Archivos para Junta de Extremadura

Cuando hace casi tres semanas Ida Díaz Ayuso anunció que llevaría a los tribunales al Consejo de Ministros por el reparto de las ayudas europeas, sobre una partida de 9.000.000 €, para cuatro CCAA, Navarra, Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana, el todavía presidente del PP de Extremadura guardó silencio. Igual le daba que el ataque de su compañera y sin embargo amiga fuera frontal contra nuestra región, Monago ha guardado un silencio sepulcral, cómplice con su partido de tratar de cercenar una ayuda finalista destinada a programas de empleo joven.

Monago, y con él su partido en Extremadura, con su silencio cómplice con Díaz Ayuso, se ha retratado como un dirigente que no quiere a su tierra, al que lo único que le interesa es su propio aparentar lo que no es, aparentar que se preocupa por esta tierra.

Sin embargo, ¡oh milagro! ha hablado sobre el asunto. Lo ha hecho para atacar con todas sus fuerzas al presidente de la Junta. Porque claro, que Diaz Ayuso no tiene nada contra esta tierra, que la exnovia del peluquero tiene razón, toda la razón para lanzarse contra el gobierno de la nación por el reparto de las ayudas europeas, que Pedro Sánchez y su gobierno están dando a dedo.

Bueno, en realidad, Monago ha disparado contra las escopetas y creo que se ha pegado un tiro en el pie. Un disparo con una escopeta que no sabe usar. Monago, o alguno de sus compinches, ha encontrado un hueco para atizar al gobierno regional. Porque, es cierto, la Junta de Extremadura tiene que devolver, o ha devuelto ya, 53.000.000 € de las ayudas para autónomos y pymes. Un escandalazo que es la muestra de que el gobierno socialista extremeño merece todas las maniobras que lleven a cabo el peluquero de cabecera de Diaz Ayuso, y el presunto presidente del PP, el ágrafo Pablo casado.

Todos los males, todos los infiernos y todos los calificativos despreciativos se merece Fernández Vara. A saber. Ineficiente en la gestión, y que esos 53 millones irán ahora a Madrid, a Castilla y León y Andalucía, por poner algunos ejemplos. Dice Monago que a él le duele Extremadura. Y Canarias, añado. Además pone en boca de sus correligionarios de otras CCAA que deben estar estupefactos (estupefacientes) de que Extremadura, esa región que es tan pobre, tan pobre, pero tan pobre, que solo tiene Monagos.

Pero ese Monago, tan viajero él, demuestra que sus diatribas contra Fernández Vara por esa devolución debería haberlas dirigido a sus compinches de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Murcia… Porque el jesusero que le haya dado el recorte de prensa de los 53 millones de €, le ha engañado como a un chino.

Al hacer esas declaraciones agarrado solamente a una liana, la de los 53 millones de €, en realidad lo que ha hecho ha sido cantar como un canario desechado de un concurso pajarero.

Y es así porque no solo Extremadura está en esa historia de las devoluciones de fondos, sino que Monago debería descalificar a Moreno Bombilla, a Fernández Muñeco, al colega de Dorado… Porque las devoluciones de esos fondos en realidad ha pillado a prácticamente todas las CCAA, y a algunas malgobernadas por el PP, sí, las gobernadas por los compinches de Monago. Y si no, pasen y vean.

Vale.

El inmueble que fue sede de los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en la Calle Antonio Reyes Huertas, nº 9, fue el primero que abrió la serie “Cáceres, cerrado por falta de uso”, en agosto de 2012.

Gobernaba entonces en Extremadura el Partido Popular, con la presidencia de José Antonio Monago. Fue el gobierno del PP (el “gobierno de los mejores” se autoproclamaban” el que en 2013, el 20 de noviembre de dicho año, tomó la decisión de ponerlo a disposición de los Hermanos de la Cruz Blanca, que como organización de carácter benéfico, pretendía usar el edificio para sede de las personas atendidas en aquellas fecha en un inmueble de la ciudad monumental. Y, si les era posible, ampliar las plazas residenciales y disponer de un centro de día.

La Junta de Extremadura entonces, “mataba” dos pájaros de un tiro: por un lado, quitarse de encima un inmueble para el que no se encontraba acomodo, y por otro, ponerlo a disposición de una entidad benéfica muy bien vista en la sociedad cacereña. En realidad, había un tercer objetivo: la Junta no encontraba medios económicos para poner de nuevo en servicio el inmueble y darle un uso que fuera necesario para la ciudad de Cáceres.

