Archivos para cárcel vieja

En varias entradas anteriores de esta misma serie, me ha referido en algunas a la Cárcel Vieja, a la prisión provincial construida en los años treinta e “inaugurada” en 1936 por el alcalde socialista Antonio Canales.

En esas entradas he defendido la necesidad de que el inmueble, además de contar con la protección que otorga el vigente Plan General Municipal, sea declarado, conforme a la vigente legislación, en Bien de Interés Cultural.

Sobre esta declaración de BIC, no parece fácil, puesto que la propiedad actual (Ministerio del Interior, a través de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos) puede oponerse por cuanto la declaración de BIC conlleva para la titularidad obligaciones económicas, como son las de mantenimiento y conservación. Es cierto que el mal estado actual, cada vez más notorio, debería llevar la obligación de ese mantenimiento, si bien la obligatoriedad no puede ser exigida por la vía de la normativa urbanística, que solamente sería exigible en caso de declaración de ruina. También está claro que el Ministerio del Interior debería evitar el aumento de ese deterioro, y que el Ayuntamiento debería conseguir una adecuada atención al inmueble.

Cáceres. Carcel Vieja. Imagen proveniente del PNOA_IGN

Por ello, para evitar que el deterioro continúe adueñándose de techumbres, huevos y cerramientos, sería muy conveniente plantear, con el liderazgo municipal un proceso que tendría que combinar decisiones políticas y administrativas en varios ámbitos:

1º.- Agilizar, en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la declaración de Bien de Interés Cultural de la antigua Prisión Provincial.

2º.- Iniciar, por parte del Ayuntamiento de Cáceres, los trámites para la cesión gratuita del inmueble, conforme a las previsiones de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la cesión, por parte del Ministerio del Interior, de la antigua Prisión Provincial.

Dado que la LPAA requiere que la administración cesionaria demuestre un plan de usos adecuados y necesarios, así como solvencia económica para el sostenimiento del bien cedido, el Ayuntamiento de Cáceres, junto con la Diputación Provincial (bajo cuyo amparo y dotación económica se construyó), presentará un plan de usos detallado, tanto en contenidos como en cronograma de ejecución, que sea aceptado por el Ministerio del Interior.

3º.- El Ministerio del Interior, mediante convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de Cáceres, con la participación tutelar de la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura, cederá al municipio el inmueble, con la dotación económica de 500.000 euros, para la realización de los trabajos iniciales de mantenimiento y conservación.

Esta fórmula es similar a la utilizada cuando el Ministerio de Fomento cede a un municipio un tramo urbano de una carretera.

3º.- Creación de una Escuela Taller en el ámbito de la Universidad Popular de Cáceres, con la participación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por un plazo de dos años, de manera que durante el primero de ellos sea dedicado a las obras de más imperiosa necesidad de conservación, a las que se destinará la dotación de 500.000 € señalados en el punto tercero.

Durante el segundo año, la dotación sería de una cantidad igual, a aportar por el Ayuntamiento de Cáceres y la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a partes iguales. Durante el segundo año se irán acometiendo las obras necesarias referidas a la sustitución de servicios y acometidas de las dos alas situadas a los lados de la entrada principal, eliminando tabiquerías y cerramientos interiores que no afecten a las estructura de las mismas, para dejar expeditas las plantas para su uso y adecuación posterior conforme a los planes de uso presentados por el Ayuntamiento de Cáceres al Ministerio del Interior para obtener la cesión del inmueble.

4º.- A medida que se vayan ejecutando las acciones señaladas en los apartados anteriores, especialmente la firmeza administrativa de la declaración de Bien de Interés Cultural del inmueble, se gestionará por el Ayuntamiento de Cáceres la dotación por el Ministerio de Fomento, de una cantidad mínima anual de 500.000 €, durante dos años, con cargo al 1,5% cultural, para su utilización en las mejoras del inmueble que se vayan programando.

Conseguir un programa a cuatro años, con la fórmula de Escuelas Taller (o similar), permitiría conservar, mantener y mejorar el inmueble, una vez declarado Bien de Interés Cultural, y mantener un interesante número de puestos de trabajo.

Vale.

Hace unos días, el grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cáceres proponía la realización de una consulta popular para definir los usos futuros del Hospital Virgen de la Montaña, que en pocos meses está previsto que deje de funcionar.

Hoy, la asociación AEMECECA, que es guardiana de la memoria histórica de los represaliados por el fascismo franquista, plantea una consulta popular sobre el uso de la prisión provincial, que lleva varios años cerrada.

