Archivos para Carme Chacón

El robo ocurrido en la Base de Bótoa ha de ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias, como, sin duda, se hará por el propio impulso de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, y el JEME, General de Ejército Coll Bucher. Y ha de ser así por dos razones básica: una, por la propia seguridad de las instalaciones militares y de su personal; otra, porque Defensa no puede permitir que un hecho grave en sí mismo quede sin resolver en todos sus extremos.

Dicho esto, es digno de admirar cómo los portavoces del Partido Gurtelar en el Congreso de los Diputados y el Senado, Beatriz Rodríguez Salmones y Ovidio Sánchez, respectivamente, se han lanzado a reclamar, como les corresponde por su experiencia acumulada en la oposición, la comparecencia de Carme Chacón en ambas cámaras. Y digo que es digno sobre todo viendo los teletipos que hacen referencia a esas peticiones parlamentarias.

Beatriz Rodríguez Salmones “exige” una investigación “seria”, antes de exigir responsabilidad políticas. Si no fuera porque estamos en la crisis del ladrillo, diría que la cara de la diputada del Partido Gurtelar se la ha construido el grupo Begar con diseño de Calatrava.

Otro tanto sucede con los calificativos del senador Ovidio Sánchez. Dice, textualmente, el despacho de agencia: “En este sentido, Ovidio Sánchez precisa que la ministra tiene que investigar “seria y rigurosamente” lo ocurrido y “dar las explicaciones pertinentes en el Senado, cosa que esperamos suceda lo antes posible, dada la gravedad de los hechos””.

Desde luego (y partiendo, de nuevo, para que no haya ninguna interpretación extraña, de que es preciso aclarar todo lo sucedido), que en un asunto militar los diputados del Partido Gurtelar exijan seriedad y rigurosidad en una investigación por robo de armas en un Cuartel, ante la “gravedad” de los hechos, y que se exigirán, igualmente, las responsabilidades políticas a que hubiera lugar no es sino un insulto a la democracia.

Que esos calificativos, que esa contundencia la exijan diputados y senadores que tienen en su partido a Federico Trillo, responsable político, y, en cualquier país serio, incluso penal, es una desvergüenza.

Que esos diputados y senadores que comienzan pidiendo una investigación seria y rigurosa y en el mismo instante ya planteen que se exigirán responsabilidades políticas cuando tienen sentado a su lado al responsable político de la muerte de 62 militares en el accidente del YAK-42 demuestra la catadura moral (o mejor, la caradura moral, digna de travestismo hipócrita) de gentes que para atribuirse autoridad moral deberían, como mínimo, haber apartado a su correligionario Trillo de la vida pública.

Hoy se ha formalizado la dimisión del Ministro de Defensa alemán, el descendiente del inventor de la imprenta, por haber copiado su tesis doctoral. En España, el responsable político de la muerte de 62 servidores públicos altamente cualificados en lo personal y en lo profesional, no sólo no dimitió, sino que sigue en activo en la vida pública, para vergüenza de todos… menos de sus correligionarios que se reclaman con autoridad moral cuando lo único que se les puede atribuir es desfachatez y desvergüenza.

Ah, por cierto, y también en relación con Federico Trillo: sería muy interesante que explicara qué es, bueno, qué era en su momento cometer un delito de tenencia de sustancias estupefacientes dentro de un cuartel. Seguramente con ese asunto podría dar, con ejemplos directos, alguna conferencia a la diputada Rodríguez Salmones y al senador Sánchez.

Mientras tanto, la ministra Carme Chachón y el JEME Coll Bucher harán su trabajo, no me cabe duda, y darán cuantas explicaciones de la investigación necesarias y políticas en su momento.

Mientras tanto, en el Partido Gurtelar deberían hacer un retiro forzoso: el de Trillo, el que fue solamente minisTrillo.

Vale.

