Archivos para octubre 2008

Hoy, 30 de octubre de 2008, comienza en Cáceres el III Congreso de Nuevo Periodismo, con una asistencia prevista de unas 500 personas, y con un panel de ponentes y moderadores de primer nivel. Por ello, el poder asistir a su desarrollo, será sin duda, un privilegio y una gran oportunidad de aprender.
Porque escuchar de los que saben, aprender de los que saben siempre es enriquecedor, siempre ayuda en ese yo curioso que todos tenemos, que todos alimentamos. También, sin duda alguna, los asistentes, periodistas, blogueros, estudiantes, tendrán mucho que enseñar a los demás. Desde aquellos que son expertos en gadgets, en crear enlaces, en formar unas estructuras en blogs que componen mundos propios en relación con otros mundos, hasta los que en sus textos aportan ideas renovadas, modos diversos de entender la realidad y proyectar su futuro, de todos ellos siempre se aprende, nunca se termina uno de sorprenderse.
Como modesto bloguero, trato de llevar a este sitio mis opiniones, personales e intransferibles, sujetas a la crítica, sobre todo de aquellos puntos en los que encuentro contradicciones muy pequeñas, mínimas, en asuntos muy generales o en asuntos locales de una pequeña ciudad como Cáceres.
Las crisis, como las fiebres en los niños, sirven, deben servir, para el crecimiento. Ahora estamos en una crisis del modelo capitalista llevado a sus extremos por ultraliberales (en lo económico, que en lo ideológico, son muy reaccionarios), que no será, que no deberá llevarnos a un crecimiento del modelo fracasado, agotado. Esta crisis será, ojalá, la que nos lleve a transformar la realidad y mejorar las condiciones del hombre, para que el hombre esté a una sola altura, todos.
En el III Congreso de Nuevo Periodismo, sin duda, la situación de crisis actual revoloteará sobre todas las cabezas, porque una herramienta como la red nunca ha estado tan al alcance de tantos hombres y mujeres, y ello permitirá crear, ya existe, un estado de opinión que tenga la fuerza suficiente para que quienes adopten decisiones de futuro sepan que los hombres y mujeres, todos, estamos en disposición de criticar sus propuestas cuando las consideremos inadecuadas, y lo podremos hacer en tiempo real, sin esperar a que no haya remedio. Y que también, cuando esas propuestas se consideren adecuadas, tendrán una amplia red, nunca mejor dicho, de apoyo.
En estos tiempos en los que los derechos de información y opinión están cada vez más abiertos, la fuerza de los ciudadanos con acceso a estos medios (periodismo ciudadano, blogs y otros) será una barrera para que aventuras sin control como las que nos han llevado a la situación actual no se repitan.
Vale.

Cuando parece que se quiere aprobar de una vez la Revisión del PGM de Cáceres, y cuando en sesiones de las comisiones de urbanismo ya se habían llegado a acuerdos, ahora, otra vez el único representante de IU en el Ayuntamiento y miembro del equipo de gobierno, vuelve a echar más madera al horno.
Claro, que a lo mejor esa madera se hace astillas, porque no se puede tensar tanto la cuerda cuando, un par de días antes se publica un artículo en El Periódico Extremadura sobre el asunto recurrente de la ubicación de El Corte Inglés, firmado por un intermediario inmobiliario y dizque promotor (curiosamente, el asunto criticado también cuenta con su intermediario inmobiliario y dizque promotor). Artículo suscribible, sin duda, por el propio Pavón y, probablemente conocido por él antes de su publicación.
Ahora, cuando está pendiente de celebrarse un Pleno Extraordinario solicitado por el Partido Popular sobre la ubicación de la Estación del AVE, que la derecha defiende en el lugar que propuso en la Revisión cuando la aprobó provisionalmente, Pavón salta al ruedo achicando aún más las previsiones de crecimiento de la ciudad.
¿Qué sucede? ¿Por qué Pavón echa más madera en un asunto en el que ya debería haber tomado nota de que forma parte de un equipo de gobierno en el que él es solamente la 1/12 parte? Santiago Pavón no tiene estructura de grupo municipal que le respalde, no tiene tiempo material para estudiar la Revisión del PGM por su cuenta, por lo que sin duda, sin ninguna duda, tiene asesores externos que le aconsejan echar más madera a las negociaciones políticas. Y de esos troncos de madera saltarán las astillas.
