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Archivos para diciembre 2015
En estos días en los que las negociaciones entre partidos políticos se mueven en tres niveles (con fotos, con titulares de prensa, en reuniones “de aquella manera”) nos encontramos con un caso que nunca se había dado, al menos que yo recuerde. El cabeza de lista de Podemos (42 diputados electos) anuncia que el mismo día 13, fecha en la que se constituye el Congreso surgido de las elecciones del 20D, presentarán una “ley de emergencia social”, según se titulaba en Público:
El lenguaje político, en la resaca del mitin electoral, permite algunas licencias. Eso de que la primera iniciativa parlamentaria será una ley vale para los mítines de campaña. Finalizado el recuento, cada partido sabe en qué lugar ha quedado y qué perspectivas tiene para llevar a cabo su programa, o lo que quede de su programa al día siguiente de las votaciones.
Podemos, con 42 diputados, tiene la capacidad de formular proposiciones de ley, cuya tramitación en el Congreso está reglada y recogida en el Reglamento del Congreso, en el artículo 126.
En dicho artículo se señala que una vez admitida por la mesa de la cámara la proposición, se ordenará su publicación y se remitirá al gobierno para que se pronuncie si acepta que se tramite o la veta.
Y aquí es donde comienzan, o continúan, los tropiezos de Podemos con el reglamento. Digo continúan porque para que la proposición de ley se tramite, esto es, se tome en consideración, debe el Congreso estar constituido, con su presidente o presidente, sus miembros de la mesa, los grupos parlamentarios… Y para ello, debe haber acuerdo entre los grupos políticos, dado que ninguno por sí mismo tiene escaños suficientes para asumir, sin apoyos, la presidencia, y así, la asignación de vicepresidentes, secretarios de la mesa.
El segundo escollo con el que Podemos, en su campaña de marketing en favor de “su ley”, tropieza es que para que la misma puede tramitarse plenamente tiene que estar constituido otro de los poderes del Estado, el gobierno. Sin gobierno no puede tramitarse la ley. No ya porque el gobierno pueda vetarla ab initio, sino porque una ley de este tipo (por otro lado, y que nadie piense que pueda objetarla, al contrario) necesita un “pequeño” detalle: que es el gobierno el que fija, conforme establece el reglamento del Congreso para el trámite ordinario de la iniciativa parlamentaria, cómo asumir presupuestariamente los costes económicos (presupuestarios) que la iniciativa pudiera requerir, tanto en créditos extraordinarios, como en modificaciones presupuestarias.
Es evidente que dentro de los esquemas mediáticos en los que se mueve el partido de Pablo Iglesias, cualquier anuncio de impacto tiene interés para los estrategas de marketing. Anunciar una “ley de emergencia social” cuando saben que no tienen asegurado qué puesto pueden ostentar en la mesa del Congreso, ni qué alianzas pueden o les interesa urdir, es arriesgado. Pero para el marketing viene bien.
Hoy, por ejemplo, un doctor en Ciencias Políticas y eminencia como el líder mesiánico de la formación nazarena ha dicho que sus diputados renunciarán al plan de pensiones del Congreso. Un plan al que no podrán renunciar porque ya no existe desde 2012. Pero el anuncio ha sido repicado en las campanas de las redes sociales: id y predicar. Aunque el mandamiento no exista.
Podemos participará en la sesión, el 13 de enero, de constitución del Congreso. Para esa fecha ya sabrán cómo se negocia, en la realidad práctica, cómo se configuran los órganos de gobierno de la cámara.
Y después, y ahora ya está haciendo, seguirán formando parte del circo que la casta monta alrededor de una nueva legislatura.
Y si no hay acuerdos (y Podemos puede ser imprescindible en algún caso, si no se obstina en líneas moradas), no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay ley de emergencia social.
Si de verdad en tanta estima y consideración tienen los derechos de los ciudadanos para que puedan recibir los beneficios de su iniciativa, deben estar dispuestos a no defraudarlos y a ser parte activa en que los acuerdos permitan que la legislatura comience, que haya un gobierno y que la ley pueda salir adelante. Seguramente, con más apoyos de los que ahora creen tener.
Vale.
