Archivos para octubre 2016
Cuando José María Aznar ungió con su dedo mágico a Mariano Rajoy como su sucesor, Iñaki Gabilondo realizó una “rueda rápida” de valoraciones con diferentes políticos que expresaron, generalmente, que les parecía bien, que el sucesor tenía un carácter amable, distante de la distante posición política y personal de Aznar. La rueda iba bien hasta que le tocó el turno a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien opinó lo contrario. Opinó que eso que se decía del buen talante, del trato amable con el que se etiquetaba a Rajoy no era cierto. Decía Ibarra que había tenido la ocasión de negociar transferencias con Rajoy y de amable y buen trato, nada, que al de Pontevedra no le gusta perder a nada. Iñaki Gabilondo se quedó un poco en cuadro. Espero que si Rodríguez Ibarra lee esto, no lo desmienta.
Ahora, cuando el PSOE se pone en manos, cautivo y desarmado, de Rajoy, los partidarios de la rendición nos quieren hacer ver que el PSOE ha hecho un gran servicio a España y que en lo sucesivo se verá, cuando haya que aprobar leyes y presupuestos, que su posición tendrá fuerza. Ninguna.
A Rajoy no le gusta perder ni a las chapas. Mucho menos va a perder en unos Presupuestos Generales del Estado.
A ver cómo nos venden una nueva “abstención responsable” cuando Montoro defienda unos presupuestos en los que el hachazo se aplicará justamente donde la herida de los ciudadanos es ya más sangrante, sin visos de iniciar la cicatrización. ¿También será una abstención por el bien de España? Señores, no nos jodan ustedes más de lo que ya nos hacen profesionales.
A ver cómo nos venden una nueva “abstención responsable” cuando Fátima Báñez defienda una nueva reforma laboral o una nueva reforma de las pensiones que dirán que son necesarias, fundamentales, para mantener el sistema. ¿También será una abstención por el bien de España? Señores, no ayuden a sujetar el mango del hacha que golpea a los trabajadores ya indefensos.
El PSOE se ha entregado de hoz y coz a los designios de Rajoy. Y comenzará haciéndonos tragar el sapo de los presupuestos y los recortes como si fueran la medicina que nos va a curar las heridas que soportamos.
A Rajoy no le gusta perder ni a las chapas. Y tiene, en su mano, el arma con la que el PSOE no tendrá más remedio que doblegarse una y otra vez: el calendario.
Una vez investido Rajoy, comenzará de inmediato, el trámite presupuestario. Y con él la amenaza puesta en cada página del proyecto de ley: o se aprueban los PGE 2017 o el 3 de mayo se disuelven las Cortes y vamos a nuevas elecciones. Y los responsables, por tierra, mar y aire, los socialistas. Y ante esa atribución de responsabilidad, de culpabilidad, no hay escapatoria posible: para eso los medios de comunicación son fieles lacayos, periodismo sicario se llama, de un partido que funciona como una mafia.
Y si en un ataque de responsabilidad por el bien de España, el PSOE nos hace tragar con los PGE de Rajoy, ya estará preparado el siguiente escalón: la reforma laboral, otra más. Y otra vez vuelta a lo mismo: o se aprueba la reforma laboral o el 3 de mayor se disuelven las Cortes y vamos a nuevas elecciones.
Y lo mismo con la reforma de las pensiones y lo que haga falta. Y en siete meses el PP tendrá hechas todas las reformas que quiera, siempre haciendo saltar por los aires los escombros del estado que fue del bienestar. Y eso lo harán con la complicidad dolosa del PSOE, a quienes responsabilizarán ante los trabajadores de todos sus males.
Y cuando todo esté hecho, el calendario actuará: en cuanto a Rajoy le venga en gana, disolución de las Cortes, nueva convocatoria electoral y el PSOE seguirá cautivo, desarmado y arrastrando la culpa, por el bien de España, de haber dinamitado los restos del estado bienestar.
Buena jugada, barones.