El urbanismo es una cosa muy seria para un Ayuntamiento, tanto, que de su buena definición y su mejor gestión depende el futuro, en mucho tiempo, no sólo de la ciudad, sino de la propia economía municipal (mientras no se cambie el modelo de financiación, esta es la realidad).
¿Por qué van unidas las cuestiones de la ubicación de la Estación del AVE y la Revisión del PGM? Está claro que la estación ferroviaria es un elemento esencial en la estructura urbana, en el mapa de las infraestructuras urbanas y tiene gran importancia, pero lo que se está debatiendo políticamente en torno a ella no es eso, aunque sea lo que aparece en la superficie, sino que para el PP se trata de mantener la doctrina ultraliberal de Porto Rey, de que cuanta mayor superficie de suelo urbanizable haya, mejor, y que para los que revolotean alrededor de Pavón se trata de forzar que la estación vaya al sitio donde el PP dice, y que al concejal de IU no le han explicado los motivos.
Vale.
Las graves acusaciones que José Antonio Zarzalejos, exDirector de ABC lanza en una entrevista a la Revista del Colegio de Periodistas de Cataluña a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recuerdan, y mucho, a los métodos utilizados por Sarah Palin, gobernadora del estado de Alaska y candidata a la presidencia de los EEUU.
Sarah Palin fue encontrada políticamente culpable, por una comisión del Senado norteamericano, de abuso de poder, al haber ordenado el despido del jefe de la policía porque éste se había negado, a su vez, a despedir a un policía que había estado casado con una hermana de la gobernadora.
Ahora, José Antonio Zarzalejos denuncia que fue despedido de la dirección de ABC por presiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al negarse, desde su cargo de director del diario monárquico, a secundar la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M. Teoría que Zarzalejos atribuye básicamente a la COPE (Jiménez Losantos) y a El Mundo (Pedro J. Ramírez), secundados por La Razón, y sustentados por el núcleo más derechista y reaccionario del PP, encabezado por Esperanza Aguirre.
La diferencia entre las consecuencias de las presiones de la gobernadora de Alaska sobre su jefe de policía y de la lideresa ultraderechista de Madrid estaría en que el jefe de policía se mantuvo en su sitio, hasta que fue despedido, mientras que los dueños de ABC no tuvieron capacidad de aguantar y terminaron por despedir a su empleado.
Lo que denuncia Zarzalejos supone una intolerable injerencia en la libertad de expresión, tan defendida, por otra parte por Jiménez Losantos, sólo o en compañía de otros, pero demuestra, claramente, una utilización del poder en beneficio personal que pone en contradicción el presuntuoso liberalismo de Aguirre (en realidad, estos ultraliberales en lo económico son ultraderechista en lo político) con su afán intervencionista.
Sarah Palin cometió abuso de poder despidiendo a su jefe de policía porque no le obedeció en un asunto familiar, privado, y Esperanza Aguirre ha cometido abuso de poder forzando el despido de un director de un medio de comunicación porque no siguió sus tácticas políticas, porque no se plegó a obedecer sus deseos conspiratorios.
Pero no pasa nada, Zarzalejos, como profesional, no tendrá problemas para seguir en una profesión que le permitirá vivir con desahogo económico, trabajando en lo que le gusta, y Aguirre seguirá ejerciendo de lideresa ultraliberal en lo económico y ultraderechista en lo político.
Vale.
Diccionario de la R.A.E.: Conjurar: 1. intr. Ligarse con alguien, mediante juramento, para algún fin. U. t. c. prnl.
2. intr. Conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien, para hacerle daño o perderle. U. t. c. prnl.
Diccionario de la R.A.E.: 1. intr. Dicho de varias personas: Unirse contra su superior o soberano.
2. intr. Dicho de varias personas: Unirse contra un particular para hacerle daño.
Cuando se va a celebrar en Cáceres el III Congreso de Nuevo Periodismo, dos referencias de prensa nos evocan la utilización de conceptos como Conjura y Conspiración.