Ortofoto 1956. Fuente: sig.caceres.es

Antes de que el edificio apareciera en las ortofotos de la ciudad, en 1984, aparece en todas las de 1956 en adelante. Lo que aparece era, a mí me lo parecía, una especie de ruinas, puesto que solamente estaban en pie las fábricas laterales y frontal, con los huecos dispuestos para puertas y ventanas. No eran unas ruinas, eran, al contrario, unas obras que habían comenzado y que por las circunstancias que fueran (sería interesante conocerlas realmente) quedaron paralizadas. Tenía que haber sido la parroquia de San Pedro de Alcántara, dispuesta en la zona por el importante número de viviendas construidas en su entorno (las protegidas, las 104…). Sin embargo, las obras pararon, las fábricas de piedra levantadas, terminaron por abandonarse, porque la capilla del Instituto El Brocense podía abastecer de alimento espiritual a la zona.

Fachada Principal. Foto: cercadelasretamas.

Desde la aparición de las viviendas protegidas (las más próximas en la propia calle Reyes Huertas, a ambos lados, y las 104 por detrás) en 1956 transcurrieron, pues, al menos 25 años con la iglesia a medio empezar. Desde 1984 hasta que la Junta de Extremadura decidió dejar sin uso el inmueble construido para sede de los Servicios Sociales, transcurrieron ¿cuánto? Pongamos que esa decisión se toma en torno a 2010.  Otros 25 años, aproximadamente, fue lo que estuvo en servicio. Y desde 2010 hasta ahora, 2021, once años van transcurridos ya. Mala suerte la que ha tenido el solar. ¿Habrá que completar otro ciclo de 25 años para encontrar encaje en la ciudad de ese edificio?

Según consta en la memoria de la Modificación del Plan General Municipal de la parcela en su conjunto, con un “error” del PGM que incluía todo el terreno no edificado como destinado a viario (no entiendo el error), la entidad benéfica Hermanos de la Cruz Blanca encargaron a la arquitecta Rocío Clemente, redactar la documentación para, una vez identificado el error, aumentar la superficie edificable de manera que se pudieran cumplir los fines de la organización religiosa: aumentar las plazas residenciales y preparar un centro de día.

En las últimas fechas, hemos conocido que los Hermanos de la Cruz Blanca devuelve el inmueble a la Junta y que, incluso, están barajando su marcha de la ciudad. Esta situación nos retrotrae a 2013, pero con un incremento de edificabilidad encontrado en el camino.

Edificio Reyes Huertas, 9. Cáceres. Fachada posterior. Autor: CercaDeLasRetamas. 2012

Dado que la Modificación del PGM prosperó y está vigente, y, por tanto sus determinaciones, que siguen manteniendo el carácter dotacional público del Plan, en cambio se produce un incremento de la superficie edificable, que pasa de 2.027 m2 que recoge la ficha catastral del inmueble, una superficie edificable de 3.357,40 m2.

Este incremento de superficie construida total supone que la puesta en servicio del actual inmueble, para cualquier uso dotacional que se pretenda, permitiría aumentar, el “valor” de la parcela, y, también, los costes de ejecución, que tendrían dos partes: reparar/rehabilitar el inmueble original y la edificación de nueva planta resultante de la Modificación del PGM.

La cuestión fundamental es que el inmueble sigue sin uso, encaminándose a un nuevo período de 25 años en los que ni su propiedad (la Junta de Extremadura) ni la ciudad de Cáceres, que podría beneficiarse de una nueva dotación, saben qué hacer con él.

El deterioro evidente del inmueble irá incrementándose día a día, haciendo más difícil su recuperación, y será una muestra de cierta incapacidad para saber qué hacer en una ciudad que lleva estancada unos cuantos años en los 96.000-97.000 habitantes, y que no genera necesidades que pudieran ser cubiertas por él.

Vale.

En el día de hoy, se reúne, después de 10 meses desde su constitución, el “equipo de trabajo” que deberá proponer los usos futuros que tendrá el Hospital Provincial Virgen de la Montaña, actualmente cedido a la Junta de Extremadura por la Diputación Provincial de Cáceres.

Días atrás se hicieron públicas algunas propuestas/decisiones en relación con dicho inmueble:

1.- Mantener en el mismo el Punto de Atención Continuada (PAC) del Servicio Extremeño de Salud, que necesitaría una inversión, no cuantificada, para su mejora de instalaciones.

2.- Trasladar a dicho inmueble el Centro de Salud de la Zona Centro, del SES, actualmente ubicado en unos locales comerciales junto a la Delegación de Hacienda, en la Plaza de Hernán Cortes. No se conoce el importe de la inversión necesaria, que lo será cuando se acometan la redacción y ejecución del correspondiente proyecto.

Parece ser que los actuales locales que ocupa el Centro de Salud son propiedad de la Junta de Extremadura, por lo que podrían constituir un importante activo bien para destinarlo a otros usos, bien para su enajenación y obtención de recursos económicos. De todas formas, parece que dichos locales necesitan alguna inversión para mejorar su seguridad estructural.

Estos dos servicios se considerarían ya definitivos, y por tanto, la superficie que ocupen continuarían siendo servicios sociosanitarios.

