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Pensaba titular este post “Fidelización del voto”, pero caminar con la lámpara de minero en la cabeza me ha iluminado un titular mejor. Viene a cuento por la reacción, que no para, que ha tenido José Antonio Monago ante la boutade de Sánchez Castejón (ya aclarada) de suprimir el Ministerio de Defensa.
Monago busca que sus feladores transmitan una imagen de hombre de Estado con su defensa del Ministerio de Defensa (las tautologías no son buenas consejeras). Bueno, Monago, no. Es su jefe, el titiritero que mueve los hilos de la Marioneta de Estado que esta cruzada está haciendo de él.
Básicamente, Iván Redondo piensa (él sí, Monago no sabe) que todos los militares y sus familias son votantes del PP. Probablemente no vaya desencaminado. O sí. Y lo que está haciendo es campaña para fidelizar ese voto. Y, como suele sucede cuando un lego se mete donde no sabe, pues eso, se hace un Castejón: la caga.
Estos muchachos del PP han presentado una propuesta en la Asamblea de Extremadura defendiendo al Ministerio de Defensa y, sobre todo, defendiendo a los 4.000 militares y sus familias que moran en Extremadura, que no a los “militares extremeños”. Pero, ¿hay 4.000 militares en Extremadura? Rotundamente, no. Hay más, muchos más. Porque en ese número, el que maneja los hilos de la marioneta de Estado olvida a los guardias civiles, que también son militares, y cuyas circunstancias personales (orgánicas, diríase) dependen del Ministerio de Defensa, aunque sus circunstancias funcionales estén adscritas al Ministerio del Interior. La primera, por tanto, en la frente. En Extremadura hay más, muchos más, de 4.000 militares.
Pero toca fidelizar el voto. Monago, digo Iván Redondo, le está diciendo a su partido que necesita esos 4.000 votos de militares y los de sus familias desesperadamente. Hay que arañar como sea, que las cosas no pintan bien. A Monago, digo a Ivancito, le da igual las “infraestructuras” que Defensa tenga en Extremadura, le interesan los 4.000 votos que cree que son suyos, que son de su patrimonio, que son votos fieles. De esos 4.000 votos, solamente menos de un 4%, una miseria, vamos, están en Cáceres, en el CEFOT 1. A Monago, digo a su titiritero, le dan igual, son muy pocos. Quieren la suma gorda.
Porque a Monago, a Iván Redondo y a todo el Partido Popular, los militares, ciudadanos de uniforme, les traen sin cuidado. Solamente los quieren para que les voten. Seguro que sí ahora mismo, a palo seco, se le pregunta a Monago, o mejor dicho, a su mentor, Iván, sobre la capitán juez Moncada, sobre la capitán Cantera, sobre el teniente Segura, no tienen ni puta idea de qué se habla.
Por si a Monago, a Iván o a cualquier dirigente del PP de Extremadura se le pregunta por ATME, por ASFASPRO, por AUME, por AUGC, no tienen ni puta idea. Y lo que es peor, ni les interesa.
Los militares, debería saberlo esta marioneta de Estado, son ciudadanos, de uniforme, pero ciudadanos, que cada día más creen que sus derechos no existen, a pesar de sentencias ya firmes incluso del TEDH. Los ciudadanos de uniforme son personas, como diría un tronista de MYHYV, son personas humanas.
¿Qué sabe Monago de lo que denuncia en su libro “Un paso al frente” el teniente Segura? ¿Qué sabe Monago de lo que le ha ocurrido a la capitán Cantera por denunciar a un coronel por acoso? ¿Qué sabe Monago de que a una juez, capitán por más señas, un coronel le impidiera el ejercicio de su función, sagrada, de juez?
¿Qué sabe Monago, ni Iván, de qué futuro le espera a muchos militares “extremeños” que en los próximos años irán cumpliendo los 45? ¿Sabe qué futuro les ofrece su partido, “su” Ministerio de Defensa?
¿Qué sabe Monago, qué sabe Ivancito, de la contestación que la Ley de la Guardia Civil está teniendo? ¿Por qué a Monago “se le olvida” que los guardias civiles son militares?
Buscar la fidelización del voto de quienes se creen que son votantes suyos por la gracia de Dios, puede tener efectos perversos.
Decirle a “su” Ministerio de Defensa que me dan igual los 150 militares “extremeños” del Cefot de Cáceres, que yo lo que quiero es que haya 4.000, me da igual dónde estén, es muy tranquilizador para ese Centro cacereño.
Buscar la fidelización del voto y convertirse en marioneta de Estado solamente le puede pasar a un indocumentado en manos de un titiritero que le mueve los hilos de feria en feria, de pueblo en pueblo, de portada en portada.
Vale.
¿Saben aquel que diu…? Algo de eso le pasó a Sánchez Castejón en la entrevista “desenfadada” que publicó El Mundo. Claro. Hay que estar en todos los medios, dicen los afiliados, también en los que aprovecharán cualquier descuido para apuñalarte. Y si todo lo fías a la imagen y a lo que te dice el gurú de turno, terminas diciendo que suprimirás el Ministerio de Defensa.