El exAlcalde de Cáceres, José María Saponi, se refiere al pacto político que gobierna el Ayuntamiento de Cáceres como una conjura, al hilo de referencias a una película de reciente estreno. Para el exAlcalde de Cáceres, un pacto de gobierno entre partidos democráticos es una conjura… porque le aparta, a él, a él, del mando. Él, que dijo que se había presentado a las elecciones para ser alcalde de Cáceres, y que como no le dejaban, se iba. Vamos, como el niño dueño del balón: o soy capitán del equipo o me llevo la pelota.
Ahora, resentido, muy resentido, tacha de conjura lo que es un pacto político democrático. Claro, para un jefe de Falange, lo democrático solamente puede ser que mande él.
La conspiración es un termino que aparece en una entrevista en una revista catalana con José Antonio Zarzalejos, que da para mucho, pero que hace especial referencia a la conspiración entre varios medios de comunicación de Madrid, con el apoyo político del Partido Popular, sobre el atentado del 11M y sobre supuestas autorías de ETA. Con esa conspiración, sujetos como Pedro J. Ramírez, que se sacó el carné de conducir cuando estudiaba periodismo en Navarra, o Jiménez Losantos, a rebufo de los obispos que añoran el palio con el cubrían los desmanes del franquismo, pretendían, como ahora se sabe tras la entrevista a Zarzalejos, que intervendrá en el III Congreso de Nuevo Periodismo, una operación económica para sus medios de comunicación y para sus bolsillos privados, aunque ello pusiera en riesgo hasta instituciones como las fuerzas de seguridad, la justicia, el gobierno legítimo…
Visto desde el prisma de la opinión desde un modesto blog, cuando el exAlcalde de Cáceres habla de conjura para desalojarle del poder, está manifestando una rabieta que todavía no ha asimilado y que alimenta su resentimiento, su profundo resentimiento no sólo hacia quienes pactaron un gobierno municipal, sino, sencillamente, hacia un sistema democrático en el que nunca ha creído.
Desde este mismo prisma, la conspiración que denuncia Zarzalejos en la entrevista podría ir más allá: podría y debería ser estudiada desde muchos ángulos. Uno de ellos, sin duda, el judicial, por cuanto inventarse pruebas, pagar a delincuentes para que concedieran entrevistas con las que orientar las investigaciones policiales y los sumarios judiciales, cabría, sin duda, un lo que los juristas llamarían un ilícito penal, y que los ciudadanos llamamos simplemente delito.
Delito de obstrucción a la Justicia cometido por quienes, en sus ansias económicas y sus pretensiones de transcendencia de su obra periodística (megalómanos con tirantes de diseño de Ágata Ruiz de la Prada), han violado la libertad de expresión, no se arrepienten de ellos y están diariamente dispuestos a reincidir.
Sin duda, la experiencia en la prensa convencional de José Antonio Zarzalejos será una lección importante para quienes tengan la suerte de asistir al III Congreso de Nuevo Periodismo.
Vale.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó, el 14 de octubre de 2003, una sentencia cuyo fallo dice, textualmente: “Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por … en representación de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA UMBRÍA Y LA SOLANA DE LA MONTAÑA DE CÁCERES contra la Orden de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes de la Junta de Extremadura de 25 de abril de 2000 por la que se aprobaba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres, tramitada por el procedimiento abreviado establecido en la Ley de Fomento de la Vivienda en Extremadura consitente en la Reclasificación como urbano de terrenos al sitio “Residencial Universidad”, a instancias del promotor “Magenta, S.A.”; debemos declarar y declaramos la nulidad de pleno derecho de la disposición impugnada por estar ajustada al Ordenamiento Jurídico, sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales.
Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.
El 25 de septiembre de 20707, el Tribunal Supremo denegó el recurso de casación interpuesto por Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura y Magenta, S.A., confirmando la Sentencia del TSJEx.
Ahora, no cabe sino ejecutar la sentencia. Y en supuestos como este, a quien corresponde instar la ejecución es a la parte demandante, que obtuvo el respaldo judicial. Corresponde, por tanto, a la Asociación demandante solicitar del TSJEx los términos en que deberá ejecutarse la sentencia, para que su fallo se cumpla en su puro y debido efecto.
Sin embargo, con la sentencia por delante, la Asociación de Herederos de Tierras yermas de La Montaña no está demandando que se cumpla lo dictaminado por los Tribunales de Justicia. No está dando el sentido judicial a lo fallado, ya que de la lectura de las sentencias del TSJEx y del TS no se desprende otra cosa que la restitución del orden urbanístico infringido por la Orden de la Junta de Extremadura.