En ambos casos concurren circunstancias similares: el Hospital Virgen de la Montaña necesitará una notable inversión para usos distintos, los que sean, del actual sanitario. ¿Quién la asumirá? De momento, en una primera aproximación, el “dueño” es la Diputación. La prisión provincial es propiedad del patrimonio del Estado, y cuando en su momento el Ayuntamiento se interesó, los servicios técnicos municipales estimaron en 12 millones de euros los costes para darle usos.

Pero hay aspectos jurídicos que ni Ciudadanos ni la asociación memorialista han tenido en cuenta: el ámbito de las consultas populares. A lo que parece, por lo publicado en los medios, en ambos casos se pretende consultar a los vecinos de Cáceres para que muestren su parecer. Vecinos de Cáceres ciudad. Pero ello no es posible.

La propiedad del Hospital Virgen de la Montaña corresponde a la Diputación Provincial, que es la administración que representa a la totalidad de los vecinos de la provincia. Por tanto, si el futuro del centro sanitario se debería definir en una consulta popular, debería serlo en el ámbito provincial, algo, que sin duda, plantea notables dificultades, tanto logísticas como jurídicas.

La prisión provincial en desuso se construyó sobre unos terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Cáceres, pero la construcción se financió con aportaciones de la propia Diputación y de los pueblos de la provincia, ya que, no en vano, se trataba de una institución de carácter provincial. Y, al igual que en el caso del hospital, realizar una consulta conllevaría notables dificultades logísticas, jurídicas y políticas.

Sería muy conveniente hacer un poco de pedagogía desde las administraciones públicas sobre conceptos como patrimonio público, modo de obtención de ese patrimonio público, consultas populares y otros que son obviados para lanzar propuestas que únicamente pueden obtener titulares en los medios que carecen de capacidad crítica.

Vale

Tenía pensado escribir sobre cómo afrontar la gestión del actual Hospital Virgen de la Montaña, que quedará sin uso cuando se abra la primera fase del Nuevo Hospital de Cáceres, cuando leo que el Ministerio del Interior ofrecerá (futuro) a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres la vieja prisión. Y, claro, en un plazo similar (más o menos un año) nos encontraríamos con dos bocados demasiado grandes y poca chicha para echar el puchero.

En primer lugar, lo que parece que va a hacer el Ministerio del Interior es lo que tenía que haber hecho antes de incluir la cárcel vieja en su listado de inmuebles a enajenar: ofrecerlo a las administraciones local y regional. Y en el caso de que estas hubieran declinado hacerse cargo, entonces, ponerlo a la venta en subasta pública.

En el caso de la cárcel vieja, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que pueden cederse gratuitamente inmuebles siempre que la entidad (Ayuntamiento, gobierno regional…) garantice capacidad económica, presente un proyecto de uso y disponga de los medios económicos para llevarlo a cabo en un plazo corto, unos cinco años. El Ayuntamiento de Cáceres carece de las tres condiciones: ni tiene suficiencia económica, ni tiene proyecto ni tiene capacidad financiera.

Ya veremos cómo respira, si se da el caso, la Junta de Extremadura.

En el caso del Hospital Provincial, no hay cuestión porque pertenece al inventario de la Diputación.

Pero la suma de los dos inmuebles, la suma de los metros cuadrados de los dos inmuebles suponen un bocado demasiado grande. Más de 32.000 m2 que requieren, ante todo, dos cuestiones. La primera, la definición concreta de qué proyectos se pueden llevar a cabo, y la segunda, conocer los costes necesarios.

La cárcel vieja necesita, ya, gastos de mantenimiento y conservación antes de que el deterioro por abandono continúe. Sería el primer gasto, la primera partida a asumir. Lo mismo sucederá con el Hospital Provincial cuando el SES lo abandone y lo entregue a la Diputación. Será necesario destinar dinero para evitar deterioros.

Pero, y esto es lo más difícil, será preciso conocer qué proyectos se podrían realizar en ambos inmuebles. Porque la ciudad es la que es, su conformación social y demográfica es la que es, la capacidad de generar proyectos e ideas es más que limitada.

Un ejempo: hace años, un concejal de IU, creo recordar, dijo que el Hospital Provincial debería dedicarse a Museo de Bellas Artes. La pregunta es: ¿qué cantidad de obras de arte de todos los tiempos serían necesarias para un inmueble de 21.000 m2, teniendo además ya el Museo Provincial de Bellas Artes?