En fechas pasadas, el Ministerio de Defensa anunció que a finales de 2009 se había alcanzado el objetivo legal de contar con 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional en las Fuerzas Armadas. Ese objetivo, según interpretaciones de prensa no alejadas de la realidad, se consigue con la mezcla de una situación económica en crisis que lleva a los jóvenes a buscar trabajo en los ejércitos y con la mejora de las retribuciones y de las condiciones de vida en los cuarteles, iniciada por José Bono y continuada por sus sucesores José Antonio Alonso y Carme Chacón. La situación en la que el peor ministro que haya tenido nunca España (incluidos los de la Dictadura franquista) en materia militar, Federico Trillo, dejó a las FAS no podía ser más calamitosa.

El hecho de que ahora las FAS cuenten con los efectivos máximos de tropa marcados por el poder legislativo tiene algún efecto colateral que, en el caso de la ciudad de Cáceres, es necesario analizar.

Existe en esta ciudad un Centro de Formación de tropa del Ejército de Tierra, CIMOV nº 1, que a lo largo de 2010 sufrirá, negativamente, las consecuencias de haberse alcanzado el tope legal. No se sabe, a estas alturas del año, cuántos efectivos pasarán por sus instalaciones ni cuántos ciclos de incorporación se producirán durante el año, ni siquiera cuándo se incorporarán los primeros.

El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha acordado, dentro de las medidas de austeridad necesarias para superar la crisis económica, la disminución de las tasas de reposición, sin excepciones, de empleados públicos. Los militares también lo son. Todavía el Gobierno no ha acordado la oferta de empleo público para 2010, en cuyo marco ha de incluirse la oferta de empleo para las FAS, y de la que se derivará el proceso de incorporación de nuevos soldados, para mantener la cifra de los 86.000. O lo que es lo mismo, si las bajas por cese de contratos son mínimas, la oferta será mínima.

En estas circunstancias, el futuro del Centro de Formación existente en Cáceres, y el de otros situados en otras ciudades, no se olvide, es complicado. La presencia militar en ciudades pequeñas, como es esta, es una fuente de ingresos para la economía local, y el acierto de la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, al gestionar, durante 2008, un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al que se sumó la Junta de Extremadura, garantiza que esa presencia militar tendrá continuidad, aunque el desarrollo del acuerdo de 2008 conllevará nuevas e intensas gestiones políticas.

La realidad actual, que lleva a que la necesidad de Centros de Formación sea menor que en los últimos 10 años, no debe, en modo alguno, plantearse como definitiva en cuanto a que el Ministerio de Defensa pudiera decidir el cierre del mismo, si bien sería deseable que el acuerdo de 2008 se desarrolle y se garantice que una fuente de ingresos para la economía local de tanta importancia, se mantenga.

En lo que se refiere al argumento, siempre manido, de la “histórica relación de la ciudad con el Ejército”, sencillamente no me lo creo. Y mi experiencia me lo dice. En todo caso, esa “histórica relación” lo ha sido (y, desgraciadamente, lo sigue siendo) en aspectos concretos y en intereses (muchas veces económicos) entre “destacados” miembros de la burguesía cateta local y los “altos mandos” (en realidad, no tan altos) del Ejército destinados a Cáceres.

Vale

El Ministerio de Defensa ha dado cumplimento al mandato del Congreso, realizando un reconocimiento a los miembros de la UMD, que después del comienzo de sus actividades, en 1974, y transcurridos más de 20 años desde el comienzo del juicio en Hoyo de Manzanares (en el mismo lugar en que Franco ordenó sus últimas ejecuciones), ven cómo la democracia se acuerda de ellos.

La UMD, Unión Militar Democrática, promovía, desde sus contactos, entre otros, con el padre Llanos, que se llevaran a cabo algunas “reformas”:

Convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una Constitución democrática, que reestablecería derechos y libertades y reconocimiento de los derechos humanos, lucha contra la corrupción del franquismo y reformas económicas y sociales.

En el ámbito propiamente militar, su profesión, proponían reformar, en coherencia con las anteriores propuestas, la justicia militar, el servicio militar y reorganizar las fuerzas armadas.

Ayer, Carme Chacón, ministra socialista, tuvo el honor de reivindicar la memoria de los Úmedos, imponiendo las cruces al mérito militar y aeronaútico al Coronel Otero y varios miembros más de la UMD.