De inmediato, desde Extremadura, donde el Ministerio de Defensa tiene sin decidir si cierra el CEFOT de Cáceres (y mantiene abierto el de San Fernando), saltan otros indocumentados. La alcasenadora Nevado, que ha votado dos veces en el Senado, con motivo de los PGE 2013 y 2014, en contra de dos PNLs, que pedían que se mantuviera abierto, viene a decir “a los socialistas” que si se cierra el Cefot será culpa de… Castejón.
Sin embargo, lo fuerte, lo potente, ha sido la reacción de “hombre de estado” que ha tenido José Antonio Monago, ese señor que lleva siendo tres años mantenido en el gobierno de la Junta de Extremadura por tres comunistas de pro. Ese señor que, si uno ve el titular que ha puesto su periodista de corte, parece que dirige los designios de todo un país. Claro que…
En su afán por hacer méritos ante la dirección de su partido criticando, con el engolamiento propio de los inanes e ignaros, al jefe de la oposición, lo que ha hecho Monago es poner una piedra más en la losa del futuro del Cefot.
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que, por ejemplo, el jefe del Ejército, el que tiene que proponer al Ministro cuál de los dos CEFOTs existentes, les dice a los militares destinados en el de Cáceres que si se cierra, tienen muchas opciones de colocarse en Badajoz. Es un suponer.
Vamos a suponer que en el Estado Mayor del Ejército algún analista, algún sesudo analista, lee las declaraciones de Monago-Hombre-De-Estado y dice: a este Monago lo que le interesan son los 3.822 militares que hay en Extremadura. Como el escaso 4% de Cáceres podría colocarse en Badajoz, Monago seguiría teniendo sus 3.822 votos, digo, militares. Ergo, da igual, el Cefot de Cáceres se cierra y Monago mantiene su granero.
Que un indocumentado se meta donde no le llaman (llámese Castejón o llámese Monago) suele tener consecuencias. En el caso del Secretario General del PSOE ya ha habido rectificación. En el caso de Monago, ni la ha habido ni la habrá: su hoja parroquial de cabecera le ha dedicado una portada en la que parece alguien, y su escribano ha publicado un artículo que reproduce su discurso, adornado con chorradas y refritos.
Además, se da la circunstancia, en el caso del Cefot que Monago en su discurso (ver despacho de la agencia EFE del sábado 4 de octubre) miente: en Cáceres NUNCA ha habido manifestaciones por la continuidad del Cefot. Miente porque no sabe de lo que habla. Y porque se ha acostumbrado a hacerlo.
Además, se da la circunstancia, en el caso del Cefot que Monago NUNCA ha hecho nada, absolutamente nada, por garantizar su continuidad. Y si no, que lo desmienta, con datos y documentos, no con palabras.
Vale.
A Monago, el estadista, no le preocupa, en realidad, que pudiera desaparecer el Ministerio de Defensa, a Monago le preocupan los votos de los militares. Le preocupa no tanto que dejen de votar al PP, sino que no huyan hacia, por ejemplo el PSOE. De ahí que haga hincapié en que en Extremadura hay 3.822 familias que viven del Ministerio de Defensa. Y las desglosa, como lo hace el cortesano periodista. De esas 3.822 familias, unas 150 están en el Cefot de Cáceres. O lo que es lo mismo: el 4% están en el centro cacereño.
En las previsiones de Transformación de las Fuerzas Armadas, presentada el pasado 29 de enero a los medios de comunicación, se dejaba meridianamente claro que para el volumen total de efectivos, una parte, la mayor, la conformarán lo que, en un lenguaje a ras de cómo la ciudadanía (escasa en cultura de Defensa, y no por culpa, precisamente, de esa ciudadanía) entiende lo que son las FAS, los operativos, unos 67.000 efectivos, en diversos “niveles de operatividad militar”. Y el resto, unos 53.000 estarían encuadrados en lo que se llama “apoyo a la fuerza”, incluidos los Cuarteles Generales.
Diversos analistas expertos en temas de Defensa, parecen concluir en algo que, además de cierto, es la madre de todos los corderos: la disminución del presupuesto de Defensa sin disminuir realmente el presupuesto del Capítulo I, el de Personal. En estos momentos, sobre un presupuesto de Defensa de 5.700 millones de euros, un 75% está destinado a gastos de personal.
Los expertos en la materia no se ponen de acuerdo en cómo disminuir el Capítulo I, pero sí saben dónde no se disminuiría ese apartado presupuestario. Por ejemplo, no se puede disminuir, mediante una reserva para mandos de largo alcance cuantitativo, porque el ahorro sería cambiar de casilla presupuestaria las retribuciones de esos mandos.
Por ejemplo, la disminución de efectivos de tropa y marinería, sometidos a contratos periódicos (salvo los que consiguen ser tropa permanente). El BOE publicó el 3 de enero cuántos eran los efectivos con los que contaban, a 31 de diciembre de 2013, las FAS.
