Cada año, cuando el Gobierno de la Nación presenta al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico siguiente, los partidos políticos, los agentes sociales y, a veces, los medios de comunicación regionales analizan el proyecto y determinan si beneficia o perjudica los intereses de un territorio o de un colectivo social o económico.
En el proyecto para 2014 de los PGE se incluye la previsión de que a 31 de diciembre del año próximo el número máximo de efectivos de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas será de 79.000. Es decir, disminuye en 1.000 respecto al presupuesto de 2013. O como dirían desde el gobierno, con el cínico e hipócrita neolenguaje que utilizan, el Estado se ahorrará pagar a 1.000 soldados. Un ahorro no, un recorte.
¿Qué sucede si analizamos el dato desde la perspectiva regionalizada? ¿Qué sucede si lo analizamos desde Extremadura, desde Cáceres? Sin duda, es una muy mala noticia.
Cuando en estos momentos el Ejército de Tierra se halla inmerso en la planificación de profundos cambios (Brigadas Polivalentes, estructura de la enseñanza militar), la pervivencia del Acuartelamiento de Santa Ana sigue en la misma incertidumbre (esquirla más, esquirla menos) que tenía en marzo de 2012. Que en octubre de 2013 se incorpore un ciclo de nuevos soldados no es más que una esquirla, un pequeño diente en la incertidumbre. Positivo, pero en ningún caso definitivo.
El proyecto de PGE 2014 parece ser que incluye la previsión de reposición de un máximo del 10% para cubrir bajas en las plantillas de funcionarios. Este máximo del 10% de reposición no afecta, no es de aplicación a nuevas convocatorias de soldados profesionales, que se realizarán, si se hacen a lo largo de 2014, en función del número máximo de efectivos que fija la Disposición Adicional correspondiente. Y siempre que el Ministerio de Hacienda autorice al de Defensa.
Por ello, la incertidumbre que se cierne desde que gobierna el Partido Popular sobre el futuro del CEFOT 1, del Acuartelamiento de Santa Ana, de Cáceres, sigue siendo la misma. Esfuerzos y gestiones (muy acertadas, por otra parte) en el seno del Ejército, dependen de decisiones políticas y económicas.
Las económicas ya las conocemos: un recorte de 1.000 efectivos de tropa y marinería que merma considerablemente las perspectivas de nuevas plazas de alumnos para los Centros de Formación. Además de otros recortes que los diversos capítulos del presupuesto, como pueden ser los de mantenimiento de la infraestructura y gastos corrientes.
Las políticas, desde Cáceres, desde Extremadura, también las conocemos ya.
Mientras que la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn, que cayó en el mismo saco de la incertidumbre que el CEFOT 1, en el mismo marzo de 2012, ya se sabe que continuará, por la decisión política tomada por el Ministro de Defensa a comienzos de julio de 2013, en Cáceres seguimos igual.
Mientras que en Talarn (Lleida, Catalunya), además de la continuidad del uso militar de la AGBS está garantizada y existe un proyecto civil, www.ecosed.es, que se plantea para dar contenido durante todo el año a las instalaciones militares y gestiona la formalización de un consorcio con los ayuntamientos de la zona, con la Generalitat y con el propio Ministerio de Defensa, en Cáceres una pancarta, vergonzante, cuelga del balcón del Ayuntamiento. Vergonzante porque detrás de la pancarta está el despacho de la alcasenadora Elena Nevado, que ha demostrado en este asunto que no está capacitada para defender los intereses de la ciudad, ni desde ese despacho ni desde el escaño de senadora en Madrid.
La incompetencia en este asunto del Acuartelamiento de Santa Ana de la alcasenadora Nevado se ve muy bien acompañada por el silencio, el mutismo, de Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular para toda suerte de chascarrillos y justificaciones diferidas, pero mudo en la defensa de los intereses de la circunscripción electoral que le dio el escaño en el Congreso.
Claro, que la incompetencia de la alcasenadora Nevado y el mutismo vergonzante de Carlos Floriano tienen un acompañamiento fundamental, sin el cual no estarían tan tranquilos abandonando a su suerte a la instalación militar. El silencio de José Antonio Monago, que, como se trata de un asunto de la provincia de Cáceres, de la capital cacereña, a él ni le va ni le viene. Si el asunto afectara a Badajoz, a Mérida, otra gallo cantaría, pero como es un asunto local el otras veces gallo (gallito) Monago, permanece afónico. También pudiera ocurrir que su Jefe de Prensa y Propaganda no encuentre el punto redondo en el marketing falseador para el asunto.
Ahora comienza el debate presupuestario, ahora es cuando al Partido Popular le corresponde garantizar, presupuestariamente, la continuidad del Acuartelamiento de Santa Ana. Pero puede suceder como en diciembre de 2012, cuando los senadores por la provincia de Cáceres, Elena Nevado, Diego Sánchez Duque y Alberto Casero (el ínclito alcalde de Trujillo) votaron en contra de la continuidad de Santa Ana. Y se quedaron tan frescos, porque nadie les pidió cuenta.
De la servil y seguidista Plataforma que al parecer existe, mejor no decir nada, porque para nada sirve.
Ya veremos en qué queda la reestructuración de la enseñanza militar, en qué quedan las infraestructuras destinadas a la enseñanza militar y cómo se desarrolla, en este asunto, la tramitación parlamentaria de los PGE 2014.
De momento, ya sabemos que cuando se tramitaron los de 2013 se produjeron flagrantes traiciones. Sería deseable que no se repitieran.
Vale.
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