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En estos días en los que las negociaciones entre partidos políticos se mueven en tres niveles (con fotos, con titulares de prensa, en reuniones “de aquella manera”) nos encontramos con un caso que nunca se había dado, al menos que yo recuerde. El cabeza de lista de Podemos (42 diputados electos) anuncia que el mismo día 13, fecha en la que se constituye el Congreso surgido de las elecciones del 20D, presentarán una “ley de emergencia social”, según se titulaba en Público:

http://www.publico.es/politica/primera-iniciativa-parlamentaria-sera-ley.html.

El lenguaje político, en la resaca del mitin electoral, permite algunas licencias. Eso de que la primera iniciativa parlamentaria será una ley vale para los mítines de campaña. Finalizado el recuento, cada partido sabe en qué lugar ha quedado y qué perspectivas tiene para llevar a cabo su programa, o lo que quede de su programa al día siguiente de las votaciones.

Podemos, con 42 diputados, tiene la capacidad de formular proposiciones de ley, cuya tramitación en el Congreso está reglada y recogida en el Reglamento del Congreso, en el artículo 126.

En dicho artículo se señala que una vez admitida por la mesa de la cámara la proposición, se ordenará su publicación y se remitirá al gobierno para que se pronuncie si acepta que se tramite o la veta.

Y aquí es donde comienzan, o continúan, los tropiezos de Podemos con el reglamento. Digo continúan porque para que la proposición de ley se tramite, esto es, se tome en consideración, debe el Congreso estar constituido, con su presidente o presidente, sus miembros de la mesa, los grupos parlamentarios… Y para ello, debe haber acuerdo entre los grupos políticos, dado que ninguno por sí mismo tiene escaños suficientes para asumir, sin apoyos, la presidencia, y así, la asignación de vicepresidentes, secretarios de la mesa.

El segundo escollo con el que Podemos, en su campaña de marketing en favor de “su ley”, tropieza es que para que la misma puede tramitarse plenamente tiene que estar constituido otro de los poderes del Estado, el gobierno. Sin gobierno no puede tramitarse la ley. No ya porque el gobierno pueda vetarla ab initio, sino porque una ley de este tipo (por otro lado, y que nadie piense que pueda objetarla, al contrario) necesita un “pequeño” detalle: que es el gobierno el que fija, conforme establece el reglamento del Congreso para el trámite ordinario de la iniciativa parlamentaria, cómo asumir presupuestariamente los costes económicos (presupuestarios) que la iniciativa pudiera requerir, tanto en créditos extraordinarios, como en modificaciones presupuestarias.

Es evidente que dentro de los esquemas mediáticos en los que se mueve el partido de Pablo Iglesias, cualquier anuncio de impacto tiene interés para los estrategas de marketing. Anunciar una “ley de emergencia social” cuando saben que no tienen asegurado qué puesto pueden ostentar en la mesa del Congreso, ni qué alianzas pueden o les interesa urdir, es arriesgado. Pero para el marketing viene bien.

Hoy, por ejemplo, un doctor en Ciencias Políticas y eminencia como el líder mesiánico de la formación nazarena ha dicho que sus diputados renunciarán al plan de pensiones del Congreso. Un plan al que no podrán renunciar porque ya no existe desde 2012. Pero el anuncio ha sido repicado en las campanas de las redes sociales: id y predicar. Aunque el mandamiento no exista.

Podemos participará en la sesión, el 13 de enero, de constitución del Congreso. Para esa fecha ya sabrán cómo se negocia, en la realidad práctica, cómo se configuran los órganos de gobierno de la cámara.

Y después, y ahora ya está haciendo, seguirán formando parte del circo que la casta monta alrededor de una nueva legislatura.

Y si no hay acuerdos (y Podemos puede ser imprescindible en algún caso, si no se obstina en líneas moradas), no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay ley de emergencia social.

Si de verdad en tanta estima y consideración tienen los derechos de los ciudadanos para que puedan recibir los beneficios de su iniciativa, deben estar dispuestos a no defraudarlos y a ser parte activa en que los acuerdos permitan que la legislatura comience, que haya un gobierno y que la ley pueda salir adelante. Seguramente, con más apoyos de los que ahora creen tener.

Vale.

EL-AUT~2

Autobús de campaña de Monago encajado en el Arco del Cubo, de Zafra.

Dice la RAE en la primera acepción de la palabra “comunicación”: “Acción y efecto de comunicar o comunicarse”. Y en la acepción 8, con el encabezamiento “Retórica”, la RAE señala que comunicación es la “figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio”.

Ayer, el Partido Popular, por voz de su presidente, al analizar, de aquella manera, eso sí, los resultados electorales del 24 de mayo, daba en el clavo de que su partido necesita mejorar “la comunicación”. Algo que habitualmente repiten dirigentes políticos, normalmente tras un fracaso electoral: “tenemos que comunicar mejor”.