Ahora, esos propietarios, lo que pretenden no es que se restituya el orden urbanístico infringido, pretenden tener unos beneficios económicos impensables si no hubiera sido por el error político y administrativo cometido al aprobar la construcción del Residencial Universidad.
El orden urbanístico es un bien de interés general, debidamente argumentado por los jueces, pero en modo alguno pueden convertir unos propietarios de terrenos las sentencias en armas que amenacen a las administraciones que cometieron la infracción para obtener pingües beneficios económicos.
Además, los terrenos que esos propietarios pretenden que se conviertan en “sistemas generales adscritos” para que la ciudad de Cáceres cuente con una casa de campo, incluso gracias a su magnanimidad, son terrenos yermos, carentes de ningún valor agrícola o ganadero y cuya protección urbanística como suelos no urbanizables de protección está en unas determinaciones paisajísticas necesarias para el mayor realce del entorno monumental de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Haber pretendido que los Tribunales de Justicia anulen una norma urbanística contraria a la legislación, haber hecho causa del orden jurídico, es una finalidad loable a la que todos los ciudadanos estamos llamados por nuestros derechos constitucionales. Pero convertir eso en una cédula de chantaje solamente está al alcance de quienes demuestran, con su actitud, que solamente les guía convertir en euros las herencias recibidas de sus antepasados, sin que ellos hayan hecho ningún mérito para la posesión de esos terrenos.
Y demuestra, además, la utilización del derecho en beneficio propio cuando les ha interesado.
Ahora, en vez de chantajear a las administraciones, deben ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y reclamar, conforme a derecho, el cumplimiento exacto de la sentencia, incluido el desalojo de las más de 400 familias que viven en el Residencial Universidad, la demolición de lo construido, y la restitución al terreno de su estado anterior a la urbanización.
Si no hacen ejercicio del derecho de ejecución de la sentencia, no pueden utilizarla para hacer chantaje a la ciudad, porque están demostrando la ruindad de los ricos de familia.
Vale.
Los días 20 y 21 de octubre de 2008 se han celebrado unas jornadas sobre Seguridad y Defensa, dentro del espacio de encuentro Ágora, un espacio impulsado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura.
En estas jornadas, la Seguridad y la Defensa se estudiaban dentro de la óptica de relaciones hispano portuguesas, y para la mejor comprensión de cuáles son las opiniones de los expertos convocados, de gran nivel en la materia, las referencias a los conceptos que se integran en áreas tan amplias como las señaladas, temas de actualidad como nuevas amenazas, en el sentido estratégico, se han puesto de relieve: cambio climático, migraciones, megaciudades, proliferación de armamento sin mecanismos reguladores, globalización… y la actual crisis económica que modificará los más actuales estudios estratégicos, sin duda, y sin la misma duda, nadie sabe hasta dónde nos llevará.
En dichas jornadas, una de las mesas redondas se titulaba “El papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad de hoy”. El primer ponente en intervenir, Manuel López Blázquez, Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, se congratuló por el matiz del título. Se congratulaba de que se hablara de las FAS en la sociedad de hoy, y no, como es habitual, de la relación Fuerzas Armadas y sociedad. O lo que es lo mismo, el espacio Ágora asume lo que debe ser normal, que las FAS pertenecen a la sociedad de la que emergen y no son un antagonismo, una confrontación de mundos ajenos.
Tomadas notas de la intervención del representante del Ministerio de Defensa, estas son sus aportaciones, que considero muy acertadas, tanto de mi conocimiento del ámbito militar como de pertenencia a una sociedad que creo debería asumir mejor la necesidad de que la Defensa, y la Seguridad, son un derecho (derecho a recibir, como ciudadano, la protección del Estado) y un deber (contribuir a la Defensa de la nación, cualquiera que sea la concepción de nación que se tenga).
Pasado: ¿Cómo hemos llegado a esta situación, a la situación actual de las FAS y la sociedad? Alude a las previsiones del Art. 8.2 CE.
Las FAS son la institución de la sociedad española que más se ha transformado en su misión en los últimos 30 años. La LOE extiende el capítulo de misiones del Art. 8.2 para imbricarla en el mundo cambiante: vocación internacional, instrumento al servicio del resto de las instituciones pública.