Durante la campaña electoral, al mismo tiempo que durante los mítines y entrevistas Pablo Iglesias se desgañitaba hablando de remontada, con unas enormes expectativas de votos para Podemos, el mismo líder mesiánico no se empachaba de repetir que iba a ser presidente del gobierno. Incluso, lanzaron la campaña de que lo contratáramos para ese puesto. Al mismo tiempo, presentaba a sus fichajes del mercado de invierno.
De esos fichajes, hubo uno especialmente mediático, el del exJEMAD José Julio Rodríguez, al que en un alarde de verbo anticasta, Pablo (¿nos podemos tutear, no?) presentó diciendo no sé qué de un honor (el honor, verbo de casta) y que, además sería un honor que el general Rodríguez aceptara ser su ministro de Defensa. Porque, claro, Pablo sería, sin duda, tras el 20D, presidente del gobierno.
El 20D, con las elecciones, se eligieron por los votantes 350 diputados, con algunas listas como las de las principales formaciones que presentaban a sus números uno por Madrid como candidatos a la presidencia del gobierno. En nuestro sistema parlamentario, es la mayoría del Congreso la que elige al presidente del Gobierno, sin que sea condición sine qua non que sea diputado. Dicho esto, las maravillas.
Al día siguiente de elegir 350 diputados. Corresponde, por tanto, al Congreso elegir al presidente del gobierno para su posterior nombramiento por el jefe del estado. En principio, y lo normal, es que el presidente salga de entre los diputados.
Pero, al día siguiente de las elecciones el diputado electo por Podemos Íñigo Errejón se descuelga con una propuesta según la cual podría elegirse presidente a una persona independiente. Maravillas democráticas. La primera reacción de la “dirección” de los nazarenos resulta ser la decir que eso es una “reflexión”. Pero al día siguiente, el cofrade mayor, o sea, Pablo, se suma a la propuesta. Ya no es una reflexión, ya es la constatación de la derrota.
Cuando un cabeza de lista que sale la noche electoral impartiendo bendiciones por el gran éxito electoral (ha obtenido 42 diputados, 2 más que los naranjitos), poniendo líneas rojas a cualquier pacto, poniendo condiciones (¿desde cuándo el derrotado ha impuesto condiciones para nada?), cuando ese cabeza de lista pretende que sea presidente del gobierno alguien que no ha sido elegido democráticamente, algo pasa.
De entrada, Pablo está reconociendo que él no está capacitado para ser presidente, y como él, sus otros 41 compañeros de Podemos. De entrada, por tanto, el exJEMAD se ha quedado sin el honor de ser ministro de Defensa con Pablo Iglesias.
La ocurrencia de Errejón, y su refrendo por Pablo Iglesias es un insulto a los electores: si se han elegido 350 diputados, que ahora resulte que ninguno de ellos está capacitado para ser presidente del gobierno y haya que buscarlo fuera, se está desacreditando el sistema electoral.
¿Para qué convocar elecciones si luego el gobierno no tiene nada que ver con ellas? ¿Cómo es posible que se pretenda, al día siguiente de haber obtenido un éxito maravilloso y ser capaz de marcar las condiciones imprescindibles para formar gobierno se desautorice un proceso electoral y se pretenda invalidarlo porque quien propone eso se reconoce incapaz?
Yo no creo que entre los 350 diputados electos no haya ninguno capaz de ser presidente del gobierno. Creo, sinceramente, que hay más de uno y más de 10 y de 20. Descarto de esa capacidad a los 42 elegidos en la lista de la formación nazarena, porque ya se ha encargado Pablo de convertirlos en inútiles para el cargo.
Esa propuesta de presidente independiente se puede hacer el día antes de tener que convocar elecciones si no hay acuerdo de ningún tipo o si sucede a mitad de legislatura y se llega al acuerdo de que es eso mejor que convocar nuevas elecciones.
Hacer esa propuesta al día siguiente de unas elecciones demuestra un sentido stalinista del poder: o sale lo que yo quiero o tiro por la vía de en medio. Y, en medio, Pablo, no hay una vía, hay muchas opciones. Muchas, menos la de ridiculizar el voto de todo un pueblo.
Vale.