Después de recibir, en 2004, unas fuerzas armadas en quiebra de personal y de capacidades, el gobierno socialista ha conseguido poner las bases para llegar a unas fuerzas armadas, modernas y democráticas (aunque todavía queda por hacer, especialmente en materia de personal), el sueño, y la realidad que les costó su carrera, de los miembros de la UMD.

Como titula Luis Solana su entrada sobre este tema (http://www.luissolana.com/?p=2845#more-2845), “Hubo militares demócratas”. Y entre ellos, aunque no entre los condecorados, por la UMD llegó a alcanzar la cifra de 200 simpatizantes, y algunos dieron el salto a la política, en las filas socialistas, desarrollando un importante papel político e ideológico. Recordar a Carlos San Juan y a Juli Busquets (fallecido en 2001) es necesario y pertinente, porque ellos mantuvieron, en sus actividades políticas el recuerdo vivo del trabajo de sus compañeros.

En 2002, Carlos San Juan presentó en el Congreso una moción similar a la que ahora ha dado lugar al reconocimiento materializado el 16 de febrero de 2010. Pero en 2002 gobernaba el PP, la derecha, la extrema derecha, presidido por Aznar, y el ministro de Defensa era Federico Trillo, que fue militar y que no tuvieron empacho en tumbar la moción.

Ahora, la democracia, aunque tarde, reconoce los méritos democráticos de un grupo de militares que en 1974 tenían la visión y la esperanza de unas fuerzas armadas democráticas al servicio de los ciudadanos y no al servicio de una dictadura. Algo que Trillo no podía entender, por ser parte por herencia, de esa dictadura.

