilidad de hacer valer lo que dicen las tarjetas de discapacidad que llevan el nombre de Extremadura y están avaladas por informes profesionales de la Comunidad, no la ejercen, ¿qué valor dan al trabajo de médicos y otros profesionales de la propia región?

La competencia del desastre ferroviario en Extremadura es de Renfe, del Gobierno. La responsabilidad de consentir ese desastre es nuestra, empezando por la máxima ¿autoridad? regional, el Presidente de la Junta de Extremadura.

Vale.

En la página web de Renfe, que más parece un compendio de publicidad y propaganda que una adecuada fuente de información de un servicio público, puede leerse este párrafo

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Y se quedan tan anchos.

Pero nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos de la realidad en los servicios que Renfe presta en las líneas del tercer mundo. No, no me refiero a líneas que pudieran transitar por Ruanda o Haití. Me refiero, en concreto, a la línea de cubre el trayecto entre Cáceres y Sevilla. Sin ir más lejos. Y viceversa.

Para Renfe, discapacidad es un concepto que se esconde en el acrónimo PMR, pero bien escondido, claro.

En bastantes viajes que hemos realizado en ese trayecto con la capital andaluza, nunca hemos visto subir a viajeros PMR según el concepto “renfe”. Es decir, personas en sillas de ruedas. Como si la discapacidad o la movilidad reducida se redujera (aún más) a tener que ir en silla de ruedas.

Porque un trayecto que dura casi 5 horas (4 horas y 42 minutos, según la web) necesita algo que el tren modelo 18779 o 18775 no tiene: mantenimiento. Mantenimiento que el usuario pueda ver cuando accede al vagón, ya que del otro, el de la mecánica, los frenos, los sistemas de seguridad no tenemos ni idea si se hace o no.

En más de una ocasión, y en más de dos, acceder al tren, en la salida de la estación de Cáceres o en la de Santa Justa, y comprobar que el WC adaptado no funciona, puede parecer un inconveniente para cualquier viajero sin problemas de desplazamiento o estabilidad, que puede utilizar “el otro” aseo. Pero para una persona con esas dificultades es un gravísimo hándicap. Moverse por un tren que va dando bandazos por vías tercermundistas, es un arriesgado ejercicio físico.

El 20 de agosto de 2016, una viajera, mi esposa, se encontró con ese problema: no poder hacer uso del WC adaptado porque estaba inutilizado antes de arrancar el tren en Santa Justa la obligó a tener que desplazarse hasta “el otro” aseo. Resultado: llegada a Cáceres, dejar el equipaje y a urgencias.

Resultado más desagradable aún: la sinvergonzonería de Renfe y de la compañía de seguros Allianz, a la que tiene contratado el seguro de accidentes de viaje. Si se juntas dos empresas cuyo única máxima es el mínimo gasto (Renfe) y el máximo beneficio (Allianz), la consecuencia es obvia: perjuicio para el viajero accidentado.

En esas estamos aún, en la pelea con una empresa de servicio público que el único servicio que parece prestar, al menos en Extremadura, es que sus directivos tengan asegurados unos elevados sueldos a costa del dinero público.

Y en esas estábamos hasta que el día 12 de octubre teníamos que volver a subir en Santa Justa al tren 18779. Y al subir, una alegría: un trabajador de la limpieza salía del WC adaptado y dejaba su suelo recién fregado. Bien… ¿o no?

Pues no. Porque mientras veíamos al limpiador caminar todavía por el andén comprobamos que las letras WC, en rojo, tenían una línea diagonal, también en rojo, intermitente: el WC adaptado estaba, cómo no, inutilizado.

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Renfe miente con descaro y falta de vergüenza en su página web cuando habla de accesibilidad. La falta de mantenimiento, los recortes que no afectan a los sueldos (que no salarios, es otro concepto) de los directivos.

