Archivos para efectivos de tropa y marinería

En las previsiones de Transformación de las Fuerzas Armadas, presentada el pasado 29 de enero a los medios de comunicación, se dejaba meridianamente claro que para el volumen total de efectivos, una parte, la mayor, la conformarán lo que, en un lenguaje a ras de cómo la ciudadanía (escasa en cultura de Defensa, y no por culpa, precisamente, de esa ciudadanía) entiende lo que son las FAS, los operativos, unos 67.000 efectivos, en diversos “niveles de operatividad militar”. Y el resto, unos 53.000 estarían encuadrados en lo que se llama “apoyo a la fuerza”, incluidos los Cuarteles Generales.

Diversos analistas expertos en temas de Defensa, parecen concluir en algo que, además de cierto, es la madre de todos los corderos: la disminución del presupuesto de Defensa sin disminuir realmente el presupuesto del Capítulo I, el de Personal. En estos momentos, sobre un presupuesto de Defensa de 5.700 millones de euros, un 75% está destinado a gastos de personal.

Los expertos en la materia no se ponen de acuerdo en cómo disminuir el Capítulo I, pero sí saben dónde no se disminuiría ese apartado presupuestario. Por ejemplo, no se puede disminuir, mediante una reserva para mandos de largo alcance cuantitativo, porque el ahorro sería cambiar de casilla presupuestaria las retribuciones de esos mandos.

Por ejemplo, la disminución de efectivos de tropa y marinería, sometidos a contratos periódicos (salvo los que consiguen ser tropa permanente). El BOE publicó el 3 de enero cuántos eran los efectivos con los que contaban, a 31 de diciembre de 2013, las FAS.

Categoría militar

Numero de efectivos indicados en el art. 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio

Oficiales

26.359

Suboficiales

28.890

Tropa y marinería

77.033

Total

132.282

Del total de 132.282 efectivos, la suma de mandos (oficiales y suboficiales) es de 55.290, y el resto, por tanto, tropa. La ratio resultante de cuántos efectivos de tropa y marinería hay por cada mando es de poco menos de 1,40. Aunque la estructura jerarquizada de los Ejércitos corrige en realidad esa ratio. Siguiendo el lenguaje menos cercano a la cultura de Defensa, estaríamos que hay menos de 1,40 soldados por cada mando.

Recortar tropa y marinería es complicado, entre otras cuestiones porque los efectivos “operativos”, además de una pirámide jerárquica, conforman una pirámide de edad que es preciso renovar. En mandos y en tropa. En la práctica, los 53.000 efectivos de “apoyo a la fuerza y los cuarteles generales” deberían ser (aparentemente) en su mayoría quienes ya han pasado por las unidades operativas y, por edad, antigüedad, o cualquier situación similar, van obteniendo destino en estas unidades de apoyo. De hecho, el sábado 8 de febrero de 2014, el BOE publicará una convocatoria de 2.000 plazas a cubrir este año. Efectivos necesarios para cubrir bajas y para que la pirámide edad se pueda rejuvenecer.

Desde el punto de vista militar, exclusivamente militar, la disminución del capítulo I de los PGE sería reducir la estructura, pasando a la reserva a los mandos correspondientes (esto ya hemos visto que no reduce, sino que cambia de sitio), y disminuyendo la tropa (esto sí reduciría ese apartado de personal).

El JEMAD, en su presentación a los medios de comunicación colocó, en la misma línea los 53.000 efectivos de apoyo a la fuerza, a 20.000 civiles. De la comparación de los datos del Capítulo I de los PGE de Defensa con los datos de efectivos militares, resultarían en el Ministerio unos 25.500 civiles (funcionarios y laborales).

Y es en este apartado en el único en el que sería posible disminuir el Capítulo I del Ministerio sin desplazar costes de personal de un ministerio a otro. El JEMAD, no sé si intencionadamente o no, colocó a esos 20.000 civiles, mayoritariamente personal laboral, en el punto de mira de el mejor camino posible para disminuir entre un 5 y un 10% ese capítulo I. Porque desde la Reforma Laboral es posible que la Administración, y así lo están haciendo en muchos casos, pueda formular EREs, tanto en Empresas Públicas como en organismos de la estructura general.

Formular un ERE, en el ámbito de Defensa, para disminuir el peso del Capítulo I en el conjunto del presupuesto, podría estar perfectamente justificado en causas de organización. La Transformación de las Fuerzas Armadas sería esa causa objetiva para que un ERE fuera viable.

 Otra cosa es que la Reforma Laboral no sea más que un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas neoliberal contra el Estado del Bienestar. Pero eso es otra cuestión. Muy dura y manifiestamente injusta.