Categoría militar |
Numero de efectivos indicados en el art. 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio |
|---|---|
Oficiales |
26.359 |
Suboficiales |
28.890 |
Tropa y marinería |
77.033 |
Total |
132.282 |
Del total de 132.282 efectivos, la suma de mandos (oficiales y suboficiales) es de 55.290, y el resto, por tanto, tropa. La ratio resultante de cuántos efectivos de tropa y marinería hay por cada mando es de poco menos de 1,40. Aunque la estructura jerarquizada de los Ejércitos corrige en realidad esa ratio. Siguiendo el lenguaje menos cercano a la cultura de Defensa, estaríamos que hay menos de 1,40 soldados por cada mando.
Recortar tropa y marinería es complicado, entre otras cuestiones porque los efectivos “operativos”, además de una pirámide jerárquica, conforman una pirámide de edad que es preciso renovar. En mandos y en tropa. En la práctica, los 53.000 efectivos de “apoyo a la fuerza y los cuarteles generales” deberían ser (aparentemente) en su mayoría quienes ya han pasado por las unidades operativas y, por edad, antigüedad, o cualquier situación similar, van obteniendo destino en estas unidades de apoyo. De hecho, el sábado 8 de febrero de 2014, el BOE publicará una convocatoria de 2.000 plazas a cubrir este año. Efectivos necesarios para cubrir bajas y para que la pirámide edad se pueda rejuvenecer.
Desde el punto de vista militar, exclusivamente militar, la disminución del capítulo I de los PGE sería reducir la estructura, pasando a la reserva a los mandos correspondientes (esto ya hemos visto que no reduce, sino que cambia de sitio), y disminuyendo la tropa (esto sí reduciría ese apartado de personal).
El JEMAD, en su presentación a los medios de comunicación colocó, en la misma línea los 53.000 efectivos de apoyo a la fuerza, a 20.000 civiles. De la comparación de los datos del Capítulo I de los PGE de Defensa con los datos de efectivos militares, resultarían en el Ministerio unos 25.500 civiles (funcionarios y laborales).
Y es en este apartado en el único en el que sería posible disminuir el Capítulo I del Ministerio sin desplazar costes de personal de un ministerio a otro. El JEMAD, no sé si intencionadamente o no, colocó a esos 20.000 civiles, mayoritariamente personal laboral, en el punto de mira de el mejor camino posible para disminuir entre un 5 y un 10% ese capítulo I. Porque desde la Reforma Laboral es posible que la Administración, y así lo están haciendo en muchos casos, pueda formular EREs, tanto en Empresas Públicas como en organismos de la estructura general.
Formular un ERE, en el ámbito de Defensa, para disminuir el peso del Capítulo I en el conjunto del presupuesto, podría estar perfectamente justificado en causas de organización. La Transformación de las Fuerzas Armadas sería esa causa objetiva para que un ERE fuera viable.
Otra cosa es que la Reforma Laboral no sea más que un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas neoliberal contra el Estado del Bienestar. Pero eso es otra cuestión. Muy dura y manifiestamente injusta.
Vale.
El pasado 29 de enero, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa presentó el “Proceso de transformación de las Fuerzas Armadas” en una convocatoria de prensa. Las informaciones recogidas por los diversos medios de comunicación presentes en la convocatoria y los análisis, todavía escasos, que del documento y los datos se han hecho, se desprenden algunas cuestiones. La primera, algo que nadie ha puesto en duda, es la necesidad de una profunda transformación de las FAS, adaptadas y adaptables cada vez más a los nuevos y cambiantes tiempos. La segunda, la necesidad de adecuar las FAS a las disponibilidades presupuestarias o, al contrario, tratar de adecuar los presupuestos a las FAS (es decir, aumentar el presupuesto, el % del PIB dedicado a la Defensa). La tercera, que viene de las asociaciones de militares, es que a los directamente afectados, a los militares, no se les ha consultado.
De los datos y previsiones presentados por el JEMAD, aparecen dos grandes bloques: las necesidades puramente operativas (prioridad fundamental y básica, la fuerza), y las de apoyo a la fuerza y cuarteles generales. En el primer grupo estarían 67.000 efectivos y en el segundo, 53.000 militares y 20.000 civiles.
Este escenario, pudiéramos decir que macro-defensa, se traduce cuando se van bajando escalones, se van definiendo espacios, se van desentrañando grupos, y así llegamos a cómo este proceso de transformación puede afectar, por ejemplo, a pequeñas ciudades, o medianas, en las que la presencia de una guarnición militar ayuda a las economías locales. Cáceres, por ejemplo, donde está aposentado el Centro de Formación de Tropa nº 1.
Es cierto que en 2013 y en lo que se conoce de 2014 el CEFOT 1 de Cáceres está teniendo y va a tener actividad, pero frases como que se pretenden centralizar centros y escuelas de los tres ejércitos, o que se entienda que se precisa una drástica reducción de estos centros y escuelas, vuelven a poner en cuestión el futuro.
El Centro existente en Cáceres no está en las prioridades de los 67.000 efectivos recogidos en el documento del JEMAD (http://www.emad.mde.es/EMAD/novemad/noticias/2014/01/140128_presentacion_JEMAD_transformacion.html) sino que forma parte de los 53.000 efectivos “no priorizados”, los de apoyo a la fuerza y cuarteles generales, sobre los que posible realizar ajustes.
