Archivos para Elena Nevado

En marzo de 2016 finalizaba la concesión, a la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne, del matadero municipal. Es evidente que el Ayuntamiento conocía ese vencimiento y lo lógico es que con antelación suficiente se hubieran preparado los pliegos técnicos y administrativos y licitada una nueva concesión. Pero… nada. Nada de extrañar, por otra parte, dada la ineficacia, inoperancia e incompetencia del gobierno del Partido Popular, sustentado en los votos de los gorrillas.

Lejos de iniciar un nuevo proceso por el vencimiento del contrato, el Ayuntamiento decidió, unilateralmente, mediante Resolución de la Alcaldía, y sin acuerdo previo con la concesionaria del servicio, la prórroga del contrato. Esta prórroga suponía para todos y cada uno de los miembros de la agrupación (incluido alguno ya fallecido) la imposibilidad de resolver el aval bancario prestado en su día y cuyos importes económicos debían seguir abonando.

Con anterioridad a 2016, la mayoría de los integrantes de la concesionaria original (la Agrupación Cacereña de Industriales de Carne) habían decidido que todas las acciones, derechos y deberes de la agrupación, en lo concerniente al contrato de concesión, fueran gestionados por uno solo de sus miembros, lo que fue elevado a escritura pública y presentada dicha escritura en el Ayuntamiento.

A todo esto, el Partido Popular en el gobierno continuaba sin redactar los pliegos para una nueva licitación, seguramente a la espera de la entrada en vigor de la Reforma del Régimen Local impulsada por dicho partido, y que tenía, entre otras consecuencias, que los municipios dejaban de tener, como en el caso de Cáceres, la competencia de matadero municipal, entre otras.

Por parte de la mayoría de los miembros de la Agrupación concesionaria se intentó en diversas ocasiones la resolución del contrato, sobre todo para la recuperación de unos avales que resultaban cada vez más gravosos. Sin éxito.

Sin embargo, esta situación de puesta a disposición de uno solo de sus miembros por el resto de carniceros de la agrupación, no impidió, por ejemplo, que en su momento, la alcaldesa asistiera a la “reinuaguración” del matadero, de lo que dan testimonio diversas publicaciones en prensa. Para los miembros de la Agrupación de carniceros, la opción de trasladar derechos y obligaciones a solamente uno de sus miembros, era la única salida posible, por cuento el fallecimiento de alguno de los integrantes de la concesionaria original, resultaba un impedimento para su disolución legal.

Desde marzo de 2016, en que la alcaldesa Elena Nevado resolvió la prórroga unilateral del contrato de concesión, en diversos edictos emitidos por la concesionaria del suministro de agua aparecía como morosa a las arcas municipales la Agrupación de carniceros por cuantías de más de 2.000 € en cada ocasión. Cantidades que no eran satisfechas por el único administrador del matadero municipal, y sin que esa condición de deudor a la hacienda pública local tuviera consecuencias. Consecuencias que sí lo fueron para los integrantes de la Agrupación, con un acuerdo del pleno por el que se les prohibía la contratación con el Ayuntamiento en su condición de deudores.

Todo ello, constando en el propio Ayuntamiento el acuerdo suscrito por los carniceros con el único administrador del matadero. Además de la prohibición, siguieron pesando sobre los miembros de la agrupación los avales y sus cuantías correspondientes.

Por fin, ya con la nueva legislación en materia de régimen local en vigor, el PP consiguió resolver que el matadero dejaba de ser una competencia municipal y que podría ser adjudicado mediante un contrato con la tipología de concesión demanial. Y se realizó todo el procedimiento, incluido el depósito de la fianza por parte del nuevo adjudicatario…

Pero… siendo el Ayuntamiento de Cáceres gobernado por el PP cualquier cosa podría esperarse. Y así sucedió.

Cuando el nuevo adjudicatario intentó hacerse cargo de las instalaciones (propiedad municipal) para poner en marcha su contrato de concesión… no pudo. El matadero había sido desmantelado, tal cual.

La respuesta, por el nuevo adjudicatario, resolver el contrato. Y del Ayuntamiento, aceptar esa renuncia y decir, en los periódicos, que reclamarían los daños causados.

En marzo de 2019, el pleno municipal elevó a definitiva la resolución contractual. A día de hoy se desconoce si se ha iniciado alguna acción judicial por parte del Ayuntamiento por los daños causados.

Sin embargo, en las informaciones de prensa se omite (seguramente por ignorancia o por abulia) un detalle: si las instalaciones del matadero objeto de licitación han sido desmanteladas, la responsabilidad no puede atribuirse solo a quien las haya desmantelado, sino al propio ayuntamiento, por cuanto se trata de un bien patrimonial cuyo estado de uso y mantenimiento corresponde al propio municipio constatar cuando sea preciso. Y más cuando se estaba en proceso de licitación.