Se han celebrado las elecciones, se ha celebrado el escrutinio, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones, el PSOE ha quedado segundo. Los dos han bajado en votos y escaños y se incorporan, aprovechando lo perdido por PP y PSOE, Podemos y aliados y Ciudadanos. Y dicen que el bipartidismo ha muerto. Mantra.
Está claro que los resultados dibujan un nuevo tablero en el que los dirigentes políticos han de jugar a recuperar el sentido helénico de la política y desprenderse del sentido económico del voto de los ciudadanos.
Para que muera el bipartidismo se tienen que dar muchas más circunstancias que estos resultados. Ahora, en vez de un bipartidismo hay un bloque de derechas (PP y Ciudadanos) y otro de izquierdas (PSOE y Podemos y aliados). El bipartidismo solamente desaparecerá cuando Ciudadanos pueda fagocitar al Partido Popular y cuando Podemos y aliados sean capaces de engullir al PSOE. Entonces, diremos: ¡el bipartidismo ha muerto, viva el bipartidismo!
Objetivamente, los dos partidos hegemónicos desde 1978 han perdido considerables cuotas de poder, y se han dejado jirones por el camino. El Partido Popular ha dejado por el camino el tópico de que son mejores gestores, cuando lo único que han sabido gestionar, y con notable éxito, han sido sus bolsillos robando a manos llenas, perdón, a sobres llenos. El PSOE se ha dejado por el camino gran parte de su credibilidad, de sus fundamentos ideológicos en favor de un pragmatismo que solamente le ha servido para ir perdiendo apoyos.
Sucede que, mientras el PP conserva el liderazgo, menguante, en votos y escaños, tiene más difícil recuperar credibilidad en la gestión, el PSOE, si recupera una cosa perdida que se llama sangre, sangre roja, puede recuperar credibilidad. Y para ello, el soplido de Podemos le puede ayudar. Si ante el empuje de los discípulos del mesías Iglesias siguen los socialistas tirando de pragmatismo, su derrota final será pronta y dolorosa.
Claro, que ahora quedan por ver maravillas. Maravillas con Podemos y sus satélites (o no tan satélites) y con Ciudadanos.
Si Rajoy consigue que Ciudadanos le apoye, en un pacto estable de legislatura, podríamos asistir a que Ciudadanos se convierta en flor de un día, y sus votantes terminen diciéndose que para qué votar a la filial pudiendo votar a la empresa madre. Si Rajoy, en vez de un pacto de legislatura plantea a Ciudadanos una coalición de gobierno, las cosas cambian. Los votantes de derechas podrían, entonces, visualizar si los de Ciudadanos están capacitados para gobernar. Si los ministros que incluyeran en la coalición resultaran eficaces, les haría ganar votos. Pero si Albert Rivera, por ejemplo, se limita a ser Ministro Secretario General del Movimiento, no llegan a final de legislatura.
En cuanto al bloque de izquierdas, está por ver si los soplidos de Pablo Iglesias mueven las hojas del PSOE, o si, por el contrario, la casa socialista es sólida y resiste bien el viento. Claro, que para que Pablo (a) El Mesías pueda soplar en condiciones necesita tomar decisiones claramente de casta, de partido de casta, porque, y esto es indudable, se tiene que acomodar a las normas existentes.
Podemos y socios tendrán cuatro grupos parlamentarios (cinco si prestan tres diputados “de confluencia” a Alberto Garzón, algo que a Pablo no le interesa: Garzón ha demostrado tener más capacidad política), y deberá conseguir que los cuatro grupos funcionen al unísono. De momento, en la marca Podemos, deberá optar por implantar la disciplina de voto o renunciar a ella como una cosa de la casta. Sería particularmente interesante ver que renuncia a la disciplina de voto y luego de la primera votación comprobar disidencias. Y también que consiga imponer criterios únicos cuando se debatan asuntos que, por ejemplo, afectan a Galicia. ¿Se atreverá Podemos a contrariar a la Marea? O contrariar a Ada Colau en asuntos que afecten al día a día de Catalunya (la pela es la pela, sea independentista o no), o poner en riesgo la permanencia de Compromís en el gobierno valenciano.
