En estos días en los que las negociaciones entre partidos políticos se mueven en tres niveles (con fotos, con titulares de prensa, en reuniones “de aquella manera”) nos encontramos con un caso que nunca se había dado, al menos que yo recuerde. El cabeza de lista de Podemos (42 diputados electos) anuncia que el mismo día 13, fecha en la que se constituye el Congreso surgido de las elecciones del 20D, presentarán una “ley de emergencia social”, según se titulaba en Público:
El lenguaje político, en la resaca del mitin electoral, permite algunas licencias. Eso de que la primera iniciativa parlamentaria será una ley vale para los mítines de campaña. Finalizado el recuento, cada partido sabe en qué lugar ha quedado y qué perspectivas tiene para llevar a cabo su programa, o lo que quede de su programa al día siguiente de las votaciones.
Podemos, con 42 diputados, tiene la capacidad de formular proposiciones de ley, cuya tramitación en el Congreso está reglada y recogida en el Reglamento del Congreso, en el artículo 126.
En dicho artículo se señala que una vez admitida por la mesa de la cámara la proposición, se ordenará su publicación y se remitirá al gobierno para que se pronuncie si acepta que se tramite o la veta.
Y aquí es donde comienzan, o continúan, los tropiezos de Podemos con el reglamento. Digo continúan porque para que la proposición de ley se tramite, esto es, se tome en consideración, debe el Congreso estar constituido, con su presidente o presidente, sus miembros de la mesa, los grupos parlamentarios… Y para ello, debe haber acuerdo entre los grupos políticos, dado que ninguno por sí mismo tiene escaños suficientes para asumir, sin apoyos, la presidencia, y así, la asignación de vicepresidentes, secretarios de la mesa.
El segundo escollo con el que Podemos, en su campaña de marketing en favor de “su ley”, tropieza es que para que la misma puede tramitarse plenamente tiene que estar constituido otro de los poderes del Estado, el gobierno. Sin gobierno no puede tramitarse la ley. No ya porque el gobierno pueda vetarla ab initio, sino porque una ley de este tipo (por otro lado, y que nadie piense que pueda objetarla, al contrario) necesita un “pequeño” detalle: que es el gobierno el que fija, conforme establece el reglamento del Congreso para el trámite ordinario de la iniciativa parlamentaria, cómo asumir presupuestariamente los costes económicos (presupuestarios) que la iniciativa pudiera requerir, tanto en créditos extraordinarios, como en modificaciones presupuestarias.
Es evidente que dentro de los esquemas mediáticos en los que se mueve el partido de Pablo Iglesias, cualquier anuncio de impacto tiene interés para los estrategas de marketing. Anunciar una “ley de emergencia social” cuando saben que no tienen asegurado qué puesto pueden ostentar en la mesa del Congreso, ni qué alianzas pueden o les interesa urdir, es arriesgado. Pero para el marketing viene bien.
Hoy, por ejemplo, un doctor en Ciencias Políticas y eminencia como el líder mesiánico de la formación nazarena ha dicho que sus diputados renunciarán al plan de pensiones del Congreso. Un plan al que no podrán renunciar porque ya no existe desde 2012. Pero el anuncio ha sido repicado en las campanas de las redes sociales: id y predicar. Aunque el mandamiento no exista.
Podemos participará en la sesión, el 13 de enero, de constitución del Congreso. Para esa fecha ya sabrán cómo se negocia, en la realidad práctica, cómo se configuran los órganos de gobierno de la cámara.
Y después, y ahora ya está haciendo, seguirán formando parte del circo que la casta monta alrededor de una nueva legislatura.
Y si no hay acuerdos (y Podemos puede ser imprescindible en algún caso, si no se obstina en líneas moradas), no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay ley de emergencia social.
Si de verdad en tanta estima y consideración tienen los derechos de los ciudadanos para que puedan recibir los beneficios de su iniciativa, deben estar dispuestos a no defraudarlos y a ser parte activa en que los acuerdos permitan que la legislatura comience, que haya un gobierno y que la ley pueda salir adelante. Seguramente, con más apoyos de los que ahora creen tener.
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