3.- Traslado provisional, mediante la realización del correspondiente proyecto de ejecución, del actual Centro de Salud de la Plaza de Argel. Dicho Centro se encuentra enclavado en un edificio de 594 m2 de solar y 1.594 m2 de superficie construida, que es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a quien revertiría si dicho Centro es trasladado definitivamente de lugar. También hay que señalar que el Centro de Salud de la Plaza de Argel necesita imperiosamente obras de rehabilitación y consolidación, ya que se encuentra en mal estado.

Es evidente que, en el caso de que por la Junta de Extremadura se obtuviera un espacio, ya construido o un solar para su construcción como edificio de nueva planta, el Centro de Salud de Plaza de Argel no sería necesario ubicarlo provisionalmente en el Hospital. Otra cosa será que el Servicio Extremeño de Salud haya realizado o realice una exploración de mercado inmobiliario que permita localizar una ubicación adecuada a la superficie del área de salud correspondiente a ese Centro.

4.- Ubicación en el Hospital Provincial del Archivo Histórico Provincial, que actualmente se encuentra en el Palacio de Moctezuma y el Edificio que se construyó en los años 80 específicamente para su uso como archivo. Las Asociaciones de Archiveros de Extremadura consideran que no es aconsejable el traslado, entre otras cuestiones, por seguridad estructural.

En todo caso, el Archivo Histórico Provincial necesitaría para su traslado la conformidad, previos los informes técnicos precisos, del Ministerio de Cultura.

Esta propuesta, de la Junta de Extremadura, se completaría con el destino a un Museo (sin determinar) en las actuales dependencias del Archivo.

5.- Ubicación en el Hospital Provincial del Conservatorio de Danza, actualmente en el Complejo Cultural San Francisco, de la Diputación Provincial, que, a su vez, y para “tapar” el vacío que en dicho Complejo dejaría el Conservatorio, trasladaría al mismo la actual Sala de Exposiciones “El Brocense” (calle de San Antón) y los espacios expositivos del edificio Pintores, El Hospital Provincial Virgen de la Montaña tiene una superficie de suelo de 13.363 m2 y una superficie construida, según Catastro, de 21.024 m2, cifras que son muy importantes pero que requerirían un planteamiento de conjunto, algo así como un Plan Director, que establezca un Acta de Definición de Necesidades (ADNE), en la que se determinen los usos preferentes para el Hospital, las superficies necesarias para cada uno de ellos, los presupuestos aproximados para las reformas precisas y, sobre todo, una definición clara de cómo los distintos usos pueden coexistir en el inmueble, sin que ninguno de ellos interfiera en los otros y una definición ciertamente flexible de espacios para su redefinición en el caso de necesidades imperiosas en un plazo razonable de tiempo.

Tanto la Junta de Extremadura, como la Diputación y el propio Ayuntamiento tienen técnicos cualificados para llevar a cabo el Plan Director y para proponer un ADNE más preciso, de manera que los nuevos usos que se den puedan llevarse a cabo de manera ordenada y, sobre todo, coordinada.

Vale.

Ahora que en Cáceres “no se habla de otra cosa” que del Hospital Provincial Virgen de la Montaña, y cuyo futuro puede ser parejo al edificio que de similar uso hubo en Badajoz, el Hospital de San Sebastián, que se cerró en 2003 y ahí anda todavía, sin arrancar… Ahora que la titular patrimonial, la Diputación de Cáceres ha encargado un informe técnico que dice que para poderle otro uso hay que empezar a hablar de 20 millones de euros, ahora otro inmueble, sin uso, más modesto de superficie, viene a esta serie de “cerrado por falta de uso”: la extinta hace años Cámara Agraria.

Situado en la calle Diego María Crehuet, una vía de curiosa orografía, que tiene dos pendientes, de similar grado de inclinación, una al comienzo y otra al final (es capicúa), el edificio tiene una superficie catastral de 330 m2, y una superficie construida total de 726 m2 entre las tres alturas de que consta.

Como se puede apreciar, no es un inmueble de grandes proporciones, aunque puede equivaler a 6 viviendas de tamaño medio.

Es otro de los edificios de titularidad pública que están sin uso, en este caso de la Junta de Extremadura, que los medios de comunicación locales lo saben (o deberían saberlo), pero al no ser aparatoso (por tamaño) o singular por su ubicación, da igual que esté vacante.

Con los edificios sin uso que hay en la ciudad, de tamaño similar a este, extraña que no existan propuestas o intereses en que lo tenga, en que puedan cumplir una finalidad pública o privada de interés público.

Claro que los intereses ciudadanos no están en ello, porque no existen entidades públicas o privadas (o mediopensionistas) que tengan  ideas o proyectos para dar uso, dar utilidad social, cultural… a estos edificios.