Vale.
El fuerte debate interno del PSOE sobre la posición a adoptar en la nueva tentativa de Mariano Rajoy por conseguir la investidura en el Congreso de los Diputados se ha polarizado en torno a dos posiciones: o aceptar la investidura o mantener el No.
Parece, al día de hoy, que la Comisión Gestora encabezada por Javier Fernández se decanta por plantear en el Comité Federal la conveniencia de abstenerse en la investidura. Al mismo tiempo, muchas agrupaciones locales, alguna provincial y alguna regional siguen siendo partidarias de mantener el No.
En esta disyuntiva, en la que quienes ostentan cargos de gobierno en las autonomías (los llamados barones: Vara, Page, Puig, Diaz, Lambán) y una parte de los actuales diputados aparecen totalmente distanciados de sus bases, y con la decisión de la Gestora prácticamente tomada (la abstención), solamente quedan los flecos de cómo vestir al santo: abstención en bloque, abstención técnica (11 diputados) o alguna fórmula imaginativa que puede recordar a la ingeniería fiscal que practican los defraudadores.
En toda esta cuestión, y desde los partidarios fervientes de la abstención, como Eduardo Madina, se ha venido percutiendo con un argumento que en modo alguno puede asumirse desde un mínimo conocimiento del modo de actuar de la derecha: que como el PP gobernaría en minoría, la mayoría del Congreso puede hacerle muy difícil el ejercicio del gobierno.
Quienes así se manifiestan son los mismos que se han negado a admitir que hubiera un “gobierno Frankestein” y que para evitarlo no dudaron en dar un golpe de estado preventivo. Esos mismos son los que creen, ingenuamente, que todos los grupos que podrían haber formado ese gobierno abortado, se pondrán permanentemente de acuerdo. Eso no será así, y lo veremos.
Quienes pretenden hacer creer a militantes y votantes socialistas que rindiéndose (rendición, y no otra cosa, es la abstención) ante el Partido Popular estará el PSOE en condiciones de hacer oposición y de encabezarla, ignoran una seña fija en el ADN de la derecha española: que ni paga traidores (los que dieron el golpe de estado preventivo) ni hace prisioneros.
Si el PSOE, junto con los demás grupos de la oposición “torturan” al PP en el ejercicio del gobierno, Mariano Rajoy no dudará, y lo hará cuanto antes, en mayo de 2017, en convocar nuevas elecciones. El escenario se lo han puesto a huevo.
Con un PSOE rendido, Podemos en luchas internas que pueden terminar como el rosario de la aurora, Izquierda Unida liquidada por el nieto de Anguita, unas elecciones en julio de 2017 le darían una mayoría absoluta por muchos años al PP y terminarán por hundir al PSOE hasta la irrelevancia.
Desgraciadamente, la dignidad que muchos votantes y militantes socialistas manifiestan no es compartida por los dirigentes de la Gestora y quienes la han puesto. En mor de un falso pragmatismo, prefieren arrodillar al partido ante la derecha antes que vivir de pie, erguidos y defendiendo la dignidad.
Quienes dieron el golpe de estado preventivo, traicionando al Secretario General elegido por la militancia, son los mismos que quieren echar de los puestos de la dirección nacional al PSC, que con su primer secretario, Miquel Iceta se mantiene en el voto negativo.
Abstenerse no es el falaz argumento de decir que no es apoyar. Eso es una falacia. Abstenerse es rendirse.
Ya puestos, la Comisión Gestora del PSOE debería someter al Comité Federal poner como condición al PP que Rajoy no sea el candidato a la investidura. Que si quieren la abstención, el candidato sea Francisco Correa.
Vale.
En diversas entradas de esta web he incluido diversas entradas referidas a inmuebles de titularidad pública que se encuentran sin uso y sobre los que ha habido, en algún caso, pronunciamientos públicos que al final, coo en el soneto con estrambote de Cervantes al túmulo de Felipe II… “fuese y no hubo nada”.