Como nos quedaban 5 horas de viaje, a las 17:02 comuniqué a @inforenfe (canal de propaganda de la empresa) la situación. Y como no recibí respuesta (¿qué respuesta puede dar un tuitero desde una pantalla en Madrid para un usuario del tren que circulará por no se sabe qué territorios del inframundo?), reiteré mi comunicación. Y así sin respuesta. Solución: reiterar una y otra vez vía twitter. Hasta que el tuitero de turno de @inforenfe me bloqueó. Y del @renfe, también

Decidí pedir al interventor del tren una hoja de reclamaciones. Y mi sorpresa fue cuando el interventor me dijo que le habían llamado desde Madrid, desde “atención al viajero” de Renfe para preguntarle qué estaba pasando, que había un bombardeo vía twitter quejándose. Éramos mi esposa y yo.

El interventor nos dijo que había contestado que, efectivamente, el WC adaptado había salido desde Santa Justa inutilizado y que él no lo había podido resetear porque el depósito del agua estaba vacío.

Poco rato después, el interventor nos comunica que le han llamado desde Santa Junta para decirle que habían llamado desde Madrid pidiendo explicaciones y, entre otras, que cómo había podido salir el tren con el WC inutilizado.

Y a todo esto, Renfe incumple la Ley de Discapacidad, pero nadie, ni el Ministerio ese de la señora Báñez (¡cuándo se habrá visto en otra más gorda!) ni la Junta de Extremadura, cuyo Presidente se manifiesta adalid en apoyo a la discapacidad, han iniciado, ni por asomo, ninguna investigación, ni mucho menos, una simple consulta sobre el cumplimiento de esa Ley a Renfe.

Renfe, en Extremadura, hace de su capa un sayo, y, como decía el final de la sentencia de Rafi Escobedo, lo hace sola y/o en compañía de otros. De la Junta de Extremadura. Por ejemplo.

Renfe incumple la Ley de Discapacidad y los organismos responsables de hacerla cumplir también, y por ello no se convierten en actores por omisión, sino en cómplices, puros cómplices. El Ministerio y la Junta de Extremadura.

Vale.

La Junta de Extremadura está estudiando implantar, en el Currículo de la ESO, en los cursos tercero y cuatro, una asignatura teórico práctica denominada, en principio, Cortador de Jamón. Dicen en la Consejería de Educación que es una apuesta por la formación integral de los alumnos, que además producirá beneficios indudables en la salud de los alumnos y en la economía familiar y comunitaria.

La asignatura se impartirá en tercer curso con dos horas lectivas a la semana, y se impartirán el mismo día, en dos horas consecutivas, la primera eminentemente teórica, con la explicación y didáctica sobre el producto a cortar, el jamón, sus distintas variedades: jamón serrano, jamón ibérico de cebo, de recebo, de bellota, y con las características de valores alimentarios, de sabor, visuales, así como los distintos modos de su consumo. Así, el programa de la asignatura incluirá las herramientas necesarias para el corte, como el jamonero, los cuchillos, y su utilización según la pieza sea de jamón o paleta.

Importante también será conocer la teoría de cómo comenzar el corte, si el corte es para consumo en plato o para su utilización como ingrediente de recetas, la conservación de la pieza un vez iniciada, para mantener texturas y sabores.

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Desde la Consejería se señala que es inaudito que hasta ahora no se le haya dado importancia a algo tan importante en Extremadura como es el corte del jamón, producto estrella de nuestra gastronomía, y que, por no saber realizarlo de una manera adecuada, produce importantes quebrantos. Baste un ejemplo: de una pieza de jamón de unos siete kilos y medio, un cortador profesional puede obtener unos tres kilos y medio, mientras que cortándolo “de aquella manera” en casa, en la práctica no se llega a obtener más de dos kilos o dos kilos y medio, destinándose gran parte de la pieza a su uso para cocinar.

En cuanto a la hora lectiva práctica semanal, los alumnos, utilizarán los cortes que vayan haciendo en las piezas que se dispongan en clase para su consumo. Así, consumirán y aprenderán a distinguir por la vista, el olor y el sabor las distintas clases de jamón, al mismo tiempo que ese consumo les permitirá, al menos un día a la semana, comer jamón, y estará a criterio del profesor, en función de las cantidades de corte obtenidas, que los alumnos puedan llevarse a su casa algunas lonchas, para que sus familiares puedan conocer sus avances en la asignatura de sus hijos.