Eso sí, cuando se pregunta en el Paseo de Cánovas qué hacer con el Hospital Virgen de la Montaña, gana por goleada una Residencia de Mayores, y cuando se pregunta en la Av. Héroes de Baler qué hacer con la antigua prisión provincial, la goleada la marca el que debe ser Casa de Cultura. Esas “encuestas” de opinión, o dar altavoz a propuestas de ese corte llenan media página al menos.

Pero por edificios más pequeños, bien situados, no hay propuestas… porque no se ven.

Vale.

Tenía pensado escribir sobre cómo afrontar la gestión del actual Hospital Virgen de la Montaña, que quedará sin uso cuando se abra la primera fase del Nuevo Hospital de Cáceres, cuando leo que el Ministerio del Interior ofrecerá (futuro) a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres la vieja prisión. Y, claro, en un plazo similar (más o menos un año) nos encontraríamos con dos bocados demasiado grandes y poca chicha para echar el puchero.

En primer lugar, lo que parece que va a hacer el Ministerio del Interior es lo que tenía que haber hecho antes de incluir la cárcel vieja en su listado de inmuebles a enajenar: ofrecerlo a las administraciones local y regional. Y en el caso de que estas hubieran declinado hacerse cargo, entonces, ponerlo a la venta en subasta pública.

En el caso de la cárcel vieja, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que pueden cederse gratuitamente inmuebles siempre que la entidad (Ayuntamiento, gobierno regional…) garantice capacidad económica, presente un proyecto de uso y disponga de los medios económicos para llevarlo a cabo en un plazo corto, unos cinco años. El Ayuntamiento de Cáceres carece de las tres condiciones: ni tiene suficiencia económica, ni tiene proyecto ni tiene capacidad financiera.

Ya veremos cómo respira, si se da el caso, la Junta de Extremadura.

En el caso del Hospital Provincial, no hay cuestión porque pertenece al inventario de la Diputación.

Pero la suma de los dos inmuebles, la suma de los metros cuadrados de los dos inmuebles suponen un bocado demasiado grande. Más de 32.000 m2 que requieren, ante todo, dos cuestiones. La primera, la definición concreta de qué proyectos se pueden llevar a cabo, y la segunda, conocer los costes necesarios.

La cárcel vieja necesita, ya, gastos de mantenimiento y conservación antes de que el deterioro por abandono continúe. Sería el primer gasto, la primera partida a asumir. Lo mismo sucederá con el Hospital Provincial cuando el SES lo abandone y lo entregue a la Diputación. Será necesario destinar dinero para evitar deterioros.

Pero, y esto es lo más difícil, será preciso conocer qué proyectos se podrían realizar en ambos inmuebles. Porque la ciudad es la que es, su conformación social y demográfica es la que es, la capacidad de generar proyectos e ideas es más que limitada.

Un ejempo: hace años, un concejal de IU, creo recordar, dijo que el Hospital Provincial debería dedicarse a Museo de Bellas Artes. La pregunta es: ¿qué cantidad de obras de arte de todos los tiempos serían necesarias para un inmueble de 21.000 m2, teniendo además ya el Museo Provincial de Bellas Artes?

En ambos casos, y para hacer las cosas medianamente bien, habría que saber en el caso de la prisión provincial si Ayuntamiento o Junta se harían cargo del inmueble cumpliendo los requisitos de la Ley de Patrimonio de las AAPP, y en el caso del Hospital Provincial si la Diputación está dispuesta a darle uso en el menor tiempo posible para evitar su deterioro, con los costes que esto conlleva, que al final serían gastos inútiles.

En el supuesto de una respuesta afirmativa a lo anterior, para los dos inmuebles sería necesario preparar un Plan Director, con unos objetivos claros, con un tiempo de preparación inferior a un año. Un Plan Director que debería recoger las propuestas de uso que definieran los proyectos a realizar, el uso al que se destinarán los edificios y una evaluación inicial de costes.

Sin tener las ideas claras (al Ayuntamiento las tiene: no tiene un duro) no es posible determinar el uso futuro, sobre todo porque vaivenes en estos usos supondrían incrementos de costes.

Otro día, si me apetece, podría plantear en qué podrían consistir los planes directores de ambos inmuebles. Pero con pocas ganas.

Vale.

La Plataforma del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura ha convocado una manifestación en Madrid el 18 de noviembre. Una manifestación que se pretende que sea una movilización masiva de extremeños, para lo que se ha dispuesto que salgan autobuses gratuitos desde muchas localidades de la región. Se pretende visualizar en la capital del Estado el hartazgo de los extremeños con un más que deficitario servicio ferroviario.

Lo que hacen los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, con la Junta de Extremadura y la Asamblea Regional, es trasladar sus obligaciones a los ciudadanos, de escudarse en los ciudadanos.