 Vale.

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Cada año, cuando el Gobierno de la Nación presenta al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico siguiente, los partidos políticos, los agentes sociales y, a veces, los medios de comunicación regionales analizan el proyecto y determinan si beneficia o perjudica los intereses de un territorio o de un colectivo social o económico.

En el proyecto para 2014 de los PGE se incluye la previsión de que a 31 de diciembre del año próximo el número máximo de efectivos de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas será de 79.000. Es decir, disminuye en 1.000 respecto al presupuesto de 2013. O como dirían desde el gobierno, con el cínico e hipócrita neolenguaje que utilizan, el Estado se ahorrará pagar a 1.000 soldados. Un ahorro no, un recorte.

¿Qué sucede si analizamos el dato desde la perspectiva regionalizada? ¿Qué sucede si lo analizamos desde Extremadura, desde Cáceres? Sin duda, es una muy mala noticia.

Cuando en estos momentos el Ejército de Tierra se halla inmerso en la planificación de profundos cambios (Brigadas Polivalentes, estructura de la enseñanza militar), la pervivencia del Acuartelamiento de Santa Ana sigue en la misma incertidumbre (esquirla más, esquirla menos) que tenía en marzo de 2012. Que en octubre de 2013 se incorpore un ciclo de nuevos soldados no es más que una esquirla, un pequeño diente en la incertidumbre. Positivo, pero en ningún caso definitivo.

El proyecto de PGE 2014 parece ser que incluye la previsión de reposición de un máximo del 10% para cubrir bajas en las plantillas de funcionarios. Este máximo del 10% de reposición no afecta, no es de aplicación a nuevas convocatorias de soldados profesionales, que se realizarán, si se hacen a lo largo de 2014, en función del número máximo de efectivos que fija la Disposición Adicional correspondiente. Y siempre que el Ministerio de Hacienda autorice al de Defensa.

Por ello, la incertidumbre que se cierne desde que gobierna el Partido Popular sobre el futuro del CEFOT 1, del Acuartelamiento de Santa Ana, de Cáceres, sigue siendo la misma. Esfuerzos y gestiones (muy acertadas, por otra parte) en el seno del Ejército, dependen de decisiones políticas y económicas.

Las económicas ya las conocemos: un recorte de 1.000 efectivos de tropa y marinería que merma considerablemente las perspectivas de nuevas plazas de alumnos para los Centros de Formación. Además de otros recortes que los diversos capítulos del presupuesto, como pueden ser los de mantenimiento de la infraestructura y gastos corrientes.

Las políticas, desde Cáceres, desde Extremadura, también las conocemos ya.

Mientras que la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn, que cayó en el mismo saco de la incertidumbre que el CEFOT 1, en el mismo marzo de 2012, ya se sabe que continuará, por la decisión política tomada por el Ministro de Defensa a comienzos de julio de 2013, en Cáceres seguimos igual.

Mientras que en Talarn (Lleida, Catalunya), además de la continuidad del uso militar de la AGBS está garantizada y existe un proyecto civil, www.ecosed.es, que se plantea para dar contenido durante todo el año a las instalaciones militares y gestiona la formalización de un consorcio con los ayuntamientos de la zona, con la Generalitat y con el propio Ministerio de Defensa, en Cáceres una pancarta, vergonzante, cuelga del balcón del Ayuntamiento. Vergonzante porque detrás de la pancarta está el despacho de la alcasenadora Elena Nevado, que ha demostrado en este asunto que no está capacitada para defender los intereses de la ciudad, ni desde ese despacho ni desde el escaño de senadora en Madrid.

La incompetencia en este asunto del Acuartelamiento de Santa Ana de la alcasenadora Nevado se ve muy bien acompañada por el silencio, el mutismo, de Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular para toda suerte de chascarrillos y justificaciones diferidas, pero mudo en la defensa de los intereses de la circunscripción electoral que le dio el escaño en el Congreso.

Claro, que la incompetencia de la alcasenadora Nevado y el mutismo vergonzante de Carlos Floriano tienen un acompañamiento fundamental, sin el cual no estarían tan tranquilos abandonando a su suerte a la instalación militar. El silencio de José Antonio Monago, que, como se trata de un asunto de la provincia de Cáceres, de la capital cacereña, a él ni le va ni le viene. Si el asunto afectara a Badajoz, a Mérida, otra gallo cantaría, pero como es un asunto local el otras veces gallo (gallito) Monago, permanece afónico. También pudiera ocurrir que su Jefe de Prensa y Propaganda no encuentre el punto redondo en el marketing falseador para el asunto.