En un artículo publicado en Atenea Digital, el Jorge Ortega, General de División retirado, al analizar el documento, se refiere a esa cifra de 53.000 efectivos “no priorizados” y la destaca como el primer elemento negativo del siguiente modo: “El futuro de los 53.000 efectivos no priorizados no es sólo oscuro. Yo lo veo absolutamente negro. Estamos hablando de casi la mitad de los ejércitos.”(http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_16487_ESP.asp) Como en otras muchas publicaciones, ya sean puramente informativas o de análisis, las referencias son los 53.000 efectivos militares “no priorizados”, pero se olvidan de los 20.000 civiles metidos en el mismo saco.
En los PGE para 2014, aparece en el Capítulo I, de la Sección 14, un total de 158.090 personas. De ellos, 391 son eventuales, y por tanto, el resto, 157.696 de “plantilla”, entre militares de carrera o de tropa y marinería (contratos), funcionarios civiles y personal laboral, también civil. A 1 de enero de 2014 el total de efectivos militares, según publicó el propio Ministerio de Defensa en el B.O.E., eran de 132.282.
Con estos datos, descontados los efectivos militares del Ministerio de Defensa, quedan 25.414 civiles… y el JEMAD, en su documento señala 20.000 civiles no priorizados. O lo que es lo mismo, sensu contrario, para el Ministerio habría 5.414 civiles priorizados, en el mismo nivel de importancia que los 67.000 de la fuerza operativa.
Con estos números, con lo que se conoce, las perspectivas para unidades militares sobre las que se puede ejercer la reducción de efectivos, como el CEFOT 1 de Cáceres, y el hecho que de que haya unos 20.000 civiles cuya futura relación laboral está en entredicho, solamente cabe ejercer una potente presión política. Y los militares, como ya vienen señalando las asociaciones, procurar ser primero informados, y, después que se tengan en cuenta sus opiniones, y se tenga en cuenta la influencia negativa sobre sus entornos familiares.
Vale.
Cada año, cuando el Gobierno de la Nación presenta al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico siguiente, los partidos políticos, los agentes sociales y, a veces, los medios de comunicación regionales analizan el proyecto y determinan si beneficia o perjudica los intereses de un territorio o de un colectivo social o económico.
En el proyecto para 2014 de los PGE se incluye la previsión de que a 31 de diciembre del año próximo el número máximo de efectivos de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas será de 79.000. Es decir, disminuye en 1.000 respecto al presupuesto de 2013. O como dirían desde el gobierno, con el cínico e hipócrita neolenguaje que utilizan, el Estado se ahorrará pagar a 1.000 soldados. Un ahorro no, un recorte.
¿Qué sucede si analizamos el dato desde la perspectiva regionalizada? ¿Qué sucede si lo analizamos desde Extremadura, desde Cáceres? Sin duda, es una muy mala noticia.
Cuando en estos momentos el Ejército de Tierra se halla inmerso en la planificación de profundos cambios (Brigadas Polivalentes, estructura de la enseñanza militar), la pervivencia del Acuartelamiento de Santa Ana sigue en la misma incertidumbre (esquirla más, esquirla menos) que tenía en marzo de 2012. Que en octubre de 2013 se incorpore un ciclo de nuevos soldados no es más que una esquirla, un pequeño diente en la incertidumbre. Positivo, pero en ningún caso definitivo.
El proyecto de PGE 2014 parece ser que incluye la previsión de reposición de un máximo del 10% para cubrir bajas en las plantillas de funcionarios. Este máximo del 10% de reposición no afecta, no es de aplicación a nuevas convocatorias de soldados profesionales, que se realizarán, si se hacen a lo largo de 2014, en función del número máximo de efectivos que fija la Disposición Adicional correspondiente. Y siempre que el Ministerio de Hacienda autorice al de Defensa.
Por ello, la incertidumbre que se cierne desde que gobierna el Partido Popular sobre el futuro del CEFOT 1, del Acuartelamiento de Santa Ana, de Cáceres, sigue siendo la misma. Esfuerzos y gestiones (muy acertadas, por otra parte) en el seno del Ejército, dependen de decisiones políticas y económicas.
Las económicas ya las conocemos: un recorte de 1.000 efectivos de tropa y marinería que merma considerablemente las perspectivas de nuevas plazas de alumnos para los Centros de Formación. Además de otros recortes que los diversos capítulos del presupuesto, como pueden ser los de mantenimiento de la infraestructura y gastos corrientes.
Las políticas, desde Cáceres, desde Extremadura, también las conocemos ya.
Mientras que la Academia General Básica de Suboficiales, en Talarn, que cayó en el mismo saco de la incertidumbre que el CEFOT 1, en el mismo marzo de 2012, ya se sabe que continuará, por la decisión política tomada por el Ministro de Defensa a comienzos de julio de 2013, en Cáceres seguimos igual.