Vale

Esta mañana, en el Cuartel General del Ejército, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a dos civiles y a un militar. El militar, el Teniente General Gómez Arruche, fue director general de la Guardia Civil, y los dos civiles, Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León y del Senado, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. También ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Naval a Gregorio Peces Barba, expresidente del Congreso de los Diputados.
Estas condecoraciones, que en el ámbito de las Fuerzas Armadas suponen el reconocimiento de méritos muy importantes en las personas que las reciben, tienen una especial relevancia cuando esos méritos no lo son por relevantes servicios prestados a las FAS (que también), sino por la contribución que cada uno de ellos, en los ámbitos de su actividad política y ciudadana han realizado en favor de conceptos más amplios como son la Defensa y la Seguridad en su conjunto.
No se trata de unas condecoraciones que pretendan reconocer lo bien que se han portado con el Ejército o con la Armada, sino que reconocen el trabajo político en la consecución de fines de carácter general, bien sea presidiendo el Congreso de los Diputados o el Senado, sedes donde se plasma la soberanía popular, bien presidiendo Comunidades Autónomas para un mejor desarrollo del conjunto del país.
Es indudable que estas condecoraciones pueden chirriar en algunos ámbitos, y que es probable (me atrevo a vaticinarlo, desde ya, que ocurrirá en Extremadura) que desde esferas políticas no se entiendan “los méritos” contraídos por Rodríguez Ibarra para merecerla. El mismo expresidente de la Junta de Extremadura se ha aventurado a interpretar cuáles pueden haber sido esos méritos, en su afán, claro y transparente, de advertir y confrontar sobre nacionalismos que no aportan nada al conjunto del Estado, al conjunto de España.
Desde mi perspectiva, conociendo un poco, sólo un poco, el funcionamiento de la Administración Militar, es muy significativo de cuál es hoy el papel que juegan las FAS y el papel que no juegan, la mayoría de las veces, los partidos políticos respecto a ellas, que unas condecoraciones a personajes políticos significativos, impuestas por el máximo cargo político directo de la Defensa, un hecho simple: el lugar elegido para el acto no ha sido el Ministerio, sino el Cuartel General del Ejército.
Trabajar activa y políticamente en la defensa de unos principios ideológicos, aplicarlos en la ejecución de programas de gobierno, contando con el respaldo de los ciudadanos, es una gran manera de contribuir a forjar conceptos básicos en materia de Defensa y Seguridad, conceptos y acciones que fortalecen, que suman, y es lo que, de las palabras de la ministra Chacón, se desprende que han hecho los merecedores de las distinciones.
En el caso personal de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, además, he tenido la suerte y el honor de ayudar, un poquito siquiera, en que la presencia del Ejército de Tierra en la ciudad de Cáceres haya llegado hasta hoy, tras haber gestionado él y sentado las bases para ello, en unos momentos que fueron muy delicados. Enhorabuena, presidente.
Vale.
El pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Defensa emitió una nota de prensa tras la reunión de Carme Chacón con la cúpula militar en la que se puede leer: “entre los temas tratados se encuentra la evolución de las plantillas a lo largo del año que termina, en el que se ha alcanzado la cifra de 86.000 efectivos profesionales de tropa y marinería.”
Algún medio de comunicación, p. ej. El País, se refería en este tema a que los dos factores fundamentales de haber alcanzado la cifra de 86.000 efectivos se debía a la situación económica y a la mejora en los sueldos. Este volumen de efectivos se planteó en 2006 que podría alcanzarse en 9 años.
La consecuencia inmediata será que la oferta de empleo público en lo que respecta a tropa y marinería, para 2010, será que disminuirá considerablemente respecto a 2009, y se circunscribirá a la reposición de bajas, bien por aquellos que no desean renovar el compromiso o aquellos que los Ejércitos no considere que deben ser renovados. Para la incidencia sobre el empleo en general, no creo que se fije una tasa de reposición superior al 15%, alrededor de 13.000, a distribuir entre Ejército, Armada y Aire, y en 11 ciclos de incorporación. Linealmente, se convocarían 1.200 plazas por ciclo.
Para los intereses de Cáceres, donde la existencia de un centro de formación, el CIMOV nº 1, es una fuente económica de primer orden, la disminución de los efectivos a formar para su incorporación tendría efectos negativos inmediatos, ya que cada una de las Academias Militares tiene su propio centro de formación y parecen suficientes para asumir las necesidades que se derivarán de haber alcanzado el techo de 86.000, número marcado en los presupuestos generales del Estado.
Tendría, no tendrá, ya que si bien no han podido aún cumplirse las previsiones recogidas en el R.D 416/2006, las gestiones realizadas a lo largo de 2008 por la alcaldesa Carmen Heras dieron lugar a la firma de un Protocolo General de intenciones, con participación del Ministerio, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento, a finales de 2008, y cuya vigencia de un año para firmar un Convenio que amplíe los terrenos del actual Campamento de Santa Ana ha sido prorrogada. Ese protocolo garantiza la continuidad del uso militar de Santa Ana, que, ampliado, deberá ser el Ejército de Tierra el que determine qué unidad militar será la que se instale. Y mientras tanto, el CIMOV nº 1 continuará ejerciendo sus funciones, aunque sean disminuidas.
Vale.

Como todo el mundo no ignora, las gaviotas son aves carroñeras.