Lo que se llama “responsabilidad de culpa in vigilando”, que recae exclusivamente en el propietario del bien patrimonial público (Ayuntamiento) con independencia de otras responsabilidades que hubiera. Si el Partido Popular en el Ayuntamiento denunciara a la Agrupación concesionaria hasta 2016 (o antes, cuando se produjo el traspaso de derechos y obligaciones a un único miembro de la agrupación) de los daños causados en las instalaciones, un buen abogado conseguiría culpar de las mismas a quienes incumplieron sus obligaciones e hicieron dejaciones de su responsabilidad in vigilando.

Vale.

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En diciembre de 2015 subí una entrada a esta web referida al ofrecimiento por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Cáceres del Edificio que había sido sede de la Demarcación de Carreteras, del Ministerio de Fomento. Un edificio (https://cercadelasretamas.com/2015/12/07/caceres-cerrado-por-falta-de-uso-xxxiii-fomento/) con una superficie construida de 1.800 m2.

La cesión que ofrecía Hacienda era gratuita, a la que el Ayuntamiento debía responder presentado un proyecto de uso definido, un calendario para ejecutarlo y disponer de solvencia económica para llevarlo a cabo.

Parece ser que el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por Elena Nevado, ha sido incapaz de hacerse cargo de dicho inmueble por no poder acreditar las condiciones que para este tipo de cesiones se establecen en la legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y esa incapacidad es la que lleva a que la Delegación de Hacienda haya convocado anuncio de subasta pública de diversos bienes inmuebles, encabezando el antiguo edificio de Fomento, la relación.

Los datos que figuran en dicho anuncio son:

PRIMERA SUBASTA:

LOTE 1. Finca urbana en Cáceres, edificio en Plaza de los Golfines nº 6, (nº 4 según Registro de la Propiedad y nº 2 según Catastro), con una superficie de suelo de suelo de 561 m2 y una superficie construida de 1.800 m2 según Catastro. Según proyecto de rehabilitación la superficie es de 1.826,35 m2 .

Referencia catastral: 6428101QD2762G0001OG.

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Cáceres con el número de Finca 930, al Tomo 551, Libro 131, Folio 226. Superficie registral 580,50 m2. No constan cargas registradas.

Calificación energética: Inmueble excluido del ámbito de aplicación del R.D 235/2013 conforme al art. 2 .2 f).

Código de Inventario: 1987-724-10-999-0074-001.

Condiciones urbanísticas: las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento. Uso: administrativo-institucional.

Tipo de licitación:

1º Subasta: 1.144.309 €, depósito a constituir 5%: 57. 215,45 €.

Que el ayuntamiento de Cáceres haya sido incapaz de hacerse cargo de dicho inmueble es síntoma de una parálisis política total, puesto que las posibilidades para hacerlo son múltiples de acuerdo con la propia legislación. Sin embargo, la primera de todas ellas, de todas esas posibilidades solamente es competencia municipal: ¿para qué se puede conseguir ese inmueble? El Partido Popular ha dado, en este caso, como en muchos otros, muestra de una total falta de iniciativa política. Y, lo que es más grave: le está diciendo a la Administración del Estado y a la propia ciudadanía que en esta ciudad no hace falta nada, que lo que se haga o se deje de hacer se debe a la menguada iniciativa privada, porque el Ayuntamiento no sabe para qué puede ser útil un edificio de 1.800 m2 cuadrados, equivalente a unas 18 viviendas de 100 m2.

Ahora que se acercan las elecciones, la constatación de la incompetencia y la incapacidad del equipo de gobierno del PP quedan en evidencia y, si se presentan posturas a la subasta del 14 de mayo, a solo semana y media de las municipales, por el importe que se fija en el anuncio, el inmueble pasará a ser propiedad privada.

Vale.

En realidad, no son cuatro, son ocho los años en blanco y negro para la ciudad de Cáceres, con un gobierno local del Partido Popular, encabezado por Elena Nevado, que a lo largo de estos ocho años no ha podido y no ha sabido crear ni un atisbo de ilusión en la ciudadanía.

Consiguió, en su primera legislatura (2011-2015) que la Junta de Extremadura (entonces pomposamente llamada Gobierno de Extremadura) le diera dinero para privatizar una calle, la de San Pedro de Alcántara, con el señuelo (falso, como todos los señuelos) de privatizarla, y se ha quedado en una calle privada para acceso a los garajes de varios edificios y con la catetada de que alguien de su equipo dijo que sería como la calle Larios, de Málaga. Catetada. Ahora solamente es una calle privada con terrazas de tres o cuatro tascas.

Consiguió en esa primera legislatura que Monago (la Junta de Extremadura) financiara la reforma del mercado de Ronda del Carmen, con el añadido de un espacio gastronómico que es incapaz, ella y todo el Partido Popular, de ponerlo en funcionamiento y al día de hoy está… tapiado.

Como consiguió el éxito con el mercado de Ronda del Carmen, en el programa electoral para las elecciones de 2015 prometió:

“Recuperación del  Mercado de la Dehesa de los Caballos como espacio cultural y de creación artística para el desarrollo y difusión de proyectos culturales.”