Mientras que en Talarn (Lleida, Catalunya), además de la continuidad del uso militar de la AGBS está garantizada y existe un proyecto civil, www.ecosed.es, que se plantea para dar contenido durante todo el año a las instalaciones militares y gestiona la formalización de un consorcio con los ayuntamientos de la zona, con la Generalitat y con el propio Ministerio de Defensa, en Cáceres una pancarta, vergonzante, cuelga del balcón del Ayuntamiento. Vergonzante porque detrás de la pancarta está el despacho de la alcasenadora Elena Nevado, que ha demostrado en este asunto que no está capacitada para defender los intereses de la ciudad, ni desde ese despacho ni desde el escaño de senadora en Madrid.
La incompetencia en este asunto del Acuartelamiento de Santa Ana de la alcasenadora Nevado se ve muy bien acompañada por el silencio, el mutismo, de Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular para toda suerte de chascarrillos y justificaciones diferidas, pero mudo en la defensa de los intereses de la circunscripción electoral que le dio el escaño en el Congreso.
Claro, que la incompetencia de la alcasenadora Nevado y el mutismo vergonzante de Carlos Floriano tienen un acompañamiento fundamental, sin el cual no estarían tan tranquilos abandonando a su suerte a la instalación militar. El silencio de José Antonio Monago, que, como se trata de un asunto de la provincia de Cáceres, de la capital cacereña, a él ni le va ni le viene. Si el asunto afectara a Badajoz, a Mérida, otra gallo cantaría, pero como es un asunto local el otras veces gallo (gallito) Monago, permanece afónico. También pudiera ocurrir que su Jefe de Prensa y Propaganda no encuentre el punto redondo en el marketing falseador para el asunto.
Ahora comienza el debate presupuestario, ahora es cuando al Partido Popular le corresponde garantizar, presupuestariamente, la continuidad del Acuartelamiento de Santa Ana. Pero puede suceder como en diciembre de 2012, cuando los senadores por la provincia de Cáceres, Elena Nevado, Diego Sánchez Duque y Alberto Casero (el ínclito alcalde de Trujillo) votaron en contra de la continuidad de Santa Ana. Y se quedaron tan frescos, porque nadie les pidió cuenta.
De la servil y seguidista Plataforma que al parecer existe, mejor no decir nada, porque para nada sirve.
Ya veremos en qué queda la reestructuración de la enseñanza militar, en qué quedan las infraestructuras destinadas a la enseñanza militar y cómo se desarrolla, en este asunto, la tramitación parlamentaria de los PGE 2014.
De momento, ya sabemos que cuando se tramitaron los de 2013 se produjeron flagrantes traiciones. Sería deseable que no se repitieran.
Vale.
Cuando en el año 2012, durante el primer trimestre, se conoció la situación de cierre provisional de determinadas instalaciones militares (entre ellas, la Academia General Básica de Suboficiales, con sede en le pueblo ilerdense de Talarn, y el Centro de Formación de Tropa nº 1, de Cáceres), los movimientos políticos para evitar que aquellos cierres provisionales se convirtieran en cierres definitivos, han sido muy diferentes en las localidades afectadas. Mientras la comarca del Pallars y la Diputación leridana lideraron la reivindicación por el mantenimiento de la instalación militar, e implicaron en esas reivindicaciones, más o menos de buen grado, a la propia Generalitat de Catalunya, en Cáceres, los cargos públicos del Partido Popular, que copan todas las instituciones, se limitaron a un tímido suspiro. La alcasenadora de Cáceres, Elena Nevado promovió una desaparecida Plataforma para utilizarla de barricada. Y le ha dado resultados, aunque los buenos oficios de sus mandados en dicha plataforma se han visto neutralizados por la propia torpeza de la la alcasenadora. Lo del presidente del PP de Extremadura y de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y lo del número 3 del PP nacional, Carlos Floriano, mejor no comentarlo. Están desaparecidos del asunto.
Los últimos datos y las últimas informaciones que conocemos dejan muy a las claras la nula capacidad política de los miembros del Partido Popular de Extremadura. Desde Elena Nevado a José Antonio Monago (Carlos J. Floriano bastante tiene con sus monólogos del club de la comedia).
El pasado 27 de junio, el Secretario de Estado de Defensa presentaba en la Comisión correspondiente del Senado el Informe PREPIDEF, el Plan de Racionalización y Ahorro de la Infraestructura de Defensa. En su comparecencia, recuérdese, el 27 de junio de 2013, y refiriéndose a la Academia de Suboficiales de Talarn (por la que se interesó un Senador) dijo:
“Lo que sí puedo decirle es que todas las preocupaciones que tiene usted en torno a la decisión que se pueda llegar a tomar algún día en el Talarn son preocupaciones que el Gobierno y el ministerio comparten. La comarca de Pallars es relevante para todos, como lo es para sus habitantes, pero crea que también lo es para el Ministerio de Defensa, que lleva muchos años allí instalado. Hoy, lamentablemente, no puedo darle una respuesta que le ayude a despejar en uno u otro sentido la duda. Este capítulo, que está contemplado en el Prepidef, tiene que ver con una reestructuración del marco de la enseñanza dentro del Ejército de Tierra. Es un marco muy complejo que no solo afecta al Talarn sino a otros muchos sitios, y está todavía en estos momentos en fase de elaboración. Por lo tanto, no habrá una decisión definitiva sobre él hasta que se informe o hasta que las magnitudes, desde el punto de vista económico y operativo del Prepidef se crucen con el diseño que, desde la perspectiva de la funcionalidad, haga el Ejército de Tierra sobre cómo estructurar su red de enseñanza.”