En el Índico, donde faenan atuneros con base principalmente en el País Vasco, se vienen dando casos de piratería (un delito que no existe en el Código Penal español, por cierto), y donde se desarrolla una misión militar internacional denominada Atalanta, que se puso en marcha por iniciativa del Ministerio de Defensa dirigido por Carme Chacón. Esa operación establece una serie de directrices para que las diversas unidades militares de los países participantes puedan proteger adecuadamente a los barcos, no solamente atuneros, que surcan el océano cerca del cuerno de África.
La operación Atalanta ha diseñado una zona, de un tamaño cuatro veces el Mediterráneo en la que los militares están en condiciones de garantizar la seguridad marítima. Días atrás, el atunero Alakrana, con base en Bermeo, fue abordado por un grupo de piratas, fuera de la zona protegida por la operación Atalanta. El atunero había sido avisado de que estaba fuera de esa zona, pero prefirió seguir faenando, expuesto a lo que sucedió después.
Ahora, corresponde a las unidades militares desplegadas en la zona tratar de recuperar el atunero y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de los pescadores, 16 de los cuales son españoles. En el día de hoy, por militares de la fragata “Canarias” han apresado a dos de los piratas, que han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez Garzón ha ordenado el traslado a España para las diligencias judiciales. Hace unos meses, tras el apresamiento de un grupo de piratas, los jueces españoles (los mismos que organizan una huelga política contra el gobierno socialistas y son jaleados por el PP) protagonizaron un episodio chusco que dio con la puesta en libertad, en Kenia, de los piratas. Rajoy mantuvo un silencio vergonzante ante las acciones de “sus amigos” jueces.
Sin embargo, este episodio ha provocado una reacción apocalíptica de Mariano Rajoy, que ha dicho que es una “catástrofe” y que es un “ridículo” de Zapatero. Rajoy debería saber que hay militares españoles trabajando en aguas internacionales en persecución de la piratería (que, repito, no es delito en el Código Penal español), y que en persecución y captura de los que han abordado al atunero Alakrana van a asumir graves riesgos. En estas circunstancias, Mariano Rajoy (en vísperas del 12 de octubre) vuelve a desconsiderar a las Fuerzas Armadas, como cuando dijo que el desfile es un coñazo. Si ahora aprovecha un episodio de piratería para criticar al gobierno de la manera en que lo hace, debería medir esa crítica.
Porque la “catástrofe” ha tenido lugar porque el atunero apresado ha desoído las advertencias de la Armada y ha trasladado a ésta la obligación de tratar de recuperar el barco y de salvaguardar la integridad física de los pescadores. Esa catástrofe, Marianito, no es responsabilidad del presidente del Gobierno, es responsabilidad de los piratas y, en menor grado, del armador (del propietario) del atunero.
¿Con qué ánimos van a trabajar los marineros de la fragata “Canarias” en persecución de los piratas si el jefe de la oposición culpa al jefe de los marineros, al presidente del gobierno, del secuestro?
Con comentarios (en un mitin) como este, el Señor X de la trama Gürtel, se desnuda en su condición carroñera, y produce solamente asco.
Vale.
Después de una semana en que especialmente los medios de la derecha han ido marcando la agenda y el argumentario del PP con el asunto del brote de gripe A en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares, las comparecencias ayer de Carme Chacón en el Senado y de la propia ministra de Defensa, junto con la de Sanidad, Trinidad Jiménez, hoy en el Congreso, han ido poniendo las cosas en su sitio: de entrada, la actuación seguida por la sanidad militar ha seguido escrupulosamente los protocolos fijados en base a las determinaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En segundo lugar, la contundencia de los datos y argumentos con los que la ministra de Defensa ha sostenido la gestión de la situación en el ámbito de la Defensa han ido circunscribiendo el asunto a la alarma social creada en torno a la visita que un grupo de escolares realizó a la Academia de Ingenieros el miércoles de la semana pasada. “Durante la visita, los escolares siempre estuvieron a una distancia superior a 500 metros del lugar en el que estaban aislados los afectados, no visitaron ningún local ni tuvieron contacto con personal que estuviera afectado por el proceso gripal vírico.” Esto ha afirmado hoy, con contudencia, por Carme Chacón en el Congreso, después de la realización de un expediente administrativo. Y a la vista de ese expediente, la actuación de las autoridades del cuartel de Hoyo de Manzanares ha cumplido los protocolos, por lo que solamente resta de este asunto la falsa alarma social propalada por el Partido Popular siguiendo los argumentarios que los medios de la derecha distribuyen diariamente por los quioscos.