Hablamos de “cultura de Defensa”, como la comprensión de lo que hacen las FAS.
La percepción de este cambio ha llegado a la sociedad: el Barómetro Elcano de Julio de 2008 señala como elementos distintivos e importantes la integración de la mujer en las FAS, el nombramiento de una mujer como ministra de Defensa y valoración global (91% positiva y muy positiva). No obstante, siendo realistas, esta buena percepción se basa en una visión edulcorada (misiones internacionales, con una buena actuación de las tropas en el extranjero, que ya han estado en más de treinta países, y se han enviado a ellas unos 90.000 militares, y la participación ante catástrofes naturales o provocadas –incendios- de la UME). En las FAS hay 126.000 profesionales, pero entre los que están en misiones internacionales más la UME, son 7.000, por lo que habría que extender esa comprensión para todos, no sólo para los aspectos más fotogénicos.
Las FAS se encargan de mantener la libertad frente al miedo (como concepto genérico). Las FAS no son una ONG pero sin la presencia de soldados españoles armados las ONGs no podrían trabajar en determinados escenarios (por ejemplo, Afganistán). Los recursos son limitados y ahora, con la crisis, se recortan.
Futuro: ¿Qué papel tienen que tener las FAS en el conjunto de la sociedad? Operativamente, estar preparadas para los retos futuros (los riesgos y amenazadas) en un mundo complejo y globalizado, con fronteras permeables. Percepción social: el reto es conseguir que los ciudadanos comprendan en su integridad el trabajo que cumplen las FAS.
Vale.
Una denominada Asociación de Propietarios de La Montaña y la Umbría, de Cáceres, amenaza con plantear la ejecución de una sentencia de 2007, que declaró ilegal la aprobación del Proyecto del Residencial Universidad, por considerar el Tribunal Supremo que los terrenos sobre los que se actuó están clasificados como suelo no urbanizable protegido.
Y digo amenaza por una cuestión: dicha Asociación planteó la demanda judicial no en el ánimo de preservar el carácter de suelo no urbanizable protegido sobre el que se desarrolló el proyecto, sino porque pretendían que sus terrenos, circundantes con los de propiedad de sus asociados, tuvieran el mismo trato.
En estas circunstancias, el gobierno municipal del PP entre 2003 y 2007 sabedor de que podría darse el fallo definitivo del Supremo que al final resultó, planteó que los terrenos de los propietarios asociados serían calificados como sistemas generales en la Revisión del Plan General Municipal, aún sin aprobación definitiva.
La proporción resulta escandalosa: mientras que el proyecto declarado ilegal por el Supremo ocupa 15 hectáreas, los terrenos de los propietarios que serían calificados como sistemas generales en la Revisión ocupan no menos de 130 hectáreas.
Si lo que los asociados pretendían era restablecer la legalidad, la sentencia del supremo les da la razón, y están en su derecho de instar la ejecución de lo fallado por el Tribunal Supremo. Y no habrá que objetar.
Sin embargo, la realidad es otra: los asociados parten del concepto del agravio comparativo para obtener los mismos resultados que la recalificación ahora anulada. Pretenden que sus terrenos, los más áridos y menos valiosos, sin duda, del conjunto de la denominada Montaña de Cáceres, tengan un aprovechamiento lucrativo, cuanto más mejor, sobre esos mismos terrenos, o mediante su inclusión como sistemas generales, que fue la solución que el anterior equipo de gobierno municipal adoptó.
Correspondería al actual equipo de gobierno sostener el principio de legalidad y acatar el fallo del supremo en su literalidad: retrotaer para los terrenos actualmente ocupados por las 550 viviendas del Residencial Universidad su clasificación como suelo no urbanizable de protección, la misma que los terrenos propiedad de los asociados que instaron la demanda.
Y corresponderá a estos asociados, como demandantes, instar el cumplimiento literal de la sentencia y reclamar el desalojo de las viviendas, la demolición de las mismas, la restitución de los terrenos al estado anterior a la urbanización. Pero deberán hacerlo, si son coherentes, con la cara descubierta, con nombres y apellidos, para que los ciudadanos, compradores de buena fe, afectados sepan quienes son los propietarios de suelo que les obligan a levantar sus casas, a deshacer sus ilusiones. Pero no tendrán lo que tienen que tener las personas que van por derecho en la vida: eso que puedes pensar al leer esto.