Porque, en esta tesitura, llegaremos al 18 de noviembre, con las fuerzas políticas, sindicales y patronales llevando a los ciudadanos a la capital del Estado como ariete para hacer que desde el Gobierno de la nación se atiendan las reivindicaciones justas de la región.

La pregunta, antes de que se produzca la manifestación y la movilización en Madrid, es ¿qué hacer el día 19?

Porque la situación, le guste o no a los integrantes del Pacto por el Ferrocarril, va a seguir siendo la misma. El 18 de noviembre no cambiará nada. Ni el 19. Los cambios solamente se producirán siempre que los representantes políticos extremeños, los que ejercen los poderes ejecutivos en la región (Junta y Asamblea), los diputados y senadores tengan la suficiente capacidad de influir en el Gobierno de la nación a la hora de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan todas las partidas necesarias, tanto para el desarrollo de las infraestructuras nuevas necesarias para la Alta Velocidad como, y esto es muy importante, para mejorar las infraestructuras actuales para mejorar los servicios de tren convencional.

Pero no se trata solo de incluir partidas presupuestarias en los PGE, sino de obligar al Gobierno central a ejecutarlas, que no pase como en la actualidad, que ADIF invierte lo que se le pone en los… railes.

Claro, que en este año de 2017, terminando ya, existe un problema añadido, nada halagüeño para que Extremadura (1.100.000 habitantes) consiga un buen trato presupuestario. De momento, el Gobierno de Rajoy no ha podido aprobar aún en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque no cuenta con los apoyos. O lo que es lo mismo, el Gobierno está incumpliendo, a sabiendas, la Ley General presupuestaria: su obligación es presentar los PGE en el Congreso antes del 30 de septiembre. Luego será el Congreso el que los tramite, con las alianzas políticas que hubiera. O que, el propio Congreso, si es incapaz de llegar a acuerdos, declare la prórroga de los PGE de 2017.

A esa falta de proyecto para 2018, que tampoco lo habrá el 19 de noviembre, y que, cuando pudieran tramitarse (Montoro, el ministro que se parece al Sr. Burns, de Los Simpsons), va a hacerlo lastrados por la “situación catalana”, se cual sea, y que van a suponer un lastre económico (o lo que es lo mismo, más recortes), que para una región como Extremadura (tan extensa como poco poblada) van a ser nuevo mazazo.

Así, aunque el 18 de noviembre de 2017 se consiga una gran movilización en Madrid, el 19 de noviembre volveremos a la situación actual: inacción política, inacción sindical y cuestiones sin resolver

Entre las cuestiones sin resolver:

1.- Trazado de la “Alta Velocidad” hasta Badajoz, sobre el que se quiere implementar su paso por Toledo capital, algo no previsto y que alargará en el tiempo la conclusión completa.

2.- Saber, de modo inequívoco, si los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, apuestan por la recuperación del Tren Ruta de la Plata, en concreto, con la recuperación del trazado Plasencia – Astorga. El 29 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de Izquierda Unidad, aprobó una iniciativa para exigir al Gobierno la reapertura de la línea Ruta de la Plata. A día de hoy, la Junta de Extremadura mantiene un convenio con ADIF para levantar las vías del tramo Plasencia – Límite provincia de Salamanca, aportando dinero público extremeño a esa finalidad.

3.- Conocer que acciones concretas se plantean, con suficientes estudios y análisis, para que el tren convencional en Extremadura deje de ser una especie de laboratorio en el que Renfe ensaya todo tipo de maltrato a los usuarios.

4.- Conocer hasta qué punto la Junta de Extremadura, competente según el Estatuto de Autonomía, en materia de usuarios y consumidores y en materia de protección de la discapacidad, está en disposición de ejercer esas competencias para inspeccionar y, en su caso, sancionar a Renfe por todo tipo de incumplimientos (y no solo en retrasos horarios). La Junta de Extremadura debe, de una vez por todas, abandonar la dejación de obligaciones en estas materias.

Cuando el 19 de noviembre pase, cuando los dos periódicos de tirada regional saquen en sus portadas fotos de la movilización del 18, seguiremos igual, porque los mismos que llevan a los ciudadanos a la manifestación (partidos, sindicatos, patronal…) volverán a sus despachos, satisfechos por el trabajo que le harán los ciudadanos, cuando si ellos hicieran el suyo, no harían falta las movilizaciones.

Vale.

Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, comprobamos que el WC adaptado se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y para decirle que un tren con un trayecto previsto de casi 5 horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues si, porque a él se lo han ordenado y sale.

Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los “servicios” que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: “Presente una reclamación”.

Con el revisor (ahora los llaman supervisores) me sucede lo mismo: “Presente una reclamación”. Tras un intercambio de opiniones, en el que le hago saber que está muy bien enseñado por la empresa, y que defenderla es algo indigno, le pido que me facilite impresos de reclamación. Anoto su nombre, por si fuera necesario citarlo cuando la presente.