El jueves, 11 de julio, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, anunció públicamente en la propia AGBS, adonde había acudido para la entrega de despachos a los nuevos sargentos, que la Academia continuará y a tiempo completo, no como unos meses por año, como ha venido sucediendo.
¿Quiere esto decir que ya está concluida la estructura de la red de enseñanza en el Ejército de Tierra y el ministro la conoce y no la hace pública para todos los demás centros implicados?
Claro que, antes, el viernes, 28 de junio (curiosamente, un día después de la Comisión de Defensa) el diario Segre (www.segre.com) publicaba que el ministro estaría presente el 11 de julio en la entrega de despachos citada, y también se afirmaba en la publicación que todo hacía pensar en la continuidad de la AGBS. ¿Cómo es posible que el SEDEF dijera no saber nada el viernes y el sábado un medio de comunicación ya se refería a la continuidad y a la fecha del anuncio de esa continuidad?
Por otra parte, el hilo conductor de toda la acción (?) política de la alcasenadora Nevado se basa en un postureo de enfrentamiento con el ministerio, que la ha llevado a plantear la reversión de lo que queda del Cuartel Infanta Isabel, con el aplauso rendido de unos medios de comunicación, más bien hojas parroquiales, afines ideológicamente a la derecha rancia y antigua del Partido Popular. Y la “retirada” del anuncio de venta de la página web del Invied ha sido tomado como una primera victoria. Pero el abandono del antiguo Cuartel es algo decidido, que figura, con presupuesto incluido y con previsión anual de ahorro también incluida en la web del Ministerio de Defensa http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs/2013/13.06.27_Fichas_PREPIDEF_1.pdf
Mientras en el Pirineo ilerdense han conseguido lo que querían, el mantenimiento de la AGBS, en Cáceres, en Extremadura, seguimos todavía con el tic creado por Monago de amagar, lo que no deja de ser una pose, un postureo, sin resultados.
Mientras el ministro, sin que se conozca si el Ejército de Tierra ha terminado de diseñar la estructura de su red de enseñanza, donde están el Cefot de Cáceres y la AGBS de Talarn, anuncia la continuidad de la segunda, la alcasenadora, ignorante de las decisiones políticas que se toman en Castellana 109, se limita a ganar titulares de medios de ninguna trascendencia. Pero es lo que le interesa.
Otra cosa es que su política de aparante enfrentamiento con el ministerio dé algún resultado.
Vale.
Que el Ministerio de Defensa encargara a un portal de internet la publicidad de venta de muchos inmuebles, entre ellos el Cuartel Infanta Isabel, ha destapado una furia jurídica en el Ayuntamiento de Cáceres, en concreto en su alcasenadora, Elena Nevado. De un silencio espectacular desde que accedió al sillón municipal (junio de 2011) hemos pasado a una batería de declaraciones que canta demasiado. Eso, y que se trata de un tema de la Defensa Nacional, hace que las torpezas y los manotazos en la oscuridad estén presentes.
Si el lunes, día 13 de mayo, aparecía en los periódicos la “noticia”, ya hoy, cinco días después, aparecen informes jurídicos y decisiones que piden la reversión de lo que queda del Cuartel, y que el Ayuntamiento ya ha pedido, así, por las buenas, esa reversión. ¿Por qué no la pidió el 1 de julio de 2011, por ejemplo? Porque, en realidad, el Cuartel Infanta Isabel, lo que queda, está en venta desde hace cuatro años.
De las declaraciones de días anteriores de Elena Nevado hemos pasado de reclamar la cesión gratuita a decir, hoy, que ya ha pedido al Ministerio la reversión.
Pero vayamos por partes.
Primero.- Cesión gratuita. Aunque esa petición de hace dos días parece haber decaído hoy, cuando se anuncia que se ha solicitado la reversión, un detalle: el Ministerio de Defensa no puede, por imperativo legal, ceder gratuitamente ningún bien que tenga atribuido patrimonialmente. No hay vuelta de hoja. Quizás alguien le ha dicho a Elena Nevado esto y hemos pasado de la cesión gratuita a la reversión. Sería muy interesante que los periodistas conocieran algo los asuntos y no se limitaran como loros a reproducir lo que les dicen. Pero no hay que pedir bellotas al olivo.
Segundo.- También en días pasados, Elena Nevado dijo que Defensa había realizado una operación urbanística con beneficios y que algo debería tocarle al Ayuntamiento. Bravo, buen palo a la nefasta gestión de este tema del sacralizado buen gestor José María Saponi, que se negó a cualquir intento de reversión, y, lo que es más grave, no intentó ni siquiera obtener alguna compensación. Las compensaciones recibidas fueron las que marcaba la legislación urbanística. Aunque el comportamiento dócil de Saponi no sentó precedente en Defensa, el Ayuntamiento de Cáceres se convirtió en el primero en no conseguir nada a cambio.