Tal cual. Con la particularidad que el citado mercado es más conocido como el de la Avenida de la Bondad. Cerrado a cal y canto, no ha sido capaz de endosárselo a nadie, ni de cumplir su promesa electoral. Y mientras el dinero público del mercado de Ronda del Carmen está tapiado, el edificio del mercado de la Bondad solamente sirve para que cuando pasa algún vecino diga que está para caerse, que eso es abandono, y, resignados, saben que gobernando la derecha no tendrá solución, porque a la derecha catovi/cateta no le interesan ni los barrios y mucho menos la cultura.

El mercado de La Bondad está abandonado y no hay perspectivas de darle uso, ni se preocupan siquiera cuando algún vecino tuvo que llamar a la concesionaria del agua para avisar de una fuga de agua considerable que llevaba varios días, o cuando los vecinos vieron que se sacaban elementos de las antiguas cámaras frigoríficas del mercado. O cuando algún vecino dice que ha habido alguien interesado pero que nada de nada.

El mercado de La Bondad es la muestra palpable de ocho años pasados en blanco y negro, del abandono que se somete a los barrios de trabajadores que no se tapan con un grafiti de encargo (en el sentido mercantil de la palabra encargo).

El mercado de La Bondad no se cae por… por los pelos. Ahí sigue, siendo una muestra de cómo una ciudad entera se olvida de que existe, se olvida de que una vez tuvo asentadores, un bar, una pescadería en la planta baja…

Habría que saber, aunque fuera redundante porque sabemos la respuesta, qué entienden el Partido Popular y Elena Nevado en particular por un “espacio cultural” y, más aún “creación artística”. No digamos ya de “proyectos culturales” si cuando se presentó el proyecto de hotel para el Palacio de Godoy, alguien del equipo de gobierno dijo que sería muy bueno para Cáceres y que en su entorno se establecería el Montmartre local, otra catetada como lo de la calle Larios o el mercado gastronómico.

En blanco y negro, el mercado de la Bondad debería ser la esquela que la ciudad de Cáceres publique el 26 de mayo, pasando al Partido Popular a mejor vida y recuperando, si queda algo, el resuello para afrontar el futuro.

Vale.

Ayer, 14 de julio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres anunciaba la apertura de un expediente a una concejala del grupo de gobierno, Montaña Jiménez, por vulneración de la Ley de Transparencia. Curioso, muy curioso, cuando la vulneración, la ilegalidad cometida por la concejala ha sido por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas.

Ocurrió que en una comisión se estudiaba un asunto urbanístico (qué si no, el urbanismo) que afectaba a terrenos propiedad del padre de la concejala. Por supuesto, todo esto con el Partido Popular.

La concejala en cuestión voto a favor de que la propuesta de que en los terrenos propiedad, entre otros, de su padre, se convierta en un parque de medianas superficies comerciales. La vulneración de la ley es clara y flagrante y no cabía otra solución que la de la dimisión de la concejala y de la anulación del acuerdo.

Inmediatamente la respuesta pública fue que el voto de la concejala no era determinante y que el asunto se iba a aprobar de todas maneras. Y en los dos medios escritos que se cuelgan en los quioscos de Cáceres aparecieron opiniones de juristas avalando la nimiedad del asunto. Con un par.

Si el asunto no era tal y ya parecía hasta amortizado, ¿a qué viene ahora que la alcaldesa del PP, Elena Nevado, impulse la incoación de un expediente por vulneración de la Ley de Transparencia?

Y a todo esto, ¿dónde carajos se esconde el PSOE, en una oposición que cada vez parece más que merecida?

Veamos.

La primera pregunta que surge no es si los terrenos son propiedad del padre de la concejala, que está confirmado, si no saber si sobre dichos terrenos tiene algún derecho familiar la concejala. Cuestión de herencias. ¿Ha preguntado alguien algo sobre esta posibilidad? ¿Y si dentro de unos meses, con todo el asunto ya aprobado definitivamente, el negocio ya formalizado, resulta que a concejala hereda las plusvalías?

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La segunda pregunta que surge es si la concejala sabía los pasos que su padre estaba dando para mejorar y desarrollar la condición urbanística de los terrenos. Lo mismo se trata de una familia desestructurada, en la que padres hijos y hermanos no se hablan y eso podría justificar desconocimiento. O no, o en la familia se habla de los intereses de todos.

Menos mal que el asunto era una cosa sin importancia…

La tercera cuestión es, siguiendo el hilo de la segunda, si la concejala se enteró de momento de que el asunto de los terrenos de su padre se iba a ver en la comisión y no le dio tiempo a cumplir la ley y abstenerse.

Menos mal que era una cosa sin importancia…

La cuarta cuestión es si los propietarios de los terrenos, incluido el padre de la concejala del PP, habían mantenido reuniones con técnicos municipales o habían realizado consultas con ellos para preparar la documentación a presentar, algo que es habitual en la tramitación de documentos urbanísticos, que suelen ser complejos y que requieren de puntos de vista previos por técnicos municipales. Si las ha habido, como es seguro, a la oposición le cabe la obligación de conocer de esos técnicos las reuniones habidas, las cuestiones planteadas, la opinión que ellos han dado a los propietarios.