Vale.
P.S. ¿Cuántos propietarios de esos terrenos de los asociados cruzan sus amenazas y chantajes con intereses políticos directos?

El día 8 de octubre de 2008, El Periódico Extremadura publicó una información relevante que destapaba una de las múltiples irregularidades cometidas en la recalificación del solar del colegio de monjas carmelitas en Cáceres con el pretexto de utilizar parte de los terrenos para la implantación de un centro comercial de El Corte Inglés.
Para que la recalificación del solar de las monjas pudiera ser incorporada a la Revisión del PGM actualmente en curso, se precisa la incorporación a la ficha de aprovechamientos (la que determina el reparto de cargas y beneficios y la participación del municipio en las plusvalías) de una superficie de suelo, de las mismas características jurídicas, es decir, suelo urbano dentro de la misma zona de ordenación.
El promotor del negocio presentó al Ayuntamiento la propuesta de incorporar un finca situada entre la Ronda Norte y una Residencia de Mayores privada existente junto al Parque del Príncipe. En su propuesta, al mismo tiempo que afirmaba que era titular de una opción de compra sobre parte de los terrenos de las monjas, afirmaba, de modo expreso, que la citada finca era propiedad de una empresa de la que es, a su vez, propietario.
El Periódico Extremadura afirmaba que según los datos que obran en el Registro de la Propiedad, dicha finca figura a nombre de otras personas físicas, en ningún caso a nombre de ninguna sociedad. Las consecuencias políticas de una afirmación de este tipo, cuando la propuesta del promotor privado fue aprobada en pleno, han sido nulas. O lo que es lo mismo, se mira para otro lado. Lo mismo que la fiscalía.
Además, en la misma información se afirmaba que la finca en cuestión es suelo rústico, por lo que no puede ser incorporada a la ficha de aprovechamiento, al no tener la clasificación de suelo urbano y no poder pertenece, por ello, a la misma zona de ordenación.
Los propietarios de la finca habían solicitado, en el período de alegaciones a la aprobación provisional de la Revisión del PGM, la inclusión de esa finca como suelo urbano. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres denegó la petición, apoyándose en el informe técnico emitido por los redactores de la revisión. Sin embargo, en el documento de Revisión aprobado por el pleno municipal, solamente con los votos del Partido Popular, dicha finca aparecía dentro de suelo urbano, con la grafía que lo vinculaba a la operación carmelitas.
Esta información, el hecho de que en la Comisión de Urbanismo se dictaminara una cosa y en el Pleno municipal se aprobara la contraria, tampoco ha merecido ninguna respuesta política ni ninguna actuación de la fiscalía anticorrupción.
En la práctica, la acción política de los partidos que forman actualmente el pleno municipal es de dejación de sus obligaciones, por lo que, al estar aún en tramitación la Revisión del Plan General Municipal, están incurriendo en responsabilidad “in vigilando”, en mayor medida los partidos que ejercen el gobierno municipal y que, en el caso de que, aprobado definitivamente el Plan, pudiera surgir cualquier incidente penal en relación con el asuntos, serían responsables en la medida en que no hubieran ejercido esa responsabilidad.
Vale.
El auto del juez Garzón sobre desaparecidos en la Guerra Civil, convertido inmediatamente en sumario por el propio juez, ha suscitado diversas reacciones, y una tromba de descalificaciones (seguramente en defensa propia) de los dirigentes del PP. En ese contexto, resulta claramente significativa la opinión de Manuel Fraga, senador, ministro franquista en la época del asalto policial a la Catedral de Vitoria, entre otras cosas.
Manuel Fraga, catedrático de derecho constitucional, señala que el auto de Garzón está fuera de lugar entre otras cuestiones porque ha habido leyes de amnistía. Prodigioso. Fraga viene a decir que no es aplicable a los golpistas del 26 y a sus secuaces, hasta 1951, en que el juez establece el final del período a investigar judicialmente, el contenido del auto por cuanto la Ley de Amnistía de1977 habría “lavado” los delitos.
No cabe alegar la edad en el caso de Fraga, porque a sus años está perfectamente lúcido. Fraga sabe perfectamente lo que dice. Y es una perversión. La Ley de Amnistía es, como decimos, de 1977, anterior a la Constitución Española, y es una ley del régimen franquista liquidado por la ley de Reforma Política, dirigida a amnistiar a quienes hubieran cometido delitos políticos en la lucha contra el franquismo.