Las declaraciones de Elena Nevado criticando la “operación inmobiliaria” que reportó pingües beneficios al Ministerio son, en la práctica, un ¡zas! en toda la boca a quien pasaba por ser un gran gestor.
Tercero.- También la alcaldesa afirmó en sus declaraciones que el protocolo (que no convenio, los conceptos jurídicos son muy importantes) de 2008 había cercenado la posibilidad de que el Ayuntamiento de la ciudad ejerciera el derecho de reversión. Hoy, el derecho de reversión es invocado (¿no habíamos quedado en que no se podía?)
El protocolo de 2008 no tenía nada que ver con el derecho de reversión, porque ese derecho se esfumó cuando al Ayuntamiento, gobernado por la misma derecha que ahora, cobró las compensaciones marcadas por la legislación urbanística. Ahí acabó. Los terrenos del Cuartel los había dividido el PGOU de 1998 (ya gobernaba el PP, con Saponi al frente del municipio) en dos unidades de ejecución, la CII-1 y la CII-2, una claramente a la generación de recursos económicos en el mercado inmobiliario, recursos que ya recibió el Ayuntamiento, y la otra, destinada a preservar y conservar el Edificio de Mando del Infanta Isabel y protegerlo dentro del Catálogo de Bienes Protegidos, lo que ha sido reafirmado en el vigente PGM.
Lo que queda del Infanta Isabel será enajenado conforme a la legislación patrimonial que le es de aplicación, y no como unidad destinada al tráfico urbanístico, por lo que no procede hablar de derechos de reversión. Es más, si se plantea llegar hasta el final con esa reivindicación, no hay que olvidar que si el Ayuntamiento ganara en los tribunales, podría obtener la reversión de los terrenos, pero deberá abonar al Ministerio de Defensa el valor de lo construido sobre los terrenos.
Finalmente, quien quiera conocer algo más sobre este asunto, que se estudie el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y estudie, también, si el Ejército cumplió escrupulosamente ese Reglamento.
Vale.
Las restricciones presupuestarias impuestas por Angela Merkel a Mariano Rajoy hacen que en 2013 la Oferta de Empleo Público sea incluso más raquítica que en 2012. Y la “administración” que el Gobierno de Mariano Rajoy hace de los mandatos de Merkel demuestran su forma de entender el gobierno, castigando, siempre a los segmentos en los que resulta más sencillo recortar para no gastar y así poder presentar a su ama los sacrificios que la austeridad, según la doctrina económica neoliberal, requiere.
Y en las ofertas de empleo público, donde la destrucción es masiva, un gobierno que es fuerte con los débiles y sumiso con los poderesos lo demuestra. El mandato legal de oferta empleo, restringida al máximo, comienza a cumplir en el Consejo de… Tramposos de 22 de marzo, con la convocatoria general, que termina con un párrafo significativo: “Por último, en próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará los correspondientes Reales Decretos de Oferta Pública de Empleo para el Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Fuerzas Armadas”.
El 12 de abril de 2013, el Consejo de… Tramposos aprobó las ofertas para la Guardia Civil y la Policía Nacional… y en la referencia oficial, ningún atisbo de la oferta para las Fuerzas Armadas.
En estos momentos de crisis económica, en la que los recortes sangrantes afectan a la educación, con destrucción de plazas de maestros, a la sanidad, con supresión de miles de puestos de trabajo de médicos, enfermeros, auxiliares, con eliminación en la práctica de las ayudas necesarias a la dependencia, es complicado entender que en Policía y Guardia Civil se convoquen plazas, 134, por ejemplo, para esta última. En números reales, una miseria. Pero, con independencia del mal uso que un gobierno de cobardes hace de las FCSE para protegerse y proteger a los causantes de la crisis, si se habla con los sindicatos policiales, la crítica es radical. Porque la oferta es insuficiente.
En el caso de las Fuerzas Armadas, al día de hoy, viernes 3 de mayo, sigue sin publicarse la oferta pública de empleo. El número de bajas de efectivos de tropa es clamoroso, y el número máximo fijado en la Ley de Presupuestos, de 80.000 es hoy día un tope impensable de alcanzar en un plazo de varios años. A salvo, claro, de que el Ministerio de Hacienda, con la connivencia del de Defensa esté pensando en bajar considerablemente ese número máximo. Al día de hoy, es más que probable que esos efectivos estén en torno a los 78.000. O lo que es lo mismo, el gobierno de Rajoy ha mandado al paro en un año a unos 2.000 militares. No está mal. Menos gente para desfilar en el Día del Coñazo, que diría Mariano.
Sin embargo, la oferta de empleo público 2013 es obligatorio convocarla, también, en las Fuerzas Armadas. Es obligatorio porque lo manda la Ley. Otra cosa es que se oferten plazas de soldados y marineros. Pero el tope de reposición del 10% es de aplicación, legal, para oficiales y suboficiales y para los cuerpos comunes (jurídicos, interventores). Muy pocas plazas, muy pocas, pero que el gobierno de Rajoy tiene la obligación legal de convocar.