En estos días, el Ministerio del Interior, a través de la GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado) ha intentado vender la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en la calle Margallo. Ha intentado de nuevo sin éxito, y eso que la diferencia de precio con el del primer intento de venta era considerable. En el primero de los intentos, el precio de salida era superior a 2.700.000 €, mientras que ahora se ofertaba por poco más de 300.000 €.
Es curioso que sobre dos inmuebles de mucho mayor valor (y precio) el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular con el inestimable apoyo de Ciudadanos, sí haya hecho amago (brindis al sol) de reclamarlos.
Sobre la antigua cárcel, que figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal hubo hasta grandilocuentes declaraciones de reclamarlo con la modalidad de cesión gratuita, eso sí, sin tener la más mínima idea de para qué lo reclamaban. Creo recordar que hasta hubo pronunciamiento en pleno en ese sentido. Pero no ha vuelto a tenerse noticia alguna.
Sobre la que era sede de la Demarcación de Carreteras del Estado, el Ministerio de Hacienda se lo ofreció al Ayuntamiento (qué raro, ofrecimiento, así por las buenas) que llegó incluso a plantear destinarlo para viviendas, en una propuesta estéril. Y no ha vuelto a saberse nada.
En estos dos casos, lo malo no es que el equipo de gobierno utilice estas cuestiones de señuelo para hacernos creer que gestiona algo, mientras que con la ayuda de los gorrillas de Ciudadanos declara media ciudad zona azul y sube el precio del autobús urbano, un servicio que cada vez pierde más usuarios (seguramente porque los ciudadanos no quieren utilizar un servicio cada vez peor). Lo malo es la inacción de la oposición, que ni pregunta ni, seguramente, sabe qué preguntar para poner negro sobre blanco la incapacidad de gestión del PP.
Ficha urbanística de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Cáceres
En el caso de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, ante la imposibilidad de su venta por el Ministerio del Interior, y dada la pérdida de valor que ha sufrido, sería el momento en el que el Ayuntamiento pidiera la cesión gratuita. Eso sí, para ello el Ayuntamiento debería saber en qué utilizarla, cosa que, con los precedentes que existen, se me antoja prácticamente imposible. También estaría bien que, por una vez, los partidos de la oposición (PSOE y Podemos) se quebraran un poquito la cabeza y pensaran para qué podría utilizarse, evaluando los costes de adecuación y haciendo una propuesta razonable y, como se dice ahora, sostenible.
Vale.
En la página web de Renfe, que más parece un compendio de publicidad y propaganda que una adecuada fuente de información de un servicio público, puede leerse este párrafo
Y se quedan tan anchos.
Pero nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos de la realidad en los servicios que Renfe presta en las líneas del tercer mundo. No, no me refiero a líneas que pudieran transitar por Ruanda o Haití. Me refiero, en concreto, a la línea de cubre el trayecto entre Cáceres y Sevilla. Sin ir más lejos. Y viceversa.
Para Renfe, discapacidad es un concepto que se esconde en el acrónimo PMR, pero bien escondido, claro.
En bastantes viajes que hemos realizado en ese trayecto con la capital andaluza, nunca hemos visto subir a viajeros PMR según el concepto “renfe”. Es decir, personas en sillas de ruedas. Como si la discapacidad o la movilidad reducida se redujera (aún más) a tener que ir en silla de ruedas.
Porque un trayecto que dura casi 5 horas (4 horas y 42 minutos, según la web) necesita algo que el tren modelo 18779 o 18775 no tiene: mantenimiento. Mantenimiento que el usuario pueda ver cuando accede al vagón, ya que del otro, el de la mecánica, los frenos, los sistemas de seguridad no tenemos ni idea si se hace o no.