Porque, ¿seguro que la concejala del PP e hija de uno de los propietarios de los terrenos no ha asistido a esas reuniones, no se ha interesado personalmente por el asunto? Yo, no me lo creo, y sostengo que la oposición debería hacer que los técnicos afirmen o desmientan si la concejala ha participado en alguna reunión previa, si ha asistido a alguna toma de contacto entre propietarios y técnicos municipales, si se ha interesado personalmente por el asunto.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

Además, lo que se ha vulnerado por la concejala, del PP, por supuesto, es la legislación de régimen jurídico de las AAPP, y todo el asunto debería haberse anulado. Porque la ley no distingue entre un asunto menor o mayor, o un asunto en el que un voto sea o no decisorio. La ley es taxativa y la concejala debería haberse abstenido de participar en la reunión y de votar el asunto. No se trata de un asunto banal: es OBLIGACIÓN de la persona incursa en incompatibilidad la de abstenerse. Y si no lo hace y después se conocen las causas de esa incompatibilidad, deben anularse todas las actuaciones, todas.

Menos mal que era una cuestión sin importancia…

La oposición debe exigir la anulación de las actuaciones, la dimisión de la concejala del PP e investigar cuál ha sido su nivel de intervención en el asunto, si ha pedido a los técnicos municipales información interesada, si ha participado en reuniones previas a la presentación de la documentación, si después de presentada esta se ha interesado por su tramitación y por los sucesivos informes que se han emitido.

La actuación de la alcaldesa parece más un escudo por si luego suceden otras cosas. O es que alguien se puede creer que la concejala del PP no ha, al menos, comentado con la alcaldesa que estaba en tramitación un propuesta sobre terrenos de su familia. Increíble.

Vale.

Ahora que el Canal de Isabel II quiere desprenderse de sus filiales en América Latina, también entran en el mismo saco Lanzarote y Cáceres. ¿Tan lejos nos ven desde Madrid?

El Canal, epicentro de la operación Lezo ha sido un nido de ladrones que ahora preside el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Cristina Cifuentes. La aparición de la noticia en los medios de comunicación ha hecho saltar todas las dotes de histrionismo de la Alcaldesa de Un Pueblo Con Rotondas. Ha dicho que de ninguna manera se puede hacer lo que quiere el Canal (vender la concesión) sin que ella lo sepa, que hay que vigilar todo lo que el Canal tiene que hacer en Cáceres… Vamos, que parece (solo parece, eh, no vayáis a creer otra cosa) que Elena Nevado se ha puesto hecha un obelisco.

Porque, como decía Jack El Destripador, vayamos por partes. La primera, muy curiosa, mucho, es saber si el PP de Madrid, a través de Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la CAM y del Canal, había informado a Elena Nevado antes de la Junta de Accionistas en la que se trató el asunto. O si Cristina Cifuentes llamó por teléfono a Elena Nevado para darle alguna noticia. Porque, no hay que olvidar que Elena, cada vez que puede, dice que ella es muy importante en su partido. Tanto como para que quienes toman decisiones sobre la ciudad de la que es alcaldesa la ignoren.

La segunda cuestión está en saber si antes de aparece como un histriónico actor secundario ante los medios para decir que bajo ningún concepto y sin pasar antes por las arcas caudinas municipales, Elena Nevado descolgó el teléfono para hablar con Ángel Garrido o Cristina Cifuentes para pedirles explicaciones. Y, en el caso hipotético (lo dudo) de que efectivamente hubiera llamado por teléfono, saber si se lo cogieron.

Vamos, que Cáceres no pinta nada para el Canal de Isabel II (salvo algún dinerillo que caiga cuando vendan la concesión) ni Elena Nevado pinta nada, pero nada, en el PP.

¿Qué relación tiene lo del Canal y su desprecio a la ciudad de Cáceres con el Matadero? Pues uno muy sencillo: la legislación de contratos de las administraciones públicas. En ambos casos, son concesiones administrativas (al Matadero todavía lo es) y en ambos casos habría de aplicarse la misma vara de medir.

¿Por qué Elena Nevado exige, más bien de boquilla, creo, que si el Canal quiere deshacerse o traspasar su concesión ha de pasar por los correspondientes acuerdos municipales y no exigió lo mismo cuando la Asociación de Carniceros de Cáceres traspasó, a uno de sus socios, bajo la apariencia de una gerencia totalmente ficticia, la concesión del Matadero?

Sería interesante que, en caso de que hubiera oposición municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, alguien le pidiera a la alcaldesa los papeles sobre cómo se hizo la transferencia de la concesión administrativa del matadero? Por ejemplo, para saber si tuvo conocimiento previo, si pidió informes sobre cómo se iba a hacer esa transferencia.