Como es obligatorio, también, que el mandato legal se cumpla y se convoquen las plazas legales de promoción interna. Obligatorio.
Sin embargo, estas obligaciones legales no parece que apremien mucho al Partido Popular. La razón es muy sencilla: los militares, con unas incipientes asociaciones profesionales, no tienen capacidad de presión sindical.
Pero, aunque el debate militarismo/antimilitarismo sea recurrente, o pacifismo/belicismo también, la necesidad de rejuvenecer las pirámides de edad de los soldados y marineros deberían haber llevado ya a este gobierno de incapaces a convocar las plazas necesarias.
Vale.
En la última reunión del Consejo de Ministros, la de 22 de marzo, se aprobó la oferta de empleo público para 2013, y en la referencia oficial de Moncloa puede leerse, al final de la explicación de la OEP 2013 lo siguiente: “Por último, en próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará los correspondientes Reales Decretos de Oferta Pública de Empleo para el Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Fuerzas Armadas.”
Al hilo de esta referencia, la Revista Digital Atenea (www.revistatenea.es) publicaba una información, de Joaquín Calderón, fechada el lunes 25 de marzo, en la que se lee, entre otras cosas, que “Defensa confía en que se cumplan sus pretensiones y que en 2013 se convoquen varios centenares de plazas”. Esta confianza que surge desde Defensa y que Atenea recoge es de gran interés para Cáceres, por cuanto el futuro de una de sus primeras “industrias” (ya algo menos, pero muy importante), el Centro de Formación de Tropa nº 1 depende de que haya oferta de empleo de tropa de nuevo ingreso. Hay que decir, además, que la Revista Atenea dispone de buena información de Defensa.
Está claro que la oferta de empleo de nuevos soldados en las Fuerzas Armadas no depende de la voluntad de los mandos de los ejércitos, y, tampoco, de la capacidad de maniobra del propio Ministro de Defensa. Además, para este, el capítulo 1 de los PGE no parece que sean una prioridad. El que haya una convocatoria depende del Ministerio de Montoro, y es a Montoro al que hay que apretar las clavijas políticas, algo que desde Extremadura ni se quiere ni se quiere hacer por sus correligionarios del Partido Popular, que están encantados de haberse conocido sentados en coches oficiales pero que eso de gobernar y tonterías similares que no, que no va con ellos. Y menos, indisponerse con Montor, que es el que da el visto bueno a las cuentas de la Junta de Extremadura, y el que dispone y ordena en el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres, para cuya alcasenadora Elena Nevado, el Cefot no forma parte del interés general.
En esos buenos, aunque tenues, augurios de una posible oferta de empleo de tropa estábamos el 25 de marzo cuando el 28, tres días después, la Cadena SER hacía pública una información, de Mariela Rubio, en la que, según fuentes de Defensa, “el ministerio planea pedir un nuevo crédito extraordinario al Gobierno para hacer frente a los compromisos adquiridos con las empresas de armamento para 2013”. Claro está que los 1.000 millones de montante del crédito también los tiene que pedir Morenés a Montoro… Hay que dccir, además, que la Cadena SER dispone de buena información de Defensa.
Y aquí es donde surge la cuestión. ¿Qué primará Morenés a la hora de “priorizar” las peticiones a Hacienda? ¿Convendría mejor dotar de nuevo personal a las unidades militares y reponer las bajas que se han producido en los últimos dos años? ¿O le interesará más estar a las buenas con la industria militar? Nótese que en el caso del capítulo 1, del personal, he utilizado el verbo convenir. En el segundo caso, el de los PEAs (Programas Especiales de Armamento) he utilizado el verbo interesar. A quienes tengan familiaridad con la política de Defensa del gobierno de Mariano Rajoy, les sonará la diferencia.
Pero a Cáceres, a los dirigentes (me niego a llamarlos líderes, una palabra totalmente desprestigiada) del Partido Popular de Cáceres y de Extremadura ¿que les conviene o qué les interesa? Les conviene, a sus intereses personales, no molestar a Montoro, y les interesa obedecer a pies juntillas lo que ordene Montoro. Lo que diga Hacienda les parecerá bien. Que el tesorero del Gobierno decida que es mejor “apoyar a la industria militar” porque interesa y que decida que los ejércitos pueden aguantar con lo que tienen (factor humano), porque les conviene, es algo que supera la capacidad de los que mandan en el PP de Extremadura. A Floriano lo dejo aparte, bastante tiene con lo suyo el pobre.
Para que el ministro de Defensa priorice las necesidades de personal sobre las de tener contenta a la industria militar, la alcasenadora Elena Nevado y el presidente del gobierno de los mejores, José Antonio Monago, deberían poner por delante los intereses de Cáceres antes que sus conveniencias personales. Y de lo que pueda decidir Montoro, ni hablamos. Porque ahí solamente hablamos de intereses, y no de los de Cáceres precisamente.
Vale.
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