Vale.

El rechazo por la Asamblea de Extremadura de los PGEX para 2016 plantea dos cuestiones de interés. Por un lado, el modo en que se han rechazado, y, por otro, las consecuencias.

Al proyecto presentado por el gobierno de Fernández Vara se habían presentado tres enmiendas a la totalidad, una por cada uno de los grupos políticos de la oposición: PP, Podemos y Ciudadanos. Solamente una de las tres prosperó, la presentada por Podemos, que contó con el apoyo del Partido Popular. Según dicen los dirigentes de Podemos, no sabían que el PP apoyaría su enmienda. En el interesante mundo de las relaciones políticas entre partidos que forman la Asamblea, solamente desde la ingenuidad puede pensarse que Alvaro Jaén y sus compañeros no tuvieran información clara de la intención del PP de votar su enmienda. Y, en todo caso, el hecho contrastable es que, en el mejor de los casos para la credibilidad de los discípulos de Pablo Iglesias en Extremadura, han sido utilizados como arma arrojadiza del PP contra el gobierno de Fernández Vara.

La consecuencia inmediata de este rechazo es que, conforme a la ley, han de prorrogarse los presupuestos de 2015, los últimos aprobados por la coalición del Partido Popular e Izquierda Unida.

Pero esa prórroga tiene efectos muy interesantes. Por ejemplo, habrá que recordar que cuando Rajoy decidió suprimir la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos, se hizo mediante un Real Decreto Ley, luego convalidado por el Congreso de los Diputados, que daba a esa supresión el carácter de norma básica (de obligado cumplimiento para todas las administraciones). Cuando en diciembre de 2012 a Monago le cayó el gordo del impuesto bancario salió en tromba para decir que pagaría la extra a los funcionarios. Monago es, según su currículum, licenciado en Derecho, pero ignorante en cuanto a la aplicación de normas básicas, por ejemplo. Los funcionarios de la Junta, igualmente ignorantes del carácter básico de la supresión de la extra, aplaudieron con las orejas, jalearon, le hicieron la ola. Luego hubo de envainarse el ímpetu, reconocer que no podía pagar la extra y al final acordó adelantar la de junio del año siguiente. Y así siguen. Por cierto, Fernández Vara se sumó a “facilitar” que “sus” funcionarios (los de la Junta) pudieran percibir, por la vía del adelanto, la extra. De los funcionarios del Estado en Extremadura, se olvidaron. No eran “su problema”.

Ahora, cuando el gobierno de Rajoy ha pagado un tercio de lo que había recortado, lo ha hecho en una norma que no tiene carácter básico, dejando al resto de las administraciones con el presupuesto al aire, que se busquen la vida. Además, recurriendo a deuda pública.

Pero Rajoy sí ha incluido dos medidas retributivas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016: pagar lo que queda por devolver de la extra confiscada en 2012 e incrementar en un 1% las retribuciones de los empleados públicos. Pero esa norma presupuestaria nacional, que tiene carácter básico, solamente se puede aplicar en Extremadura trasponiéndola a la propia Ley de Presupuestos regional. Algo que no puede hacerse porque el Partido Popular de Monago, con la cooperación necesaria de Podemos, han tumbado los presupuestos.

Ahora, aquellos funcionarios de la Junta que defendían por tierra, mar y aire que Monago les iba a pagar la extra de 2012 saltándose el carácter básico de la norma que la confiscó, claman porque la jugada política de su faro y guía, el canario de honor, no les afecte: quieren cobrar lo que les falta de la extra, haya presupuesto o no. Porque con el presupuesto prorrogado no pueden cobrarla, como no pueden ver incrementadas sus retribuciones en un 1% hasta que no haya presupuestos nuevos.