Ahora comienza el debate presupuestario, ahora es cuando al Partido Popular le corresponde garantizar, presupuestariamente, la continuidad del Acuartelamiento de Santa Ana. Pero puede suceder como en diciembre de 2012, cuando los senadores por la provincia de Cáceres, Elena Nevado, Diego Sánchez Duque y Alberto Casero (el ínclito alcalde de Trujillo) votaron en contra de la continuidad de Santa Ana. Y se quedaron tan frescos, porque nadie les pidió cuenta.

De la servil y seguidista Plataforma que al parecer existe, mejor no decir nada, porque para nada sirve.

Ya veremos en qué queda la reestructuración de la enseñanza militar, en qué quedan las infraestructuras destinadas a la enseñanza militar y cómo se desarrolla, en este asunto, la tramitación parlamentaria de los PGE 2014.

De momento, ya sabemos que cuando se tramitaron los de 2013 se produjeron flagrantes traiciones. Sería deseable que no se repitieran.

Vale.

Las restricciones presupuestarias impuestas por Angela Merkel a Mariano Rajoy hacen que en 2013 la Oferta de Empleo Público sea incluso más raquítica que en 2012. Y la “administración” que el Gobierno de Mariano Rajoy hace de los mandatos de Merkel demuestran su forma de entender el gobierno, castigando, siempre a los segmentos en los que resulta más sencillo recortar para no gastar y así poder presentar a su ama los sacrificios que la austeridad, según la doctrina económica neoliberal, requiere.

Y en las ofertas de empleo público, donde la destrucción es masiva, un gobierno que es fuerte con los débiles y sumiso con los poderesos lo demuestra. El mandato legal de oferta empleo, restringida al máximo, comienza a cumplir en el Consejo de… Tramposos de 22 de marzo, con la convocatoria general, que termina con un párrafo significativo: “Por último, en próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará los correspondientes Reales Decretos de Oferta Pública de Empleo para el Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Fuerzas Armadas”.

El 12 de abril de 2013, el Consejo de… Tramposos aprobó las ofertas para la Guardia Civil y la Policía Nacional… y en la referencia oficial, ningún atisbo de la oferta para las Fuerzas Armadas.

En estos momentos de crisis económica, en la que los recortes sangrantes afectan a la educación, con destrucción de plazas de maestros, a la sanidad, con supresión de miles de puestos de trabajo de médicos, enfermeros, auxiliares, con eliminación en la práctica de las ayudas necesarias a la dependencia, es complicado entender que en Policía y Guardia Civil se convoquen plazas, 134, por ejemplo, para esta última. En números reales, una miseria. Pero, con independencia del mal uso que un gobierno de cobardes hace de las FCSE para protegerse y proteger a los causantes de la crisis, si se habla con los sindicatos policiales, la crítica es radical. Porque la oferta es insuficiente.

En el caso de las Fuerzas Armadas, al día de hoy, viernes 3 de mayo, sigue sin publicarse la oferta pública de empleo. El número de bajas de efectivos de tropa es clamoroso, y el número máximo fijado en la Ley de Presupuestos, de 80.000 es hoy día un tope impensable de alcanzar en un plazo de varios años. A salvo, claro, de que el Ministerio de Hacienda, con la connivencia del de Defensa esté pensando en bajar considerablemente ese número máximo. Al día de hoy, es más que probable que esos efectivos estén en torno a los 78.000. O lo que es lo mismo, el gobierno de Rajoy ha mandado al paro en un año a unos 2.000 militares. No está mal. Menos gente para desfilar en el Día del Coñazo, que diría Mariano.

Sin embargo, la oferta de empleo público 2013 es obligatorio convocarla, también, en las Fuerzas Armadas. Es obligatorio porque lo manda la Ley. Otra cosa es que se oferten plazas de soldados y marineros. Pero el tope de reposición del 10% es de aplicación, legal, para oficiales y suboficiales y para los cuerpos comunes (jurídicos, interventores). Muy pocas plazas, muy pocas, pero que el gobierno de Rajoy tiene la obligación legal de convocar.

Como es obligatorio, también, que el mandato legal se cumpla y se convoquen las plazas legales de promoción interna. Obligatorio.

Sin embargo, estas obligaciones legales no parece que apremien mucho al Partido Popular. La razón es muy sencilla: los militares, con unas incipientes asociaciones profesionales, no tienen capacidad de presión sindical.

Pero, aunque el debate militarismo/antimilitarismo sea recurrente, o pacifismo/belicismo también, la necesidad de rejuvenecer las pirámides de edad de los soldados y marineros deberían haber llevado ya a este gobierno de incapaces a convocar las plazas necesarias.

Vale.