Claro que en el Ayuntamiento no hay oposición. Los de Cáceres Tú van a la máxima (remunicipalización del servicio, por ejemplo) pero se olvidan de la realidad que no les concierne. Los de Ciudadanos no son oposición, son los gorrillas que utiliza Elena cuando quiere aparcar algún asunto. Y la oposición que pudiera hacer el PSOE desaparece en dos segundos.

Porque la transferencia de la concesión del matadero, que yo sepa y he rebuscado hemerotecas para ver si algún plumilla servicial hubiera escrito algo, no pasó por ningún órgano municipal.

Sería interesante que alguien buscara en los documentos municipales cómo se hizo la transferencia de la concesión del matadero, si fue conocida por los órganos municipales, si alguien firmó el correspondiente placet municipal… Porque de boquilla, entre amigos y amigas no va eso de la ley de contratos.

Y porque el Canal de Isabel II venderá, al mejor postor que encuentre (¿Acciona, por ejemplo?) la concesión y el Ayuntamiento, encabezado por la actual alcaldesa dirá amén. Y si intenta alguna ligera oposición a la venta, entonces sí, entonces será cuando Cristina Cifuentes descuelgue el teléfono. Para darle las órdenes oportunas.

Vale.

En marzo de 2017 se colocaron en la Plaza Mayor de Cáceres las letras-imagen de la ciudad. Siete bloques de hormigón, diseñados por la arquitecta Elena Gil, ganadora del concurso convocado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Cáceres. El precio pagado por las siete letras fue de 16.000 euros.

Cuando se colocaron, ya se dijo por las autoridades que asistieron al magnífico evento que habría ocasiones en las que habría que retirarlas por casos de afluencia masiva de público a actos en la Plaza. No se hizo durante la celebración de San Jorge, patrón de la ciudad, ni durante la Semana Santa. No había peligro… aunque hubiera mucha gente.

La celebración del WOMAD sí fue un acontecimiento multitudinario que requería, por precaución, retirar las letras. ¿Qué precaución? Sin duda, aunque ninguna “autoridad” se atreverá a decirlo en voz alta, que los womeros, gente poco limpia, poco educada, podrían dañar las piezas.

Retiradas las letras para que no se dañaran durante el WOMAD, han sido devueltas a su ubicación… hechas un Cristo. ¿Cómo es posible? Si se retiraron, precisamente, para evitar daños.

El conocimiento público del destrozo, amplificado por la difusión en las redes sociales de las fotografías, la reacción municipal, especialmente de la alcaldesa de la ciudad, ha sido acorde: histrionismo político.

La alcaldesa, Elena Nevado, señala directamente a los trabajadores de la brigada municipal de obras, y les pide explicaciones y exigirá responsabilidades hasta el final. ¿Qué responsabilidades?

El Consorcio de la Ciudad Monumental pagó por las letras los 16.000 euros por los que fue adjudicada. Y se colocaron en la Plaza. A partir de ahí, ¿de quién es la responsabilidad de mantenimiento y seguridad de las letras? De entrada, los autores del del diseño podrían (y es para animarles a que lo hagan) pedir indemnización por daños y perjuicios a la propiedad intelectual.

Ahora bien. ¿En qué inventario de bienes, si es que lo hay, se han incorporado las letras? ¿En qué condiciones legales se han incorporado al inventario? ¿Tiene el Consorcio un inventario de bienes propios o al tratarse de una entidad con la finalidad de conservación y promoción de la Ciudad Monumental los bienes se adscriben al Ayuntamiento?

Porque si la alcaldesa de la ciudad y presidenta del Consorcio pide responsabilidades, le corresponde a ella aclarar en qué ámbito de la administración recae la de custodio, conservación y mantenimiento de las letras, que han de tener la consideración de bienes de valor cultural y artístico. Seguramente, la máxima responsable sea… la propia alcaldesa, bien por su cargo como tal, bien como presidenta del Consorcio.

Cuando las letras se colocaron en la Plaza ya se sabía que podrían ser puntualmente retiradas. Al tratase de bienes que han de tener la consideración de bienes culturales, es obligación de los responsables establecer, por ejemplo, los protocolos a seguir para su retirada y devolución. ¿Alguien cree que en el Museo del Prado se le puede decir a cuatro trabajadores de mantenimiento que cojan el cuadro de Las Meninas y lo lleven al hotel Ritz, sin explicarles cómo han de hacer el traslado? Pues aquí parece que ha pasado.

A los trabajadores de la brigada de obras les dicen que retiren las letras y ellos las retiran. Nadie parece haberles dicho cómo y, lo que es más grave, nadie ha tenido la precaución de establecer los procedimientos. ¿Para qué?

¿No sabía la alcaldesa y presidenta del Consorcio que las letras, tras el concurso de ideas, son bienes con valor cultural que requieren mantenimiento y conservación y que están protegidas por la propiedad intelectual?

¿En qué inventario y en qué condiciones figuran los datos de las letras? Que se haga público.

¿Qué normas de mantenimiento y conservación se han establecido por los órganos de dirección responsables, Ayuntamiento y Consorcio? Que se hagan públicas.