¿Seguirán esos funcionarios ganados por el benefactor Monago con la extra de 2012 aplaudiéndole? ¿Le exigirán responsabilidades? ¿Volverán a votar al Partido Popular?

Vale.

El 17 de noviembre de 2014, en plena vorágine periodística, social y política desatada por la publicación, en el Diario Público, de la información de la periodista Ana Pardo de Vera en la que se daba cuenta de los viajes privados del senador por la Comunidad Autónoma de Extremadura a las Canarias con cargo a los presupuestos del Senado, el actual presidente de la Junta de Extremadura asistió a un acto político informativo en Madrid.

Protagonizó dos momentos, en aquel desayuno informativo, que se recordarán. Uno, su fuga cobarde las preguntas del periodista de El Intermedio, Gonzo. Las imágenes que emitió el programa de El Gran Wyoming dieron y dan muestra de la vergüenza.

El otro, que transcribo a continuación, según un despacho de la Agencia EFE, repicado por el órgano oficial de prensa y propaganda del Partido Popular de Extremadura:

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado hoy que hará públicas todas sus finanzas en enero, dando “mucha más información” que la que aparece en la declaración de la renta, y será el primer jefe de Gobierno autonómico en hacerlo.
En su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Monago ha invitado al resto de sus “compañeros” y a todos dirigentes políticos a seguir su ejemplo. “Si queremos que los ciudadanos nos traten como personas y no como políticos demos pasos que nos acerquen a ellos”.
Y ha insistido en que todos los dirigentes políticos deben ponerse “en su sitio, al servicio de los ciudadanos”, porque así “volverá la presunción de inocencia” a la política y ésta no seguirá “bajo sospecha”.
“Hasta los apuntes de la compra” en el supermercado ha prometido enseñar Monago, quien se ha comprometido a aportar todo el estado financiero de sus cuentas y préstamos.
Con esta iniciativa, Monago ha prometido elevar el “techo” de la transparencia “más alto aún de lo que lo ha puesto nadie en el país”.

A la vista de los párrafos copiados, cabe una pregunta: ¿piensa de verdad José Antonio Monago cumplir lo que dijo? El archivo por la Fiscalía de las diligencias practicadas tras presentarse varias denuncias parece que tiene la respuesta. Monago hizo aquellas afirmaciones en el contexto de verse acorralado sabiendo que había utilizado dinero público para fines privados. Ahora que la Fiscalía no ve delito en la conducta del senador Monago, seguramente los consejos de estrategia y marketing que reciba serán: pelillos a la mar.

Lo único claro es que ha transcurrido el mes de enero y Monago no ha cumplido con el compromiso adquirido ante muchos medios de comunicación. Claro que, también, cuando se hizo el valiente anunciando tan altísimo nivel de transparencia, tuvo la ocurrencia de decir que “cuando me atacan, también atacan al pueblo de Extremadura”, algo tan grandilocuente y esperpéntico como si en vez de en un hotel de lujo de Madrid, lo hubiera dicho en el Callejón del Gato.

Y nos quedaremos sin conocer ni los vales de compra ni los billetes del metro de Badajoz.

Vale.

El vigente Plan General Municipal de Cáceres incluye la antigua Cárcel Provincial de Cáceres en el catálogo de bienes protegidos. Se trata de un nivel de protección general vinculado a los desarrollos del Planeamiento Municipal y cuyos efectos, si bien protegen el inmueble, está sometido a los vaivenes del planeamiento y a que, en revisiones futuras, pudiera ser levantada la protección.

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La Cárcel Provincial de Cáceres se construyó en los años 30, siendo alcalde de la ciudad el socialista Antonio Canales, y se levantó sobre terrenos cedidos por el municipio, y con las aportaciones de la Diputación Provincial de Cáceres y de los ayuntamientos de la provincia. Su finalización y entrada en funcionamiento deparó la paradoja de que quien más impulsó su construcción, Antonio Canales, que quería dignificar la vida de quienes estaban privados de libertad, fue uno de los primeros en entrar en ella y salir para ser fusilado.

