Archivos para Fernández Díaz

El conocimiento público de unas grabaciones en las que se conoce que el ministro del Interior se alía con el director de la oficina antifraude catalana (que depende del Parlamento de Catalunya) nos está dejando perlas para enhebrar un collar que ríete de las majorica. Y nos está dejando dudas que no sé si son más inquietantes que esperpénticas o viceversa.

En primer lugar: ¿quién graba las conversaciones que tienen lugar en el despacho oficial del Ministro del Interior? No he visto todavía una respuesta convincente.

Por supuesto, todavía no se sabe quién ordena que se graben esas conversaciones, si es el propio ministro o el jefe de los conserjes. Y menos aún desde cuándo se producen esas grabaciones. Lo digo por si alguna tuviera la desdicha de ser llamado al orden por el correspondiente titular de ese despacho.

En segundo lugar: ¿a santo de qué el Ministro del Interior se reúne en su despacho con el Director de la Oficina Antifraude de Catalunya? ¿Visita oficial? ¿Se hizo en su momento, hace dos años, pública aquella reunión de la que ahora tenemos puntual conocimiento?

En tercer lugar, cuando el Ministro del Interior recibe a cualquier persona, pública o privada, en reunión oficial u oficiosa ¿avisa de que su conversación pude ser grabada para mejorar el servicio, o el Ministro no avisa porque no tiene ni idea de lo pasa en su despacho?

En cuarto lugar. Suponiendo, que es mucho suponer, que el ministro de la porra no supiera que sus conversaciones eran grabadas, o que sí lo supiera, ¿avisaba o avisa a sus interlocutores de este hecho? Porque como es comprensible, si existe una relación de afinidad entre ministro e invitado, o si la relación es tensa por rivalidad política… ¿cómo informar de que la reunión es grabada?

En quinto lugar, si en ese despacho se graban las conversaciones entre su titular y quien acude llamado o llama para acudir, ¿conoceremos algún día la grabación de Fernández Díaz cuando recibió a su amigo, y sin embargo presunto delincuente, Rodrigo Rato para hablar de quién sabe qué?

En sexto lugar, ¿quién tiene acceso a las grabaciones y está en condiciones de filtrarlas a un medio de comunicación? Fernández Díaz ha ordenado una investigación para saber quién ha filtrado la grabación, pero no se conoce que haya explicado las cuestiones a que me refiero en los párrafos anteriores.

En todo este asunto, Fernández Díaz aparece, dice él, como víctima. Claro, que si respondiera a las preguntas anteriores, lo mismo no se nos puede vender su victimismo.

La realidad nos devuelve la imagen de un ministro patético en todo su mandato, con un ejercicio prácticamente dictatorial en el manejo o manoseo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, imponiendo medallas a vírgenes, creándose amigos imaginarios, transportando perritas en medios aéreos del ministerio…

Esta realidad que gracias a la grabación conocida nos devuelve a un sujeto que nunca debió ser ministro, y que termina su navegar con la patética imagen de querer ser víctima de su propia incompetencia, de su nulidad al frente del ministerio.

De esta, no le salva ni Marcelo, y el diagnóstico que lo de Fernández Díaz es grave, muy grave. Tanto en lo personal como en lo político.

Si no es cesado antes del 26J, su patetismo se trasladará ya a su jefe, Mariano Rajoy, y si después del 26J recoge su acta de diputado por Barcelona, demostrará que los votantes del Partido Popular son el espejo de un individuo que ni sabe qué pasa en su despacho y no tiene interés alguno en saberlo.

Prefiere pasar por ignaro antes que asumir la realidad.

Vale.

El ministro ese de lo Anterior, Fernández Díaz, tiene la extraña cualidad de hacer coincidir a la mayoría de los ciudadanos: es un meapilas con glotis afinada. Su ministerio (en sentido político y como a él le gusta, sacramental) debería ser el de la tranquilidad, el de la solidez democrática.

Pero no. Su ministerio se ha impuesto con la Ley Mordaza para acallar cualquier intento de crítica a una gestión, la del gobierno de sociópatas encabezado por Mariano Rajoy. Un ministerio basado en la política de la represión. Le falta poner en marcha una brigada político social y conseguir resucitar el TOP, Tribunal de Orden Público. Lo tiene a dos reales decretos.

Pero no solamente es un sujeto que basa toda su política en transmitir, mediante su iniciativa legislativa, a los ciudadanos un sentimiento de culpa (en intentar que los ciudadanos nos sintamos culpables y terminemos aceptando su anomalía ideológica) más que necesitado de un análisis freudiano.

Ahora, en una entrevista publicada en el Diario La Grapa, no tiene otra ocurrencia que transmitir, tras el atentado en la playa de Susa, en Túnez, su miedo (su incompetencia) para que sea “compartido” por los españoles.

Dice Fernández del Séptimo Díaz que “el riesgo de atentado es alto y la opinión pública debe saberlo”. Españoles, dice aproximadamente el de la Secta del Opus, “vamos a morir todos”. O algo parecido. Eso en el titular.

Este ministro, que parece más amenazar que defender, debería haber añadido a su frase: “… pero el Gobierno garantiza, sin ninguna duda, la seguridad de los españoles”. Pero no, dice que la cosa está muy malita, que “estamos trabajando en ello”, pero que no tenemos ni repajolera idea.

Afortunadamente, los ciudadanos ya sabemos a qué atenernos con individuos que son ministros porque no valen para otra cosa. Claro que sabemos que hay amenaza terrorista, pero más amenazante es que quien tienen la obligación y los medios, que los pagamos con nuestros impuestos, se dedique a ofrecer titulares de portada a panfletos de sus aduladores.