En ambos casos, y para hacer las cosas medianamente bien, habría que saber en el caso de la prisión provincial si Ayuntamiento o Junta se harían cargo del inmueble cumpliendo los requisitos de la Ley de Patrimonio de las AAPP, y en el caso del Hospital Provincial si la Diputación está dispuesta a darle uso en el menor tiempo posible para evitar su deterioro, con los costes que esto conlleva, que al final serían gastos inútiles.

En el supuesto de una respuesta afirmativa a lo anterior, para los dos inmuebles sería necesario preparar un Plan Director, con unos objetivos claros, con un tiempo de preparación inferior a un año. Un Plan Director que debería recoger las propuestas de uso que definieran los proyectos a realizar, el uso al que se destinarán los edificios y una evaluación inicial de costes.

Sin tener las ideas claras (al Ayuntamiento las tiene: no tiene un duro) no es posible determinar el uso futuro, sobre todo porque vaivenes en estos usos supondrían incrementos de costes.

Otro día, si me apetece, podría plantear en qué podrían consistir los planes directores de ambos inmuebles. Pero con pocas ganas.

Vale.

En una pequeña capital de provincia, con una hacienda pública local bajo mínimos, y con un ambiente ciudadano cabizbajo, resignado, cualquier cosa parece un inmenso mundo que va a resolver el futuro, pero que en una semana, o menos, desaparece tapado por la rutina y los pasos perdidos de los vecinos. Si a eso añadimos una administración municipal que no solo está contagiada de la tristeza, sino que parece que es un foco irradiador de melancolías, tenemos el escenario perfecto de una tarde de lluvia: calles vacías, autómatas bajo paraguas…

Así es Cáceres. En este mismo blog puede seguirse una serie de entradas bajo el título genérico de “Cáceres, cerrado por falta de uso”. Una de esas entradas está dedicada, en agosto de 2012, a la ahora llamada “cárcel vieja”.

https://cercadelasretamas.com/2012/08/25/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-iii/

Hoy, los periódicos locales hacen altavoz de las “gestiones” que viene realizando el Ayuntamiento (gobernado por el Partido Popular gracias a Ciudadanos). Unas gestiones que los periodistas trasladan lo que les dicen en el consistorio a los lectores. Así, en uno de ellos se lee: “El gobierno municipal ha solicitado al Estado la cesión gratuita del edificio de la cárcel vieja” y en otro: “Eso sí, confirman que se ha solicitado una «cesión a título gratuito».

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/ayuntamiento-pide-estado-cesion-carcel-vieja_916654.html

http://www.hoy.es/caceres/201601/29/ayuntamiento-gestiona-hacienda-recuperar-20160129000632-v.html

Más adelante, uno de los periódicos dice: “Sobre la utilidad que se daría al inmueble, en el caso de que la petición del ayuntamiento prosperase, todavía no se ha definido.”, y en el otro: Queda definir si eso es posible y, en ese caso, qué uso se le daría.”

O lo que es lo mismo, el Ayuntamiento de Cáceres, con servicios jurídicos y técnicos cualificados, y dirigido por cargos políticos con estudios de derecho ha solicitado una cesión gratuita de un inmueble propiedad de la Administración General del Estado sin saber cuál es el estado del inmueble, sin saber para qué lo reclaman, sin haber evaluado los costes para un hipotético uso desconocido, sin saber si va a tener fondos para recuperarlo y ponerlo en ¿qué servicio o servicios?.

Claro, que el titular de la portada de un periódico viene bien. Conviene a los intereses de los miembros del equipo de gobierno municipal, con su alcaldesa a la cabeza: un poco de propaganda vale. Otra cosa es que los periodistas, digo relaciones públicas, tuvieran cierta curiosidad crítica. Vamos, que les han dicho que estamos haciendo esto y que lo pongáis.

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La realidad es otra. Si en vez de hacer de transmisores de la propaganda municipal los periodistas hubieran tenido alguna curiosidad podrían haber consultado la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se refiere a las Cesiones Gratuitas de bienes de los organismos públicos.

Así, el artículo 145 dice: Concepto

  1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.

Pero es que, además, esa misma Ley, en su artículo 148, titulado “vinculación al fin”, establece: 1. Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.

En este asunto falta solamente saber cómo se realiza, cuál es el procedimiento. Y la Ley lo establece en el artículo 149: “Artículo 149 Procedimiento

  1. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos del patrimonio de la Administración General del Estado se dirigirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado, con indicación del bien o derecho cuya cesión se solicita y el fin o fines a que se destinará, acompañado de la acreditación de la persona que formula la solicitud, así como de que se cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos.