Además de la contundencia política con la que la ministra de Defensa ha puesto las cosas en su sitio, hay una variación considerable en cuanto a la forma de actuar. Durante una semana, el Ministerio de Defensa ha realizado todas las acciones administrativas que su estructura compleja requiere. Una vez realizadas, es la Ministra la que responde en sede parlamentaria, donde le corresponde hacerlo (incluso ha suspendido su participación en actos electorales de su partido), pero también, y esto hay que hacerlo notar para que de una vez por todas el PP aprenda que hay otra forma de gobernar, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll, acompañado de los militares responsables de la prevención y sanidad en este asunto, ha comparecido ante los medios de comunicación. Y su comparecencia, para establecer sin ninguna duda, que se han seguido todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y desde el primer momento se ha actuado escrupulosamente dejó muy clara una cuestión: el asunto, en el ámbito del Ejército de Tierra ha sido gestionado por las autoridades militares y comparecen como tales, en tanto que hoy, en el Congreso, la cúpula militar ha estado presente en la comparecencia de la ministra. Queda establecido, por tanto, que la actuación técnica (militar) ha seguido los protocolos que le correspondía cumplir, y que la actuación política (comparecencia de la ministra) se ha llevado a cabo cuando la actuación técnica ha facilitado los resultados y los datos necesarios. La dirección política de la Defensa ha ordenado la realización de un informe. La dirección técnica (militar) lo ha llevado a cabo conforme a su estructura y jerarquía. Es como ha de actuarse, es otra forma de gobernar.
Finalmente, fijadas la posición política del Ministerio de Defensa, realizada por la estructura militar la investigación ordenada, y siendo sus argumentos claros, precisos y, especialmente, tranquilizadores, sólo queda una cosa: ¿por qué Mariano Rajoy está empeñado en seguir sembrando alarma?
La única explicación que puede tomarse en serio es que los hilitos de corruptina que están creciendo por las vigas y columnas de Génova, 13 son cada vez más espesos y durante una semana han tenido el velo de la alarma creada mediáticamente en torno a la visita de los alumnos de un colegio a la Academia de Ingenieros.
A partir de hoy, después de fijada claramente la posición del Ministerio de Defensa, desactivados (nunca mejor dicho, estando por medio el Centro de Desminado de la Academia de Ingenieros) los augurios de alarmas y puesta en evidencia la estrategia que le marcan a Mariano El Cuchara Rajoy, este líder casismático (casi carismático) queda desnudo, solamente cubierto con los trajes de Camps tan bien pespunteados por el sastre pagado por El Bigotes, y con un detalle que no les conviene: ahora, todavía le queda a Carme Chacón una semana de participación en actos electorales, para los que sin duda, le habrán llenado de fuerzas los ataques recibidos de una derecha más de derechas que el grifo del agua fría (Ibarra dixit).
Ah, y un detalle: no he citado para nada a Trillo, el íntegro, que estuvo en Cáceres en marzo de 1986 en la jura de bandera de uno de sus hermanos. ¿Recuerdas, Federiquín?
Vale.
El brote de gripe A producido en la Academia de Ingenieros está siendo aprovechado por el Partido Popular para aumentar las partidas de caza sobre la Ministra de Defensa, Carme Chacón. Es curioso, mucho, que un partido como el de la derecha española, afectado por una grave metástasis de dignidad, pretenda convertir un hecho tan perfectamente identificado como el brote de gripe para tratar, por tierra, mar y aire de cobrarse la cabeza de la ministra.
Se aprovecha el partido de la derecha de dos circunstancias: las visitas de niños de dos colegios, el lunes y el miércoles, a la Academia de Ingenieros y del desconocimiento general de los asuntos relacionados con la Defensa.
En el caso de las visitas de los niños, cabe decir, en primer lugar, que al haberse producido los primeros posibles casos el lunes, y no teniendo confirmación de los casos, la visita de los niños se organizaría de forma que no pasaran por los lugares que habitualmente utilizan los alumnos (mayoría) de la Academia. Es más que probable que suspender las visitas de los niños sin tener confirmados los casos de gripe habría causado mayor alarma en la localidad de Hoyos de Manzanares entre las familias de las personas que trabajan en ella, y de los vecinos que hubieran tenido contacto con ellos.
Respecto al desconocimiento general de los asuntos de Defensa, el tamaño de un cuartel como la Academia de Ingenieros permite realizar visitas en casos como el de la gripe. Un cuartel no es un sólo edificio, es una pequeña ciudad, por lo que la existencia de un caso, o varios, de gripe no debería causar mayor problema que en una urbanización de la periferia de cualquier capital.
Con todo esto, el PP, con Mariano a la cabeza, tiene puesta en su diana política a Carme Chacón, y cualquier decisión que tome, o que no tome, o que pase cerca de ella, será considerada como elemento suficiente para exigir su dimisión.
¿Cómo es posible que un partido político, en plena descomposición por metástasis democrática pretenda que por un hecho controlado -aunque no publicitado- se pueda exigir la dimisión de la Ministra de Defensa? ¿Qué habría sucedido en España si el YAK-42 sucede con un gobierno socialista? Me temo que Mariano y sus mantenedores no se atreverán a dar, en público, una respuesta a estas preguntas, pero sus hechos les delatan.
Vale.