El inmueble, de una superficie considerable, sobre una parcela de poco más de una Hectárea, y con unos 11.000 m2 construidos, responde a la arquitectura predominante en la primera parte del Siglo XX, con un uso del ladrillo visto en las fachadas, para conseguir un aspecto de fortaleza en inmuebles de baja altura, módulos de 2 y 3 alturas como máximo. Las cubiertas de teja con un color muy similar al del ladrillo visto permiten que el conjunto, para una edificación que ocupa gran parte de la superficie de suelo, dejando los espacios entre módulos como patios semicerrados que, a vista de pájaro, son en realidad áreas que dan continuidad al conjunto.

La vigente legislación en materia de patrimonio histórico, tanto estatal como autonómica, permite que este tipo de edificios puedan ser considerados, deban ser considerados, como elementos urbanos de gran importancia, y que puedan, también, recibir la mayor protección que los preserve en el futuro.

En el caso de la antigua cárcel provincial de Cáceres, al tratarse de un inmueble propiedad de la Administración General del Estado, su preservación y su mantenimiento futuro, le corresponde al Estado. Una preservación que cada día se hace más necesaria, dado que el deterioro se va haciendo cada día más patente, con cubiertas de algunos módulos ya derruidas, los cerramientos exteriores que van siendo “atacados” por intentos intrusión y que pueden convertirlo, si no lo están ya, en focos de peligrosidad para quien intenta en acceder a su interior.

Las características constructivas del inmueble, su potencial aprovechamiento social y cultural futuros, la necesidad de impedir el deterioro, que siempre avanza más rápido de lo que aparece a media que aparecen elementos destruidos, hacen que, ante la falta de utilización actual y futura, por la situación económica que tiene trazas de duradera, aconsejan que sea el momento adecuado para reclamar el Ministerio de Educación y Cultura la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. Y, aunque la propiedad del inmueble corresponda a la Administración General del Estado, con competencias en la materia, también podría instarse desde la Junta de Extremadura la incoación del expediente, al amparo de lo previsto en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.

Sin duda, desde el punto de vista social y de los intereses de la ciudad, que el Ayuntamiento de Cáceres se dirigiera tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Educación y Cultura, obraría en favor de que el deterioro que ya presenta la vieja Cárcel no continúe. El paso, ya dado, en 2010, con su inclusión en el Catalógo de Bienes Protegidos en el PGM debería servir de base a la petición a cursar a las administraciones que tienen las competencias.

La declaración de Bien de Interés Cultural para la Prisión Provincial de Cáceres sería un primer paso fundamental para que, con cargo al programa del 1,5% del Ministerio de Fomento, pudiera de modo rápido, elaborarse el Plan Director que permita su utilización integral como un centro de usos sociales y, sobre todo, culturales, abierto a la ciudad y con proyección nacional internacional.

La amplísima superficie construida es, además, un elemento a considerar, por cuanto necesitará que el Plan Director para su rehabilitación y puesta en uso, cuando ya hubiera obtenido la declaración de Bien de Interés Cultural, sea acompañado de un Plan de Usos, indispensable para que, evitado su deterioro, sea, además, un Bien de Interés Cultural, un espacio fundamental en el desarrollo social y cultural de Cáceres.

Vale.

Cuando un personaje queda desprendido, por rotura, de los hilos que manejan sus movimientos, termina convirtiéndose en una caricatura sin gracia, pero sin pena. Eso está sucediendo con el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que en su situación, desesperada, porque sabe que sus viajes privados pagados con dinero público, en su etapa de senador por la Comunidad Autónoma extremeña para arreglar algunos desperfectos en la isla de Tenerife pueden ser el viaje que se lo lleve, ya se lo ha llevado, por delante.

En todo este asunto, llama poderosamente la atención la sobreactuación de Monago en “defensa” de su vida privada y cómo esa sobreactuación, que quiere hacer las muecas de Jerry Lewis y se queda en una máscara de Jim Carrey, está haciendo cada vez más “atractiva” para la gente conocer esa vida privada que tan celosamente se quiere preservar.

