Lo de “Ejecutivos Agresivos” no va por aquel grupo de la movida madrileña en el que estaban Jaime Urrutia, Carlos Entrena y Poch, va por los que han hecho de su profesión una religión, y no precisamente de hombres honrados.
En el día de hoy, el Diario La Opinión de Murcia lleva a su portada el titular “La desaladora de Escombreras produce solo el 8% de su capacidad” y en las páginas interiores desarrolla un amplio artículo de María José Gil, en el que se detallan los hitos más descollantes de un asunto que está sangrando las arcas de la Región de Murcia, y que tiene a un expresidente, Ramón Luis Valcárcel Siso, con asiento guardado en el banquillo de los acusados, y a un exconsejero y más de 15 personas sacando número para cuando llegue su juicio.
Por el interés que puede suscitar entre los cacereños que sufrimos la inmigración de un ejecutivo agresivo proveniente de aquella región murciana, reproducimos a continuación el artículo citado, dejando constancia que cuando realmente sucedieron los hechos (los contratos) que dieron lugar al estado de cosas actual, nuestro ejecutivo inmigrante controlaba las tres empresas que rodearon la construcción de la desaladora de Escombreras: HydroManagement, Tedagua y Cobra. En las dos primeras estaba en sus consejos de administración y en la tercera era director general. Y todo ello adornado con la flor del mayor hacedor de contratos públicos de España, Florentino Pérez y ACS.
La desaladora de Escombreras tan solo produce 1,9 de los 22,8 hectómetros cúbicos de capacidad
La desaladora de Escombreras apenas ha producido durante el último año hidrológico 1,9 hectómetros cúbicos, el 8,61% de los 22,8 hectómetros cúbicos que puede llegar a aportar, debido a las restricciones que la CHS mantiene a los regantes que compran el agua a la Comunidad. A pesar de su escasa actividad, el Gobierno regional está obligado a pagar en 2023 a la empresa propietaria unos 32 millones de euros en cumplimiento de un contrato considerado leonino, que elevará aún más la factura en 2024.
Tal y como publicó La Opinión, el Tribunal de Cuentas viene recordando cada año en sus informes de fiscalización las pérdidas que la explotación origina a la Comunidad, y ha advertido de que solo por su arrendamiento tendrá que abonar hasta 2034 más de 340 millones.
La desaladora es propiedad de la empresa Hydro Management, perteneciente al grupo ACS, que tiene arrendada la explotación hasta dentro de 11 años. Si no se modifica el contrato, el Gobierno regional estará obligado a abonar hasta su vencimiento, dado que las cláusulas firmadas en 2006 establecían que en caso de impago la dueña podría exigir todas las anualidades por adelantado con una penalización de cientos de millones. Estos contratos han dado lugar al procesamiento del expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, [Caso LA SAL II), del exconsejero Antonio Cerdá y de otros antiguos altos cargos, que están pendientes de juicio [Caso La Sal I].
Las pérdidas de la Comunidad se han agravado desde que la situación crítica del Mar Menor llevó a la CHS en 2021 a regularizar las autorizaciones a los usuarios de los caudales, la mayor parte de las cuales sigue en trámite. Según han informado fuentes del organismo de cuenca, durante el último año hidrológico la desaladora solo ha producido 1,96 hectómetros cúbicos de los 22,8 que tiene autorizados, lo que supone apenas el 8,61%.
En aplicación de las medidas cautelares aprobadas para evitar que el acuífero subterráneo del Campo de Cartagena siguiera empeorando la contaminación del Mar Menor provocada por los nutrientes químicos procedentes de la agricultura, la CHS abrió un proceso para la regularización de los caudales de la planta, que hasta ahora solo ha permitido la autorización temporal de 5,5 hectómetros cúbicos de los 63,34 solicitados por los usuarios.
La CHS recuerda que para obtener dichos permisos los solicitantes deben cumplir las condiciones aprobadas en 2020 y garantizar que los usuarios «conocen y están cumpliendo con lo acordado sobre las medidas cautelares, según la zonificación del ámbito de aplicación, de su aprovechamiento». De los 22,8 hectómetros cúbicos que puede aportar la planta, 20 van destinados al regadío, 2,8 a las urbanizaciones y campos de golf cercanos al Mar Menor y 64.747 metros cúbicos a la ganadería.
Situación financiera ‘crítica’
El Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Región de Murcia de 2020 del Tribunal de Cuentas revela que la sostenibilidad financiera de la desaladora es «crítica».
El documento, publicado en junio, habla de «incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para seguir con la actividad», pues eso dependerá de los acuerdos de la Junta General, de los procesos judiciales con la adjudicataria del mantenimiento y explotación de la planta, así como del resultado de las negociaciones con la empresa titular. El Tribunal de Cuentas subraya que la sociedad viene registrando desde su creación unas pérdidas que alcanzaron al acabar 2020 los casi 20 millones, con un fondo de maniobra y patrimonio neto negativos de 13.536 y 3.755 millones, respectivamente.
Agricultura apremia a la CHS para que resuelva las solicitudes
La Consejería de Agricultura, que gestiona la desaladora de Escombreras a través de Esamur, eleva el volumen de producción de la planta al 15%, casi el doble del volumen estimado por la Confederación Hidrográfica del Segura para el año hidrológico que terminó el 30 de septiembre. El departamento de Sara Rubira reprocha al organismo de cuenca la tardanza en la tramitación de las concesiones solicitadas por los regantes, que tienen asignados 20 hectómetros cúbicos de los 22,8 de capacidad de la planta.
Agricultura recuerda que «el 31 de julio de 2021 la CHS publicó un anuncio ofreciendo los 20 hectómetros cúbicos de la desaladora para el riego en el Campo de Cartagena. En este tiempo tan solo ha otorgado alguna autorización provisional, que es el volumen que actualmente produce la planta». Añade que la resolución de las solicitudes «permitirá optimizar y aumentar la producción de la planta». Apremia a la Confederación para que «resuelva esta situación que mantiene la planta produciendo agua a un bajo rendimiento y desbloquee el escenario actual para los agricultores del Campo de Cartagena, que llevan un año y medio esperando la resolución definitiva de la CHS».
En principio, la desaladora iba a abastecer a los municipios de la Región con proyectos urbanísticos que carecían de los caudales para el suministro autorizados por la CHS de acuerdo con la Ley de Aguas. Finalmente, solo dos urbanizaciones llegaron a comprar el agua procedente de Escombreras, que se acabó destinando al regadío.
Hasta aquí el interesantísimo artículo de María José Gil en La Opinión de Murcia, que señala al año 2006 como el año en que comenzó la penuria económica de la Región Murciana con una instalación que no solamente produce pérdidas por los servicios que no presta y cuya capacidad no le permite prestarlos, sino por unos contratos realmente leoninos, redactados por los administradores de Hydro Management, entre ellos Ramón Jiménez Serrano, al mejor servicio de su amo. No caigamos ahora, en esta tierra extremeña en querernos ser buenos y benéficos y pongamos en cuarentena todo aquello que provenga de Ejecutivos Agresivos.
Ah, y otra cosa, recomiendo vivamente que sigan las páginas de La Opinión de Murcia, en las que podrán encontrar “problemas” y “soluciones” muy parecidos a los que padecemos por Extremadura.
Vale