En más de una ocasión, y en más de dos, acceder al tren, en la salida de la estación de Cáceres o en la de Santa Justa, y comprobar que el WC adaptado no funciona, puede parecer un inconveniente para cualquier viajero sin problemas de desplazamiento o estabilidad, que puede utilizar “el otro” aseo. Pero para una persona con esas dificultades es un gravísimo hándicap. Moverse por un tren que va dando bandazos por vías tercermundistas, es un arriesgado ejercicio físico.
El 20 de agosto de 2016, una viajera, mi esposa, se encontró con ese problema: no poder hacer uso del WC adaptado porque estaba inutilizado antes de arrancar el tren en Santa Justa la obligó a tener que desplazarse hasta “el otro” aseo. Resultado: llegada a Cáceres, dejar el equipaje y a urgencias.
Resultado más desagradable aún: la sinvergonzonería de Renfe y de la compañía de seguros Allianz, a la que tiene contratado el seguro de accidentes de viaje. Si se juntas dos empresas cuyo única máxima es el mínimo gasto (Renfe) y el máximo beneficio (Allianz), la consecuencia es obvia: perjuicio para el viajero accidentado.
En esas estamos aún, en la pelea con una empresa de servicio público que el único servicio que parece prestar, al menos en Extremadura, es que sus directivos tengan asegurados unos elevados sueldos a costa del dinero público.
Y en esas estábamos hasta que el día 12 de octubre teníamos que volver a subir en Santa Justa al tren 18779. Y al subir, una alegría: un trabajador de la limpieza salía del WC adaptado y dejaba su suelo recién fregado. Bien… ¿o no?
Pues no. Porque mientras veíamos al limpiador caminar todavía por el andén comprobamos que las letras WC, en rojo, tenían una línea diagonal, también en rojo, intermitente: el WC adaptado estaba, cómo no, inutilizado.
Renfe miente con descaro y falta de vergüenza en su página web cuando habla de accesibilidad. La falta de mantenimiento, los recortes que no afectan a los sueldos (que no salarios, es otro concepto) de los directivos.
Como nos quedaban 5 horas de viaje, a las 17:02 comuniqué a @inforenfe (canal de propaganda de la empresa) la situación. Y como no recibí respuesta (¿qué respuesta puede dar un tuitero desde una pantalla en Madrid para un usuario del tren que circulará por no se sabe qué territorios del inframundo?), reiteré mi comunicación. Y así sin respuesta. Solución: reiterar una y otra vez vía twitter. Hasta que el tuitero de turno de @inforenfe me bloqueó. Y del @renfe, también
Decidí pedir al interventor del tren una hoja de reclamaciones. Y mi sorpresa fue cuando el interventor me dijo que le habían llamado desde Madrid, desde “atención al viajero” de Renfe para preguntarle qué estaba pasando, que había un bombardeo vía twitter quejándose. Éramos mi esposa y yo.
El interventor nos dijo que había contestado que, efectivamente, el WC adaptado había salido desde Santa Justa inutilizado y que él no lo había podido resetear porque el depósito del agua estaba vacío.
Poco rato después, el interventor nos comunica que le han llamado desde Santa Junta para decirle que habían llamado desde Madrid pidiendo explicaciones y, entre otras, que cómo había podido salir el tren con el WC inutilizado.
Y a todo esto, Renfe incumple la Ley de Discapacidad, pero nadie, ni el Ministerio ese de la señora Báñez (¡cuándo se habrá visto en otra más gorda!) ni la Junta de Extremadura, cuyo Presidente se manifiesta adalid en apoyo a la discapacidad, han iniciado, ni por asomo, ninguna investigación, ni mucho menos, una simple consulta sobre el cumplimiento de esa Ley a Renfe.
Renfe, en Extremadura, hace de su capa un sayo, y, como decía el final de la sentencia de Rafi Escobedo, lo hace sola y/o en compañía de otros. De la Junta de Extremadura. Por ejemplo.
Renfe incumple la Ley de Discapacidad y los organismos responsables de hacerla cumplir también, y por ello no se convierten en actores por omisión, sino en cómplices, puros cómplices. El Ministerio y la Junta de Extremadura.
Vale.
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