En realidad, lo que quieren decir es que su parecer (su mensaje) no es compartido por los destinatarios (los votantes). Pero no analizan las causas de ese desacuerdo. Por una razón, porque consideran el mensaje un fin en sí mismo y no un instrumento para facilitar su comprensión y su aceptación por los destinatarios. De ahí que, cada vez más, se abuse del marketing y se prescinda de la comunicación. En política.

Los partidos en general, y en nuestro país y en Extremadura, especialmente el Partido Popular han elevado el marketing (conjunto de productos de emisión de mensajes propagandísticos) a la categoría de ideología.

Toda la legislatura de 2011 hasta 2014 en la Comunidad Autónoma de Extremadura ha estado marcada por un continuo incremento del marketing como instrumento de comunicación entre el Partido Popular y, sobre todo, el gobierno de la Junta de Extremadura, con los ciudadanos. Este incremento continuo se desbocó como consecuencia de las informaciones publicadas en www.eldiario.es/eldiarioex   por Pablo Sanchez y José Luis Aroca (@jlaroca) y por Ana Pardo de Vera (@pardodevera) en el diario Público (www.publico.es) sobre los viajes de José Antonio Monago a las Islas Canarias en su etapa de senador (legislatura 2007-2011) con viajes cargados al presupuesto del Senado (dinero público).

A partir de esa publicación, tanto el Partido como el gobierno regional comenzaron una desbocada carrera de marketing, en realidad, de propaganda pura y dura, y que ha producido momentos hilarantes cuando se han ido conociendo y momentos, muchos, convertidos en diana de comentarios jocosos que han degradado la imagen no solo de José Antonio Monago dentro y fuera de Extremadura, sino que han perjudicado a lo que podríamos llamar “Marca Extremadura”.

Porque comunicación no es lo mismo que marketing. Ni el marketing puede sustituir la reflexión política, no puede sustituir el pensamiento político. El marketing es un instrumento o un conjunto de instrumentos para vender (en su sentido más monetarista) un producto. Si el producto que se pretende vender es defectuoso o carece de virtudes que lo hagan atractivo para los clientes (los votantes), ya puede todo el marketing que se quiera ponerse a disposición del vendedor: no se comprará.

Cuando Rajoy y los dirigentes del PP (en otros casos, de otros partidos) dicen que no han comunicado bien (lo de que “nos ha faltado piel”, que decía Floriano en un anuncio, es el síntoma del sinsentido y de la falta de reflexión y de capacidad de generar pensamiento), en realidad está diciendo que han sido incapaces de vender su producto, sin pararse a pensar en la calidad de ese producto.

El caso paradigmático de Extremadura ha estado en que un experto en marketing ha convertido a José Antonio Monago en producto. En el objeto del marketing. Y no ha hecho una evaluación de la calidad de ese producto, de ese objeto. Un producto defectuoso de origen, con dificultades para elaborar por sí mismo un discurso político coherente y con ideas (que luego pueden ser aceptadas o no, pueden tener más desarrollo o no, pueden ser más elaboradas o no), y que se ha ido limitando cada vez más a repetir los mensajes elaborados por el experto. O a ponerse en situaciones (escaparates) en las que el experto ha creído conveniente para visibilizar mejor el producto.

A medida que se fueron desvelando detalles e informaciones sobre los viajes a Canarias, el producto defectuoso Monago fue acrecentando sus faltas, mientras el experto trataba de darles una capa de barniz. Pero la podredumbre ya era generalizada. De nada sirvieron lágrimas públicas de arrepentimiento, frases grandilocuentes (“mis viajes me los pago yo”), otras meramente cómicas (“no tengo parabólica, eso que me estoy ahorrando”), promesas que se sabía que se incumplirían (“en enero presentaré mis cuentas en un ejercicio hasta ahora no visto de transparencia”). Porque el producto, el personaje no daba más de sí. Ni marketing ni nada.

Los ridículos propios de las elecciones (el spinning, el trote del anuncio con camiseta pistacho…) y los cometidos por su entorno (el autobús encajado en el arco del Cubo de Zafra ha sido definitorio) han hecho el resto.

El caso Monago debería ser estudiado por su partido (y por los demás) para que de una vez por todas se destierre de la acción política, de la comunicación política, el marketing como fin en sí mismo.

Para comunicar, para conseguir que el parecer de uno sea aceptado por el auditorio, primero es necesario que ese parecer esté bien construido, responda a criterios de pensamiento y no a criterios comerciales. Si se tiene un parecer definido, claro, coherente, el marketing no es necesario. Y entonces, sólo entonces, aparece la comunicación.

Vale.