Al conocerse ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las identificaciones falsas del YAK-42 (falsas, delictivas, no erróneas como dice el ABC), la ministra de Defensa, Carme Chacón señaló directamente a Federico Coward Trillo, en sede parlamentaria, como responsable político del asunto. Lo hizo en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, ¡qué mejor espacio para ello!
Hoy, en el mismo lugar, el Congreso de los Diputados, la diputada Sermones ha tachado de “abyecta, indigna y vil” a la ministra de Defensa. La diputada Sermones, ¡santo dios! lo ha hecho para defender a un cobarde, para defender a Federico Coward Trillo.
Hoy, ¡santo dios! se ha sabido que ayer Federico Coward Trillo puso su cargo de portavoz de Justicia (¡manda huevos! portavoz de Justicia) a disposición de su partido, pero Mariano, Cospedal y Santamaría no se la aceptaron. Eso dicen, pero el parecido de la “dimisión” es demasiado grande con lo que se nos hizo creer alguna vez cuando se dijo que tras el accidente del YAK-42 había puesto su cargo de ministro de Defensa a disposición de Aznar. Ni entonces ni ahora Federico Coward Trillo presentó la dimisión o puso su cargo a disposición del partido. Es demasiado coward.
El histrionismo de la diputada Sermones en su defensa de Federiquín ha sido patético. ¡Santo dios!
¿Con qué bagaje moral critica la diputada Sermones a la ministra Carme Chacón? ¿Con el santo dios? Con un santo dios que recuerda a cuando los padres y abuelos políticos de la diputada sermoneadora, del cobarde, del suave decían aquello de “Dios está con nosotros”, y la realidad era que lo tenían secuestrado (León Felipe dixit).
Federico Coward Trillo nunca ha actuado, desde que está en política con valentía, siempre se ha aprovechado de su situación política personal en beneficio propio. Hasta hizo eso en actos solemnes como juras de bandera, ¿verdad, Federiquito?
Vale.
La prensa madrileña recoge hoy que se producirán nuevos cambios en los escalones intermedios del Ministerio de Defensa, en sus direcciones generales. En concreto, el actual Director general de Infraestructura, Jaime Jesús Denis Zambrana, pasará a ser nuevo máximo responsable del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (www.inta.es), uno de los centros de investigación de mayor nivel de nuestro país.
Para sustituirle, la ministra Carme Chacón ha elegido, según parece, a una asesora suya cuando fue titular de Vivienda, Mónica Melle Hernández, que formó parte de la lista del PSOE por Madrid en las pasadas elecciones generales de 2008. Mónica Melle es profesora en el área económica en la Universidad Complutense de Madrid.
Este cambio, apostando por una persona directamente vinculada al Partido en el gobierno para un área de gran importancia en el ámbito de la Administración militar puede explicarse si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la Directiva de Defensa Nacional firmada por el Presidente Zapatero es la consecución de un marco financiero estable para un área del Estado, en el sentido más puro y tradicional del concepto de Estado, por lo que poner a una economista al frente de la dirección general que ahora coordina la obtención de recursos económicos con los que hacer frente no sólo a nuevas infraestructuras sino, en la actual situación económica, a prioridades como la seguridad de las misiones internacionales y a culminar procesos de transformación en curso.
El marcado perfil de militancia socialista de la que posiblemente el viernes 8 de mayo de 2009 sea nombrada Directoral General de Infraestructura debería contribuir también a desbloquear algunas cuestiones, como el desarrollo del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008, por la Ministra de Defensa con el Presidente de la Junta de Extremadura y la Alcaldesa de Cáceres, incluso en una situación económica adversa y con una previsión en el ámbito de Defensa algo compleja. Pero con una significada militante socialista en la Dirección general, sería, debería ser, más fácil plantear soluciones a lo firmado solemnemente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres.
Vale.