Por supuesto, el tren inicia su viaje, como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi 5 horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa del “producto agotado”. Se traga cuatro euros.

Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presento la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.

La respuesta que recibo no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de “Renfe Viajeros”, quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras, como corresponde a unos buenos sicarios.

A los mamporreros de Atendo (un negocio que deja mucho que desear) no les hemos reclamado nada ni nunca nos hemos dirigido a ellos. Porque sabemos que son el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, de modo delictivo, la Ley de Discapacidad.

Que nos conteste Atendo es una sinvegonzoneria más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un “servicio” que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad.

De hecho, en el mismo tren que tenía el WC precintado, hay unas plataformas que, teóricamente, se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias.

De ese incumplimiento son cómplices el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las “normas” sobre atención a la discapacidad de Renfe, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que lo consiente (en el sentido quevedesco del término) y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma.

El artículo 510 del Código Penal es claro. Y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito.

A los de Atendo, mamporreros (¿a cambio de cuánto?) de Renfe, nada que decirles. El dinero es un buen bálsamo, una buena vaselina que suaviza todas las dignidades.

Vale.

El 23 de junio de 2012, José Antonio Monago, a la sazón presidente de la Junta de Extremadura, me hizo el honor de bloquearme en twitter por algo tan común a nuestros políticos de derechas: no soportan la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Ahora, mi honor tuitero se ve agrandado porque uno de los consejeros de la Junta de Extremadura, un tal Vergeles, me ha bloqueado por lo mismo, exactamente por lo mismo. Porque no soporta la crítica y no responden cuando se le hacen preguntas incómodas.

Malos políticos y pésimos gestores.

En Estatuto de Autonomía de Extremadura se asignan competencias como la gestión de la sanidad, la defensa de usuarios y consumidores o la protección a la discapacidad. Estas tres competencias las debería ejercer el tal Vergeles.

Malos políticos y pésimos gestores.

En materia de sanidad, hace ahora un año, el tal Vergeles hablaba (eso sí, eso le encanta, hablar, el discurso vacío, vacuo, inane) de que había que implementar de una vez la interoperabilidad de la receta electrónica porque era inconconcebible que los muchos extremeños que veranean en Matalascañas no dispusieran de las facilidades que se derivan de la interoperabilidad.

Malos políticos y pésimos gestores.

¿Qué ha hecho el tal Vergeles para conseguir la interoperabilidad de la receta electrónica entre Extremadura y Andalucía? Nada, absolutamente nada.

Malos políticos y pésimos gestores.

Porque le he preguntado en muchas ocasiones sobre este asunto, le he remitido públicamente tuits recordándole su competencia en la materia, me ha bloqueado, porque no soporta la crítica y porque es incapaz de contestar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Seguramente cansado de que se le recuerde su incompetencia (su verborrea no tiene límites) el tal Vergeles me ha bloqueado en twitter, donde presume de su cargo público y seguramente (esto no lo sé, quizás él lo aclare) utilice un móvil corporativo para tuitear, haciendo un uso privado de un bien público. Y en todo caso, si el móvil fuera particular, su ostentórea ostentación de cargo público resulta histriónica ante la realidad de su falta de respuesta.

Malos políticos y pésimos gestores.

En el área de competencias de la consejería que el tal Vergeles dirige (?) está la defensa de usuarios y consumidores. En más de una ocasión me he dirigido a él y a personal de “su” Consejería para demostrarles el maltrato que Renfe dispensa diariamente a los usuarios extremeños del ferrocarril, sin obtener respuesta. Bueno, una, del Instituto de Consumo de Extremadura… dando la razón a Renfe.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando vemos a diario informaciones sobre ese maltrato de Renfe a los usuarios extremeños, el tal Vergeles, consejero del ramo, calla, se esconde, no da la cara por los que le pagamos un sueldo que está demostrando, un día sí y otro también, que no merece, que no se lo gana.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe, además, incumple sistemáticamente sus obligaciones en materia de discapacidad, siendo más que frecuente que, por ejemplo, el aseo de uso por personas con algún tipo de discapacidad esté fuera de uso incluso antes de comenzar el trayecto, y este hecho se haya puesto en conocimiento de la Consejería, el tal Vergeles calla, se esconde y no da la cara por los extremeños que, desgraciadamente para nosotros, le tenemos que pagar el sueldo.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando Renfe desprecia el valor de la tarjeta de discapacidad que lleva el nombre de “Junta de Extremadura”, cabría esperar que la consejería del tal Vergeles hiciera algo al respecto, aunque solamente fuera por respeto a los profesionales que con sus valoraciones técnicas, diagnósticos e informes determinan el grado de discapacidad de una persona. Pero el silencio del tal Vergeles no solamente deja indefensa a la persona con discapacidad, sino que desprecia el trabajo de sus compañeros de profesión médica.