¿Quién ordenó la retirada de las letras y el motivo de esa retirada? Que se haga pública la resolución correspondiente. O que se diga quién, con competencia de dirección, ordenó la retirada de las letras.

¿Qué instrucciones, y por qué cargo, político o técnico, se dieron a los trabajadores de la brigada de obras para proceder a la retirada de las letras? Que se hagan públicas las instrucciones y el nombre del responsable político o técnico.

Hacer recaer en los trabajadores el daño causado, (irreparable como dice la propia autora, ya que los parches se notarán siempre), como hace la alcaldesa, es un ejercicio de sobreactuación, de histrionismo político.

Que comience, la máxima autoridad municipal, por hacer creíbles las responsabilidades en cada ámbito de actuación.

Que el Consorcio de la Ciudad Monumental, formado también por Diputación Provincial y Junta de Extremadura, y a cuyo cargo se abonaron los 16.000 euros que costaron las letras, sean los que determinen qué responsabilidades han de exigirse, incluidas las que hubiere por no haberse previsto los mecanismos de mantenimiento y conservación.

Pero que dejen en paz a los trabajadores.

Vale.

Cuando he visto, oído o leído cómo la actual alcaldesa de la ciudad de Cáceres decía que había solicitado del Ministerio del Interior la cesión gratuita de la vieja cárcel, o que el Ministerio de Hacienda había ofrecido gratuitamente al sede de la Demarcación de Carreteras en el caso antiguo, siempre he creído que Elena Nevado ha jugado con el desconocimiento de los propios cacereños de su propia ciudad. Pretender hacerse con la cárcel vieja o el edificio de Fomento por la cara, sin tener un proyecto, sin tener capacidad económica para las obras necesarias, solamente se explica por la ignorancia ciudadana.

Por eso, resulta llamativo encontrar, por ejemplo, un buen solar, magníficamente situado, de propiedad municipal, al que no se da uso porque a la paupérrima situación económica municipal se une una enorme falta de capacidad política y de ausencia de ideas que es el reflejo de una ciudad mortecina.

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El solar al que me refiero está situado en la Av. Isabel de Moctezuma, en el Polígono de Los Fratres y estuvo cedido a la Tesorería General de la Seguridad Social… que tampoco tuvo capacidad económica para darle uso.

¿No existe ninguna necesidad de infraestructura de competencia municipal para dar uso a una parcela de 1.924 m2 de suelo y con posibilidad de dos alturas, con más de 3.500 m2?

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La parcela está incluida en el Plan General Municipal como suelo de uso público, AI = Administración Institucional, por lo que su uso corresponde, en primer término, decidir el uso, dentro de las competencias que marca a los Ayuntamiento la legislación en materia de régimen local, y dentro de las capacidades (escasísimas) económicas. ¿Qué necesita la ciudad en materia de administración institucional municipal? Lo mismo, los concejales del Partido Popular tienen magníficas ideas (que no, que es coña) para que esa magnífica parcela. Lo mismo es que la ciudad no necesita nada.

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Claro, que también podría darse el caso de que cualquiera de las administraciones públicas pudiera tener necesidad de un solar, como en su día solicitó la TGSS, con resultado negativo.

Cáceres, además de cerrada por falta de uso, es también una ciudad sin abrir, sin ser capaz de construir. Construir físicamente sobre un solar de propiedad municipal, y sin ser capaz de construir ilusión, futuro y certidumbres a los cacereños más jóvenes (los cada vez menos jóvenes en edad y menos jóvenes en número).

Vale.

En agosto de 2015 escribí en esta misma Cerca sobre el uso, creía y creo, que indebido, de la terraza superior de la Plaza de San Jorge (https://cercadelasretamas.com/2015/08/07/la-terraza-de-mi-tasca-es-particular/).

Ahora, otra terraza viene a confirmar el desbarajuste, falta de respeto al entorno monumental y, sobre todo, incompetencia, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres luce en cualquier gestión que le toca.

Me refiero al disparate visual que supone la autorización de colocación de la terraza de otra tasca en la parte superior de la escalinata que lleva al Arco de la Estrella. Un despropósito que produce sonrojo por cuanto, de entrada, es una falta de respeto a la puerta de acceso de los cacereños y turistas al recinto monumental.

El impacto visual es grande y da lugar hasta que, como en muchas otras cuestiones, nos lo tomemos a guasa (mientras la incompetencia siga campando por los despachos municipales, es una opción que tenemos para hacer más llevaderas las alcaldadas) y creamos que no es real, que es imposible que ni haciéndolo adrede, se cometan estas tropelías.

Arco de la Estrella

Pero, como sucede en estos casos, las explicaciones (las excusas más bien) superan con creces lo que uno puede pensar. Así, en el Diario HOY de hoy mismo aparece una información que, en lo referido al turno de explicaciones desde el consistorio, agravan el asunto.

En principio, la razón por la que se autoriza en ese lugar la colocación de la terraza es porque el espacio que venía utilizando, sobre los soportales de la antigua farmacia de Escribano, amenaza ruina y ha sido precintado. Por tanto, estaríamos ante una utilización provisional. ¿No cabía otra solución? Claro, que cabe: que no haya terraza.