Afortunadamente, los ciudadanos sabemos que los terroristas pueden atentar. O no. Y lo que necesitamos son certezas del gobierno, y no alarmas.

Es tan incompetente el ministro que trata de convencer al periodista que le dora con preguntas de salón, de que no sabemos si el atentado de Túnez contra un hotel de una empresa española buscaba atentar contra derechos españoles en la zona. O lo que es lo mismo, el ministro incompetente trata de hacernos creer que los yihadistas tienen una lógica de actuación comprensible a las mentes occidentales.

¿Cuántas veces hemos escuchado, y con razón, que los atentados terroristas solamente tienen la lógica del atentado en sí mismos y establecer un estado de alarma social? Pues esa es la lógica del atentado terrorista / yihadista de Susa, en Túnez.

Que el ministro se pregunte ante la pregunta mamporrera del escribano de turno si porque el hotel es de una empresa española, los yihadistas buscan atentar contra intereses españoles, es pretender hacernos creer que los terroristas tienen una coherencia en sus atentados (¿y cuándo es un suicida, qué coherencia hay?).

Es ahí, en la ignorancia (aparente) del opusdeísta Fernández Díaz, donde interviene el miedo: como no sabemos si los yihadistas quieren atentar contra intereses españoles, los españoles deben cagarse de miedo. Y la propaganda, la portada de La Grapa (ABC), es el anuncio fiel de la incompetencia ministerial.

Meter miedo no es una función de un ministro de seguridad. Un ministro de seguridad debe transmitir eso, seguridad. Pero cuando su programa máximo es infundir miedo en la población aprovechando un atentado terrorista, y, por otro, acallar por la fuerza coercitiva del Estado cualquier atisbo de crítica (Ley Mordaza) estamos en la espiral maravillosa que desde el poder lleva al fascismo, y desde la ciudadanía a la revolución democrática y a expulsar a los autoritarios del poder.

Los españoles no merecemos un ministro que meta miedo, mientras mete la mano en nuestros derechos y nos los roba en nuestras narices.

Vale.

El 22 de enero de 2013, el Ministro de lo Anterior, Fernández Díaz, inauguró la nueva Comisaría de Policía de Cáceres. En aquella inauguración, los discursos de rigor: la policía contribuye a que Cáceres sea una ciudad segura, la inversión (8,5 millones de euros) garantiza una mejora de esa seguridad… Pero ninguna referencia a que esa inversión provenía del anterior gobierno, el del denostado ZP, y, mucho menos, que ese dinero era del Plan “E”. Ninguna referencia a esa herencia: solamente quedaba bien inaugurar, inaugurar.

Desde la puesta en marcha de la nueva Comisaría, la antigua, situada en la Calle Diego María Crehuet, a las traseras del Gobierno Civil (rebautizado como Subdelegación del Gobierno), se encuentra vacía, y ha habido algún intento de venderla. Pero nada.

COMISARIA POLICIA ANTIGUA

Se trata de un inmueble que forma parte de la misma parcela. De hecho, en el Catastro aparecen formando parte de la misma parcela la Comisaría y el Gobierno Civil, con una superficie de 2.642 m2, y una superficie total construida de 5.671 m2. De esta superficie total construida, corresponden a la antigua Comisaría, siempre según el Catastro, de 2.136 m2.

Desde el cierre de este inmueble, ha aparecido alguna información sobre su venta, sobre su intento de venta. Porque es lo único que se les ocurre a los de este gobierno de la derecha: cercenar los derechos y querer hacer caja, como sea, con la venta de lo que sea.

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En su momento, cuando el inmueble dejó de tener la finalidad para la que estaba asignado, el Ministerio lo ofreció a las administraciones más próximas, como es norma general en los procedimientos de enajenación de los inmuebles afectos al patrimonio del Estado. Y lo ofreció al Ayuntamiento, según informó el Diario HOY el 5 de junio de 2012. Por supuesto, el Ayuntaminto de Cáceres lo rechazó, incluso desconociendo la tasación que planteara el Ministerio. Hay que recordar que ya, también en 2012, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el Partido Popular, había rechazado otro inmueble de una superficie similar, ofrecido por la Junta de Extremadura, en la Calle Reyes Huertas.

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Pero el fondo de esta cuestión, de la cuestión de todos los inmuebles de titularidad pública (Estado, Junta de Extremadura, Ayuntamiento) que están sin uso es la misma: los dirigentes políticos del Partido Popular carecen de imaginación, de voluntad política, de capacidad para resolver problemas. Y los inmuebles sin uso no son solamente un problema, es una suerte de malversación de fondos públicos.

Solamente el Ministerio del Interior dispone en Cáceres de cuatro inmuebles de importancia: la vieja cárcel, la antigua comandancia de la Guardia Civil, la antigua Comisaría, y la antigua sede del DNI, un buen local comercial en la Calle León Leal. Para ninguno ha mostrado interés el Ayuntamiento.

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Parece que para el Partido Popular de Cáceres la ciudad no necesita nada. Bueno, sí, peatonalizar una calle que solamente tiene un acerado comercial, el otro no. En eso sí. Pero, sin duda, no ha sido idea municipal. Seguramente, los dueños de algún garito, gente moderna y cosmopolita, hicieron creer a la alcasenadora Elena Nevado que podría tener una calle Larios. Sin toldos en verano.

No se puede gobernar una ciudad si no hay capacidad política para ello, si no hay imaginación para ello, si no existe compromiso real con la ciudad y los ciudadanos y ese compromiso solamente es con el departamento de marketing e imagen del Partido.

Vale.