El tablero político que ha salido del 20D es como esos tableros de ajedrez que se pliegan en dos partes. Y todas las piezas negras caen de un lado y las blancas de otro cuando se guarda.
Ahora, todas las piezas blancas están en un lado del trablero y todas las negras en otro. Pero el fragor de la contienda política ha hecho que algunas hayan perdido algo de color. ¿Volverán a ser las negras negras y las blancas blancas? Porque lo que está claro es que el ajedrez sigue siendo el mismo.
Como el bipartidismo.
Vale.
Hace cuatros se adjudicaron, por el Ministerio de Fomento, las obras para reformar el edificio que en la Plaza de los Golfines albergaba la Demarcación de Carreteras del Estado en Cáceres. Se trataba de una reforma, que no de una rehabilitación, como pudiera pensarse por el aspecto exterior y su emplazamiento. Reforma porque el edificio, construido a comienzos de la década de 1960, sobre lo que fue la Ermita de Santa Catalina, no es un edificio antiguo, ajado por el paso de los años, sino que, seguramente, porque las oficinas de la Demarcación de Carreteras necesitaran un “nuevo aire”.
No he dedicado en esta serie de entradas ninguna a edificios de la Ciudad Monumental que se encuentran vacíos, que los hay, pero es que este tiene la particularidad de no pertenecer a la historia del conjunto Patrimonio de la Humanidad.
Con una superficie de suelo de 564 metros, según el Catastro, y una superficie construida de 1.800 m2, tras comenzar las obras de reforma contratadas en 2011, los albañiles desaparecieron, se quitaron de la fachada carteles y se desmontaron las caídas de escombros. Ahora, el Ministerio de Fomento desiste de continuar con las obras y devuelve el inmueble al Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda.
El edificio carece de valor histórico como tal, si no fuera porque el emplazamiento sobre el que está construido albergó una ermita, la de Santa Catalina, datada en el Siglo XV y arrasada para construir la impostura que ahora queda sin uso.
En Cáceres, son muchos los inmuebles de alguna singularidad y volumen que han ido quedando sin uso. Los que son propiedades privadas, entran dentro del tráfico inmobiliario, con escaso éxito en los años pasados debido, fundamentalmente a la crisis económica y, en no menor medida, a que estos inmuebles pertenecen a varios herederos, lo que complica y mucho su futuro.
Sin embargo, es especialmente doloroso para la ciudad que inmuebles que son propiedades públicas permanezcan sin uso, deteriorándose.
El edificio de Fomento en la Plaza de Los Golfines está cerrado y es imposible ver desde el exterior hasta dónde llegaron las obras que comenzaron en 2012, y cuál es su estado actual. Solamente con que se hubieran ejecutado las demoliciones interiores más básicas que un proyecto de reforma convencional hubiera previsto, sin lugar a dudas, el deterioro interior ha de ser considerable.
Que desde el 21 de noviembre de 2015, cuando el Diario Regional Hoy publicó la información del desistimiento del Ministerio de Fomento de continuar con las obras (ya paradas hacía tiempo) y de “devolver” el inmueble a Patrimonio del Estado, nadie en la ciudad, ni otras administraciones ni entidades privadas hayan hecho ninguna manifestación sobre la situación, ni siquiera en tono de queja por lo que supone de abandono, dice mucho del interés político y ciudadano sobre lo que sucede en Cáceres.
Un inmueble construido sobre los restos de una ermita con cinco siglos de antigüedad no es respetuoso con la historia, y, mucho menos, cuando en su construcción se utilizaron despojos (la puerta, por ejemplo) del Seminario de Galarza, que en aquellos momentos gozaba de la categoría de Monumento. Dio igual, en unos años en los que imperaba la fachada, daba igual lo que hubiera detrás. Un modo de entender la Ciudad Monumental basado en el fachadismo, en las apariencias, un modo de entender que cincuenta años después es una característica básica de la idiosincrasia de Cáceres y de sus habitantes.
Claro que, y hasta aquí puedo leer, hay silencios que son auténticos gritos. Y puestos a pensar que, por ejemplo, el Ayuntamiento guarde un silencio absoluto, se puede deber a cualquier razón. Y no precisamente para el interés común.
Vale.