A la vista de lo que señala la Ley, parece que el Ayuntamiento sencillamente hace un anuncio sin contenido, o lo que es lo mismo, un señuelo para que parezca que gestiona.

Si no tienen ni idea de qué uso se le puede dar, si no tiene capacidad financiera para recuperar un inmueble muy deteriorado y si no tiene previsiones financieras para conseguir fondos para los usos, para qué anunciar algo que está tan tan lejos. Quizás los periodistas, digo relaciones públicas, sepan qué publican.

Finalmente, un detalle: la vieja cárcel de Cáceres se construyó sobre terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento (que tuvo que comprar, previamente, los terrenos a propietarios particulares) y con aportaciones económicas del propio Ayuntamiento de Cáceres, de la Diputación y de muchos pueblos de la provincia para conseguir tener una Prisión provincial en la que los detenidos purgaran sus penas con dignidad o esperaran, como le ocurrió al alcalde Antonio Canales y a Dionisia Sánchez Martín, su ajusticiamientos por los golpistas.

Vale.

El 22 de enero de 2013, el Ministro de lo Anterior, Fernández Díaz, inauguró la nueva Comisaría de Policía de Cáceres. En aquella inauguración, los discursos de rigor: la policía contribuye a que Cáceres sea una ciudad segura, la inversión (8,5 millones de euros) garantiza una mejora de esa seguridad… Pero ninguna referencia a que esa inversión provenía del anterior gobierno, el del denostado ZP, y, mucho menos, que ese dinero era del Plan “E”. Ninguna referencia a esa herencia: solamente quedaba bien inaugurar, inaugurar.

Desde la puesta en marcha de la nueva Comisaría, la antigua, situada en la Calle Diego María Crehuet, a las traseras del Gobierno Civil (rebautizado como Subdelegación del Gobierno), se encuentra vacía, y ha habido algún intento de venderla. Pero nada.

COMISARIA POLICIA ANTIGUA

Se trata de un inmueble que forma parte de la misma parcela. De hecho, en el Catastro aparecen formando parte de la misma parcela la Comisaría y el Gobierno Civil, con una superficie de 2.642 m2, y una superficie total construida de 5.671 m2. De esta superficie total construida, corresponden a la antigua Comisaría, siempre según el Catastro, de 2.136 m2.

Desde el cierre de este inmueble, ha aparecido alguna información sobre su venta, sobre su intento de venta. Porque es lo único que se les ocurre a los de este gobierno de la derecha: cercenar los derechos y querer hacer caja, como sea, con la venta de lo que sea.

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En su momento, cuando el inmueble dejó de tener la finalidad para la que estaba asignado, el Ministerio lo ofreció a las administraciones más próximas, como es norma general en los procedimientos de enajenación de los inmuebles afectos al patrimonio del Estado. Y lo ofreció al Ayuntamiento, según informó el Diario HOY el 5 de junio de 2012. Por supuesto, el Ayuntaminto de Cáceres lo rechazó, incluso desconociendo la tasación que planteara el Ministerio. Hay que recordar que ya, también en 2012, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el Partido Popular, había rechazado otro inmueble de una superficie similar, ofrecido por la Junta de Extremadura, en la Calle Reyes Huertas.

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Pero el fondo de esta cuestión, de la cuestión de todos los inmuebles de titularidad pública (Estado, Junta de Extremadura, Ayuntamiento) que están sin uso es la misma: los dirigentes políticos del Partido Popular carecen de imaginación, de voluntad política, de capacidad para resolver problemas. Y los inmuebles sin uso no son solamente un problema, es una suerte de malversación de fondos públicos.

Solamente el Ministerio del Interior dispone en Cáceres de cuatro inmuebles de importancia: la vieja cárcel, la antigua comandancia de la Guardia Civil, la antigua Comisaría, y la antigua sede del DNI, un buen local comercial en la Calle León Leal. Para ninguno ha mostrado interés el Ayuntamiento.

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Parece que para el Partido Popular de Cáceres la ciudad no necesita nada. Bueno, sí, peatonalizar una calle que solamente tiene un acerado comercial, el otro no. En eso sí. Pero, sin duda, no ha sido idea municipal. Seguramente, los dueños de algún garito, gente moderna y cosmopolita, hicieron creer a la alcasenadora Elena Nevado que podría tener una calle Larios. Sin toldos en verano.

No se puede gobernar una ciudad si no hay capacidad política para ello, si no hay imaginación para ello, si no existe compromiso real con la ciudad y los ciudadanos y ese compromiso solamente es con el departamento de marketing e imagen del Partido.

Vale.