Esta opción, que no hubiera terraza, sin duda, puede acarrear alguna cuestión económica, desde la más sencilla devolución de las tasas por ocupación del espacio público que hubiera abonado la tasca, hasta que, decretada la anulación de la autorización, la tasca reclamara del Ayuntamiento no solo la devolución de las tasas sino el lucro cesante. Pánico para las arcas municipales llenas de telarañas.

Sin embargo, según el mismo medio de comunicación, que transmite lo que le dicen sin evaluar el valor de la “información” señala que el portavoz del equipo de gobierno, del Partido Popular, “también dijo que el Ayuntamiento aún tiene que determinar si ese espacio dañado es de titularidad pública o privada.” ¡Acabáramos!

Ahora resulta que el lugar en que ha venido, durante años, colocándose la terraza no sabe el Ayuntamiento si es de titularidad pública o privada. ¿Cómo ha cobrado las tasas hasta ahora… si las ha cobrado? ¿Si es de titularidad privada y el Ayuntamiento ha cobrado tasas “por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local”, no tendrá que pagar al propietario lo cobrado? ¿Podrá el propietario reclamar al Ayuntamiento por, incluso, apropiación indebida de un espacio que no es suyo?

Que el portavoz del equipo de gobierno no sepa si ese espacio es público o privado es otra vez la muestra de que en el Ayuntamiento de Cáceres no hay… gobierno. ¿No hay un inventario de bienes y derechos? ¿No hay un Negociado de Inventario o una Sección de Patrimonio? Parece que sí, pero parece que no.

Y mientras, el atentado contra el Patrimonio Histórico estará ahí, no se sabe por cuánto tiempo, o hasta que la vergüenza, si la hubiera en algún despacho municipal, aparezca. Aunque lo dudo.

Y a todo esto, como el machacón eslogan de Elena Nevado en la pasada campaña municipal: ¡Qué bonito es Cáceres! ¡Qué bonito es Cáceres! ¡Qué bonito es Cáceres! Y ya está.

Vale.

 

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Modelo de Vagón de Primera Clase del AVE Madrid – Lisboa, próximo a entrar en servicio en el tramo Madrid-Cáceres

Días atrás, Mariano Rajoy inauguró la línea de AVE hasta León, desde Valladolid. Una línea de alta velocidad que ha nacido con algunas cuestiones dignas de tomarse en cuenta. La primera, que para asistir a la inauguración, Rajoy dejó plantado al Senado: prefirió ir a una inaguración antes que responder a las preguntas de los parlamentarios. Ese es su alto concepto de la democracia.

La segunda, que es una línea que cuenta con un solo tren. Es decir que las “conexiones” (los trayectos ida/vuelta) no pueden ser muchos. Y curiosos. ¿Cómo es posible que en la web de Renfe para ir de Madrid a León en alta velocidad haya que hacer transbordo? Bueno, sí, es un trayecto MD/AVE (un trozo en media distancia otro en AVE). O lo que es lo mismo, una chapuza.

La tercera, el episodio de Valladolid, donde su alcalde, el socialista Óscar Puente, se negó a participar en el viaje inaugural y se limitó a entregar a Rajoy una carta de los vecinos de La Pilarica, que han quedado aislados con las obras del AVE.

O lo que es lo mismo: Rajoy desprecia al Senado para hacerse un reportaje fotográfico, inaugura una chapuza y además, ignora el aislamiento de unos vecinos.

Algo así puede pasar en Cáceres. Digo lo del aislamiento.

Mientras hoy la alcaldesa Elena Nevado se muestra jubilosa por la aprobación de los proyectos básicos de conexiones Norte y Sur de la plataforma del AVE con Cáceres. Unos proyectos básicos que mantienen la decisión del Ministerio de Fomento de que la estación de Cáceres continúe siendo la actual.

Esto supone, sin más, condenar definitivamente a la Barriada de Aldea Moret al mayor de los aislamientos. El proyecto básico aprobado, por el Sur arranca desde la vía a la salida de la zona del Poblado Minero y tiene un primer punto de análisis técnico más relevante a resolver que es el paso bajo la EX-100. Un paso que se hará bajando, no mucho por cierto, la rasante de la plataforma y, pasado dicho punto, hasta la plataforma ya construida a pies del Cerro de los Romanos en dirección a Aldea del Cano, la vía prevista en ese tramo tendrá una considerable pendiente, que los autores del proyecto reconocen y que plantean medidas para reducir la inclinación.

Todo ello, por no plantear una mejor solución. Una solución que no sometiera a desprecio a todos los vecinos de Aldea Moret, que serán condenados a un solo acceso de enlace con la ciudad.