Malos políticos y pésimos gestores.

Cuando en junio de 2012 el viajero Monago me bloqueó en twitter, era habitual ver a diario tuits del tal Vergeles criticando la política sanitaria del PP, y terminando todos sus tuits con una frase que ahora le viene al pelo: “Malos políticos y pésimos gestores”.

Al tal Vergeles no le deseo ningún mal, pero me gustaría verle en un tren averiado, tener que montar en un autobús y cruzar de Extremadura a Andalucía por carreteras secundarias, con una gastroenteritis fuerte y un esguince de rodilla, y tener que usar el aseo de un autobús en marcha por esas carreteras de la sierra norte de Sevilla. Se iba a cagar.

Malos políticos y pésimos gestores.

Vale.

Venimos viendo desde hace un tiempo en los medios de comunicación regionales una aparente reivindicación sobre la necesidad de la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura. Aparente.

Quienes somos sufridores del inicuo servicio público que Renfe presta entre Cáceres y Sevilla, pensamos que esa apariencia de reivindicación tiene más que ver con un postureo social (“para que veáis lo que me interesan las cosas de Extremadura, reivindico el tren, aunque yo no lo use para nada ni tenga pensado usarlo”) que con una auténtica reivindicación.

Así, hemos visto como el ministro de Fomento visitó Extremadura, se reunió con la “plataforma” que reivindica un “tren digno”, largó su discurso preparado en un despacho de Madrid, se fue y listo.

En esa reunión estuvo presente el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien tras el discurso del ministro y conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado manifestó que “nos han engañado”.

Claro que os han engañado. Sobre todo si confían en la palabra de alguien que, seguramente, lo que hizo fue repasar durante el viaje Madrid-Garrovillas de Alconétar en coche oficial el discurso que algún asesor le había escrito.

Porque de lo que hablamos es de la competencia en materia de transporte ferroviario y de responsabilidad política en que esa competencia se ejerza.

La Junta de Extremadura no tiene competencias estatutarias en materia de ferrocarriles, pero sí tiene responsabilidades ante los súbditos extremeños para exigir el cumplimiento de obligaciones del Estado para con la región. También tienen esas responsabilidades los partidos políticos, todos, menos el Partido Popular, cuyo jefe debería estar fuera de política por sus devaneos canarios.

Hablamos de competencia y de responsabilidad. Cuando no se tiene la competencia sí cabe la responsabilidad. Y con el presidente de la Junta a la cabeza, todos los que dicen que se han sentido engañados por el ministro de Fomento tienen la responsabilidad de aclarar por qué, cuando hubo ocasión, cuando ministro engañó no le exigieron. ¿Por qué no son más avisados cuando el ministro discursea y se hacen los ofendidos cuando comprueban que el ministro les estaba engañando?

Un día sí y otro también tenemos conocimiento de incidencias de mayor o menor calado en los trenes que mal circulan por Extremadura. Incidencias que afectan a los derechos de usuarios y consumidores. ¿Por qué la Consejería competente, sí, competente, no actúa de oficio contra Renfe?

Un día sí y otro también tenemos conocimiento que usuarios con discapacidad, en el grado que sea, se ven afectados por el mal servicio que Renfe presta en Extremadura. ¿Por qué la Consejería competente en materia de discapacidad no actúa de oficio contra Renfe?

Las competencias ferroviarias no radican en la Comunidad Autónoma, pero la defensa de los súbditos extremeños, sí. La responsabilidad de los dirigentes autonómicos, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo está en defender los pocos, escasos, derechos que los súbditos extremeños tenemos. Si no la ejercen, están sobrando.

Si quienes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los servicios a usuarios y consumidores no la ejercen, ¿por qué siguen cobrando sueldos por algo que no cumplen?

Si quienes tienen la responsabilidad de hacer valer lo que dicen las tarjetas de discapacidad que llevan el nombre de Extremadura y están avaladas por informes profesionales de la Comunidad, no la ejercen, ¿qué valor dan al trabajo de médicos y otros profesionales de la propia región?

La competencia del desastre ferroviario en Extremadura es de Renfe, del Gobierno. La responsabilidad de consentir ese desastre es nuestra, empezando por la máxima ¿autoridad? regional, el Presidente de la Junta de Extremadura.

Vale.

En la página web de Renfe, que más parece un compendio de publicidad y propaganda que una adecuada fuente de información de un servicio público, puede leerse este párrafo

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Y se quedan tan anchos.

Pero nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos de la realidad en los servicios que Renfe presta en las líneas del tercer mundo. No, no me refiero a líneas que pudieran transitar por Ruanda o Haití. Me refiero, en concreto, a la línea de cubre el trayecto entre Cáceres y Sevilla. Sin ir más lejos. Y viceversa.

Para Renfe, discapacidad es un concepto que se esconde en el acrónimo PMR, pero bien escondido, claro.