Ayer, cuando Monago anunció la venta de la vivienda del presidente de la Junta en Mérida, pretendía dar un golpe de efecto. Nada más. Un hilo más que su sostenedor de movimientos, Ivancito Goebbels, le puso en el discurso. Pero, claro, cuando se pretenden dar golpes de efecto hay que hacerlo sin incumplir la ley. Pero eso le da igual al bombero emérito.

Anunciar en la Asamblea de Extremadura que “Monago pone en venta” el “palacio presidencial” de Mérida y que al momento estuviera colgado el anuncio en un portal de intermediación inmobiliaria fue todo uno. Y que los “medios de comunicación” fueran rápidamente a hacer capturas de las fotos, a la velocidad de Usain Bolt. Había que hacer de onda expansiva de las ideas de Ivancito, que al fin y al cabo, da de comer a algún que otro titulado en periodismo.

Hoy, la portada de lo que ahora es el GEM (y antes el HolaPP y antes El Periódico de Extremadura) es un anuncio más en esa onda expansiva.

Quiero pensar que el gobierno de los mejores presidido por Monago y manejado por Ivancito sabe que anunciar la venta de un bien que pertenece al Patrimonio de la Junta de Extremadura no es legal. Que ese no es el procedimiento legal de venta de patrimonio público. Y que utilizar mecanismos ilegales conduce no solamente a la ilegalidad del hecho, sino que puede dar lugar a ilícitos penales. Por ejemplo, recurrir a una agencia inmobiliaria, aunque sea por la red, requiere contratar con ella las condiciones económicas de la intermediación. Y requiere que esa intermediación entre el vendedor (administración pública) y el comprador (cualquier particular o empresa) quede al arbitrio de negociaciones sobre precio y condiciones de venta. Y ello da lugar sin duda alguna a negociaciones prohibidas a los empleados públicos. Y Monago y su consejo de gobierno son empleados públicos, interinos, cada día más interinos, pero empleados públicos.

Sabiendo, por tanto, como deben saber las marionetas de Ivancito, solamente queda analizar por qué ese recurso de anunciar explosivamente la venta y colgar las imágenes de la vivienda (¿por qué no cuelgan también las imágenes de despachos ocupados y en uso por funcionarios públicos en el mismo “palacio presidencial”?). La respuesta es sencilla: en la vida privada de Monago.

Se está jartando ese señor que habla como si Extremadura fuera su propiedad (privada) de decir que ha renunciado a vivir en ese edificio (público) porque prefiere vivir en su modesta casa de Badajoz (privada). Contrapone lo privado con lo público queriendo hacer ver que es mucho mejor para los extremeños lo privado (su decisión) que lo público.

Como es una decisión que afecta a intereses públicos (el uso de la “Casa del Río”) la decisión privada debería justificarse mejor. Por ejemplo, haciendo números sobre cuánto cuesta al erario público esa decisión. ¿Es más barata? Hay quien dice que no. Seguridad en la vivienda privada del presidente (pagada con dinero público), desplazamientos diarios entre Badajoz y Mérida de empleados públicos (escoltas) que sí tienen derecho a dietas y deben percibirlas, gastos de los vehículos oficiales (el de presidencia y el/los de los escoltas). A lo mejor, o a lo peor, sumando gastos por la decisión privada, resulta que no es tan barato.

La única explicación posible, sabiendo que la decisión de Monago de vender la “casa del río” es, en realidad, una decisión de su propagandista (bueno, nuestro propagandista, que para eso cobra como un miembro del consejo de gobierno y le pagamos nosotros), es que publicar las fotografías de esa vivienda es para hacer creer a la gente que su vida privada es austera en contraposición a un supuesto lujo de la vivienda presidencial.

La propaganda política es débil cuando quien tiene que hacer de modelo no tiene la presencia que se necesita. Y pretender hacer pasar una presunta vida privada austera como más conveniente que el uso público de una vivienda de propiedad pública, no le cabe hacerlo al modelo Monago, que con sus viajes privados a Tenerife ha demostrado ser muy poco cuidadoso con el dinero público.