Una solución que podría ser un nuevo emplazamiento de la estación, al otro lado del Cerro de Cabezarrubia, por ejemplo, y que no harían necesaria tanta inclinación como la prevista en el enlace Sur. O, también, el soterramiento de la plataforma, tanto desde el acceso Norte, pasando la vía bajo la C.N.521, y mantener ese soterramiento en la propia estación, dejando las vías y los andenes de Alta Velocidad a una altura inferior de la actual plataforma. Ese soterramiento, que es cierto que más costoso. Pero supondría conseguir una alta permeabilidad urbana y romper, de modo definitivo el aislamiento de Aldea Moret.

Claro, que esto es algo que poco interesa a quienes apuestan todo a que llegue un tipo de tren que les permita salir en una foto, pero que desprecian a los vecinos, a los muchos vecinos de una poblada barriada, y que olvidan que el ferrocarril no es todo alta velocidad, que puede ser y debe ser también una red de buenas vías para permitir otros trayectos.

El actual ferrocarril convencional en Extremadura es un desastre. Un desastre con trayectos que para 270 km, como es el de Cáceres-Sevilla, o 300, Cáceres-Madrid, el tiempo de viaje supere con creces las 4 horas (eso sin contratiempos).

Al mismo tiempo que se reclama (muchos no saben para qué) un tren de alta velocidad, debería reclamarse una mejora sustancial del ferrocarril convencional, con dos puntos básicos: la mejora de la red de vías y el mejor mantenimiento del material rodante.

Pero mientras que se aplauda con las orejas un proyecto básico (ahora hay que redactar el de ejecución, que lleva su tiempo), en base al que se condena al aislamiento a todo un barrio, y se olvide (porque, teniendo coche oficial ¿para qué ir en tren?) el tren convencional, seguiremos dando muestras de tener, como los paisanos de Gila, la frente estrecha estrecha, que entran las ideas a rastras, cada año una, los años bisiestos dos.

A quienes desean mantener una situación de aislamiento a costa de hacer una política de vía estrecha, les vendría bien darse unos viajecitos en tren a Madrid desde Cáceres, a ver a Mariano Rajoy, o a Sevilla, a saludar a Moreno Bonilla, y volver. Seguro que cambiaban de opinión.

Vale.

P.D. Que alguien pregunte a la alcaldesa de Cáceres qué opina de las clotoides del acceso Sur.

El Ayuntamiento de Cáceres, gobernado desde 2011 a 2015 por el Partido Popular, con mayoría absoluta (absolutísima, más bien) convocó un concurso para la concesión de uso para la actividad de cafetería de unos locales sitos en la Plaza de San Jorge. Una decisión como otras muchas de Elena Nevado más que discutible. La adjudicataria resultó ser una Fundación que tiene su sede en la misma plaza. Esta fundación había manifestado su interés en que en la citada plaza hubiera una cafetería, como complemento turístico de primer orden. Y había impulsado la toma de decisión política de convocar el correspondiente concurso.

Todo el procedimiento discurrió por los cauces administrativos previstos, siguiendo todos los pasos, hasta que se adjudicó la obra y la explotación de la cafetería. Y ahí está, funcionando, creando alguna controversia, como es la dificultad de utilizar la Plaza de San Jorge para actividades teatrales, dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

Vamos, que todo en orden.

O casi que no.

Las adjudicaciones administrativas se realizan siguiendo unos procedimientos, y constan de muchos documentos. Uno de esos documentos es el Pliego de Cláusulas Administrativas. Otro documento, cuando son necesarios, son los planos. Y otro, por ejemplo, es el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para adjudicar las obras y explotación de la Cafetería de la Plaza de San Jorge el Ayuntamiento de Cáceres elaboró el correspondiente Pliego, en febrero de 2013. Pliego que resulta de aplicación a la hora de ejecutar obras y explotación de la Cafetería, y que, como documento público del expediente, forma parte del contrato y sirve para que, en su momento, si el Ayuntamiento lo considera necesario, realizar las comprobaciones e inspecciones del cumplimiento de las condiciones contractuales.

Así, en el epígrafe “Descripción de la edificación y del conjunto de los locales y otras dependencias que la componen”, puede leerse:

 

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Pues bien, paseando, de día o de noche, por la ciudad monumental, por la Plaza de San Jorge, pueden captarse fotografías como las que ilustran esta entrada, y que reflejan que la cubierta de la edificación está siendo utilizada en la explotación de la actividad.

En el propio Pliego de Prescripciones Técnicas se señala que el uso de terraza de la Plaza de San Jorge por la Cafetería será de acuerdo con la ordenanza específica.

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La terraza superior, la que en el Pliego queda fuera del uso comercial, ya que es un espacio cerrado, que tiene una reja, que en su día fue objeto de múltiples críticas por dejar fuera del uso público la misma, y que permanece cerrada para el uso público.

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Como se trata de un espacio privativo del Ayuntamiento, excluido en el Pliego de la explotación comercial, y que en realidad es un espacio cerrado al público, debería aclararse por qué ahora es utilizado como terraza, formando parte del negocio, con elementos de la cafetería en la misma, y, lo que parece más inadecuado, por qué son empleados de la cafetería los que la abren y cierran.

 

Vale.