En bastantes viajes que hemos realizado en ese trayecto con la capital andaluza, nunca hemos visto subir a viajeros PMR según el concepto “renfe”. Es decir, personas en sillas de ruedas. Como si la discapacidad o la movilidad reducida se redujera (aún más) a tener que ir en silla de ruedas.

Porque un trayecto que dura casi 5 horas (4 horas y 42 minutos, según la web) necesita algo que el tren modelo 18779 o 18775 no tiene: mantenimiento. Mantenimiento que el usuario pueda ver cuando accede al vagón, ya que del otro, el de la mecánica, los frenos, los sistemas de seguridad no tenemos ni idea si se hace o no.

En más de una ocasión, y en más de dos, acceder al tren, en la salida de la estación de Cáceres o en la de Santa Justa, y comprobar que el WC adaptado no funciona, puede parecer un inconveniente para cualquier viajero sin problemas de desplazamiento o estabilidad, que puede utilizar “el otro” aseo. Pero para una persona con esas dificultades es un gravísimo hándicap. Moverse por un tren que va dando bandazos por vías tercermundistas, es un arriesgado ejercicio físico.

El 20 de agosto de 2016, una viajera, mi esposa, se encontró con ese problema: no poder hacer uso del WC adaptado porque estaba inutilizado antes de arrancar el tren en Santa Justa la obligó a tener que desplazarse hasta “el otro” aseo. Resultado: llegada a Cáceres, dejar el equipaje y a urgencias.

Resultado más desagradable aún: la sinvergonzonería de Renfe y de la compañía de seguros Allianz, a la que tiene contratado el seguro de accidentes de viaje. Si se juntas dos empresas cuyo única máxima es el mínimo gasto (Renfe) y el máximo beneficio (Allianz), la consecuencia es obvia: perjuicio para el viajero accidentado.

En esas estamos aún, en la pelea con una empresa de servicio público que el único servicio que parece prestar, al menos en Extremadura, es que sus directivos tengan asegurados unos elevados sueldos a costa del dinero público.

Y en esas estábamos hasta que el día 12 de octubre teníamos que volver a subir en Santa Justa al tren 18779. Y al subir, una alegría: un trabajador de la limpieza salía del WC adaptado y dejaba su suelo recién fregado. Bien… ¿o no?

Pues no. Porque mientras veíamos al limpiador caminar todavía por el andén comprobamos que las letras WC, en rojo, tenían una línea diagonal, también en rojo, intermitente: el WC adaptado estaba, cómo no, inutilizado.

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Renfe miente con descaro y falta de vergüenza en su página web cuando habla de accesibilidad. La falta de mantenimiento, los recortes que no afectan a los sueldos (que no salarios, es otro concepto) de los directivos.

Como nos quedaban 5 horas de viaje, a las 17:02 comuniqué a @inforenfe (canal de propaganda de la empresa) la situación. Y como no recibí respuesta (¿qué respuesta puede dar un tuitero desde una pantalla en Madrid para un usuario del tren que circulará por no se sabe qué territorios del inframundo?), reiteré mi comunicación. Y así sin respuesta. Solución: reiterar una y otra vez vía twitter. Hasta que el tuitero de turno de @inforenfe me bloqueó. Y del @renfe, también

Decidí pedir al interventor del tren una hoja de reclamaciones. Y mi sorpresa fue cuando el interventor me dijo que le habían llamado desde Madrid, desde “atención al viajero” de Renfe para preguntarle qué estaba pasando, que había un bombardeo vía twitter quejándose. Éramos mi esposa y yo.

El interventor nos dijo que había contestado que, efectivamente, el WC adaptado había salido desde Santa Justa inutilizado y que él no lo había podido resetear porque el depósito del agua estaba vacío.

Poco rato después, el interventor nos comunica que le han llamado desde Santa Junta para decirle que habían llamado desde Madrid pidiendo explicaciones y, entre otras, que cómo había podido salir el tren con el WC inutilizado.

Y a todo esto, Renfe incumple la Ley de Discapacidad, pero nadie, ni el Ministerio ese de la señora Báñez (¡cuándo se habrá visto en otra más gorda!) ni la Junta de Extremadura, cuyo Presidente se manifiesta adalid en apoyo a la discapacidad, han iniciado, ni por asomo, ninguna investigación, ni mucho menos, una simple consulta sobre el cumplimiento de esa Ley a Renfe.

Renfe, en Extremadura, hace de su capa un sayo, y, como decía el final de la sentencia de Rafi Escobedo, lo hace sola y/o en compañía de otros. De la Junta de Extremadura. Por ejemplo.

Renfe incumple la Ley de Discapacidad y los organismos responsables de hacerla cumplir también, y por ello no se convierten en actores por omisión, sino en cómplices, puros cómplices. El Ministerio y la Junta de Extremadura.

Vale.