Vale.

 

En agosto de 2012, recién comenzada una serie de entradas en mi sitio en la red sobre la deplorable situación de la ciudad de Cáceres, bajo el epígrafe “Cáceres, cerrado por falta de uso”, incluí al Espacio para la Creación Joven, realizado por el gobierno socialista en la legislatura anterior (2007-2011).

El actual equipo de gobierno, del Partido Popular, que goza de una mayoría absoluta aplastante, se encontró, en junio de 2011 el ECJ terminado en el antiguo Molino de Aceite de la Ribera del Marco.

Desde entonces, de junio de 2011 hasta ahora han pasado tres años en los que la mayoría aplastante del Popular ha demostratado una aplastante incompetencia.

Hoy, un concejal de esos de la mayoría absoluta publica un artículo lleno de lugares comunes y un tufo de soberbia propios de otros tiempos.

Uno de los lugares comunes, frases hechas o tópicos, como se les quiera llamar es que “a partir de septiembre van a tomar la temperatura de los jóvenes de la ciudad”. ¿Colaboración con el colegio de enfermería, algún centro de salud próximo, práctias de la Escuela Universitaria?

El concejal, que en ningún momento dice que el edificio se lo encontraran terminado, se refiere a a que han tenido que pedir socorro a la Junta de Extramadura para finalizar las obras (¿no han tenido tiempo en tres años de asfaltar el acceso, que era lo único que faltaba?

Que se tarden tres años en asfaltar 80 metros de camino demuestra la temperatura política de una mayoría aplastante de los concejales.

Pero es más. Ese mismo concejal que hoy se marca el farol de que van a poner en marcha el ECJ para que los jóvenes de la ciudad… ese mismo, y todos sus correligionarios votaron el jueves (¿el mismo día que el técnico del área de juventud redactó el escrito para la firma del concejal que hoy publica el HolaPP?) en contra de una propuesta de la oposición que pedía mayor participación de los jóvenes en los asuntos de la ciudad.

Que ahora se anuncie que el dinero para poner en marcha el ECJ venga de la Junta de Extremadura, quiere decir que la mayoría aplastante de los concejales del Partido Popular han estado desde junio de 2011 tocándose las narices con este y con otros muchos asuntos. Y ahora, cuando ya se vislumbra la cuenta atrás de la legislatura, piden socorro al gobierno de Iván Redondo para que les lance un salvavidas, un salvavotos.

Eso de tomar la temperatura de los jóvenes para poner en marcha el ECJ es una solemne estupidez, propia de quien no tiene ni puñetera idea de lo que los jóvenes necesitan y llevan tres años en el ¿gobierno? pasando olímpicamente de ellos. Porque además, parece que lo que pretenden es que la concejalía del área esté en ese espacio. Esto es otra mayúscula estupidez. El EJC se concibió para los jóvenes, para que pudieran tener un espacio en el que desarrollar sus capacidades creativas y culturales. Y meter el poder que sobre estos asuntos representa la concejalía es condenar al fracaso el conjunto.

Porque si los jóvenes “huyen” de algo es de tener en el pescuezo el aliento “de los que mandan” cuando se trata de arrancar ideas, de crear, de ensayar… Y la burocracia de la concejalía será un yugo sobre los jóvenes. A no ser que sea eso lo que pretenden… someter a los jóvenes con un yugo.

Mientras el Partido Popular se dedica a rechazar iniciativas de la oposición para que los jóvenes tengan más participación en los asuntos públicos, el propio partido es el encargado de querer vender lo que otros hicieron. Y lo venden mal.

Mientras Cáceres está cerrado por falta de uso, uno se va dando cuenta que lo que está falta de uso es la capacidad de la mayoría aplastante de los concejales del Ayuntamiento de Cáceres.

https://cercadelasretamas.com/2012/09/15/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-vi/

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