La perversión de Fraga está en que quiere hacer creer que dicha Ley podía haber lavado los delitos políticos de los propios franquistas.
Es una permanente forma de hipocresía de la derecha española, que cuando se refiere a la Memoria Histórica dice que no hay que reabrir heridas, cuando las heridas están abiertas en los familiares de los desaparecidos y asesinados por los fascistas. Y, en cambio, aplauden con las orejas las ceremonias coñazo de beatificación de mártires que promueve de manera rutinaria la secta de Rouco y los suyos.
La Ley de Amnistía no puede en modo alguno, como manipula Fraga, amparar los crímenes de la Dictadura, que arrancan con un golpe de estado que fue dirigido entre otros por un militar incompetente.
Vale.
El Diario Oficial de Extremadura de 2 de diciembre de 1997 publicó el Decreto de Incoación de expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por Extremadura, como Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico, y en dicho Decreto se concreta su delimitación.
El 22 de mayo de 1999 se publica en el DOE la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que, entre otras cuestiones, establece que los expedientes iniciados con anterioridad a la misma, se adecuarán en su tramitación a las previsiones de la Ley.
El 15 de enero de 1998, en el Museo Nacional de Arte Romano fue presentado el Proyecto Alba Plata, a desarrollar en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura siguiendo el itinerario de la vía romana.
Al día de la fecha, el expediente de declaración de la Vía de la Plata está sin concluir, y si bien existe un marcado consenso tanto sobre el conjunto como sobre los proyectos que a lo largo de la misma se están llevando a cabo, existen elementos que, dado que no está concluido el expediente y declarada la vía formalmente como B.I.C., plantean cuestiones del orden jurídico que pueden crear conflictos.
Así, en el tramo entre El Trasquilón, a la altura del p.k. 219 de la C.N. 630 (localización que figura en el anexo al Decreto de incoación de expediente) y el p.k. 2 de la Crtra. de Cáceres a Miajadas, nos encontramos con que la definición del itinerario hace coincidir la vía con la Cañada Real del Casar (en realidad, Cañada Real Soriana Occidental).
Actualmente, con la Revisión del Plan General Municipal de Cáceres en fase de redacción ya casi final, se observa que aplicando la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico de Extremadura, han de guardarse unas protecciones a ambos lados de la Vía de la Plata de 100 metros, que es la de aplicación a los caminos históricos.
Esta previsión se incluye en la Revisión del PGM partiendo del trazado que figura en el Decreto de incoación de expediente de B.I.C. y que ha sido llevado a planos que obran en la Oficina del Proyecto Alba Plata.
En el tramo desde la C.N. 630 donde esta carretera se cruza con la Vía de la Plata y la Cañada Real, a la altura de Las Camellas, y a lo largo de unos 1.340 metros, discurren ambos caminos, Vía y Cañada, paralelos al lindero de la finca Alcor de Santa Ana, donde se encuentra el Acuartelamiento del mismo nombre.
En los planos de la Revisión del PGM, y en los de la Oficina del Proyecto Alba Plata en que aquellos se basan, parte de la Vía se sitúan incluso por dentro del lindero de la finca militar, y básicamente todo el trazado en esa distancia de 1.340 metros discurre sobre la alambrada de cerramiento del terreno militar.
A partir de ese trazado definido en la Oficina del Proyecto Alba Plata, se establecen las protecciones de 100 metros a ambos lados que para caminos históricos se fijan en la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura. Es decir, que se genera una servidumbre de 1.340 x 100 = 134.000 m2 que operan sobre terrenos de uso militar, vinculados a la Defensa Nacional y sus fines.
En la margen contraria, esos 100 metros de anchura en la protección son ”absorbidos” por la propia Cañada Real, de forma que unos 100.800 m2 de la protección recaen sobre la vía pecuaria, y el resto, unos 34.000 m2 sobre propiedades de particulares.
O lo que viene a resultar más llamativo: se hace recaer en este tramo casi el 90% de la protección sobre bienes patrimoniales del Estado (Ministerio de Defensa) o sobre bienes de dominio público (Cañada Real).
Vale